Congreso de la Unión

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió a los 12 estados que tienen una declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) que difundan las estadísticas sobre casos de violencia feminicida a fin de transparentar la información.

El Legislativo también solicitó al gobierno de Veracruz –única entidad con dos Alertas, una por violencia feminicida y otra por restringir los derechos reproductivos de las mujeres– que informe cuáles son las medidas y acciones emprendidas para proteger a las veracruzanas.  

Durante la sesión de este miércoles, la Comisión Permanente aprobó los dos dictámenes de la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, para pedir información a los estados con AVG activada: Estado de México, Morelos, Chiapas, Veracruz, Sinaloa, Nuevo León, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit.

En el primer exhorto, propuesto en un inicio por la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Olga Catalán Padilla, se consideró que no contar con cifras concretas de casos de violencia feminicida obstaculiza el desarrollo de políticas públicas o acciones que eviten o, en su caso, disminuyan la violencia contra mujeres y niñas.

En su iniciativa la legisladora señaló que persisten múltiples datos. Actualmente existen asociaciones civiles e instituciones académicas que registran la violencia contra las mujeres e incluso desde 2003 el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (Inegi) realiza la Encuesta Nacional sobre Dinámicas de las Relaciones en los Hogares.

También existe el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) que, expuso Catalán Padilla, no cuentan con información explícita sobre los casos de feminicidio en las diferentes entidades.  

Otra instancia que se ha sumado a la recolección de información sobre violencia de género es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que desde 2016 anunció que recopilaría los registros del delito de feminicidio pero que recientemente anunció que las cifras se publicarán hasta el próximo 20 de enero.

La diputada en su propuesta pidió información a los gobiernos de Nuevo León, Estado de México, Chiapas y Jalisco para que integraran los datos en los Bancos Estatales de Datos e Información sobre Casos de Violencia; sin embargo la Comisión Permanente hizo un llamado a todas las entidades que cuentan con una Alerta de Género. A la fecha son 12 estados en Alerta aunque en próximos meses se podrían sumar ocho más.

En el segundo dictamen aprobado, senadores y diputados pidieron al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del estado de Veracruz informar sobre las medidas y acciones para prevenir la violencia de género y proteger a las mujeres.

El pasado 13 de diciembre Veracruz se convirtió en la primera entidad en contar con dos Alertas luego de que la Secretaria de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, declaró activada la AVG por agravio comparado, es decir, por políticas que restringen y criminalizan la interrupción del embarazo. La entidad ya contaba con una Alerta por violencia feminicida.

En la propuesta de punto de acuerdo, presentado por la diputada de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, se expuso que, de acuerdo con la publicación de un medio internacional, en 2011 desaparecieron por lo menos 50 mujeres en Xalapa, capital de Veracruz, en un lapso de tres días por lo que la legisladora pidió llamar al gobernador Miguel Ángel Yunes a investigar el caso.

No obstante, la Primera Comisión de la Permanente consideró que este tipo de exhortos se tienen que hacer al Ministerio Público, entidad encargada de realizar la investigación de cualquier delito,  por ello optó por pedir únicamente que el gobierno estatal informe sobre las medidas y acciones que ha emprendido contra la violencia de género.

18/AGM

En este Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, organismos civiles y públicos, instancias de las Naciones Unidas y sindicatos, exigieron al Gobierno mexicano –como cada año- que no se violen más los derechos humanos de 2.4 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar, y que se les otorguen las mínimas garantías laborales de que gozan otros empleados en el país.
 
El 95 por ciento de las 2.4 millones de personas que trabajan por una remuneración en hogares ajenos, son mujeres, que representan 5 por ciento de la población ocupada y aportan 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Son, sin embargo, pobres, una de cada cuatro no cuenta con estudios de primaria, solo 5 por ciento fue a la secundaria, muchas son migrantes e indígenas. Nueve de cada 10 no tienen contrato laboral, ganan la mayoría menos de dos salarios mínimos diarios, sin prestaciones ni retiro digno. 
 
De las trabajadoras del hogar, 85.8 por ciento realizan tareas de limpieza en hogares particulares, 8.2 por ciento son cuidadoras de personas y 5 por ciento son lavanderas y/o planchadoras en casas particulares, señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Hay, también, trabajadoras del hogar que son niñas y adolescentes, sujetas a las mismas condiciones que las adultas.
 
En suma, sus empleos –limpiar hogares, cuidar, personas, lavar y planchar- son altamente precarios y mal remunerados y en ellos están expuestas cada día, tanto a la discriminación y al maltrato, como al acoso y a la violencia sexual, lo que lesiona su integridad personal, su salud, y afecta a sus familias.
 
Esta desfavorable situación es reversible, señalan los organismos que se manifiestan hoy mediante comunicados: hay mecanismos legales y acciones concretas –a las que están obligadas las autoridades- para dar a las trabajadoras del hogar al menos el mismo estatus que a otros empleados. Concretamente, dicen, está pendiente la aprobación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por México hace más de cinco años, así como políticas públicas y aplicar la ley vigente.
 
Es por eso que hoy la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) hace un “enérgico llamado” a Enrique Peña Nieto, para que instruya a las autoridades a cumplir con su obligación de promover, y garantizar los derechos humanos de las trabajadoras del hogar y para que instrumenten de inmediato políticas públicas que garanticen la igualdad de trato de las trabajadoras del hogar con el resto de las personas trabajadoras, particularmente en lo relativo a los derechos laborales, a la seguridad social, a la salud y a la vivienda.
 
Llaman también al Congreso de la Unión a reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, a fin de derogar el régimen de excepción laboral al que están sometidas las trabajadoras del hogar, al ser incompatible con los principios constitucionales de derechos humanos y no discriminación.
 
CONVENIO 189, CRUCIAL
 
La ratificación del Convenio 189 de la OIT es crucial, señalan este 30 de marzo, en un comunicado conjunto la Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
 
También es urgente la ratificación de los Convenios sobre trabajo decente 156 y 183, que promueven la no discriminación y la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres.
 
El Convenio 189 de la OIT, explican las instancias de la ONU,  promueve la equiparación de los derechos de las trabajadoras domésticas con los que se establecen en la legislación para los demás grupos de trabajadores, en temas como fijación de la jornada laboral, días libres a la semana y acceso a la licencia remunerada de maternidad.
 
La cobertura de la seguridad social que implica el Convenio también puede contribuir a superar los obstáculos de acceso que surgen de las particulares condiciones de trabajo y contratación; las dificultades de fiscalización en los hogares privados; la ausencia de un contrato de trabajo; la falta de conocimiento de los derechos laborales, y la variabilidad en el número de empleadores y los horarios.
 
El Convenio también incluye prevención de abuso, acoso y violencia contra las trabajadoras del hogar, mayor acceso a los procedimientos de resolución de conflictos y la creación de medidas para bajar la informalidad.
 
Recuerda Naciones Unidas que el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), en sus observaciones a México en 2012, recomendó al Estado Mexicano la ratificación del Convenio.
 
Y en 2014 las recomendaciones a México del Examen Periódico Universal reiteraron este punto. Las conclusiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) reconocen la importancia de los estándares de derechos humanos relativos al trabajo para avanzar en el empoderamiento económico de las mujeres. Además, no puede haber discriminación por sexo en las relaciones laborales, anotan.
 
NINGUNA RAZÓN PARA DETENERLO
 
El Conapred señala en su comunicado de hoy que el Convenio, firmado por México, no ha sido ratificado por el Senado de la República para que entre en vigencia en el marco legal nacional, por lo que exhortan al Ejecutivo federal a no demorar más su presentación en el legislativo para que inicie su ratificación.
 
Pero, señala Conapred, con o sin Convenio 1896, los poderes de la Unión están obligados por la Constitución a dar un trato no discriminatorio y derechos iguales para todas las personas, y de terminar con el régimen de excepción laboral, sanitario y de bienestar social que sufren las trabajadoras del hogar. 
 
Conapred no ve razón alguna para mantener suspendida la igualdad de derechos de las trabajadoras del hogar. Además, los cálculos presupuestales y las previsiones de acción gubernamental no pueden, en ningún momento, priorizarse sobre los derechos constitucionales. La negativa a garantizar estos derechos, obedece a “una inercia discriminatoria” entre quienes no sólo tienen la decisión, sino también la obligación de terminar con esta situación de injusticia e inconstitucionalidad.
 
De igual manera, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le preocupa la demora para que entre en vigor el Convenio 189. En su comunicado con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el organismo señala como contrario a los derechos humanos el trabajo mal remunerado, la falta de prestaciones, la exposición a accidentes, violencia verbal y física, incluso sexual, así como la incertidumbre por la permanencia en el trabajo.
 
Ratificar el convenio, dice la CNDH, significaría sumarse al compromiso de promover el trabajo decente como una medida de justicia social y para reforzar los derechos fundamentales de trabajadoras del hogar. Y por ello el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dirigió un escrito al titular de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray para que se ratifique por el gobierno dicho convenio.
 
A la fecha, son 23 países que han ratificado y aplicado el Convenio 189 de la OIT, 13 naciones de América Latina, con condiciones en muchos sentidos similares a las nuestras.   
 
NIÑAS Y ADOLESCENTES
 
La CNDH llama la atención en su comunicado sobre el trabajo del hogar que realizan de manera remunerada niñas y adolescentes, quienes “más bien tendrían que estar en las escuelas”, y que enfrentan las mismas condiciones desfavorables que las adultas, lo que contribuye a la exclusión y vulneración de los derechos humanos. 
 
Según la "Encuesta Intercensal 2015", el total de adolescentes de 12 a 17 años que realizan trabajo doméstico es de 28 mil 103, 26 mil 084 son mujeres, es decir 92.82 por ciento.
 
Recuerda el Ombudsman que, según la OIT, en su informe “Erradicar el trabajo infantil en el trabajo doméstico 2013”, el trabajo infantil doméstico afecta a unos 10.5 millones de niñas y niños en el mundo, la mayoría menores de edad, en condiciones peligrosas y, en algunos casos, análogas a la esclavitud.
 
Las tareas que hacen, dice el informe, son limpiar, planchar, cocinar, jardinería, recolectar agua, cuidar de otros niños o de los ancianos, y al realizarlo se exponen a la violencia física, psicológica y sexual, a condiciones de trabajo abusivas, con frecuencia aisladas de sus familias, ocultas a la mirada pública, y llegan a ser muy dependientes de sus empleadores. 
 
TIBIOS AVANCES
 
El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México reconoce, en su comunicado de hoy, que la recién aprobada Constitución local reconoce el trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes y servicios para la producción y reproducción social.
 
Del mismo modo, establece el fomento a la formalización de los empleos y la protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, así como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de contratos entre éstas y sus empleadores y el acceso a la seguridad social.
 
Y afirma que, en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho) y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), el Inmujeres CDMX   brindan atención y asesorías sobre autonomía económica y promoción de los derechos laborales a las mujeres que se emplean en este tipo de actividades.
 
Sin embargo, estos incipientes avances han sido cuestionados mediante las impugnaciones que han hecho organismos federales y partidos a la Carta Magna de la capital del país.
 
17/RED/GG

El Frente Nacional de Defensa de la Familia, entregó la “Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia”, a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía Gutiérrez, en la cual proponen modificar la Constitución Mexicana, para establecer la “protección de la vida desde la fecundación” y que se defina “la esencia heterosexual” del matrimonio.
 
El pasado miércoles 31 de agosto, el Frente Nacional de Defensa de la Familia (movimiento conformado por católicos de diferentes estados de la república), realizó una marcha en la Ciudad de México y entregó la “Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia” a la diputada de la fracción panista, Guadalupe Murguía Gutiérrez.
 
Con dicha iniciativa de ley proponen modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para “proteger la vida desde el momento de la fecundación y hasta el final natural de su ciclo biológico”.
 
También sugieren modificar el concepto de “matrimonio”, añadiendo que debe ser de “esencia heterosexual”, porque consideran que “una unión homosexual no cabe bajo la forma de unión matrimonial”.
 
Otro de los lineamientos de la Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia, es la de asegurar que las niñas y niños sean adoptados por hombre y mujer, es decir que parejas conformadas por personas del mismo sexo quedarían excluidas de ese derecho.
 
La integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), María Guadalupe Ramos Ponce, dijo que en específico esas dos propuestas atentan contra el derecho a decidir de las mujeres y contra el matrimonio igualitario, que permite la unión de personas del mismo sexo.
 
La también académica de la Universidad de Guadalajara, María Guadalupe Ramos Ponce, dijo que diferentes organizaciones feministas y que trabajan por los derechos humanos de las mujeres, buscarán una reunión con la presidenta la Comisión de Igualdad de Género, Laura Nereida Plascencia Pacheco, para poder leer la iniciativa y decidir acciones para defender los derechos de las mexicanas.
 
En tanto, la Red Nosotras por la Igualdad, inició una colecta de firmas en la plataforma change.org en contra la de la iniciativa debido a que considera que es un retroceso a los derechos reproductivos de mujeres y adolescentes.
 
En la petición, exhortan a que el Congreso de la Unión, reconozca y eleve a “rango constitucional” el derecho de las mujeres a decidir en forma libre segura e informada, la interrupción legal del embarazo, facilitando el acceso a servicios médicos y sanitarios.
 
16/GVV/LGL