Condiciones laborales de periodistas

Las mujeres periodistas enfrentan amenazas, persecución y violencia como consecuencia de romper con el paradigma del periodismo tradicional y con las prácticas verticales y patriarcales de los medios de comunicación, dijo la periodista Lydia Cacho Ribeiro al participar en el Foro “Mujeres Periodistas: El Poder de sus Voces”.
 
Durante el foro, organizado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ACNUDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), realizado en la capital del país, la periodista también criticó a los empresarios de los medios, a quienes calificó como “neomachistas”. 
 
Al hacer un balance sobre el papel de las mujeres en la defensa del derecho a la libertad de expresión, la feminista afirmó que las comunicadoras han incursionado en fuentes donde se creía que no podían estar, como el de “delincuencia organizada” pero además señaló que han cambiado el paradigma de la familia, la maternidad y cuestionan la inutilidad de los mecanismos del Estado. 
 
La autora de libros como “Los demonios del Edén” y “Esclavas del Poder” sostuvo que las periodistas han tomado espacios virtuales como Facebook donde pueden hacer más de lo permitido en los medios tradicionales pero acotó que ello implica vivir en una crisis económica porque ahora nadie paga por decir la verdad.
 
MIEDO, SILENCIO, CENSURA Y MUERTE
 
En el foro, la politóloga y escritora Denise Dresser habló de las agresiones a las periodistas, quienes, dijo, conocen muy bien las palabras “miedo, silencio, censura y muerte” en un país donde existe la simulación de las leyes, ya que a pesar de que desde 2012 existe la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, estos grupos siguen en riesgo. 
 
La columnista de la revista Proceso y editorialista del periódico Reforma dijo que alzar la voz conlleva un alto riesgo, más si se trata de mujeres, quienes son amenazadas con ser asesinadas o violadas sexualmente, como le sucedió a ella cuando en abril de 2016 se sumó a la campaña #VivasNosQueremos en Twitter.
 
Dresser, quien también fue amenazada con secuestrar a su hijo, dijo que un país que minimiza, trivializa y descalifica la violencia contra las periodistas revela lo que ocurre a las mujeres mexicanas, que son victimizadas, encarceladas y abandonadas por el Estado y la sociedad.
 
La columnista criticó que a las trabajadoras de los medios y a las ciudadanas se les califique de “histéricas, viscerales o mal cogidas” y de que no sean “testigos confiables” de sus vidas ni de su verdad y, peor, que esta violencia no se considere ni una crisis ni un patrón.
 
Por ello llamó a arropar a las mujeres que con su trabajo periodístico defienden el derecho a la libertad de expresión, un derecho, que dijo, muchos mexicanos, ni siquiera conocen.  
 
CADA VEZ MÁS COMPLICADO INFORMAR
 
En su oportunidad, la periodista independiente Laura Castellanos, quien en 2016 fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo 2015 por su trabajo “Fueron los Federales” sobre la ejecución de por lo menos 16 personas, aseguró que cada vez es más complicado informar.
 
Para la reportera y autora de “México armado 1943-1981”, el gremio periodístico debe afrontar la impunidad del Estado, quien de acuerdo con el Informe El Poder del Cacicazgo, elaborado por CIMAC, es presunto responsable del 73 por ciento de los casos cometidos contra las comunicadoras de 2014 a 2015.
 
Con esta referencia Castellanos aseguró que las periodistas no esperan que el Estado proteja a quienes violenta por investigar sobre temas como inseguridad, pederastia, victimas y corrupción, de quienes ejercen su profesión pese a las instituciones, las empresas de medios y las condiciones laborales miserables.
 
En la mesa también estuvo la abogada y presidenta del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Alejandra Nuño Ruiz, quien señaló que hay una falta de recursos económicos para operar esta herramienta, como lo han señalado las dependencias de Gobierno. 
 
A decir de la abogada, al mes este Mecanismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, gasta 16 millones y medio de pesos en medidas de protección para periodistas y defensores y requiere de un presupuesto de 80 millones de pesos para 2018; sin embargo declaró que el diagnóstico es que este procedimiento para obtener medidas de protección es ineficaz.
 
ESPACIOS PROPIOS
 
Al tomar la palabra la comunicadora, representante de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México e impulsora de la agencia informativa Notimia, Guadalupe Martínez Pérez, aseguró que frente a estos escenarios una de las opciones es la creación de espacios propios para hacer visibles a las mujeres, en particular a las indígenas.
 
En abril pasado se fundó esta agencia de noticias encabezada por mujeres indígenas y afro descendientes, un medio nuevo que tiene la tarea de informar sobre aquellos temas que pasan inadvertidos por los medios tradicionales como el feminicidio de las indígenas, la fabricación de textiles o artesanías como propiedad intelectual, entre otros.
 
Al encuentro, auspiciado por la Embajada de Suecia y la Embajada Británica en México, también asistieron la periodista independiente Anastasia Moloney; la periodista y académica española, Nuria Varela; la académica mexicana, Nelly Lucero Lara Chávez; y la foto reportera de la Red de Periodistas de a Pie, Ximena Natera, quienes señalaron las condiciones e importancia de este oficio para la sociedad y para promover los derechos de las mujeres.
 
17/AGM/GG

La periodista Marleny Magaña Uribe denunció acosó laboral en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y la presunta violación a su derecho a la libertad de expresión por prohibirle laborar de manera paralela en otro medio de comunicación. 
 
Magaña Uribe, quien de 2001 a 2016 fue jefa de Información del SQCS y ahora se desempeña como reportera, denunció que le impiden trabajar en otro medio de comunicación por el riesgo de que “golpee” mediáticamente al gobernador, Carlos Manuel Joaquín González.
 
La comunicadora dijo a Cimacnoticias que el 30 de diciembre ella y nueve de sus compañeros fueron notificados de su despido sin razón alguna, por lo que presentaron una queja ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, tras lo cual el 16 de enero el área jurídica del SQCS les informó que fue una “confusión” y estaban reinstalados.
 
Mientras Magaña Uribe estuvo desempleada consiguió un empleo por la tarde en Radio Cultural Ayuntamiento, en Cancún; y una vez que regresó a sus labores en el SQCS, donde tenía un horario de 7 de la mañana a las 3 de la tarde, decidió continuar con ambas actividades.
 
El acoso laboral, dijo, comenzó cuando le negaron vacaciones, le cambian el horario para que no pudiera asistir a su otro empleo y, el 7 de febrero, la directora del SQCS, Martha Silva Martínez, la llamó a una reunión para pedirle que escogiera uno de sus dos empleos. 
 
De acuerdo con la periodista, Silva Martínez trató de obligarla a firmar una hoja en blanco pero, como se negó, le dio una semana de plazo para tomar una decisión, porque le dijo que al trabajar  en otro espacio informativo podría golpear al Gobernador.
 
Magaña Uribe destacó que, aunque los reporteros no checan su hora de entrada y salida por las funciones naturales de su trabajo, que implica movilidad y falta de horarios fijos a ella se le obliga a hacerlo, además de que le piden notas que no se publican y en un mismo día la envían a coberturas en extremos de la ciudad, y la vigilan.
 
Para la reportera esto constituye acoso laboral y una violación al derecho a la libertad de expresión, porque la  Ley Federal del Trabajo no impide a un ciudadano tener uno o más empleos, siempre y cuando no interfiera con sus horarios laborales.
 
De acuerdo con el informe “Condiciones laborales de los periodistas en México”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) en 2015, las y los informadores carecen de seguridad social e ingresos suficientes, viven violencia laboral y en ocasiones deben tener más de un empleo, lo que perjudica su desempeño.
 
17/AGM/GG