orfandad por feminicidio

El congreso de Jalisco aprobó las reformas a Ley de Atención a Víctimas local con el propósito de reconocer como “víctimas indirectas” a los menores de edad cuyas madres han sido víctimas de feminicidio.

Con la aprobación en el pleno que hicieron las y los legisladores este 6 de diciembre, Jalisco es la primera entidad del país en garantizar a los hijos e hijas de víctimas de feminicidio los programas sociales a los cuales tiene derecho como víctimas secundarias: apoyo económico, tratamiento psicológico y alojamiento.

La propuesta la presentó en junio de 2017 la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María del Rocío Corona Nakamura, e indica que una vez que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) conozca un caso de orfandad por feminicidio a través del Ministerio Público, debe activar los protocolos de atención y protección para incluir a la niñez en los programas sociales que corresponda.

En este sentido le corresponde a la CEAV asegurar que esta infancia continúe con la atención gubernamental sin interrupciones y proporcionar asesoría jurídica a los familiares de las víctimas si lo desean.

El proyecto avalado indica que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF Jalisco) será el encargado de procurar alojamiento en albergues a la niñez que quede en la orfandad, o bien, colocarlos con sus familiares.

Pero en caso de que sea el padre de la niñez el feminicida, con las reformas al Código Civil ahora el Juez de Control podrá suspenderle la patria potestad y quitarle la custodia.

Esta modificación se incorporó porque 80 por ciento de los feminicidas están prófugos de la justicia en Jalisco, situación que mantiene en “zozobra constante las abuelas y abuelos, quienes finalmente  protegen o reguardan a los menores de edad”, explicó en el congreso la diputada Corona Nakamura,  

De acuerdo con la Fiscalía General del estado, de septiembre de 2011 a junio de 2017, las 175 víctimas de feminicidio dejaron a 122 hijos e hijas en la orfandad y únicamente 82 reciben un apoyo económico del gobierno. A partir de la entrada en vigor de esta reforma la Fiscalía deberá continuar con el registro certero de los casos.

Para asegurar que esta infancia acceda a estos servicios sociales también se modificó el Código Penal y la Ley de Desarrollo Social estatal.

A FAVOR DE LA NIÑEZ

Jalisco sanciona hasta con 70 años de prisión a quien cometa el delito de feminicidio, pero como ocurre en el resto del país, dejaba a un lado la reparación del daño integral para los niños y niñas, quienes muchas veces son testigos del asesinato de su madre.

En dicha entidad apenas este año comenzó un programa especial del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) para otorgar un apoyo bimestral a cada niño o niña en orfandad por la cantidad de 3 mil pesos. Sin embargo, el programa se limita a 66 beneficiarios por el periodo de un año.

Es decir, con la reciente aprobación de estas reformas es obligación del gobierno jalisciense garantizar que todos los hijos e hijas de mujeres asesinadas reciban apoyo económico, psicológico y jurídico, sobre todo en un contexto de violencia  que mantiene a Jalisco en el sexto lugar del país en casos de feminicidio, informó la legisladora Rocío Corona, quien precisó que de acuerdo con el IJM, tan sólo en enero de este año ocurrieron 17 asesinatos de mujeres en la entidad.

“En la mayoría de los casos quedan desamparados familiar y económicamente, de ahí la importancia de que las dependencias públicas protagonicen una atención para ellos, que trascienda en la sociedad para que las modificaciones a dichas legislaciones tengan el mejor resultado, consagrándose el interés superior de niñez”, concluyó la priista.

17/HZM/LGL

Tras el asesinato de su madre, los hijos e hijas de víctimas de feminicidio serán considerados en la comunidad de Castilla-La Mancha, España, en situación de “orfandad absoluta” sin importar que el padre siga con vida.

En la “Ley Para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha”, que preparan las autoridades de la comunidad autónoma de España, incluyen en el Artículo 24 la “Atención específica a hijas e hijos menores y otros familiares” en la que el Estado tiene la obligación de otorgar a esta niñez asistencia psicológica “especializada adaptada a sus necesidades”.

Cimacnoticias consultó el anteproyecto de ley –publicado hace unos días- que será tramitado en 2018 por las autoridades españolas, donde también se plantea que en caso del asesinato de una mujer cometido por razón de género, el gobierno “prestará asistencia jurídica a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad de la víctima”.

Si la niñez se encontrara en situaciones de riesgo, la Junta de Comunidad de Castilla-La Macha (institución que organiza al autogobierno de esta comunidad autónoma) tiene la responsabilidad de adoptar las medidas de protección correspondientes.

El término de “orfandad absoluta” se describe en la disposición adicional segunda de esta ley y precisa que los menores de edad cuya madre ha sido víctima de feminicidio tengan el derecho a los programas sociales aunque “el progenitor siga con vida”.

De acuerdo con información del gobierno local esta ley ya fue revisada por 90 organizaciones de la sociedad civil de esta localidad y será tramitada en enero-febrero de 2018 para su aprobación.

A estas acciones se suman a la anunciada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien en la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre) informó que a partir del 2018 el gobierno entregaría 4 mil euros (88 mil pesos mexicanos) a los hijos e hijas de víctimas de feminicidio.

En España la cobertura legal y el respaldo de la seguridad social a la niñez en esta situación es una medida que demandaron las asociaciones civiles y fue plasmada en el Pacto de Estado Contra la Violencia Machista.

El Pacto fue aprobado por el Congreso de Diputados del país en septiembre de este año, y entre las demandas que se hizo al gobierno español es que desarrolle un plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores de edad víctimas de violencia de género, y que los considere como “víctimas directas” para garantizarles los derechos que tienen como tal.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 2006 hasta octubre de 2017 fueron asesinadas en España 712 mujeres.

En 2016, 36 por ciento de las víctimas había formulado previamente una denuncia contra el victimario, es decir eran parejas o exparejas de víctima. En 2017, fueron un 19 por ciento.

Las cifras del Consejo también indican que en Castilla-La Mancha tiene una tasa de 46 denuncias de violencia de género por cada 10 mil mujeres.

DEBATE SOBRE ORFANDAD POR FEMINICIO

La adopción de medidas para atender a estas víctimas hasta ahora invisibles del feminicidio es un debate que está tomando fuerza en otros países. Por ejemplo, Argentina aprobó en septiembre pasado la “Ley Brisa”  para otorgar a apoyos económicos, educativos y psicológicos a la orfandad por feminicidio.

En República Dominicana ya cuenta con un protocolo especial para atender a esta infancia. Mientras en México aún se espera que la Cámara de Diputados avale la reforma al Artículo 26 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,  con el fin de que el Estado cree programas de desarrollo social dirigidos a los hijos e hijas de madres víctimas del feminicidio.

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Abogados de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) apelaron la reparación del daño que dictó el Juzgado Penal de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para los tres hijos de la víctima de feminicidio, Nadia Alejandra Muciño Márquez, pues no contempla la atención psicológica y la educación que el Estado debe garantizarles como víctimas indirectas.

Después de 13 años de lucha, el pasado 13 de octubre el Juzgado de Cuautitlán dictó sentencia en contra del esposo y uno de los asesinos de Nadia Muciño, Bernardo López Gutiérrez, por el delito de homicidio agravado con 42 años y seis meses de prisión, asimismo exigió la reparación económica del daño para los hijos de Nadia, quienes presenciaron el crimen perpetrado el 12 de febrero de 2004 en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Sin embargo, esta compensación es insuficiente y no cumple con los estándares internacionales, denunció en entrevista con Cimacnoticias la abogada de la ODI, organización que representa legalmente el caso, Viridiana Valgañón Salazar.

Por ello a una semana del fallo apelaron la reparación del daño que dictó el Juzgado y exigieron que el Estado se haga cargo de la atención psicológica y la educación de los hijos de Nadia, como es su obligación, indicó la coadyuvante del caso.

A sus cinco, cuatro y dos años de edad, los hijos de Nadia negaron que su madre se suicidó como concluyó la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; revelaron que su padre Bernardo y el hermano de este, Isidro López alias “El Matute”, la asesinaron.

Este último está en libertad desde febrero de 2010, pues los magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla desecharon los testimonios de los menores de edad al argumentar que eran “incapaces de distinguir una verdad de una fantasía”.

La abogada de la ODI, asociación que brinda asesoría jurídica en casos donde los derechos de la niñez son transgredidos, agregó que con la apelación también esperan que se subsanen los gastos que ha hecho durante estos 13 años la madre de Nadia, María Antonia Márquez Hernández, destinados al cuidado de los ahora adolescentes.

“La apelación está encaminada a lograr el reconocimiento de que en estos años la señora Antonia ha hecho gastos importantes para sus nietos; se ha hecho cargo de su educación y su salud psicológica por lo que ha implicado el proceso recorrido”, dijo.

Viridiana Valgañón recordó que el feminicidio de Nadia tuvo un impacto directo en el proyecto de vida de sus hijos, por ello el Estado debe garantizarles una vida plena a través de las medidas de reparación que propuso la defensoría, e incluir a Antonia Márquez dentro de la reparación del daño, indicó.

Toda vez que el Estado mexicano debe reconocer como víctimas a las hijas e hijos de mujeres que fueron asesinadas con la sentencia que le dictó en noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el feminicidio de tres jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, proceso conocido como “Campo Algodonero”.

Y porque la Ley General de Víctimas indica que los familiares o las personas que tengan una relación inmediata con la víctima son víctimas indirectas, por lo tanto, deben recibir ayuda provisional.

“Con estos estándares siempre pedimos la mayor protección para la infancia”, señaló la abogada de la ODI, quien agregó que es el primer caso de feminicidio que acompaña la organización pues luego de conocer la situación que atravesaban la hija y los dos hijos de Nadia ha dado acompañamiento no sólo legal a la familia sino también psicológico.

Por último, Valgañón Salazar precisó que serán los magistrados de la Primera Sala Colegiada de Tlalnepantla quienes discutan la apelación y en caso de dar un fallo a su favor determinarán cuál será la reparación del daño para los tres adolescentes, pero aún no se tiene fecha de la discusión.

La familia y los representantes legales también esperan que el caso sea admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Recientemente, en enero de 2017, el Estado mexicano pidió a la Comisión no aceptarlo, argumentando que no transgredió ningún derecho de las víctimas.

LAS VÍCTIMAS INVISIBLES DEL FEMINICIDIO

Antonia Márquez además de buscar justicia para su hija, tiene entre sus prioridades garantizar que sus nietos terminen de estudiar la universidad y puedan tener una vida plena, por lo que ha costeado la terapia psicológica que necesitan, pues después de presenciar el feminicidio tuvieron afectaciones en su salud mental.

Como los hijos de Nadia, en el Estado de México las hijas e hijos de las víctimas de feminicidio quedan en el desamparo, el único apoyo social que existe para la niñez en esta situación, son las becas educativas que comenzó a entregar la Secretaría de Educación Pública (SEP) en febrero de 2017 en la entidad.

Asimismo, Cimacnoticias dio a conocer en una investigación, que se desconoce cuánta infancia en orfandad por feminicidio tiene apoyos sociales en México. Sólo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) respondió que entre 2014 a febrero de 2017 atendió a 65 hijos e hijas de víctimas de feminicidio.

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La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del congreso de Jalisco, aprobó un dictamen para considerar como “víctimas indirectas” a la infancia en orfandad por el feminicidio de sus madres.

La iniciativa que presentaron en junio de 2017 las diputadas María del Rocío Corona Nakamura y Martha Villanueva Núñez, la avaló la Comisión el pasado 26 de octubre e impulsa modificaciones a diversos artículos de la Ley de Atención a Víctimas, el Código Civil, el Código Penal y la Ley de Desarrollo Social locales, con el fin de que el gobierno jalisciense garantice “la atención, protección, asistencia y genere políticas públicas para la orfandad por feminicidio u homicidio”.

Hasta marzo de 2017 la Fiscalía General de Justicia estatal registró 175 casos de feminicidio que dejaron en la orfandad a 122 hijos e hijas de las víctimas, de ellos, 64 son menores de edad y únicamente un 44 por ciento cuenta con un apoyo del gobierno (28 casos en total), indica la iniciativa.

Aunque falta que el dictamen sea aprobado en el pleno del congreso, la iniciativa de las diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propone generar condiciones de protección a los hijos e hijas de víctimas del feminicidio con la reforma a los Artículos 28 y 232 Bis del Código Penal de Jalisco para establecer que cuando el feminicidio lo perpetre el padre de los menores de edad, pierda provisionalmente los derechos de visita y convivencia con sus hijos e hijas, y en caso de darse una sentencia definitiva, finalmente le quiten la patria potestad. Esta modificación también quedaría asentada en el Código Civil.

También se adicionaría un párrafo al Artículo 11 de la Ley de Desarrollo Social para que el gobierno de Jalisco genere programas sociales que contemplen becas educativas (incluidos útiles escolares, uniformes y apoyos para el transporte).

PROTOCOLO DE ATENCIÓN

Con la modificación a los Artículos 4, 8, 29, 31, 37, 42, 72, 80, 98 y 103 de la Ley de Atención a Víctimas sería responsabilidad de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) activar de forma inmediata un protocolo de atención y protección especializado, una vez que el Ministerio Público le dé a conocer de algún caso de estas víctimas indirectas del feminicidio, precisa el dictamen.

La CEAV garantizaría las medidas de emergencia y rehabilitación de esta infancia a través de tratamientos psicológicos y asistencia jurídica, además de dar seguimiento y vigilar que no se interrumpa la atención.

El siguiente paso es que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF Jalisco) les procure “alojamiento y alimentación en espacios libres de violencia entre sus familiares o, en su defecto, en albergues acondicionados por el gobierno o la iniciativa privada”.

En este sentido, la reforma contempla que por obligación el registro de las víctimas indirectas del feminicidio los debe llevar la Fiscalía de Justicia local. 

DOBLEMENTE VICTIMIZADOS

Las legisladoras argumentan que los hijos e hijas de víctimas de feminicidio “están doblemente victimizados: por un lado cargan con el acto traumático –del asesino de sus madres- y por otro la burocracia no los voltea a ver. Son niños y niñas asustados, deprimidos, con baja autoestima”, describen.

Cimacnoticias realizó en marzo de 2017 una investigación que da cuenta de las afectaciones que tiene en la infancia el feminicidio de sus madres, además de los obstáculos que enfrentan para que el Estado los reconozca como víctimas.

Entre los casos emblemáticos en Jalisco está el feminicidio de Betsabé García ocurrido en 2015 en el municipio de Tlajomulco. Ella fue asesinada por su pareja enfrente de sus cinco hijos cuando tenían 10, 9, 3 y dos de 7 años de edad. Hoy están bajo el cuidado de sus abuelos, quienes acompañados de organizaciones sociales lograron el acceso a un apoyo social.

Este caso motivó el único programa dirigido a la orfandad por el feminicidio en Jalisco, llamado “Programa de apoyo económico para las hijas o hijos víctimas de feminicidio”, el cual está coordinado por es el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), pero únicamente tiene la capacidad de atender por un año a 66 menores de edad, a través de un apoyo económico, asesoría jurídica y terapia psicológica.

Es por ello que la iniciativa de las diputadas Rocío Corona y Martha Villanueva prevé que en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado para el próximo año, se etiqueten recursos para la ejecución de los programas de ayuda y asistencia social para la infancia en orfandad por este delito.

En tanto, para el resto del país, la Comisión de Igualdad de Género aprobó recientemente la iniciativa para reformar el Artículo 26 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que de aprobarse en el pleno de la Cámara de Diputados, obligaría los estados y municipios a diseñar programas sociales para este sector.

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En diciembre de 2014 en Buenos Aires, Argentina, Brisa y sus dos hermanos fueron testigos de cómo su padre asesinó a su madre Daiana Barrionuevo, y arrojó su cuerpo en un río de la ciudad de Moreno. El asesino declaró a la policía local que la madre los había abandonado por otra pareja. Nadie la buscó. Un mes después su cuerpo fue hallado y el hombre detenido. 

Brisa, de entonces 2 años de edad y sus hermanos de 7 años ambos, quedaron en la orfandad, al cuidado de la hermana de su madre, Cintia Barrionuevo, quién además tiene tres hijos. El caso se hizo público y visibilizó que la violencia feminicida tiene afectaciones también a las hijas e hijos de las víctimas y cargas económicas para las familias, por lo que se dio paso a la creación de la “Ley de reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas colaterales de feminicidio en Buenos Aires”, aprobada por la legislatura local el primero de septiembre de 2017.

La “Ley Brisa” -como también se le conoce motivada por el caso- establece un régimen de reparación económica a la niñez y adolescencia cuyo “progenitor haya sido procesado o condenado como autor, coautor o cómplice del delito de feminicidio de su pareja”.

El gobierno local está obligado a realizar un aporte económico mensual por cada víctima, y dicho apoyo es compatible con otras percepciones monetarias como la cuota alimentaria que debe otorgar el progenitor.

La iniciativa la impulsaron las organizaciones no gubernamentales “Casa del Encuentro” y la “Defensoría del Pueblo”. Para el desarrollo de esta Ley realizaron una investigación en la que registraron dos mil 518 hijos e hijas víctimas de feminicidio en Argentina entre los años 2008 al 2015, de los cuales 64 por ciento eran menores de edad, es decir mil 617 quedaron en la orfandad. En todos estos casos el perpetrador del crimen fue el padre de las víctimas.

Por esta razón la “Ley Brisa” se concentra en la reparación del daño en los casos en los que el padre o pareja de la víctima es quien comete el delito, argumentan las asociaciones, y calculan que en promedio cada semana en Argentina seis menores de edad quedan en la orfandad por un feminicidio.

La Ley establece que el Estado argentino tiene la responsabilidad de garantizar tres ejes básicos para resarcir el daño a la orfandad por feminicidio: la contención y atención psicofísica; el desarrollo educacional; y la asistencia económica a las personas que tomen a su cargo el cuidado de los niños, niñas y adolescentes.

Estos apoyos serán extendidos hasta que las víctimas cumplan los 21 años de edad y para los casos en que presenten alguna discapacidad el recurso no tiene tiempo límite. Para obtener el apoyo únicamente tienen que demostrar que residen en Buenos Aires.

En el caso de la salud la Ley estipula que las víctimas colaterales del feminicidio tendrán derecho a una cobertura integral médica asignada por el Estado, y esta debe contemplar las necesidades de salud física y psíquica por tratarse de una violencia a la que pudieron estar sometidos por un largo tiempo hasta el asesinato de su madre.

“La vivencia del asesinato de la propia madre a manos del padre constituye un trauma severo. El impacto psicológico y los síntomas en las niñas y los niños son múltiples y complejos. En el ámbito emocional un profundo desconcierto, confusión, sentimientos de culpa, miedo, rabia, tristeza, descenso de la autoestima y sensaciones de impotencia”, describe el proyecto de Ley.

De acuerdo con las metas de las organizaciones el siguiente paso en Argentina es conseguir que la “Ley Brisa” sea Federal, con el fin de que todos los hijos e hijas de víctimas de feminicidio del país pueden acceder a la reparación integral del daño como es su derecho.

MIENTRAS TANTO EN MÉXICO…

En el caso mexicano los esfuerzos por resarcir el daño a los hijos e hijas víctimas de feminicidio apenas se comienzan a vislumbrar y son mínimos si se considera que en promedio cada día siete mujeres son asesinadas en el país, según Naciones Unidas.

Sin ninguna política de Estado capaz de reconocer los Derechos Humanos de estas víctimas secundarias, apenas existen tres proyectos que buscan brindarles apoyos sociales. Por ejemplo, en Jalisco este año a las hijos e hijas de víctimas de feminicidio se les da un recurso económico y atención psicológica, sin embargo únicamente es extendida para 66 víctimas por el periodo de un año.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, lugar reconocido a nivel mundial por el fenómeno del feminicidio desde los años noventa, los apoyos son dispersos y se extienden a becas de estudio y compra de materiales escolares.

En el Estado de México, donde se encuentra el municipio de Ecatepec considerado también por la ONU como el más peligroso para las mexicanas, en 2017 se comenzaron a dar becas escolares a la niñez y adolescencia en orfandad por feminicidio.

A pesar de la existencia de estos programas no se cuenta en México con cifras que dimensionen dónde están, en qué situaciones viven y cuáles son las necesidades de las hijas e hijos víctimas de feminicidio.

17/HZM/LGL

El 26 de mayo de 2010 un Tribunal de Casación de Ciudad Juárez, en Chihuahua, dictaminó que Heidi, la hija de Rubí Marisol Frayre Escobedo, joven asesinada en 2009, debía recibir una cantidad de 38 mil 390 pesos por concepto de indemnización, monto con el que al mismo tiempo se acreditaba su condición de orfandad.
 
Seis años antes de esta sentencia (en 2004) el gobierno chihuahuense, estado donde se ha documentado el fenómeno del feminicidio desde 1993, creó un programa social para dar mil 900 pesos y apoyo psicológico a las niñas y niños que quedaban en orfandad tras el asesinato de sus madres, programa que ha resultado insuficiente.
 
Así lo reconoció la directora general adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en Ciudad Juárez, Zulay Alaid Abbud Esparza, quien explicó en entrevista que en Juárez hay por lo menos tres programas enfocados en este fenómeno social a pesar de que esta instancia no tiene una política específica para atender a esta población y no cuenta con datos al respecto.
 
Entre las acciones que realiza la Conavim –creada a nivel federal en 2009 a partir de los crímenes cometidos en la ciudad fronteriza– está diseñar políticas en materia de igualdad de género; construir y equipar los Centros de Justicia para las Mujeres; coadyuvar en los trámites de Alerta de Violencia de Género y dar cursos y capacitaciones en la materia. En la ciudad fronteriza es un enlace entre el gobierno estatal y federal.
 
VIOLENCIA QUE SE EXTIENDE
 
Un informe que realizó Amnistía Internacional en 2003 describía el perfil de las mujeres víctimas de la franja fronteriza como jóvenes “sin ningún poder en la sociedad”, trabajadoras de las industrias maquiladoras, camareras, empleadas en la economía informal o estudiantes; muchas de ellas vivían en circunstancias precarias y a veces con hijas e hijos que mantener.
 
A su vez un informe de la Conavim encontró que en la década de los noventa las mujeres asesinadas o desaparecidas eran menores de 25 años, solteras, estudiantes y trabajadoras de la maquiladora y documentó  que a principios del nuevo milenio creció el número de víctimas de 25 a 35 años que eran amas de casa o empleadas.
 
Desde que comenzaron los crímenes en Juárez se comprobó que la violencia feminicida afectaba también a las hijas e hijos de las víctimas, lo que llevó a las madres de las mujeres asesinadas a demandar apoyos para sus nietos que quedaron en orfandad. Con el impulso de las organizaciones civiles, estas abuelas consiguieron la atención de las autoridades. 
 
Abbud Esparza, quien ha trabajado en el Instituto Chihuahuense de la Mujer y en el Centro de Justicia para la Mujer, explica que casi una década después de que en 1993 se dieran a conocer a nivel nacional e internacional los asesinatos de mujeres en esta zona, en 2004 comenzó un programa para atender a la infancia en esta situación.
 
En ese entonces 14 familias recibían una cantidad de mil 900 pesos mensuales, atención psicológica, apoyo para comprar útiles y uniformes escolares y becas de estudio. Hasta 2013 el programa beneficiaba a 125 familias y de acuerdo con la funcionaria sigue vigente y hay alrededor de 150 familias apoyadas.
 
Para que una niña o niño tenga acceso a estos beneficios, explicó, la familia tiene que estar vinculada con la Fiscalía General del estado, en particular con la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por razones de Género, que es la autoridad que acredita que se cometió un feminicidio.
 
En Chihuahua la ley no reconoce el término feminicidio pero Abbud Esparza detalló que la Fiscalía Especializada es competente en los asesinatos de mujeres siempre y cuando el delito cumpla ciertos requisitos: el más importante, que la mujer fuera privada de la vida por condición de género.
 
Si la Fiscalía (ubicada en el edificio del Centro de Justicia) considera que se trató de un homicidio por razón de género entonces puede canalizar a las víctimas indirectas al Instituto Chihuahuense de la Mujer para que les expliquen los apoyos sociales que pueden recibir en caso de que haya menores de edad que quedaron en orfandad.
 
PROGRAMAS DISPERSOS
 
En mayo de 2005 la Procuraduría General de la República creó que el Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Victimas de Homicidio de Mujeres en el municipio de Juárez con un monto de 25 millones de pesos de la dependencia y 5 millones de la Fiscalía gobierno estatal. 
 
La directora adjunta de la Conavim en Juárez señaló que este fondo también está vinculado al análisis y a la investigación que arroja la Fiscalía y para acceder al apoyo las autoridades analizan los casos y determinan las circunstancias de los hechos y la cantidad que se puede otorgar a las familias. El apoyo es en una sola ocasión.
 
“En general, todas las que están en ese programa son familias con muchas necesidades económicas para sacar a sus nietos, o a las hijas e hijos de las víctima de la situación en la que se encuentran, por eso el apoyo se les da en efectivo, para poder solventar un poco pagos, estudios. Evidentemente nada va a resarcir o les podría reintegrar a su hija, pero es parte de un programa que trata de apoyarles en lo que se pueda”.
 
En 2010, durante la implementación de la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, el gobierno de Chihuahua propuso una serie de acciones para reestablecer el tejido social en la frontera azotada por los asesinatos. Así se creó el Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen.
 
Este fondo, señaló la funcionaria, lo manejaba el DIF por tratarse de la niñez y posteriormente estuvo a cargo de la Fiscalía de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito pero con el cambio de administración del gobierno estatal el año pasado se analizó transferir este fideicomiso a la Secretaría de Desarrollo Social.
 
Abbud Esparza explica que aunque hay tres programas de apoyos a las niñas y niños en orfandad a cusa del feminicidio, la Conavim coordina una red interinstitucional para detectar la situación de las víctimas y coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno que manejan recursos o programas específicamente para apoyarlas.
 
Cada dos meses se hacen reuniones de trabajo para analizar las necesidades de las familias de una mujer asesinada y ver quien puede atenderla toda vez que puede requerir desde ayuda legal para tramitar la custodia de los menores de edad o una bolsa de empleo para conseguir trabajo. “Cada caso se trabaja de manera particular porque las necesidades son diversas y son diferentes”, aseguró.
 
Sin embargo no sólo se trata, dijo, de que los gobiernos den apoyos económicos, sino de promover la igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres y en el caso de los programas enfocados a las niñas y niños en orfandad que permanezcan a pesar de los cambios de gobierno.
 
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Como muchas niñas y niños, los tres hijos de Emma Gabriela Molina Canto –asesinada el 27 de marzo en Mérida, Yucatán– quedaron en orfandad tras el feminicidio de su madre pero también porque su padre, Martín Alberto Medina Sonda, está en prisión y porque a pesar de que su abuela trata de cuidarlos tiene que darse tiempo para exigir seguridad y justicia para su familia.
 
A partir de 2010, cuando comenzó el proceso de divorcio entre Emma Gabriela y Martín Alberto –y durante siete años– los tres niños quedaron en la indefensión: el 25 de mayo de 2012 fueron raptados por su padre; en octubre de 2014 fueron entregados por su progenitor al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo del DIF de Yucatán, finalmente su madre fue asesinada y ahora viven con su abuela.
 
Estos niños, que actualmente tienen 13, 11 y 9 años de edad, son parte de un número desconocido de niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad a causa del feminicidio pero también son parte de los pocos casos en los que las instituciones del Estado los reconocen como víctimas indirectas y con ello les dan la oportunidad de recibir apoyos para menguar su situación de vulnerabilidad.  
 
En México, en promedio, al día son asesinadas 7 mujeres, algunas ultimadas por sus parejas y otras tantas dejando hijas e hijos que deben ser atendidos por familiares cercanos y por instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), organismos encargados de proteger a víctimas de violaciones a Derechos Humanos y a la niñez, respectivamente.
 
Hasta 2017 la CEAV atendía 11 casos de feminicidio, de los cuales en cuatro había menores de edad considerados víctimas indirectas tras el asesinato de sus madres. Así lo dijo la abogada y directora General de Atención Inmediata y Primer Contacto de la CEAV, Adriana Carmona López, quien comentó en entrevista con Cimacnoticias las acciones que se realizan para atender a esta población.
 
NIÑEZ TAMBIÉN ES VÍCTIMA
 
La CEAV atiende muy pocos asuntos relacionados con el feminicidio si se considera que hay 11 expedientes y que durante el segundo trimestre de 2017 el organismo atendió 3 mil 87 víctimas de delito o violaciones a Derechos Humanos y 2 mil 99 víctimas indirectas. La razón, explica Carmona López, es que se atienden asuntos de orden federal y generalmente los asesinatos de mujeres son materia del fuero local.
 
Sin embargo, el organismo comenzó a atraer estos casos desde la modificación a la Ley General de Víctimas, aprobada el pasado 9 de enero, que le otorgó esta facultad. El primer caso que atrajo fue el asesinato de Emma Gabriela, asesinada el 27 de marzo, al considerar que ella, su madre, Ligia Canto Lugo y sus hijas e hijo fueron víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos, lo que a su vez derivó en el feminicidio.
 
En este caso como en todos, aclara la funcionaria, la ley reconoce a estas hijas e hijos como víctimas indirectas y por tanto se toman medidas para protegerlos o resarcir el daño como pagar los gastos funerarios, darles medidas de apoyo alimentario, vivienda, apoyo económico y garantizarles el derecho a recibir apoyo psicológico, social y jurídico.
 
En particular cuando el crimen es cometido por el padre y cuando hay antecedentes de violencia familiar, una demanda de divorcio o de custodia de los menores, el primer reto es que las familias de las mujeres a quienes se les arrebató la vida puedan tramitar y conseguir la custodia de las niñas y niños que quedan sin sus madres y padres. “La muerte viene a culminar un proceso terrible de amenaza permanente y la incertidumbre de lo que iba a pasar”, dice la funcionaria.
 
Lo primero que hay que enfrentar, explica Carmona López, es la incertidumbre jurídica de saber quiénes se quedan a cargo de los menores de edad porque lo que debería ser un proceso automático se convierte en una primera batalla. En el caso de la CEAV, dice, la asesoría jurídica federal se ha concentrado en atender casos penales o de violaciones a Derechos Humanos y muy pocos en materia familiar.
 
Con un número reducido de asesores jurídicos, que ronda 70 personas, la funcionaria reconoce que es primordial tramitar la custodia de las y los niños porque puede suceder que terminen con las familias de los agresores, quienes no necesariamente busquen su bienestar sino tenerlos como testigos para poder ofrecer mejores pruebas para que no vinculen a proceso al presunto culpable o para que disminuya su sentencia.
 
“Imagínate que lo primero que tendrían que tener después de un evento de esta naturaleza es el resguardo de su seguridad. Su seguridad en todos los sentidos: jurídica, psicológica, social; quiénes van a ser sus redes de apoyo, quiénes van a cobijarlos en medio de todo ese conflicto, por todo lo que tienen que acomodar después”, expone.
 
Tras sortear los retos administrativos, Carmona López identifica que el siguiente paso es otorgar apoyo psicológico para que los menores de edad involucrados puedan sobrellevar el feminicidio y al mismo tiempo dar apoyo económico para que tengan becas para continuar y concluir su educación, estudios que en ocasiones ya no puede ser sustentados por sus familias cercanas.
 
VIVIR CON EL FEMINICIDIO
 
Co el reciente cambio de personal de la CEAV se ha propuesto un acompañamiento integral a las víctimas, que tenga un enfoque psicosocial y que les permita reformular sus proyectos de vida, para que niñas y niños puedan vivir con la ausencia de sus madres o sabiendo que las abuelas se dividen en darles atención y en buscar la verdad de lo ocurrido a estas mujeres. 
 
Anteriormente, dice Carmona López, estas terapias psicológicas eran breves y de emergencia pero casos de esta índole requieren acompañar un proceso completo con la familia, algo que debe hacer un profesional. Para facilitar la atención las víctimas pueden escoger a su terapeuta y la CEAV tiene la obligación de pagar los costos económicos.
 
“En uno de los casos que estamos acompañando, uno de los varios casos, me decía la abuela: Es que tengo a mis nietos, no sólo perdieron a su mamá, están perdiendo a su abuela que tiene que estar pidiendo justicia y al final no puedo ni acompañarlos ni arroparlos como yo quisiera porque tengo que estar pendiente de que haya justicia”, recuerda la también abogada especializada en perspectiva de género. 
 
Si dimensionamos que estas niñas y niños, expone, han sido víctimas de esa violencia familiar por la que finalmente muere su madre, indudablemente el proceso terapéutico no puede ser dado por cualquier persona y tienen que ser expertos, que tenga una perspectiva de género y que conozcan el tema de violencia.
 
En el caso de la educación la servidora pública señala que la Secretaría de Educación Pública es la autoridad responsable de otorgar las becas a los huérfanos de la violencia feminicidio, sin embargo, si hay alguna razón para que no lo haga la CEAV puede otorgar el apoyo económico.
 
Carmona López destaca que el organismo de protección a víctimas no tiene más casos porque las Comisiones de Atención Víctimas de los estados son quienes probablemente estén atendiéndolos ya que están facultadas para conocer los casos del fuero local; sin embargo considera que todavía quienes acompañan y litigan los casos de feminicidio no ven a la CEAV como una autoridad a la cual acudir.
 
17/AGM

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Comisión sobre la No Discriminación de la Cámara de Diputados, Kathia Bolio Pinelo, dijo desconocer información sobre niñas, niños y adolescentes huérfanos a causa del feminicidio, ni conoce propuestas legislativas para atender a esta población.
 
Consultada por Cimacnoticias, la diputada panista señaló que desconoce el tema y que, en todo caso, quien debería tener información no es ella sino las y los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, presidida por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Valencia Guzmán.
 
La también secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables dijo que desconoce cuál es la situación de la orfandad en México, ya que ni familiares ni asociaciones civiles se han acercado para hablar al respecto e incluso afirmó que era la primera vez que le mencionaban el tema. 
 
Lo único que la diputada Bolio Pineda pudo asegurar es que las niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad a causa de la violencia de género son un grupo vulnerable.
 
Señaló lo anterior, a pesar de que las legisladoras tienen la facultad de proponer reformas a las leyes o la creación de normas para atender problemáticas particulares y de que las Comisiones son órganos parlamentarios de revisar las iniciativas y dictaminarlas para, en su caso, enviarlas al pleno y sean aprobadas.
 
Una investigación publicada el 8 de marzo por Cimacnoticias destaca la falta de cifras y de información sobre las hijas e hijos de mujeres asesinadas quienes quedan en la indefensión por falta de políticas públicas; de acuerdo con estos datos, sólo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) registró 65 casos de orfandad por feminicidio en tres años.
 
Por su parte la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidenta de la Comisión Especial para la Atención a la Niñez y Adolescencia con Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo, Patricia Elena Aceves Pastrana, también dijo desconocer la situación de la orfandad en México a causa del feminicidio.
 
A la pregunta de esta agencia, la ex rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, señaló que la orfandad es un tema sensible para ella, porque perdió a su madre desde muy pequeña, pero destacó que las personas en esta situación se acostumbran a vivir “porque no queda de otra”.
 
La también química y secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, señaló que no cuenta con datos sobre la situación educativa, social ni psicológica de esta población que constituye un grupo vulnerable y destacó que debería haber políticas públicas al respecto. 
 
17/AGM/GG