Nuevo León

NACIONAL
VIOLENCIA
   24 por ciento de las mexicanas vive en un municipio con Alerta
   
Sin justicia, víctimas de feminicidio en entidades con AVG
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/12/2017

El “Observatorio de violencia de género en seis entidades de la República con declaratoria de Alerta de Violencia de Género”, realizado por la asociación civil Articulación Ciudadana (Aced) para analizar el impacto de la AVG en el acceso a la justicia para las víctimas, reportó que no hay mejoras y continúa la impunidad.

La Aced presentó este diciembre dicho Observatorio en seis entidades de la República con declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG): Estado de México, Morelos, Michoacán, Veracruz, Nuevo León y Chiapas.

Aunque hasta ahora hay 12 declaratorias en todo el país, este proyecto apoyado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) se enfocó en el impacto que ha tenido el mecanismo en estas seis entidades por estar activo desde hace un año o más.

Con las obligaciones que se desprenden de la AVG en algunos estados se han creado unidades especiales para investigar este delito y mesas de trabajo para revisar los casos de asesinatos de mujeres que permanecen en la impunidad, sin que se observen mejoras en el acceso a la justicia pronta y expedita para las víctimas, indica el reporte.

De acuerdo con datos proporcionados por las Fiscalías de Justicia sobre casos de feminicidio y el acceso a la justicia, se observa que en el Estado de México, la primera entidad en la que se decretó la AVG en 2015 para 11 municipios, de los 217 casos de feminicidio que registró la Fiscalía General de Justicia local de 2013 a 2016, 76 por ciento sigue sin sentencia, es decir, sólo 52 víctimas de feminicidio accedieron a la justicia. 

En la investigación llama la atención que en estos cuatro años, la incidencia de casos de feminicidio ha aumentado en el Edomex. En 2013 la Fiscalía estatal registró 40 víctimas, para 2016 los asesinatos violentos de mujeres incrementaron a 69, en este año se obtuvo la menor cantidad de sentencias, únicamente nueve del total de casos.

Lo mismo ocurre en Morelos. En 2016 sólo seis por ciento de los 31 casos de feminicidio culminaron en una sentencia, es decir, dos. En años anteriores la tendencia fue similar; de las 64 víctimas reportadas de 2013 a 2015, sólo hubo 21 sentencias.

En el mismo periodo la Fiscalía de Justicia de Michoacán reportó a la organización 29 casos de feminicidio, de los cuales, únicamente tres obtuvieron una sentencia.

En Chiapas tan sólo 16 por ciento de las 142 mujeres asesinadas por razón de género accedieron a la justicia (23 sentencias). Respecto a Nuevo León, la Fiscalía únicamente informó a la organización de una sentencia por este delito desde 2013 a 2016, de un total 5 casos. Este estado tiene el conteo de 217 asesinatos de mujeres de 2014 a 2016 calificados como homicidios.

Estas entidades tienen ya más de un año con la AVG. Morelos fue la segunda en la que se decretó (agosto de 2015), después siguió Michoacán en junio de 2016; en Chiapas y Nuevo León se emitió el mismo día, 18 de noviembre de 2016.

Sin embargo, en todos se refleja la falta de acceso a la justicia para las mujeres asesinadas y un incremento considerable de los casos.  La investigación indica que entre los motivos de solicitud de la Alerta para estos estados se hacía referencia a la falta de justicia y simulación de las autoridades por investigar el feminicidio.

“Al no haber sanciones ejemplares para los feminicidas se envía un mensaje de impunidad y de permisibilidad frente a estos actos contra las mujeres”, señala el documento de Aced.

OTRAS VIOLENCIAS

El reporte de Aced contiene también otras modalidades de violencia de género en estos seis estados con AVG: desapariciones de mujeres, trata y violencia sexual.

Los números de estos tipos de violencia se incrementan año con año, por ello, subraya la organización han incrementado también las declaratorias de Alerta: en 2015 se decretaron dos, en 2016 cuatro, en lo que va de 2017 se han emitido seis más.

De acuerdo con el análisis que hace la asociación 24 por ciento de las mexicanas vive en un municipio declarado en Alerta Violencia de Género.

Los otros estados con Alerta son Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nayarit.

17/HZM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   No quiere “numeralia”, sino medidas y resultados
Pide Senado a Segob informe detallado sobre AVG en el país
Imagen Silvia Núñez Esquer
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/04/2017
La Secretaría de Gobernación (Segob) debe dar un informe detallado sobre los resultados de las seis alertas de Violencia de Género (AVG) que emitió a lo largo del territorio nacional; cuántas solicitudes ha recibido, las que están en proceso y las que no procedieron, indicó la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila Fernández. 
 
La presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas presentó un punto de acuerdo para solicitar dicha información a Segob, pues  no se cuenta con datos claros sobre el tema.
 
“La falta de información y de transparencia institucional ha sido característica de este gobierno, lo cual genera incertidumbre sobre asuntos de verdadera relevancia nacional, como la violencia de género”, indica el comunicado. 
 
La legisladora agregó que el reporte debe especificar las acciones que se desarrollan desde la ejecución de las alertas, el seguimiento, avances, y sobre todo, el resultado de las mismas.
 
Esto, porque  a pesar de las declaratorias de alertas de género, la violencia contra la mujeres no cesa, por el contrario, va en aumento debido “a la falta de políticas públicas y la gran indiferencia o desconocimiento para reconocer los delitos de género”, declaró Dávila Fernández.
 
La senadora recordó los últimos casos de feminicidio ocurridos en Yucatán, Tlaxcala, Chihuahua, San Luis Potosí y “el preocupante caso del Estado de México” que atraviesa por un proceso electoral. Y dijo, la Segob tiene a su cargo la dirección de la política nacional para erradicar la violencia de género, sin embargo, los esfuerzos son insuficientes. 
 
“No sólo queremos que nos reporten numeralia, como es costumbre, sino que nos expliquen sobre las medidas que éste gobierno ha implementado y sus resultados”, concluyó la senadora Dávila Fernández.
 
DECLARATORIAS DE AVG
 
De acuerdo con información de Segob, a nivel nacional existen seis declaratorias de AVG: la primera fue en el Estado de México el 31 de julio de 2015 en 11 municipios: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli. 
 
El territorio mexiquense se establece como uno de los más peligrosos para las mujeres, tan sólo 2005 a 2010 se registraron 922 homicidios dolosos de mujeres. 
Con ello organizaciones civiles pidieron desde diciembre de 2010 declarar la alerta, la cual fue negada por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNAPASEVM), hasta concretarse luego de una larga lucha en 2015. 
 
La siguiente se declaró en Morelos el 10 de agosto de 2015 para ocho municipios, debido a la presión de organizaciones civiles quienes indican que el gobierno local incumple todas las medidas establecidas en la AVG. 
 
El informe de la “Alerta de Violencia de Género en Morelos 2016”, hecho por la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos AC, reporta que desde el mes de la declaratoria hasta diciembre de 2016 documentaron 124 casos de feminicidio, en el último mes fueron 16. 
 
En Michoacán, con 892 casos de feminicidio de 2006 a 2016 que documentó la agrupación civil, Humanas Sin Violencia, la AVG  se concretó el 27 de junio de 2016 para 14 municipios. 
 
Chiapas fue la siguiente entidad, la declaratoria de AVG se dio el 18 de noviembre de 2016 en siete municipios: Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, asimismo se pidieron acciones específicas en la región de los Altos de Chiapas.
 
El mismo día se declaró en el estado de Nuevo León, únicamente para cinco municipios. Las declaratorias para estas dos entidades llegaron tarde, pues en Nuevo León se solicitó desde 2012, mientras que en Chiapas en 2013.
 
En Veracruz la AVG se declaró el 23 de noviembre de 2016 en 11 municipios: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa. 
 
Por ahora el estado se encuentra en el trámite de su segunda alerta, esta vez por “agravio comparado”, por incumplir con los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas; se busca despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación,  permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres y garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación sexual. 
 
La última AVG fue establecida en Sinaloa, el 31 de marzo de 2017 en cinco municipios. Los datos del “Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de AVG en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato”, indican que de 2005 a marzo de 2016 765 mujeres fueron asesinadas en esta entidad. 
 
Sin embargo, no existen datos oficiales sobre los resultados que han generado las mismas, mientras organizaciones civiles sentencian su fallo y siguen documentando casos de feminicidio. 
 
17/HZM/GG
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   Revela investigación de la UANL
Llevan a Monterrey entre 300 y 400 mujeres al mes para explotación sexual
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/03/2017

El delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual en Monterrey, capital de Nuevo León, creció a la par que la ciudad se convirtió en uno de los principales centros de negocio del país y en años recientes cada mes llegaban a esa ciudad entre trescientas y cuatrocientas mujeres para ser explotadas sexualmente.
 
Esto revela la investigación “Mujeres invisibles y victimización sexual en México. El caso de la trata de mujeres en Monterrey” (2013), del académico de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Arun Kumar Acharya, donde se señala a esa ciudad como una de las  seis  principales ciudades del país a las que llegan mujeres y niñas de otras entidades para ser sometidas a  explotación sexual comercial.
 
Las otras cinco ciudades identificadas son Cancún, Acapulco, Tijuana, Ciudad Juárez y la Ciudad de México, a las cuales, según cifras de la investigación, cada año aproximadamente diez mil mujeres son trasladadas como víctimas de trata de personas, desde estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, así como de Michoacán, Guanajuato, Campeche, Zacatecas, Colima, Veracruz y Quintana Roo.
 
En la investigación, realizada de 2008 a 2011 y que incluye  entrevistas con 50 mujeres en situación de explotación sexual comercial en calles del centro de Monterrey, como Villagrán, Madero y Colón, donde hay centros nocturnos, se explica que el aumento de la trata de mujeres en la ciudad se dio a la par del crecimiento económico, lo que la colocó como uno de los principales centros de negocios, convirtiéndose al mismo tiempo en un sitio para el turismo sexual.
 
Las personas dueñas de bares y centros de masajes viajan a las zonas marginadas del país en donde engañan a mujeres jóvenes con promesas de mejores condiciones de vida y laborales, para  posteriormente, prostituirlas.
 
La impunidad en estos casos es una constante en las ciudades donde se comete el delito de trata de personas, señala la investigación de Kumar Acharya.
 
Actualmente, el caso de la niña Ángeles Abril Sánchez Contreras,  de 15 años de edad y desaparecida el  20 de marzo de 2015 en San Francisco Totimehuacán, Puebla, parece indicar que el problema del traslado de mujeres y niñas a Monterrey para explotarlas sexualmente persiste.
 
Ella hizo  una llamada que hizo a su madre el domingo 22 de marzo y alcanzó a decirle: “mamá, me llevan para Monterrey”. Desde entonces se desconoce su paradero.
 
Aunque Nuevo León cuenta con la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y con el Consejo Interinstitucional para la Prevención, Atención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas, en 2015 se informó que  habían pasado dos años sin que esta instancia hubiera realizado alguna sesión, con lo que incumple la ley que establece que debe reunirse cada tres meses. 
 
17/MMAE/GG
 








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