Teresa Ulloa Ziáurriz

En esta ocasión quisiéramos referirnos a las graves violaciones a los Derechos Humanos de mujeres y niñas y demás población explotada sexualmente en la prostitución en Colombia, víctimas de violencia de género extrema. La Iniciativa por la Equidad de Género ha constatado la ausencia de la debida diligencia por parte del Estado colombiano para investigar, perseguir y castigar a perpetradores de inducción, constreñimiento a la prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual, delitos que se configuran aún con el consentimiento de la víctima.
 
También se ha constatado cómo sentencias de las altas Cortes en los últimos años protegen el “derecho al trabajo” de proxenetas (propietarios y administradores de establecimientos destinados a la explotación de la prostitución ajena), así como un Código Nacional de Policía que reglamenta las conductas de establecimientos, clientes y personas en “situación de prostitución”, logrando un marco socio-jurídico favorable a la industria del sexo, con un efecto directo en la descriminalización tácita del proxenetismo y la trata de personas con fines de explotación sexual. 
 
La Iniciativa Pro Equidad de Género ha documentado al menos 8 casos en prensa, y a través de testimonios de mujeres en situación de prostitución, desde finales del 2015 a la fecha, de mujeres que han sido asesinadas en establecimientos de prostitución, o por sus “parejas”, con perfiles correspondientes a mujeres explotadas sexualmente en la prostitución.
 
Las mujeres en situación de prostitución viven graves violaciones a sus Derechos Humanos fundamentales y son sometidas a tortura o tratos crueles inhumanos y degradantes, secuestro, desaparición, feminicidio, entre otros.  
  
Adicionalmente, nos parece importante que ONU Mujeres promueva el lenguaje utilizado en el derecho internacional y de los Derechos Humanos, sobre la prostitución. Se sugiere que al hablar de prostitución, se evite utilizar términos como “Trabajo Sexual” que llevan a invisibilizar las violencias contra las mujeres inherentes en ella, favoreciendo la impunidad de los explotadores sexuales (proxenetas e intermediarios), poniendo la responsabilidad de la explotación sexual en las víctimas.
 
Contexto actual de las mujeres explotadas sexualmente en la prostitución y tratadas con este fin, en Colombia: 
 
1. Se ha constatado el impacto desproporcionado del conflicto armado y el desplazamiento forzado en los derechos fundamentales de las mujeres en Colombia, donde todos los grupos armados han abusado, violado, explotado y tratado a mujeres, niñas, niños y adolescentes durante esta larga guerra.
 
2. También se ha comprobado que en contextos postconflicto en el mundo se tiende a empeorar la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y aumenta la explotación sexual en la prostitución, así como la trata de personas con este fin. Los grupos post-desmovilización y los traficantes de armas, cambian el negocio de la guerra por el negocio de la trata de personas que, junto con el tráfico de drogas, son los socios fundamentales del proxenetismo. 
 
3. El proxenetismo y la mal llamada “industria del sexo” se alimenta sin restricción, principalmente, de las niñas y mujeres que son los grupos más vulnerables de la sociedad. Ellas pertenecen a poblaciones tradicionalmente discriminadas, con escasa escolaridad y recursos, además de venir de un continuo de violencias de género, y luego explotadas y tratadas para la explotación sexual y, finalmente, asesinadas porque no satisfacen a proxenetas y hombres que pagan por utilizarlas sexualmente. De hecho, es el grupo humano con más riesgo de ser asesinado en el mundo. La explotación sexual en la prostitución tiene impactos graves para su salud mental y física, así como afectaciones directas en la salud e integridad de sus hijos e hijas.
 
4. Además de las mujeres colombianas víctimas del conflicto armado, la violencia de la que son víctimas y la exclusión social, la crisis en Venezuela ha hecho que muchas mujeres sean atrapadas por las redes de trata y explotación sexual en Colombia, que además de ser país de destino, es conocido en el mundo como país de origen de víctimas tratadas hacia Ecuador, Panamá, México y otros continentes, todo esto facilitado por normativas que consideran la prostitución como “trabajo sexual”.
 
5. Adicional a una tradición de economías extractivas, cultivos temporales y narcotráfico; el turismo se está presentando actualmente como la mega industria postconflicto, y esto asociado a la naturalización de la explotación sexual como “trabajo sexual”, hace que la “industria del sexo” utilice la infraestructura del turismo y la termine desplazando, con enormes impactos en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
6. La explotación sexual en la prostitución está normalizada tanto culturalmente, como en la actuación histórica del Estado colombiano, con una visión de salud pública o de convivencia en el espacio público, que ha dejado la responsabilidad de la explotación sexual en las víctimas, muy a pesar del bloque de constitucionalidad y el Código Penal Colombiano.
 
7. Supuestos “sindicatos de trabajadoras sexuales”, la academia y organizaciones han avanzado en una agenda en los últimos años para lograr una jurisprudencia favorable a la “industria del sexo” en Colombia. Estas sentencias en realidad no protegen a las mujeres, sino que sugieren soluciones que terminan facilitando su explotación sexual y la impunidad de tratantes y explotadores sexuales, efectos que ya son visibles en la jurisprudencia de las altas cortes en la que se ha exonerado e incluso ordenado la indemnización de tratantes y proxenetas bajo el argumento del consentimiento de las víctimas.
 
8. Cada vez son más frecuentes escándalos en medios de comunicación relacionados con violencia sexual hacia mujeres en situación de prostitución, que terminan justificándola porque “fueron pagadas” y “ellas consintieron” o porque consideran que son “trabajadoras sexuales”.  No se entienden las causas estructurales ni los impactos de la prostitución en la vida de ellas, y los explotadores directos e indirectos no son judicializados ni visibilizados por la violencia que ejercen. 
 
9. Existe un modelo para abolir la explotación sexual que funciona en el mundo, llamado modelo de igualdad de género, nórdico o abolicionista: Este modelo no penaliza a las mujeres en situación de prostitución, pero si prohíbe que otros lucren con la explotación de la prostitución ajena, y desestimula la demanda. Adicionalmente crea políticas públicas integrales de apoyo a las personas tratadas y explotadas sexualmente en la prostitución, medidas preventivas en población vulnerable, y educa a la sociedad en igualdad de género.
 
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
 
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora
 
17/TUZ

La doctora en historia Fabiola Bailón Vásquez presentó su  libro “Prostitución y lenocinio en México, siglos XIX y XX”, un recuento histórico que plantea como las políticas públicas y diversos intentos del Estado por regularizar la prostitución en el país únicamente han fallado y afectado a las mujeres.
 
En las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se presentó y discutió el estudio, publicado por el Fondo de Cultura Económica y la Secretaria de Cultura, que hace una revisión histórica de poco más de dos siglos para explicar cómo, por qué y a través de qué medios, la prostitución y su explotación han adquirido en nuestro país los rasgos que la caracterizan hoy como uno de los negocios lucrativos de mayor remuneración y explotación del cuerpo de las mujeres.
 
La historiadora Bailón cuenta con un reconocido trabajo de más de 10 años de investigación sobre la historia de la prostitución en nuestro país, y este libro, a su parecer, es la muestra de cómo los procesos de regularización y complicidad del gobierno han profundizado el flagelo y las dimensiones de la explotación sexual en México, aseveró.
 
“REGLAMENTARISMO”
 
En la presentación, participó la directora de la Consultora para la Investigación, Formación e Incidencia Política (CIFIP), Verónica Caporal Pérez, quien dijo que el libro es un análisis crítico que demuestra cómo a lo largo de la historia, en los intentos por regularizar la prostitución “las mujeres son las últimas que importan”.
 
En uno de los cuatro capítulos que conformar el libro, reseñó, se explica cómo en el periodo conocido como “reglamentarismo” en México (1865-1940), el gobierno contó con un sistema de control para quienes ejercían la prostitución, donde las más afectadas fueron las mujeres, “al ser controladas, vigiladas, perseguidas y sancionadas, se dejó invisible a los explotadores y consumidores”, dijo.
 
Caporal Pérez añadió que en la actualidad la explotación sexual ha adquirido mayor fuerza, siendo un negocio con beneficios de escala global, “un negocio criminal que implica múltiples actores”. Sin embargo, como verifica la investigación, toda la responsabilidad y acciones políticas que se han ejecutado recaen en las mujeres, sin sancionar las acciones de los varones, tanto de los proxenetas como de los clientes.
 
COMO ANTAÑO
 
La directora regional de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), Teresa Ulloa Ziáurriz, dijo que es un libro necesario y oportuno, pues en pleno siglo XXI existe un ataque sistemático en la dignidad de las personas, e insisten en revindicar la prostitución como trabajo, “empezando desde organizaciones defensoras de derechos humanos”, añadió.
 
La directora de CATWLAC puso a discusión el proyecto de ley presentado en la Asamblea Constituyente, donde se buscó reconocer y proteger en la Carta Magna de la capital el trabajo sexual “voluntario y autónomo como una actividad lícita”, mismo que fue desechado.
 
Teresa Ulloa aseveró que el discurso que se ha planteado desde la academia, el gobierno y algunas organizaciones civiles, donde se ve a la trata de personas como “una cosa horrible y un delito” y la prostitución como una opción libre y autónoma, “es una falacia que sólo atenta contra la dignidad de las mujeres que están en esas situaciones de vulnerabilidad”, y señaló que el Estado ha sido cómplice de la explotación sexual de las mujeres.
 
Al diálogo se unió la abogada, Andrea Medina Rosas, quien comentó que el recuento histórico hecho por la doctora Baldón permite reconocer lo que ha implicado en la normatividad de México la regulación de la explotación sexual.
 
En eso coincidió la directora del CIFIP, quien dijo que esta “nueva propuesta de ley desde los derechos humanos”, no es distinta a la experiencia “reglamentarista” de persecución y exclusión de las mujeres. Es la misma, pues no reconoce lo que verdaderamente implica la explotación de los cuerpos femeninos, y su naturalización.
 
Todas consideraron  que este libro permite plantear la discusión crítica y objetiva de la explotación sexual en el país, al reconocer las implicaciones que tienen las medidas de regularización y las dimensiones que hoy alcanza el fenómeno, todo esto con el fin de generar políticas públicas que puedan frenar este delito.
 
17/HZM/GG