Jimmy Morales

Mientras agrupaciones sociales exigen en manifestaciones públicas se le retire el antejuicio al presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, 104 congresistas (del total de 158), votaron a favor de que se le mantenga, luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitara investigarlo por presunto financiamiento electoral ilícito.

El 25 de agosto pasado, el Ministerio Público (MP) de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) revelaron que Morales, siendo secretario general del partido FCN-Nación, manejó de forma anómala recursos durante su campaña electoral, por lo que era necesario desaforarlo a fin de profundizar las investigaciones.

Dos días después, el mandatario de Guatemala declaró a Iván Velázquez, titular de la CICIG, como “non grato” y le pidió abandonar el país de inmediato, pero lo hizo mediante un procedimiento irregular por lo que esa medida fue anulada por la CSJ.

Después de 15 días de silencio, Morales manifestó su confianza porque mantiene el antejuicio y Velázquez reafirmó una vez más su compromiso de continuar con sus funciones, en coordinación con el MP, para erradicar la impunidad en Guatemala.

Así las cosas, la disyuntiva entre apoyar a Velázquez o a Morales representa una mirada muy limitada para quienes exigen intensificar la lucha contra la corrupción, porque saben que se han articulado mafias para perfeccionar los abusos de poder, el litigio malicioso y la desinformación para generar miedo/confusión, así como para impedir las reformas al sistema de justicia y de partidos políticos.

Hay movimientos sociales, entre ellos, el de mujeres y feministas que sus exigencias para derribar la impunidad las vinculan a la construcción de agendas que aborden problemáticas urgentes y perfilen alternativas emancipadoras porque sólo así será posible acabar con las múltiples desigualdades.

Algunos analistas en este país centroamericano insistan en asegurar que la verdadera disputa es entre empresarios mercantilistas y fascistas, y que pronto se resolverá a favor de los primeros, además aseguran que las acciones de protesta están totalmente manipuladas por dineros gringos para que se acepte el Plan Alianza por la Prosperidad (financiado por el gobierno estadounidense).

Lo cierto es que existen fuerzas ciudadanas independientes –algunas con experiencias de acción reciente y otras con años de participación política– las cuales coinciden en ejercer sus derechos sin la cobija de ningún partido o agrupación política, algunas cuentan con liderazgos reconocidos y otras no, pero están motivadas por su hartazgo a la corrupción y la impunidad.

Lo interesante es que ahora, con los casos que se juzgan a partir de 2015, se ha hecho más evidente que el enojo ciudadano a los saqueadores del Estado, también conlleva un rechazo explícito al modelo económico extractivista que es racista y está generando mayor pobreza, desempleo, hechos delictivos y múltiples formas de violencia contra las mujeres.

Así también, se está demostrando mediante los procesos judiciales que entre los corruptos hay funcionarios públicos, jefes militares, empresarios, presta nombres, abogados, banqueros, guardaespaldas.

La lucha contra todo tipo de corrupción tiene que continuar, el MP y CICIG tienen mucho más por hacer. En la lista están las empresas privadas de seguridad (que tienen aproximadamente 45 mil guardias), para las que es común que se les escapen tiros, como aquél que le arrancó la vida de Patricia Samayoa, según dijo el exjefe de recursos humanos de Shield Security, Héctor Monroy.

* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.

17/RHA

La integrante del Sector de Mujeres, Marta Godínez, reconoció que durante los últimos años el Estado ha reportado avances en la atención de mujeres víctimas de violencia y fortalecimiento en la persecución penal de los responsables de cometer este tipo de delitos, pero consideró que estas acciones continúan siendo insuficientes y es necesario redoblar los esfuerzos para abordar esta problemática estructural.
 
Godínez aseguró que sólo durante la última década se han registrado más de 10 mil muertes violentas de mujeres en el país, con un promedio de dos casos diarios, lo cual evidencia que estos crímenes continúan en aumento; aunado a ello, la tasa de  impunidad en los casos de violencia contra la mujer asciende a 99 por ciento.
 
Sólo el uno por ciento de los casos concluyen en sentencia, sin embargo no todas se encuentran firmes debido a los recursos de apelación que se presentan posteriormente y, del número total de sentencias, no todas son favorables para las víctimas, afirmó la entrevistada.
 
En esta situación influye enormemente la demora en los Juzgados de Femicidio, los cuales han programado audiencias en estos casos hasta con dos años de diferencia, lo que se agrava en el interior del país, donde no existen tribunales especializados en todos los departamentos a los que puedan acceder las comunidades y las mujeres.
 
Datos del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) detallan que sólo durante los primeros cinco meses del 2017 se registró el asesinato de 303 mujeres, ocho casos más que durante el mismo periodo del 2016.
 
Además, mientras la cifra de muertes violentas de hombres descendió en comparación con el año pasado, la de mujeres aumentó. El GAM resaltó que se trata de un segmento de población altamente vulnerable y en todo caso, si se produce un descenso de las muertes en general, deber reflejarse también en las estadísticas de mujeres.
 
MÁS SENSIBILIZACIÓN, ¿MÁS DENUNCIAS?
 
Aunque la violencia contra las mujeres continúa siendo una fuerte problemática, a criterio de Godínez existen ciertos avances con relación a la sensibilización de funcionarios del sistema de justicia, especialmente del Ministerio Público (MP), para abordar el tema y brindar una atención adecuada a las víctimas. Esto podría tener relación con el aumento de las denuncias por violencia que ha recibido la Fiscalía.
 
La activista recalcó que el Estado debe continuar fortaleciendo las acciones que ha impulsando hasta el momento, como la creación de los juzgados especializados en femicidio/feminicidio, y fortalecer las oficinas de atención a la víctima en el MP, en la Policía Nacional Civil (PNC), así como en los centros de atención integral de mujeres sobrevivientes de violencia.
 
Todo el sector justicia e instituciones tendrán que incrementar, o disponer a lo interno de sus políticas de planeación, recursos financieros, humanos y de especialización para atender esta problemática, declaró.
 
LAS RECOMENDACIONES DEL EPU
 
Prevenir la violencia contra la mujer fue una de las recomendaciones formuladas a Guatemala durante el Examen Periódico Universal (EPU) que afrontó el Estado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en octubre del 2012.
 
En esa ocasión, República Checa recomendó a Guatemala adoptar medidas concretas para asegurar la capacitación desde una perspectiva de género de las personas que se encargan de investigar y enjuiciar los casos de violencia contra la mujer y asistir a las víctimas.
 
Trinidad y Tobago sugirió mejorar la promoción y la protección de los derechos de la mujer, entre otras cosas combatiendo la violencia contra la mujer y el femicidio/feminicidio.
 
Godínez aseveró que el actual gobierno de Jimmy Morales, como el de Otto Pérez Molina, no ha dado muestras contundentes de la atención a la violencia contra las mujeres. Existe voluntad en términos simbólicos, pero al momento de concretar, operatividad y asignar recursos, se observa una gran debilidad, dijo.
 
La activista recordó que durante el gobierno de Pérez Molina se desmanteló la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, lo que representó un retroceso en política de cero tolerancia hacia la violencia de género.
 
Fue hasta este gobierno, luego de varios meses de lucha de organizaciones sociales, que este espacio nuevamente se instaló en el Ejecutivo.
 
De igual manera, enfatizó que la violencia contra las mujeres es una problemática estructural que debe abordarse desde una política pública y con un trabajo estructurado de todas las instituciones involucradas en el tema. Asimismo, debe cambiarse ese imaginario social que considera la violencia como algo natural.
 
17/RED/GG

En las protestas sociales contra la impunidad que suceden recientemente en Guatemala, se oyen voces de mujeres y feministas, quienes al resaltar que la corrupción es una forma de abuso de poder, exigen sea erradicada en todas sus manifestaciones, ya que en las estructuras del Estado y en círculos empresariales operan mafias criminales que han robado al erario público en detrimento de la prestación de servicios públicos de calidad.

Para ellas, es relevante tener presente que el Estado de Guatemala tiene una esencia patriarcal, racista y clasista, cuya institucionalidad ha mantenido mafias que han ocupado cargos públicos como vía para hacer negocios ilícitos, acumular riquezas, reproducir jerarquías y desigualdades.

A diferencia de las gentes que piden la salida del titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), Iván Velázquez, luego que el presidente de la República Jimmy Morales lo declarara non grato de manera arbitraria sin respaldo jurídico, representantes de alianzas de feministas resaltan que las mafias patriarcales están haciendo un frente común para mantener la impunidad; en el que figuran diputados, alcaldes, gobernadores, funcionarios de alto nivel y líderes políticos que presienten perder sus privilegios o ser acusados por las tranzas cometidas.

Cabe entonces mencionar algunos de los casos develados por la CICIG junto con el Ministerio Público: Por defraudación aduanera, guardan prisión el ex presidente de la República, la ex vicepresidenta, varios de ministros del Ejecutivo y empresarios. Ex diputados y ex trabajadores del Congreso están siendo juzgados por peculado en forma continuada, asociación ilícita y lavado de dinero. A varios ex alcaldes también se les siguen procesos por malversación de fondos.

Dos casos que ya tienen sentencia son: uno contra un ex congresista por utilizar el poder para manipular elecciones del Organismo Judicial y otro contra una ex jueza por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En uno de los procesos judiciales más recientes, están implicadas 28 personas, ex funcionarios del Ejecutivo y empresarios, a quienes se acusa de extorsión, abuso de autoridad y peculado. Algunos inculpados se encuentran prófugos, entre ellos, los ex ministros de Comunicaciones y Transportes y de Energía y Minas.

Con base en lo antes descrito, es obvio que quienes hicieron costumbre robar fondos públicos, financiar de manera ilegal las campañas electorales incluso en alianza con narcos y anidar mafias dentro del sector seguridad y justicia, ahora se sienten perseguidos por ello, independientemente del partido o grupo político al que pertenecen han hecho un pacto entre corruptos.

Organizaciones de mujeres y otras agrupaciones sociales y políticas exigen el desafuero inmediato del presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, a quien la CICIG y el MP señalan por su presunta vinculación al financiamiento electoral ilícito, mientras fungía como secretario general del partido que lo postuló.

En opinión de algunas feministas, la situación de desgobierno actual no se resuelve mediante disyuntivas entre uno y otro bando. La lucha contra la impunidad hay que darle continuidad y al mismo tiempo vincularla con otras, por ejemplo: por una vida sin violencias ni discriminaciones, la defensa del territorio y el respeto a las consultas comunitarias, por una reforma profunda de la Ley Electoral de Partidos Políticos. Las transformaciones que requiere Guatemala exigen mayor solidaridad y compromiso entre movimientos sociales y ciudadanía, ellas aseguran que las alianzas serán posibles si nos escuchamos y construimos propuestas colectivamente.

* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.

17/RHA

Homicidio culposo, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y maltrato contra menores de edad son los delitos por los que se acusó a funcionarios encargados del albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en donde el pasado 8 de marzo murieron quemadas 41 niñas, quienes fueron encerradas en un espacio de 6 por 7 metros, luego de que protestaron contra los maltratos y abusos sexuales de que eran víctimas en ese lugar.
 
Durante las audiencias realizadas el pasado 3 de abril en la Torre de Tribunales por los hechos en la casa-hogar, en donde también quedaron lesionadas decenas de niñas, el Ministerio Público guatemalteco presentó indicios sobre la posible comisión de delitos por parte de las personas a quienes acusa. 
 
Entre los detalles que se dieron a conocer durante la audiencia, el Ministerio Público reveló que el incendio duró 9 minutos, que inició con una colchoneta que se propagó inmediatamente a las otras 24; y evidenció que se incumplieron una serie de protocolos, de acuerdo con información difundida por Guatevisión.
 
El fiscal Edwin Marroquín, dijo que la exsubsecretaria de Protección y Acogimiento de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Anahy Keller, institución de la que depende el albergue, “incumplió su deber de garante de protección a menores de edad, generado por su falta de pericia en el desempeño en el cargo”, lo que provocó dijo, el incendio.
 
LA POLICÍA LAS ENCERRÓ
 
De acuerdo a los peritajes, reportó Guatevisión, a los hombres los encerraron en el auditorio y a las mujeres en el área de Pedagogía del Hogar. Los bomberos no lograron entrar a tiempo. Mientras las adolescentes quedaron encerradas en la habitación bajo llave. No les permitieron salir.
 
El resguardo de las menores de edad quedó en manos de agentes de la Policía Nacional Civil, quienes las encerraron y nos las auxiliaron al momento del incendio.
 
La audiencia de primera declaración fue suspendida por el juez cuarto, Carlos Guillermo Roldan, quien programó la continuidad para el día de ayer, toda vez que el exsecretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, no presentó a su defensa y porque argumentaron que varios abogados no fueron notificados del cambio de fecha de la misma la cual se tenía programada hasta el 10 de abril.
 
En tanto, durante un programa de debate en la misma televisora, Guatevisión, el analista Phillip Chicola dijo que se reconstruyeron los hechos desde 24 horas antes, por lo que se evidenció que un día antes del incendio, un grupo de 60 menores de edad se escaparon del hogar y que hubo llamadas del exdirector de la casa hogar, Santos Torres, al ex Secretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, y a la subsecretaria Anahy Keller, quienes llegaron al lugar antes de las 6 de la tarde.
 
El analista agregó que, según los testimonios recabados, en ese momento se llamó a la policía para encontrar a las niñas que se fueron, encerraron a las y los menores de edad, a los niños en un salón y las niñas en otro, y que tanto el Secretario de Bienestar Social como el Director del centro, suscribieron un acta donde le entregan el control a la Policía Nacional Civil.
 
Durante la audiencia, el Fiscal Edwin Marroquin dijo que las y los menores de edad protestaban por las violaciones a sus Derechos Humanos y nada se hizo. Y que ninguno de los dos funcionarios (ni el entonces secretario Carlos Rodas, ni Anahy Keller) tenían el perfil idóneo para el lugar que ocupaban, y mucho menos para atender una crisis como la que se presentó cuando las y los menores de edad se escaparon.
 
De acuerdo con información difundida por Guatevisión, quien da seguimiento al caso, la Procuraduría General de la Nación actuará como querellante provisional por las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Rodolfo Díaz de Fundación Sobrevivientes defiende a 9 víctimas, Pedro Rafael Maldonado abogado independiente defiende a 5. Ambos figuran como querellantes en el caso de la Secretaría de Bienestar Social.
 
El juez Carlos Guerra, deberá determinar si inicia el proceso en los próximos días. Cabe recordar que el presidente guatemalteco Jimmy Morales destituyó tras la tragedia a los tres funcionarios sindicados. Y que el mandatario tiene una demanda judicial, presentada por legisladores, como responsable del caso.
 
17/LGL/GG

A dos semanas del incendio en el albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción --cuyas víctimas llegaron esta madrugada a 41, con la muerte de un niña que estaba internada en Galveston, Estados Unidos-- la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala publicó este miércoles un informe sobre las investigaciones en contra de “hogares seguros”, manejados por la iniciativa privada.
 
En Guatemala hay  seis mil niñas y niños en albergues privados, según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) muchos vinculados con agrupaciones religiosas. Las investigaciones derivaron de denuncias realizadas por familiares de las niñas y niños que viven en el lugar, de los propios menores de edad y de algunas personas que conocieron estos lugares.
 
Entre los albergues en donde se indaga están Padre Nery, Todos Los Niños de dios, Casa Hogar Bernabé, Casa Hogar del Cantó La Libertad y Asociación Alianza. Y las denuncias presentadas, según el informe “Denuncias de casas hogares recibidas en la PDH 2016-2017 2016”, son por maltratos, descuido, falta de alimentación, falta de atención médica, escape de las y los menores de edad, abuso emocional e incluso abuso sexual.
 
La mala situación en algunos albergues privados se conoce desde hace años y ha conducido a denuncias penales, así como al cierre, en junio de 2016 de la Casa Hogar Mamá Carmen, en la Ciudad de Guatemala, por órdenes de la Procuraduría General de la Nación. Las niñas y niñas fueron trasladados a otro centro en esa ciudad y en otras dos.
 
Mientras prosigue estas investigaciones, sigue en espera la respuesta de la autoridad judicial por la denuncia contra el presidente Jimmy Morales por los hechos en Hogar Seguro, dependiente de la Secretaría de Bienestar Social.
 
La denuncia fue presentada el 14 de marzo por la diputada  Sandra Morán, el diputado Leocadio Juracán, ambos de Convergencia, y sus abogados. Acusan al mandatario de tortura, ejecución extrajudicial, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
 
Exigen el retiro de inmunidad para el Presidente, que se inicie la investigación y persecución penal, individualizando a los responsables, desde agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de turno trabajadoras dentro del Hogar Seguro.
 
A la par, continúan sumándose condenas por la tragedia en Hogar Seguro Virgen de la Asunción, como la del Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, que agrupa a 520 organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos.
 
En un comunicado, considera la red que “reprochable que las niñas y adolescentes que se encontraban recluidas en esa macro-institución Hogar de acogimiento, que atiende a menores que no cuentan con cuidados parentales adecuados, que son víctimas de violencia intrafamiliar, adicciones, violencia y abuso sexual, hayan sido objeto de similares y peores vejámenes exponenciales de maltrato y violencia, comercio y explotación sexual”.
 
Y urge al Estado de Guatemala, a la Unicef y a los Sistemas de Protección de los Niños y Niñas, a reaccionar y tomar medidas para que estos hechos no se repitan y que los organismos de Justicia realicen las investigaciones pertinentes y con celeridad den con los culpables.
 
Pide también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realice una Misión de Observación y Verificación sobre el estado y situación de la niñez albergada en esas macro-instituciones en Guatemala. Manifiesta asimismo “gran alarma y preocupación” por los continuos actos de extrema violencia contra mujeres y niñas en las Américas”. 
 
17/RED