Fiscalía General del Estado

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron el Dictamen de reforma a diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz que incorpora la Fiscalía General del Estado (FGE) al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, dotándole de atribuciones en la materia.
 
Con 42 votos a favor de diputados de los partidos  Acción Nacional (PAN), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), del grupo legislativo Juntos por Veracruz y del legislador del Partido Verde (PVEM), el pleno avaló esta reforma con la también se establecen atribuciones al Tribunal Superior de Justicia, dado que el Poder Judicial es la instancia donde las mujeres requieren de mecanismos que faciliten su acceso a la justicia y de resoluciones con pleno apego a sus Derechos Humanos.
 
Esta reforma es resultado de la iniciativa que presentó el pasado 24 de enero la diputada Teresita Zuccolotto Feito a nombre del grupo legislativo del PAN.
 
Conforme a la reforma, corresponde a la Fiscalía General del Estado garantizar mecanismos expeditos en la procuración de justicia para asegurar el acceso de las mujeres a la justicia plena y promover la formación y especialización con perspectiva de género de las y los Fiscales y de todo el personal encargado de atender a las y los denunciantes.
 
También brindar a las mujeres víctimas de violencia la asistencia y orientación jurídica adecuada, de conformidad con los ordenamientos aplicables y evitar la conciliación en los casos de violencia contra las mujeres, en tanto dure la situación de violencia.
 
Alimentar el Banco Estatal de Datos en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres; elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género y brindar protección a las mujeres víctimas de violencia y a quienes denuncien cualquier tipo de violencia contra las mujeres.
 
Instrumentar, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, acciones para prevenir la violencia contra las mujeres y desarrollar campañas de difusión sobre los derechos de las mujeres víctimas de violencia.
 
Por lo que respeta al Tribunal Superior de Justicia del Estado,  le corresponde formar, actualizar y especializar a su personal en materia de Derechos Humanos de las mujeres y crear sistemas de registro que incorporen indicadores que faciliten el monitoreo de las tendencias socio­jurídicas de la violencia contra las mujeres y de su acceso a la justicia.
 
También promover una cultura libre de estereotipos de género, de roles y lenguaje sexista; informar sobre los procedimientos judiciales en materia de violencia de género contra las mujeres; coordinar, dirigir y administrar las órdenes y medidas de protección e informar sobre las circunstancias en cómo se ejecutan y alimentar el Banco Estatal de Datos en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres.
 
Emitir sus resoluciones con base en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de las mujeres y generar mecanismos, y promover su implementación para la detección de violencia contra las mujeres.
 
Las comisiones dictaminadoras coinciden en que ante la Alerta de
Violencia de Género emitida por la Secretaría de Gobernación a Veracruz en noviembre de 2016, donde existen obligaciones que deben cumplir tanto el Poder Judicial como la Fiscalía General del estado, es importante incorporar sus atribuciones en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

17/RED/GG

Ella y él desaparecieron el mismo día, en el mismo lugar.  A él lo buscan. A ella no.
 
Ella aparece como “extraviada”, pero para que la Fiscalía le recibiera la denuncia a su mamá, tuvo que pasar por comentarios como “que se habría ido por voluntad”.
 
Ella está desaparecida, pero su familia no quiere que sean colocados sus carteles de búsqueda en ningún lado. Temen al “qué dirán”.
 
Se trata de situaciones frecuentes a las que se enfrentan las mujeres que desaparecen, víctimas de un delito, pero que su familia, la Fiscalía General del Estado, o la sociedad revictimizan provocando que no sean buscadas.
 
“Si hay 100 hombres desaparecidos se va a buscar 30, si hay 50 mujeres desaparecidas se va a buscar  una”, sentenció Lucía de los Ángeles Díaz Genao, integrante del Colectivo Solecito de Veracruz.
 
“Ser buscada es mucho menos la mujer, que una mujer sea buscada es mucho menos frecuente (….)  eso es machismo, ‘es una mujer para qué la busca’, dicen”, añadió Ángeles.
 
En el Colectivo varias madres buscan a sus hijos, quienes desaparecieron junto a sus novias, amigas o conocidas; sin embargo, a ellas no hay quien las busque, indicó Díaz Genao.
 
Señaló que inclusive cuando ofrecen colocar los carteles de búsqueda o dar sus nombres a la opinión pública, algunos familiares se niegan porque consideran que la desaparición es voluntaria, aunque existan elementos que digan lo contrario.
 
“De hecho no quieren que pongan los volantes, no quieren que la publiquen, mucha gente claro, hay gente que sí busca a sus hijas (…) se sienten avergonzados porque como mi hija, qué pena, quién sabe si de verdad tenga razón”, relató.
 
La creencia de “se fue con el novio” es la más frecuente e inclusive los Ministerios Públicos, quienes debieran realizar acciones urgentes de búsqueda de las mujeres, desestiman su desaparición y se lo dicen a las familias.
 
“Los más enseguida las criminalizan o las revictimizan y dicen ‘es que, señora, usted para qué la busca’, así le dicen a las señoras que van a poner denuncias de chicas desaparecidas, ‘para que la buscan si sabe que se fue con el novio’, cuando no es cierto, nada de eso es cierto, en la mayoría de los casos”, indicó la integrante del Colectivo Solecito.
 
Tan solo durante los tres primeros meses de este año, la página de “extraviados” de la Fiscalía General del Estado reporta a 71 mujeres y niñas que han desaparecido – y que hasta el momento no han sido localizadas- en el estado de Veracruz.
 
Según la declaratoria de Alerta de Violencia de Género que se decretó  para Veracruz, en la entidad se debería implementar el Protocolo Alba con el que se debieran seguir una serie de pasos para hacer una búsqueda inmediata de las mujeres que son reportadas como desaparecidas, para su rápida localización. Hasta ahora no se realiza.
 
Lejos de ello, Díaz Genao, del Colectivo Solecito, y Aracely Salcedo, de Familias de Desaparecidos Córdoba – Orizaba, coincidieron que el personal de la Fiscalía busca justificar las desapariciones de mujeres evitando la búsqueda.
 
“Señora es que su hija tiene algo en contra (…) pues su hija es bonita y es como les gustan a los de la delincuencia”, fue lo que tuvo que escuchar Salcedo de voz de quien debía hacer las búsquedas, en 2012, cuando Fernanda Rubí desapareció.
 
“La autoridad ha minimizado mucho la situación por ser mujer (…) entonces imagínate la magnitud del problema o del pensamiento”, afirmó.
 
En su caso, los comentarios de una autoridad encargada de buscar a las personas desaparecidas la alentaron para prepararse jurídicamente y comenzar el proceso por sus propios medios e inclusive ayudar a otras personas que pasan por lo mismo.
 
Sin embargo, no en todos los casos es así. En algunos, las personas optan por desistir de la búsqueda ya sea porque se percatan de que será un proceso difícil, o porque creen en las autoridades.
 
“La misma familia con el estigma, en vez de confiar en sus hijas, se dedican a creerle a los Ministerios Públicos, o a dudar de ellas”, lamentó Díaz Genao.
 
Otro de los factores que provoca que las familias prefieran no seguir el proceso de búsqueda o no presentar la denuncia formal ante la Fiscalía, dijo Salcedo, es el miedo.
 
Ella comentó que en muchas ocasiones las familias de mujeres se percatan de que en su caso existen indicios de delincuencia organizada o de redes de trata de personas que se encuentran operando en la entidad veracruzana.
 
Explicó que en el Colectivo que preside han localizado a ocho personas, de las cuales algunas fueron víctimas de trata específicamente en la modalidad de explotación sexual.
 
Entre el miedo a la delincuencia, el estigma social que pesa sobre las mujeres, y la falta de trabajo o comentarios de la Fiscalía, las víctimas de desaparición vuelven a convertirse en víctimas, pero esta vez del machismo que evita su búsqueda.
 
*Este artículo fue retomado del Blog Testigo Púrpura
 
17/AAO/GG

Entre cinco y seis años en promedio pueden tardar las autoridades de procuración de justicia para resolver un caso de feminicidio en Veracruz, cuando se ha identificado al homicida.
 
Las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado revelan que entre 2012 y 2017 se registraron 313 casos de feminicidio, de los cuales 194 siguen impunes, apenas en el proceso de la integración de la carpeta de investigación; sólo en el 40 por ciento de los casos, es decir 110, hay una sentencia.
 
La cifra es al menos 50 por ciento más baja que las estadísticas del observatorio de la Universidad Veracruzana (UV), donde se reportan 100 mujeres asesinadas cada año.
 
En gran parte de los casos, la falta de acceso a la justicia y las trabas burocráticas generan desesperanza en las familias que se topan con ministerios públicos y peritos sin la capacidad de avanzar en la las investigaciones.
 
Es el caso de “Adela”, asesinada en 2014 por su entonces pareja sentimental, la familia sigue peleando porque se hagan las diligencias del caso, se giraron decenas de oficios para hacer las pruebas periciales, pero nunca se concretaron. Sospechan que hay tráfico de influencias.
 
El asesino de Pilar, muerta por asfixia en 2012, fue liberado por un juez a falta de pruebas suficientes, pues aunque en un principio confesó, luego se desdijo. La familia lleva casi seis años batallando en laberintos legales para acceder a la justicia, y haciendo la pregunta al Juez del caso ¿si no fue él, entonces qué ha hecho la autoridad para atrapar al culpable del asesinato?”.
 
La abogada de la Organización Equifonía AC, Adriana Fuentes Manzo, lamenta que el acceso a la justicia en los casos de feminicidio puede tardar años.
 
En la defensoría de familias víctimas de feminicidio, Adriana se ha topado con casos donde las carpetas de investigación son integradas con graves fallas, donde por falta de personal y peritos no se realizan diligencias básicas que pueden dar con el culpable, y sobre todo, con la indiferencia institucional.
 
A su consideración, entre la Fiscalía General del Estado (FGE), y el Poder Judicial “se echan la bolita”, "el Poder Judicial dice, tú no integras bien y no me das elementos para sancionar, y Fiscalía dice yo integro bien, pero tú no lo valoras adecuadamente".
 
En el común de los casos, la autoridad no hace de forma adecuada el levantamiento de datos, el resguardo de la evidencia, la cadena de custodia. "Sin estos elementos puedes perder la investigación que es, en general, lo que pasa: de los 194 casos impunes, habría que determinar a quién le tocó recabar los elementos de prueba, si eso no están bien integrados, difícilmente un perito podrá hacer un comparativo de ADN, y recabar datos que lleven a una buena investigación y el castigo al culpable".
 
Adelantó que en el marco de la Alerta de Violencia de Género  (AVG), se plantea la aplicación de un protocolo de feminicidio específico, donde se enuncian algunas acciones a hacer, y donde también se plantea una unidad de contexto que servirá para entender la situación de la violencia. “Se van a proponer peritajes antropológicos, psicosociales, sociológicos, tenemos que contratar a expertos en el tema”.
 
Desde que se comete un feminicidio, son 6 meses para integrar la carpeta, otros 6 meses para realizar las diligencias, otros 4 meses para acreditar las pruebas y, si el imputado se defiende a través de un amparo, puede pasar hasta un año. Esto revela que una familia puede tardar mínimo tres años en acceder a la justicia, en caso de que se tenga identificado al agresor.
 
Fuentes dijo que en la mayoría de los casos no se les informa a las familias del proceso legal, los tiempos jurídicos, ni mucho menos hay una contención emocional a la familia, como parte de la reparación del daño.
 
DEBEN ANALIZAR CIFRAS 
 
Por su parte, la también integrante del colectivo Equifonía, Aracely González Saavedra, advirtió que será importante la revisión de los expedientes de 313 feminicidios en los últimos seis años, pues la cifras reportadas en medios de comunicación de asesinatos de mujeres duplican en 50 por ciento la estadística oficial de la FGE.
 
Por es necesario analizar los datos, reiteró, con el fin de determinar cómo fueron juzgados los casos, de acuerdo al protocolo de diligencias básicas, y bajo qué características fueron tipificados o no como feminicidios.
 
Cuestionó que a tres meses de la instalación de la Alerta de Violencia de Género, el Estado ha sido incapaz de frenar y prevenir la violencia feminicida, tan solo del 23 de noviembre del 2016 (fecha de la firma), al cierre de febrero del 2017, 55 mujeres han sido asesinadas en Veracruz.
 
“Y siguen sin tomarse las medidas suficientes, no decimos que no han hecho nada, pero las medidas no son suficientes para la atención de la problemática”, dice.
 
Para González Saavedra no es suficiente con la contabilización de los casos de feminicidios, es necesario hacer un análisis para determinar en qué momento la procuración de justicia falló.
 
Puso como ejemplo en estados como Guanajuato, donde con base en estadística se logró determinar que los casos de asesinatos de mujeres estaban vinculados a casos donde mujeres habían denunciado violencia previamente, pero no se emitieron órdenes de protección.
 
“Podemos suponer que en Veracruz hay una situación similar, pero no se ha llegado a este nivel de análisis para determinar una política que responda a la problemática y que con eso se pueda atender”, dijo.
 
17/FM/GG