Tuxtla Gutiérrez

La indiferencia de las personas que observaban la misma imagen que nosotras –un sujeto encima de una joven con los pantalones desabrochados y la joven desnuda de la cintura para abajo- nos hizo pensar que “solo” se trataba de dos personas teniendo relaciones sexuales en la vía pública. Cuando nos acercamos, los gritos de la joven y sus intentos por quitarse de encima al sujeto nos advirtió que se trataba de una violación sexual, a la vista de quien quisiera ser testigo de la escena.
 
Nuestros gritos hicieron que el sujeto se fuera y dejara a la joven. Pedimos una patrulla que jamás llegó. La señora de la casa más próxima donde se estaba dando la violación sólo se asomó para cerrar sus ventanas. Dos señores que salieron a tomar el fresco a la banqueta ni se inmutaron, no movieron ni un dedo, se limitaron a ver. Todo esto sucedió en una colonia muy popular de Tuxtla Gutiérrez. No doy más datos del caso por la seguridad de la víctima, pero las autoridades ya tienen la información.
 
Aún no logro determinar con exactitud qué me preocupa y ofende más: la indiferencia  y miedo de la sociedad ante un acto semejante;  la indolencia de las autoridades incapaces de enviar una patrulla ante la denuncia de una violación sexual en plena vía pública; la vulnerabilidad en la que nos encontramos las mujeres o todas esas circunstancias juntas.
 
No fue por su forma de vestir, tampoco por caminar sola por la calle, ni por andar con malas compañías, no fue nada de eso, ni nada que a las autoridades o la sociedad quiera creer para sentirse a salvo y con la conciencia tranquila y así evadir su responsabilidad.
 
El caso que les narro no es un asunto aislado. Eduardo Flores, del Observatorio Ciudadano de Chiapas publicó en fechas recientes en Chiapas Paralelo un artículo llamado “La alerta previa al desastre” en el que señala la situación en la que está Chiapas y en particular Tuxtla en cuanto a las denuncias por violaciones sexuales.
 
Según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la solicitud de información 186117 hecha por el Observatorio Ciudadano Chiapas, a la entonces Procuraduría General del Estado de Chiapas, en 2016 se denunciaron 748 casos de violación sexual en Chiapas, de los cuales 94.92 por ciento fueron cometidos hacia mujeres, más de la mitad de ellos a niñas menores de edad. Chiapas ocupó en 2016, el onceavo lugar a nivel nacional con la tasa más alta de denuncias por este delito por cada 100 mil habitantes.
 
​Si 2016 no fue un buen año para las mujeres y las niñas en Chiapas, 2017 parece ser peor. La tasa de denuncias por violación sexual de enero a marzo de 2017 es 3.98 por ciento mayor a la cifra del mismo periodo de 2016, y al menos en los últimos 15 meses, esta cifra ha permanecido superior a la tasa nacional; 181 casos se tienen registrados, de ellos 37 se han cometido en Tuxtla Gutiérrez. Además, el porcentaje de menores de edad en tales denuncias ha incrementado de 48.81 por ciento en el primer trimestre de 2016, a 52.94 por ciento en el mismo periodo de 2017.
 
​Si revisamos la cifras a nivel municipal, encontramos también que 6 de los 7 municipios incluidos en la Alerta de Violencia de Género, que aún no tiene acciones definidas en el estado, presentan ya durante el primer trimestre de este año tasas de denuncias por violación sexual por cada 100 mil habitantes superiores a la tasa nacional que es de 2.49.
 
Las violaciones sexuales no son un hecho aislado, este delito responde a la dinámica patriarcal en la que vivimos, a la impunidad en la que están los perpetradores de estos actos, a la indiferencia de la sociedad que no denuncia estos hechos y no exige a las autoridades aun cuando esos delitos están ocurriendo en muchas ocasiones en su propia casa o muy cerca de ella.
 
SIN ACCIONES MÍNIMAS QUE EXIGE AVG
 
Es urgente que el Gobierno del estado de Chiapas y los municipios como Tuxtla Gutiérrez implementen políticas públicas contundentes para eliminar la violencia en contra de las mujeres.
 
Estamos a poco más de seis meses de haberse dado la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en 7 municipios de la entidad y hasta ahora no se han implementado las acciones mínimas que exige la alerta para frenar la violencia estructural  que existe en el estado en contra de las mujeres.
 
Cada uno y cada una que estamos indignadas con la situación podemos hacer algo desde donde estamos y con las posibilidades que tenemos, de entrada podemos no ser indiferentes ante la violencia en contra de las mujeres, no ser parte del problema, no ser la señora que solo se asoma a cerrar las ventanas para sentirse a salvo dentro de cuatro paredes; ni los señores que se limitan a ver desde la banqueta de su casa.
 
Cada vez que hay una violación sexual o cualquier acción de violencia e injusticia hay tres actores: la persona que violenta, la violentada y las y los observadores, son estos últimos quienes pueden hacer la diferencia permitiendo que sigan esos actos con su silencio cómplice o deteniéndolos con sus acciones.
 
¿Qué podemos hacer? 1. Denuncie cualquier acción de violencia contra las mujeres. 2. Actúe cuando sea testigo o testiga de esa violencia llamando a las autoridades, gritando, pidiendo ayuda a otras personas y trate de poner a buen resguardo a la víctima. 3. No juzgue jamás a la víctima. Nunca, bajo ninguna circunstancia, son ellas las responsables. 4. Exija a las autoridades acciones reales y efectivas en contra de la violencia hacia las mujeres. Hágalo en sus redes sociales, con pancartas, en playeras, por los medios que tenga, lo que su imaginación le diga.
 
Estás propuestas no son limitantes a lo que usted considere que puede hacer a favor de detener la violencia en contra de las mujeres, algo tenemos que hacer, no podemos dejarles este estado, esta ciudad a los malos. Que el miedo que sentimos todas no nos paralice ni nos encierre, por el contrario, que nos movilice y nos obligue a salir a las calles, a apropiarnos del espacio público. La lucha es nuestra.
 
* Periodista chiapaneca, forma parte de la Red de Periodistas e integrante fundadora del portal de noticias Chiapas Paralelo y Revista Enheduanna.
 
17/SS/GG

Periodistas de Ciudad Obregón, Sonora, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de la Ciudad de México, se manifestaron ayer en las calles para exigir el cese a la impunidad y para que las autoridades competentes protejan con acciones concretas a las y los integrantes del gremio periodístico en todo el país.
 
Esto, en respuesta a las recientes agresiones contra periodistas, como el asesinato de Javier Valdez Cárdenas, fundador del semanario Río Doce y corresponsal del diario La Jornada, cometido la mañana del pasado lunes 15 de mayo, en Culiacán, Sinaloa.
 
A continuación les presentamos el trabajo de Claudia Pérez R. en Ciudad Obregón, Sonora, de Sandra de los Santos, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de Lucía Lagunes Huerta en la Ciudad de México, integrantes de la Red Nacional de Periodistas.
 
Ciudad obregón, Sonora
 

Imagen Claudia Pérez R.

Imagen Claudia Pérez R.

 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
 

Imagen Sandra de los Santos

Imagen Sandra de los Santos

Imagen Sandra de los Santos

 
Ciudad de México
 

Periodistas protestan en Secretaría de Gobernación (Segob). CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta

Imagen Lucía Lagunes Huerta

 
17/RED

Ante la huelga de hambre que realizan seis enfermeras afuera del Hospital de la Mujer en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, para exigir mejoras laborales, reinstalación, abasto de insumos e investigación sobre desvío de recursos, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC (CDMCH) pidió al gobierno federal y al estatal dar atención médica a las trabajadoras, garantizar su seguridad y responder a sus demandas.
 
Las enfermeras iniciaron su huelga de hambre indefinida el 3 de abril, señala un comunicado de CDMCH, como medida de presión porque no habían obtenido respuesta a sus demandas presentadas casi tres meses atrás, el  22 de enero, cuando instalaron un plantón afuera del hospital. Exigían entonces respeto a sus derechos laborales y denunciaron falta de abastecimiento de medicamentos y de materiales quirúrgicos, así como un probable desvío de recurso de la Secretaría de Salud.
 
Presumen el desvío ya que la Auditoria Superior de la Federación detectó irregularidades en la ejecución de fondos destinados en materia de salud al gobierno de Chiapas por un total de 764 millones 408 mil 550 pesos correspondientes al ejercicio 2015. Y la  dependencia estatal tiene hasta el próximo 12 de abril para contestar esas observaciones ya que para este año se han solicitado nuevas inspecciones.
 
Sin embargo, como represalia al plantón, el 23 de febrero fueron cesados por las autoridades dos trabajadores y el 22 de marzo 14 más, 10 mujeres y cuatro hombres, de distintas unidades médicas. Fue así que cinco enfermeras decidieron iniciar una huelga de hambre y sumar una trabajadora más cada 48 horas, si no había respuesta. 
 
HUELGA DE HAMBRE
 
Las seis enfermeras que mantienen hoy la huelga de hambre son: María Cielo Gramajo Cundapí, María de Jesús Espinoza de los Santos, Nelli Ivonne Castillo Escobar, María Isidro Orozco Sánchez, Verónica Zenteno Pérez y Sandra Lidia Arellano Zenteno. Y, de acuerdo con el CDMCH, las mujeres ya “presentan síntomas de crisis hipertensiva, hipotensión, diarrea y bradicardia”.

Enfermeras en Huelga de hambre | imagen: CDMCH

Se mantendrán indefinidamente en ayuno dicen las trabajadoras, “para demandar atención urgente de las autoridades estatales y federales del Sector Salud a los temas de reinstalación, sin condicionamiento, de las y los trabajadores cesados, pago de quincenas atrasadas, pago de fondos del Fovissste y Pensionissste, aporte al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)”.
 
También, para que haya “atención urgente a las condiciones de desabasto de medicamentos, falta de equipo y material adecuado para la atención y abandono de distintas instalaciones médicas en Chiapas, esto último como resultado del proceso de privatización de salud en México”.
 
La acción urgente del CDMCH, dirigido al Ejecutivo federal, Secretarías de estado y autoridades locales, señala que ante el riesgo inminente en que se encuentra la vida e integridad física, emocional y psicológica de las enfermeras, las autoridades deben darles atención médica urgente e integral, garantizar su vida, integridad y seguridad personal, y la de otras personas que participen en acciones civiles y pacíficas en las unidades hospitalarias de la entidad. 
 
Deben también atender las demandas de reinstalación inmediata del personal cesado sin condicionamiento alguno y pago de los recursos desviados del sistema de Ahorro para el Retiro, Impuesto sobre la Renta, Fovissste, seguros de vida y pensiones alimenticias.
 
También deben realizar el abastecimiento inmediato y total de medicamentos, material, equipo e instrumentos a las unidades médicas y hospitales de las distintas regiones de Chiapas. Para garantizar el acceso a la salud de las mujeres, jóvenes y niñas de esta entidad.

Y cumplir con las medidas derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, en el tema de atención a la salud y violencia contra las mujeres urbanas y rurales de Chiapas.
 
17/RED

Para exigir su reinstalación, hoy iniciaron una huelga de hambre las enfermeras María de Jesús Espinosa de los Santos, Cielo Gramajo Cundapí, Elivón Castillo Escobar, Verónica Zenteno Pérez y María Isidro Orozco, despedidas del Hospital de La Mujer, en la capital de Chiapas, tras protestar, en enero pasado, por el desabasto de medicamentos e insumos y la crisis en los últimos cuatro años en el sistema de salud.
 
Junto con ellas, otros nueve trabajadores fueron despedidos por las denuncias.  
 
En enero de este año, miles de trabajadoras y trabajadores de clínicas y hospitales de Chiapas, iniciaron un paro laboral parcial. Su exigencia era el abasto de medicamentos e insumos. Denunciaron que desde el inicio de la actual administración la atención a las y los derechohabientes se fue deteriorando por estas causas.
 
Personal médico y de enfermería de diversos hospitales abrieron sus puertas a medios de comunicación para hacer públicas las condiciones en las que estaban laborando. También para denunciar las irregularidades administrativas y el desvío de recursos que estarían restando recursos a sus fondos de jubilación.
 
El Gobierno del estado respondió haciendo entregas públicas de algunos insumos y medicamentos, pero solo alcanzó para unas semanas, señaló públicamente personal de la Secretaría de Salud.
 
El 23 de febrero, Julio Cesar Cruz Mayorga, trabajador administrativo y cabeza visible de la lucha que mantienen los trabajadores de la Secretaría de Salud, fue despedido acusado de “faltas administrativas”.  También fue despedido Rubén Castillejos Álvarez.
 
El 24 de marzo otros 14 trabajadores siguieron en la lista de despidos. Todos ellos tienen en común haber participado activamente en las manifestaciones del sector Salud.
 
LA HUELGA DE HAMBRE
 
Esta mañana, al iniciar su huelga de hambre, las enfermeras anunciaron que cada 48 horas se unirá a la huelga otro trabajador, “hasta que tenga una respuesta favorable de las autoridades a sus demandas de reinstalación, abasto de insumos y medicamentos, y reintegro de los recursos para su fondo de jubilaciones.
 
“Antes de tomar esta medida, buscamos acercamiento con Gobierno del estado”, pero obtuvimos amenaza y violencia. “Nos quitó el trabajo para intimidarnos y negociar nuestro trabajo por nuestro silencio. No lo van a lograr”, dijo Espinosa de los Santos, quien durante 30 años ha trabajado en la Secretaría de Salud.
 
Cielo Gramajo, otra de las enfermeras huelguistas, subrayó: “nos acusan de delincuentes y los delincuentes son ellos al violar la ley al robar el dinero de los trabajadores, y despedirnos por protestar”. Dijo que no pretende perder la plaza laboral que por 26 años ha desempeñado.
 
“Tantas riquezas tiene Chiapas, y los trabajadores somos tan pobres y tan pateados”, afirmó Verónica Zenteno, con 27 años de servicio, minutos antes de iniciar su ayuno. “Entrego mi salud y mi vida en nombre de todos mis compañeros. Luchemos por una salud digna”.
 
Espinosa de los Santos también subrayó que el Sindicato del sector Salud se hizo cómplice del robo del dinero destinado a la jubilación de las y los trabajadores, mismo que no fue entregado a los sistemas de administración.
 
Trabajadoras y trabajadores de hospitales de diferentes municipios mantienen un plantón afuera del Hospital Pascacio Gamboa, donde las enfermeras instalaron la huelga.
 
17/RED/GG 

La distancia de Tuxtla Gutiérrez a la capital de Guatemala es de 600 kilómetros, menos de lo que hay de la capital del estado de Chiapas a la Ciudad de México (alrededor de 960 kilómetros). No tiene ni dos siglos que Chiapas, el estado más al sur del país, era parte de Guatemala, ese país que hoy llora  a 43 niñas que murieron calcinadas cuando realizaban una protesta en contra de las condiciones en las que vivían en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
 
Chiapas tiene más similitudes con Guatemala que con México, que va más allá del clima y su historia antes de 1824, cuando se dio la anexión de Chiapas a México.
 
Las condiciones de vida de las niñas de Chiapas no son muy diferentes a las que tienen las menores de edad de Guatemala. En ambos lados del río Suchiate, la división natural entre México y Guatemala, las niñas y adolescentes tienen que padecer la exclusión, desigualdad, pobreza, impunidad y corrupción institucional. Todas estas condiciones son las que generaron la tragedia en ese mal llamado “Hogar Seguro”.
 
Las cifras en cuanto a embarazos en niñas y adolescentes, acceso a la educación, el uso de herramientas tecnológicas son parecidas entre las niñas de Chiapas y Guatemala.
 
De acuerdo al Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) el 26 por ciento de los partos atendidos en Guatemala son de niñas y adolescentes de 10 a 19 años, que se convierten en madres, comprometiendo sus oportunidades educativas y laborales y poniendo en riesgo su salud y su vida.
 
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Chiapas ocupa el primer lugar en embarazos en niñas y adolescentes y uno de los estados con mayor tasa de matrimonios infantiles.
 
El contexto en que se presentan estos embarazos, tanto en Guatemala como Chiapas es parecido: violaciones sexuales, matrimonios forzados y falta de acceso a los servicios de salud reproductiva.
 
Chiapas es también la entidad con el mayor índice de niñas y adolescentes que no asisten a la escuela.
 
La organización civil Melel Xojobal, que trabaja en la promoción de los derechos de las niñas y adolescentes, denunció hace unos días que de 2011 a la fecha 41 niñas y adolescentes han sido víctimas de feminicidio en Chiapas.
 
LAS NIÑAS EVIDENCIARON EL SISTEMA
 
La manifestación de las niñas de Guatemala el 8 de marzo –Día Internacional de la Mujer- y la muerte de 43 de ellas calcinadas dejó al descubierto que el sistema de protección a la niñez que existe en Guatemala no funciona, que es irregular, que las personas que deberían de ser garantes de los derechos de las niñas y adolescentes están siendo sus principales violentadores.
 
En Chiapas desde hace más de un año diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación de que el gobierno de Manuel Velasco Coello se resiste a implementar de manera debida el Sistema de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes en el estado a pesar que la Ley lo obliga.
 
Las cifras de embarazos en niñas y adolescentes, violaciones sexuales en su contra, falta de acceso a los servicios básicos, ponen de manifiesto de que hasta ahora el estado de Chiapas no ha sido capaz de garantizar el respeto a los derechos de las niñas en la entidad como sucede en Guatemala.
 
Lo que sucedió en Guatemala no solo pasó el 8 de marzo, es el resultado de problemas estructurales y sociales de hace décadas y mal haríamos en no ver que las niñas de Guatemala también podrían ser las de Chiapas, que Guatemala no nos queda lejos, sus problemas son nuestros problemas y que algo se debe de hacer al respecto.
 
17/SS/GG