Alerta de Violencia de Género (AVG)

Es contundente que el municipio de Cajeme concentra más de la mitad de incidencia de violencia feminicida en la entidad.
 
El territorio para el que la organización Alternativa Cultural por la Equidad de Género solicitó la Alerta de género, ha presentado un recrudecimiento del feminicidio, tal como lo ha hecho la violencia social generalizada.
 
Las armas de alto poder son herramientas de trabajo cotidianas, y medio con el que mayormente se asesina a las personas, incluidas las mujeres.
 
Los hombres mueren en enfrentamientos armados, las mujeres son blanco de las armas de esos mismos hombres que se enfrentan entre sí.
 
La diferencia es abismal, pues a ellas las buscan para acribillarlas dentro de sus casas o a las puertas de éstas, en sus trabajos, en sus carros, incluso si están acompañadas de sus hijas, las asesinan a todas las que alcanzan y hieren al resto, o las queman y tiran a la basura.
 
Este lunes 17 de julio era una fecha importante en el proceso de definición rumbo a la declaratoria de Alerta de Género contra las Mujeres en el municipio de Cajeme  y tal vez otros puntos del Estado de Sonora.
 
Se trataba del día en que el Grupo de trabajo que investigó la solicitud de AVGM para Cejeme, sesionaría para presentar su dictamen sobre el informe del gobierno del Estado, entregado en marzo de 2017.
 
Cuarto meses después, el grupo de trabajo integrado por académicas y académicos, así como por representantes de las comisiones de derechos humanos y los institutos de las mujeres estatal y nacional, no pudo exponer su opinión, pues Conavim suspendió la reunión hasta nuevo aviso.
 
Y es que las instituciones a las que pertenecen las y los miembros del grupo se encuentran de vacaciones.
 
Aunque no es la razón aducida públicamente, -no se ha dado explicación- si el dictamen está listo, no se ve motivo razonable para posponer lo que es urgente desde hace dos años: Definir, con base en el dictamen si se declara o no la AVGM en Cajeme y otros municipios de Sonora.
 
La prontitud con la que la fiscalía resolvió el triple feminicidio ocurrido el pasado 5 de julio en una de las principales avenidas de Ciudad Obregón, habla de una preocupación por responder a la ciudadanía que cada vez está más desolada por el estado de indefensión en el que se siente.
 
No obstante, a pesar de los esfuerzos que culminaron en la detención de dos autores materiales, se anuncia que serán vinculados a proceso por homicidio agravado.
 
El asesinato de una joven de 23 años y dos niñas, ambas de tres años de edad, y la tentativa de asesinato de otra joven que la acompañaba en el auto, así como un bebé de meses, cuentan como homicidio, más no como feminicidios consumados y en grado de tentativa.
 
¡Murieron tres mujeres! Otra más sufrió atentado y sobrevivió, pero no se consideran feminicidios.
 
Y eso abona a la impunidad. No porque nos se investigue el caso, sino porque no se le confiere la gravedad que tiene.
 
El delito de feminicidio garantiza un mínimo de sanción de 30 años de cárcel a partir de la cual se puede llegar hasta la pena máxima de 60 años.
 
Pero no tiene convalidaciones que puedan rebajar el mínimo de la pena más adelante, como sí las tiene el homicidio.
 
El triple feminicidio con lujo de superioridad en armamento, por el estado de indefensión al no estar alertas, por ser unas niñas y una joven desarmada, pasan a ser supuestos del contexto desechados para la vinculación al proceso.
 
La importancia que institucionalmente se le dio a ese caso, no converge con la laxitud que se toma la urgencia de declarar la alerta de género para poder prevenir los feminicidios.
 
Una vez más se carga la responsabilidad hacia la fiscalía para que investigue y resuelva los casos cuando ya tenemos los cuerpos sin vida.
 
Pero nadie trabaja para que todo lo que pasó antes no suceda y así evitar que sigan cayendo más mujeres por razones de género y por otras causas.
 
Además, se busca aparentar que el detonante para la reacción inmediata es que en el carro que fue blanco del ataque iban tres niñas y un bebé, y a Sonora “le importan mucho sus niñas y niños”.

Sin embargo, un día después se encontró a otra menor de edad golpeada, torturada, quemada y aventada en un basurero.
 
Nayelly Guadalupe y las demás, no ha sido motivo de tanta movilización, como si su vida valiera menos que la de la joven y las niñas mencionadas.
 
La solicitud de Alerta de Género camina en línea paralela a los acontecimientos. Toda la población se da cuenta de la gravedad de la violencia feminicida y de su incremento. En tanto, el gobierno del Estado se concentra en cumplir el check list que le sugirió en doce recomendaciones el Grupo de trabajo, entregado por la Conavim.
 
Bien por las instituciones, porque eso dará sustento  al trabajo en el futuro. Sin embargo, a pesar de las vacaciones, necesitamos que paren los asesinatos. Reconózcanlo, hay una crisis feminicida en Cajeme, y hay que atenderla. Evitar es la única forma de prevenir.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SN

Entre cinco y seis años en promedio pueden tardar las autoridades de procuración de justicia para resolver un caso de feminicidio en Veracruz, cuando se ha identificado al homicida.
 
Las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado revelan que entre 2012 y 2017 se registraron 313 casos de feminicidio, de los cuales 194 siguen impunes, apenas en el proceso de la integración de la carpeta de investigación; sólo en el 40 por ciento de los casos, es decir 110, hay una sentencia.
 
La cifra es al menos 50 por ciento más baja que las estadísticas del observatorio de la Universidad Veracruzana (UV), donde se reportan 100 mujeres asesinadas cada año.
 
En gran parte de los casos, la falta de acceso a la justicia y las trabas burocráticas generan desesperanza en las familias que se topan con ministerios públicos y peritos sin la capacidad de avanzar en la las investigaciones.
 
Es el caso de “Adela”, asesinada en 2014 por su entonces pareja sentimental, la familia sigue peleando porque se hagan las diligencias del caso, se giraron decenas de oficios para hacer las pruebas periciales, pero nunca se concretaron. Sospechan que hay tráfico de influencias.
 
El asesino de Pilar, muerta por asfixia en 2012, fue liberado por un juez a falta de pruebas suficientes, pues aunque en un principio confesó, luego se desdijo. La familia lleva casi seis años batallando en laberintos legales para acceder a la justicia, y haciendo la pregunta al Juez del caso ¿si no fue él, entonces qué ha hecho la autoridad para atrapar al culpable del asesinato?”.
 
La abogada de la Organización Equifonía AC, Adriana Fuentes Manzo, lamenta que el acceso a la justicia en los casos de feminicidio puede tardar años.
 
En la defensoría de familias víctimas de feminicidio, Adriana se ha topado con casos donde las carpetas de investigación son integradas con graves fallas, donde por falta de personal y peritos no se realizan diligencias básicas que pueden dar con el culpable, y sobre todo, con la indiferencia institucional.
 
A su consideración, entre la Fiscalía General del Estado (FGE), y el Poder Judicial “se echan la bolita”, "el Poder Judicial dice, tú no integras bien y no me das elementos para sancionar, y Fiscalía dice yo integro bien, pero tú no lo valoras adecuadamente".
 
En el común de los casos, la autoridad no hace de forma adecuada el levantamiento de datos, el resguardo de la evidencia, la cadena de custodia. "Sin estos elementos puedes perder la investigación que es, en general, lo que pasa: de los 194 casos impunes, habría que determinar a quién le tocó recabar los elementos de prueba, si eso no están bien integrados, difícilmente un perito podrá hacer un comparativo de ADN, y recabar datos que lleven a una buena investigación y el castigo al culpable".
 
Adelantó que en el marco de la Alerta de Violencia de Género  (AVG), se plantea la aplicación de un protocolo de feminicidio específico, donde se enuncian algunas acciones a hacer, y donde también se plantea una unidad de contexto que servirá para entender la situación de la violencia. “Se van a proponer peritajes antropológicos, psicosociales, sociológicos, tenemos que contratar a expertos en el tema”.
 
Desde que se comete un feminicidio, son 6 meses para integrar la carpeta, otros 6 meses para realizar las diligencias, otros 4 meses para acreditar las pruebas y, si el imputado se defiende a través de un amparo, puede pasar hasta un año. Esto revela que una familia puede tardar mínimo tres años en acceder a la justicia, en caso de que se tenga identificado al agresor.
 
Fuentes dijo que en la mayoría de los casos no se les informa a las familias del proceso legal, los tiempos jurídicos, ni mucho menos hay una contención emocional a la familia, como parte de la reparación del daño.
 
DEBEN ANALIZAR CIFRAS 
 
Por su parte, la también integrante del colectivo Equifonía, Aracely González Saavedra, advirtió que será importante la revisión de los expedientes de 313 feminicidios en los últimos seis años, pues la cifras reportadas en medios de comunicación de asesinatos de mujeres duplican en 50 por ciento la estadística oficial de la FGE.
 
Por es necesario analizar los datos, reiteró, con el fin de determinar cómo fueron juzgados los casos, de acuerdo al protocolo de diligencias básicas, y bajo qué características fueron tipificados o no como feminicidios.
 
Cuestionó que a tres meses de la instalación de la Alerta de Violencia de Género, el Estado ha sido incapaz de frenar y prevenir la violencia feminicida, tan solo del 23 de noviembre del 2016 (fecha de la firma), al cierre de febrero del 2017, 55 mujeres han sido asesinadas en Veracruz.
 
“Y siguen sin tomarse las medidas suficientes, no decimos que no han hecho nada, pero las medidas no son suficientes para la atención de la problemática”, dice.
 
Para González Saavedra no es suficiente con la contabilización de los casos de feminicidios, es necesario hacer un análisis para determinar en qué momento la procuración de justicia falló.
 
Puso como ejemplo en estados como Guanajuato, donde con base en estadística se logró determinar que los casos de asesinatos de mujeres estaban vinculados a casos donde mujeres habían denunciado violencia previamente, pero no se emitieron órdenes de protección.
 
“Podemos suponer que en Veracruz hay una situación similar, pero no se ha llegado a este nivel de análisis para determinar una política que responda a la problemática y que con eso se pueda atender”, dijo.
 
17/FM/GG