salud sexual y reproductiva

El embarazo en adolescentes de 12 a 19 años, sigue siendo alto, por ello el Gobierno federal pretende garantizar que este año 4 millones 834 mil 880 mujeres en edad fértil, tengan acceso a algún método anticonceptivo moderno.

Esta meta se describe en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, documento que en el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que detalla los montos a ejercer en materia de salud sexual y reproductiva.

El programa presupuestario Salud materna, sexual y reproductiva, que este año recibió una asignación de 2 mil 321 millones de pesos por medio del Anexo 13, otorga dinero a la Secretaría de Salud para la compra de anticonceptivos y contribuir a que los adolescentes disfruten de una vida reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgos

De acuerdo  con el informe de avances 2016 de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) en ese año se apoyó a los Servicios Estatales de Salud con 89.8 millones de pesos para la atención de la salud sexual y reproductiva de la adolescencia.

La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), otorgó estos recursos para que se ejercieran en la capacitación de personal, difusión de campañas sobre embarazo adolescente, adquisición de mobiliario y contratación de recursos humanos.

Sin embargo, cabe decir que en el primer trimestre de 2017 el CNEGSR reportó que el monto de los recursos que se transfieren a los Servicios Estatales de Salud fue de 64.62 millones de pesos, una reducción de 28 por ciento en comparación con los recursos asignados en 2016 (89 millones de pesos).

En 2016 la dependencia compró, de manera centralizada, métodos anticonceptivos por un monto de 796.1 millones de pesos, lo que permitió atender necesidades particulares de la población en los 32 Servicios Estatales de Salud.

Los datos del Informe de la ENAPEA señalan que durante el periodo 2014-2016 el monto destinado por la Secretaría de Salud a la compra de anticonceptivos ascendió a casi 2 mil 500 millones de pesos.

La información oficial indica que se adquirieron 14 tipos de anticonceptivos temporales, incluyendo métodos reversibles como los implantes subdérmicos y los dispositivos intrauterinos, métodos hormonales orales, hormonales inyectables, parches dérmicos, condones masculinos y anticoncepción de emergencia.

18/AGM

El 15 de octubre pasado, la señora Margarita, llegó al Hospital Básico Comunitario de San Luis Acatlán en la Costa Chica de Guerrero, porque llevaba cuatro días con diarrea y estaba en sus últimos días de embarazo. En el hospital, le dicen que su bebé aún no va a nacer y a la familia le solicitan la compra de medicamentos para la atención estomacal y una bata desechable, condicionando el derecho a la atención y poniéndola en una situación de riesgo.

Cuando se piensa en el presupuesto público, muchas veces parece un asunto lejano, en el que las y los diputados lo aprueban tal y como lo presentó el gobierno, o hacerle modificaciones fueran decisiones que no afectan a las personas que habitamos o transitamos por el país.

Sin embargo, agregar o quitar genera impactos, y uno de los ámbitos más sensibles es el sistema público de salud. Contar con más o menos recursos financieros y en insumos, incide en que haya una atención en salud de calidad, en el tiempo y de manera pertinente para que las personas se sientan bien, y se evite a toda costa que haya secuelas, con un trato respetuoso y digno. Propicia que el personal de salud labore también con dignidad, y tome las mejores decisiones en la atención.

Por ejemplo, a la familia de la señora Margarita se le pidió que gastara dinero de su bolsillo, para contar con insumos que están en el Cuadro Básico del Sector Salud (es decir, para todas las instituciones de salud) y también en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular, esto implica que son insumos mínimos con los que obligatoriamente debe contar un hospital, por muy sencillo que sea.

Finalmente fue atendida en la Casa de Salud de la Mujer Indígena (CAMI), allí nació el bebé, y como el malestar continuó, las compañeras de la Casa la llevaron al hospital para que la atendieran del estómago y revisaran al recién nacido.

Esta situación de carencia de insumos esenciales, conlleva a que las familias se empobrezcan por gastar más de sus posibilidades económicas reales. También arrastra a que las personas dejen de acudir a los servicios, y evidentemente coloca en peligro la vida de las pacientes, como claramente lo refleja el caso de la señora Margarita, quien contó con la atención de un modelo comunitario en salud que logró resolver en forma la atención del momento antes, y durante el parto. Al esquema comunitario, igualmente el Estado mexicano tiene la obligación de asignarle presupuesto para su desarrollo y preservar los saberes de los pueblos indígenas.

A pesar de la existencia de estos compromisos constitucionales del Estado (Artículos 1, 2 y 4), en muchas ocasiones no se ven reflejados en los montos del presupuesto público, y aún menos en el proyecto del presupuesto para el año 2018.

Por ello las organizaciones agrupadas en la Coalición por la Salud de las Mujeres, presentamos a la H. Cámara de Diputados, propuestas de mejora en la asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, el cual incumple el principio de progresividad e irreductibilidad del presupuesto en salud, al establecer una disminución de un -4.49 por ciento del gasto en salud transferidos mediante la Secretaría de Salud federal a los 32 servicios estatales de salud, hospitales e institutos de especialidad; de -4.20 por ciento al Seguro Popular (principal fuente de financiamiento de los centros de salud y hospitales comunitarios), de -4.00 por ciento a acciones para asegurar la atención permanente en VIH a mujeres.

Es de llamar la atención la relevancia del presupuesto para el VIH en mujeres. Pese a que el VIH se presenta mayoritariamente en hombres, estos recursos son cruciales para que las mujeres con VIH continúen acudiendo a los establecimientos donde controlan su salud y proveen de antirretrovirales, al recibir un apoyo monetario para el traslado a los mismos (recordemos que las mujeres tienden a cuidarse en último lugar, y que el VIH las estigmatiza), asimismo, es un recurso para que organizaciones conocedoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, desarrollen proyectos de prevención directamente en terreno.

Otro recorte de suma gravedad, es la propuesta de disminuir en un -5.17 por ciento para implementar mínimos para la promoción, prevención y atención en salud sexual y reproductiva. Recurso distribuido entre los programas en salud, que atienden a una enorme cantidad de mujeres a lo largo de su vida: Planificación Familiar y Anticoncepción, Salud Integral para la Mujer, Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, Salud Materna y Perinatal, Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género, y Prevención y Control de Cáncer de la Mujer (Cáncer de Mama y Cáncer Cérvico Uterino).

La desigualdad en el acceso efectivo al derecho a la salud y los derechos reproductivos, se profundiza en las mujeres pobres indígenas, urbano marginales, transgénero, trabajadoras sexuales, privadas de su libertad, discapacitadas y migrantes.

Para fortalecer las acciones en salud hacia mujeres indígenas —mediante estrategias desarrolladas desde sus organizaciones, como son las CAMI—, se destinaba un recurso específico a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, no obstante lo valioso de este recurso, se decidió reducirlo a un mínimo, dejando a la Comisión con la mitad de su presupuesto, al pasar de 12 mil millones en 2016 a 6 millones de pesos en el proyecto 2018, debilitando su capacidad de coordinar y vigilar los presupuestos destinados a población indígena.

En resumen, la propuesta del ejecutivo federal, sólo profundizará la precariedad en los servicios en salud sexual y reproductiva, y más inequidades y sufrimiento en las mujeres pobres, y en las mujeres indígenas. Todavía es inexistente la asignación de presupuesto en salud, considerando la diversidad de mujeres.

La Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados, elaboró una propuesta de aumentos en los presupuestos, para revertir los graves retrocesos en el presupuesto para VIH en mujeres, y salud sexual y reproductiva, ya que esta disminución presupuestaria, amplía las brechas en el acceso a la salud a una población que ya de por sí sufre una atención deficiente al acudir a servicios con una serie de rezagos en la calidad de la infraestructura, en insuficiencia de personal de salud capacitado por 24 horas los 365 días del año, traslados oportunos y la disponibilidad de equipamiento, medicamentos e insumos médicos.

La Coalición por la Salud de las Mujeres nos adherimos a esta propuesta y exigencia a que las y los diputados de la Comisión de Presupuesto las aprueben y sea votada satisfactoriamente por el pleno del Congreso. Propuesta a la cual sumamos adhesiones al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, con el fin de una mayor transparencia de estos recursos, se identifique claramente para qué se destinaron y cómo se gestionaron hasta el nivel más local.

Es así que en el Decreto 2018 proponemos en:

Artículo 34. A. La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, llevará a cabo lo siguiente: … La Comisión Nacional de Protección Social en Salud reportará en su portal de transparencia, toda la información establecida en el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, SIAFFASPE.

Capítulo IV De la Igualdad entre Mujeres y Hombres:
Artículo 21. V. El Instituto Nacional de las Mujeres dará a conocer el ejercicio del gasto por Acción correspondiente a los Programas Presupuestarios de las Unidades Responsables del Anexo 13.

TRANSITORIOS
Quinto. Los recursos del Ramo Administrativo 12 Salud y del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, correspondientes a la Subfunción Protección Social en Salud, destinados a la prestación de servicios de salud a la persona, deberán ser considerados en la integración de la aportación solidaria por parte del Gobierno Federal a la que hace referencia el artículo 77 bis 13, fracción II, de la Ley General de Salud. A la par la Secretaría de Salud federal deberá publicar en su portal de transparencia y en el formato de Datos Abiertos, toda la información establecida en el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, SIAFFASPE.

*Responsable del proyecto de Partería y presupuesto público en Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.

**Fundar, Centro de Análisis e Investigación es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

17/DDE/LGL

Este 26 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, sin embargo a las jóvenes mexicanas se les sigue privando de su derecho a la anticoncepción así como el acceso a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) denunció la organización Marie Stopes México.

Además, el gobierno mexicano no ha logrado reducir los embarazos en la adolescencia a pesar de que lanzó hace dos años la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente (Enapea), recordó en un comunicado la organización internacional especializada en salud sexual y reproductiva.

Con ello, el país mantiene el primer lugar de embarazo adolescente de los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Se estima que 77 de cada mil mexicanas que han tenido un hijo, tienen entre 15 y 19 años de edad.

Para las adolescentes que llevan a término el embarazo, el futuro puede ser sombrío pues disminuyen sus probabilidades de terminar su educación o tener independencia económica, precisa Marie Stopes, traduciéndose en una baja calidad de vida y reproducción de la pobreza para sus descendientes.

Datos de la organización Save The Children en su estudio “Embarazo y Maternidad en la adolescencia”, precisan que durante 2015 en el país, 58 mil 955 adolescentes ejercían la jefatura de familia y 280 mil 766 estaban casadas o eran pareja del jefe da la familia, situación que truncó su proyecto de vida.

Pero no solamente se enfrentan a ello sino también su salud puede verse afectada debido a que las jóvenes gestantes son tres veces más propensas a tener complicaciones médicas durante el embarazo, parto o puerperio que las mujeres adultas, representando éstas, la quinta causa de muerte en adolescentes en México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), quien en seis años (de 2010 a 2016) registró 804 defunciones de jóvenes entre los 15 a 19 años de edad.

Para Marie Stopes asegurar que las y los jóvenes tengan una educación sexual es el verdadero desafío, particularmente en los sectores que siguen excluidos de recibir esta información y servicios de salud sexual.

Como parte del Día Mundial de la Anticoncepción –que también se conmemora este día - Marie Stopes detalló que por primera vez en México durante este año se redujo el número de mujeres con demanda o necesidad insatisfecha de anticoncepción (número de mujeres expuestas a un embarazo que no usan métodos anticonceptivos pese a su deseo de espaciar o limitar su descendencia) el cual pasó de 225 millones a 214 millones.
Por ello, hicieron un llamado a las autoridades de salud a brindar servicios más amigables para que la juventud pueda acceder a la anticoncepción como lo obliga la Norma Oficial Mexicana 047 que garantiza la atención médica integral a los jóvenes de 10 a 19 años de edad.

El 26 de septiembre de 2003 se instauró en Uruguay el Día de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes; y en 2007 se impulsó la iniciativa a nivel global con la celebración del Día Mundial de la Anticoncepción (World Contraception Day por sus siglas en inglés) para crear conciencia entre las y los adolescentes de las repercusiones de la maternidad a edades tempranas y para informarles sobre las diferentes alternativas para planificar y prevenir un embarazo.

En el caso de México, la Cámara de diputados lo aprobó como oficial el 8 de diciembre de 2011.

17/HZM/LGL

Profesionales de los centros afectados en Castilla La Mancha volvieron a solicitar que sus clínicas sean consideradas como lo que son “centros médicos” de atención integral a las mujeres en el ámbito de la Salud Sexual y Reproductiva, donde además se realizan abortos legitimados por la ley.
 
En consecuencia, piden que cuenten con el mismo nivel de protección que cualquier centro sanitario u hospitalario, porque es absolutamente inadmisible que las mujeres sean coaccionadas y las personas profesionales amenazadas en el libre ejercicio de esta prestación sanitaria. Algo que sería impensable en cualquier otra intervención médica, tal y como le han recordado desde la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), a la Directora Gerente del Servicio de Salud Castilla La Mancha (SESCAM). Un acoso que se está convirtiendo en “práctica general”, extendiéndose a otros puntos de nuestro país.
 
ACAI quiere recordar que distintos países de nuestro entorno ya están tomando medidas contra las coacciones que las mujeres y profesionales sufren a las puertas de los centros sanitarios de IVE. En este sentido, “solicitamos a las autoridades y a los partidos políticos que sigan el ejemplo de sus homólogos europeos y aborden una situación que llevan años desoyendo”.
 
EJEMPLOS DE PROTECCIÓN
 
Entre la normativa, legislación y sentencias que han sentado jurisprudencia en el contexto europeo, la organización destaca las siguientes, “con el deseo expreso de que sirvan de modelo a nuestros políticos y autoridades”:
 
Ley francesa de 27 de enero de 1993, conocida como Lei Neiertz por la que se crea el delito de “obstaculización al aborto voluntario” sancionando con penas de cárcel de dos meses a dos años y multas de 2 mil a 30 mil francos.
 
Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Munich (Baviera-Alemania)-mayo 2016. Serán consideradas actuaciones ilegales en el entorno de los centros de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE): el acoso a la mujer, el abordaje grosero, la utilización de imágenes de fetos, figuras y objetos similares.
 
Sentencia del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo de Baden-Wüttemberg (año 2012). Se sentencia que “el consejo en la acera o en la calle” (término utilizado por los antielección alemanes) por parte de desconocidos/as se realiza ante mujeres vulnerables, en una difícil situación psíquica y personal que vulnera sus derechos personales y su intimidad.
 
También establece la sentencia que los derechos de la mujer tienen prioridad sobre el derecho de los manifestantes a la libre expresión, quienes en todo caso pueden manifestar su opinión en cualquier otro lugar.
 
Las manifestaciones públicas no se dirigen a ninguna persona concreta, dice el Tribunal, lo que en este caso si ocurre, ya que se dirige a mujeres concretas que van a entrar a un centro médico y delante de numerosos peatones que son testigos de los hechos. Establece asimismo la sentencia que los derechos personales de la mujer tienen prioridad sobre la libertad religiosa de los manifestantes.
 
Sentencia del Tribunal Supremo del Land Graz en Austria, septiembre 2015, por la que se condena a dos hombres y a dos mujeres, pertenecientes a dos organizaciones antiabortistas, por acosar durante un año a las mujeres que acudían a la clínica de un médico donde se realizaban abortos. Se afirma que la libertad de expresión no es compatible con el acoso al que sometían a las mujeres abordándolas y enseñándoles embriones de plástico y rosarios, intentando hacerles desistir de su decisión de abortar.
 
Se menciona expresamente al médico, cuya vida habría sido gravemente condicionada por las prácticas de los acusados. La sentencia creo un clima favorable en casos similares al tiempo que está promoviendo una ley federal sobre la materia.
 
La modificación de la Ley de Seguridad del Estado de Viena en abril de 2005, otorga a las fuerzas de Seguridad la competencia para ordenar a los acosadores el alejamiento inmediato de los sitios en los que actúan.
 
Ley que regula la protección de la vida comunitaria local-competencia policial” Viena- 14 de agosto de 2013. Párrafo 3 que regula el Artículo 3. Los órganos públicos de seguridad pueden ordenar la suspensión de actuaciones inadecuadas en caso de que los sujetos acosen de forma intolerable a personas que se acercan a establecimientos sociales o sanitarios o cuando las presionan psíquicamente hablándoles insistentemente o dándoles (o intentando darles) objetos.
 
En Australia, Canadá, Sudáfrica y Estados Unidos existen en ciertas circunscripciones “zonas tampón” donde están prohibidas las manifestaciones de acoso que obstaculicen el libre acceso a las clínicas de aborto o centros de planificación familiar.
 
17/RED

En México, como en el mundo, hay una tendencia a consolidar el conservadurismo en las normas legales y ante esto es importante que las instituciones y la sociedad den una clara señal de no sumisión frente a estas regresiones, afirma el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab.
 
Un ejemplo de cómo no claudicar en la defensa de los derechos, dice el experto checo en entrevista exclusiva con Cimacnoticias, lo acaba de dar un grupo de expertas y expertos, académicos y funcionarios, en un informe publicado el 10 de marzo, donde determinan que en Veracruz, estado situado al sur de la República Mexicana, hay discriminación institucional contra las mujeres y un atentado a sus derechos sexuales y reproductivos.
 
Este informe proporciona argumentos sobre la pertinencia de decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado” en la entidad, es decir porque hay leyes que obstaculizan el ejercicio de los derechos de las mujeres y recomienda al gobierno estatal despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación; permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres; y garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación sexual.
 
A propósito de este informe, Jan Jarab, quien fuera representante de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Europa (2010-2016), afirma que hay que apostar a que esta “ola conservadora en contra de los derechos de las mujeres sea, si no la última, sí la última grande”. 
 
AVG CONTRA RETROCESOS
 
El 9 de septiembre de 2015 organizaciones sociales solicitaron una AVG por violencia feminicida pero el 5 de abril de 2016 por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, junto con otras seis organizaciones solicitaron otra AVG, esta vez por discriminación, criminalización y falta de acceso a los servicios de aborto. 
 
En esta segunda petición, las agrupaciones determinan cuáles son los elementos que obstaculizan a las mujeres el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos: La inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la NOM-046 que permite el aborto en casos de violación sexual; la tipificación del aborto que castiga el delito con tratamiento educativo y de salud; y la reforma al Artículo 4 de la Constitución local para “proteger la vida desde la concepción”, que entró en vigor el 23 de agosto de 2016.
 
Dicha reforma al Artículo 4 fue aprobada en segunda vuelta por el Congreso local en julio de 2016, para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, a propuesta del hoy prófugo ex gobernador, Javier Duarte, quien la promulgó en agosto de ese año acompañado por jerarcas de la Iglesia.
 
Ahora, el informe de expertas y expertos –el primero por “agravio comparado”– proporciona más elementos que demuestran cómo en la entidad se obstaculiza el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente en materia de acceso a los servicios de la interrupción legal del embarazo. Sobre este tema se le pregunta a Jan Jarab.  
 
-Anayeli García Martínez (AGM): ¿Cómo se debe analizar este informe realizado por este grupo de expertas y expertos?
 
- Jan Jarab (JJ): Para nuestra Oficina este informe es muy importante por varias razones. Primero, se trata del estado de Veracruz donde el cambio constitucional (para proteger la vida desde el momento de la concepción) que ocurrió el año pasado fue identificado por nuestra Oficina y por otras organizaciones de Naciones Unidas, como ONU Mujeres y el Fondo de Población, como un retroceso alarmante y fue objeto de un comunicado de prensa colectivo de varias organizaciones de la familia de Naciones Unidas.
 
“El informe, como tal, confirma nuestras preocupaciones: Cuando se crean retrocesos constitucionales –y no es algo retórico, simbólico– esto puede tener efectos adversos al gozo de los derechos, en este caso de derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en el estado de Veracruz.
 
“En el informe se explica de manera didáctica que una política pública discriminatoria puede ser considerada como una forma de violencia institucional contra las mujeres. Esta es la segunda dimensión: Cómo entendemos en este país, y en otros, la violencia institucional que las instituciones del Estado causan a los titulares de derechos.
 
“Hay otra dimensión. Aunque sabemos que Veracruz es un estado muy problemático en muchas áreas de Derechos Humanos, el informe no sólo es sobre Veracruz, no lo interpretamos como algo relevante sólo para el estado, porque sabemos que las herramientas legales y, aun peor, las prácticas en muchos estados de la federación mexicana siguen siendo muy restrictivas en el ámbito de derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
 
“Aquí se da también una primera señal a un público más grande y es importante desde el punto de vista político que la Segob y el propio Secretario de Gobernación aceptan la opinión de los expertos”.
 
POPULISMO CONSERVADOR
 
Adicional a la información sobre salud sexual y reproductiva, el informe consideró 13 normativas nacionales e internacionales en materia de derechos de las mujeres, las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que enriquece los argumentos.
 
- AGM: ¿El contenido de informe podría tener repercusiones en el resto del país?
 
- JJ: Es un problema muy relevante para todo el Estado mexicano. Tenemos diferencias entre herramientas legales en varias entidades federativas, con una distinción bastante positiva de la Ciudad de México y la situación muy restrictiva, muy conservadora, en la mayoría de las demás entidades.
 
“Tenemos también un contexto preocupante que hemos visto no solo en derechos de la mujer. Por ejemplo, cómo se terminó el año pasado de manera muy nefasta con la intención de legislar el matrimonio igualitario y una contra reacción muy conservadora.
 
“Es importante que las instituciones que tienen este mandato den una clara señal que no podemos ser sumisos, no podemos capitular en esta coyuntura, en la ola conservadora, tanto en México como en el mundo. Soy optimista históricamente y pienso que es muy probable que la ola en contra que estamos mirando hoy será, sino la última, será la última grande.
 
“Me parece que se necesita utilizar este informe porque, como lo mencioné anteriormente, la situación en México en general necesita una modernización con un enfoque de Derechos Humanos que está muy presente en este informe, utilizando los altos estándares de Derechos Humanos como herramienta y no los prejuicios populares, el populismo conservador”.
 
EMPODERAMIENTO VS. “MORALIDAD”
 
- AGM: El informe recomienda implementar la NOM 046 que implica garantizar el aborto en casos de violación sexual pero, por otro lado, hay gobernantes y legisladores que no están de acuerdo con implementar esta norma, ¿esto sería parte de esta ola conservadora?
 
- JJ: La supuesta defensa de moralidad tradicional siempre ha sido en todos los países, para algunos más rápidos para otros más lento, pero siempre ha sido una lucha. No sólo es una lucha para ganar un voto en un Congreso nacional o estatal sino para convencer al gran público.
 
“Sabemos que aparentemente México tiene una de las más altas tasas de embarazo adolescente en la región, es preocupante pero la respuesta necesita ser un empoderamiento de las mujeres y de las niñas, acceso a todos los derechos sexuales y reproductivos y no intentar regresar al Siglo XIX.
 
“Tuve recientemente una plática interesante con una persona que insistió en que se necesita regresar al modelo tradicional, a un pasado supuestamente idílico. Primero, este pasado idílico nunca existió, es una fabricación; segundo, no se puede regresar al pasado, lo que necesitamos es un desarrollo de la legislación y de las políticas públicas basado en los estándares internacionales de Derechos Humanos.
 
“En un país como México, que afirma en la arena internacional su compromiso con estándares internacionales de Derechos Humanos, eso es algo que necesitamos exigir. Vamos a tener, quizás, un largo proceso, con las fuerzas más conservadoras políticamente, eso nos queda claro”.
 
INSUFICIENTE ATENCIÓN
 
“Otro factor importante en México es que la importancia de estos asuntos sigue siendo un poco eclipsada por otras violaciones muy importantes, dramáticas, graves violaciones como tortura o desaparición, que aunque también tienen una gran dimensión de género tampoco es tan visible como debería ser”, explica quien fuera funcionario de la Oficina de Derechos Humanos del Gobierno checo.
 
“El problema en México quizás no es que existan fuerzas conservadoras. Hemos visto que existen en Francia, de manera hasta sorprendente cuando se dio el movimiento en contra del matrimonio igualitario. No es esto, es el carácter de la discusión pública. Hay muchos otros temas que atormentan a la sociedad y la atención a los derechos de las mujeres y principalmente al tema de derechos sexuales y reproductivos no es suficiente.
 
“Puedo decirlo desde el punto de vista de nuestra Oficina: La Oficina del Alto Comisionado está tan metida hoy en los dramas de desaparición, de tortura, que es difícil priorizar otros temas híper importantes, como este del que hablamos, como los derechos de las personas con discapacidad, de los migrantes, porque los otros temas nos imponen por su urgencia”.
 
- AGM: ¿Sería relevante recalcar que los derechos de las mujeres también son Derechos Humanos?
 
- JJ: Desde mi perspectiva, de hombre, recién llegado de Europa, hay algunas tendencias fuertemente paternalistas aquí en México y aparentemente obstaculizan la correcta percepción de los derechos de las mujeres. Cuando varios políticos afirman que están apoyando los derechos de las mujeres, a veces lo hacen también de manera patriarcal, como elogiando a sus esposas, sus hijas, en el ámbito familiar. Generosidad condescendiente.
 
“Me parece que es una sociedad en transformación, esta transformación es obstaculizada -es mi perspectiva personal- tanto como otras transformaciones y modernizaciones de la sociedad, debido al contexto de la violencia y de otros flagelos de corrupción, impunidad, que dominan y preocupan a la sociedad.
 
“Estamos testimoniando unos esfuerzos. El de Veracruz fue emblemático, porque desvió la atención (con la reforma constitucional para proteger la vida desde la concepción). Las fuerzas políticas conservadoras no logran establecer o mantener un Estado de derecho pero sí se manifiestan con este cambio constitucional para mostrar que están defendiendo algo, aunque lo que están defendiendo significó, de hecho, un retroceso, como muestra este informe. Fue algo que obstaculizó aún más el acceso de las mujeres en Veracruz a sus derechos”.
 
- AGM: Aún no se sabe si las recomendaciones para modificar la legislación serán aceptadas pero ¿qué percepción tiene la Oficina del Alto Comisionado?
 
- JJ: La Oficina quiere aportar a este primer paso para que sea implementado en la legislación y en la política pública del estado de Veracruz. Vamos a apoyar esta normativa progresiva con discusiones con los actores, interlocutores federales y estatales. Estamos planeando una misión a Veracruz por varios temas, empezando por la situación de desapariciones, pero el tema de los derechos sexuales y reproductivos está en nuestra agenda.
 
17/AGM/GG
 

Tras el hallazgo de cerca de 30 mil piezas de anticonceptivo caduco en las instalaciones de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), los hechos siguen sin aclararse y aún no hay responsables, porque se desconoce al proveedor del medicamento, fecha de adquisición, surtimiento y razones de la negligencia.
 
Sin embargo, podrían ser responsables del mal manejo la Dirección de Prevención y Promoción de Salud y el Departamento de Equidad de Género de Salud Reproductiva de la entidad, ya que la distribución de los medicamentos estaba a su cargo.
 
Así lo informó en entrevista con Cimacnoticias la titular de la SSO, Gabriela Velásquez Rosas, quien reportó que al momento sólo se conoce que el anticonceptivo Ciclofem caducó en octubre de 2016 antes de la salida del entonces director de la entidad de salud, Héctor González Hernández.
 
Desde el pasado 7 de febrero, los SSO están bajo procedimiento administrativo por parte de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), que localizó a partir de una denuncia ciudadana 564 kilogramos del anticonceptivo Ciclofem caduco en la Jurisdicción Sanitaria 1 de la institución.
 
Además, Profepa constató que el medicamento estaba almacenado de manera irregular, pues el almacén no contaba con el registro como generador de residuos peligrosos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no se tenían las bitácoras de generación de dichos residuos, así como los manifiestos de entrega, transporte, recepción y constancia de disposición final de los mismos.
 
Sin embargo, Velásquez Rosas dijo que no se tiene mayor información sobre la investigación que lleva a cabo la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca, por lo que se sigue sin conocer la fecha de adquisición, el nombre del proveedor y cuáles fueron las razones por las que se mantuvieron en el almacén los anticonceptivos hasta su caducidad.
 
PRESUNTOS RESPONSABLES
 
De acuerdo con la Directora de los SSO, la distribución de los anticonceptivos en cada una de las unidades médicas estaba a cargo de la Dirección de Prevención y Promoción de Salud, así como del Departamento de la Equidad de Género y Salud Reproductiva de la entidad, quienes podrían ser los presuntos responsables del mal manejo y almacenamiento de los anticonceptivos.
 
La médica comentó que pudo ser “una falta de coordinación para realizar la entrega a tiempo”, aunque argumentó que desconocía las causas reales porque “aún no era funcionaria en la institución” y no era responsabilidad del sistema de salud estatal sancionar e investigar la problemática.
 
Velásquez Rosas señaló además que los encargados de realizar la compra del anticonceptivo Ciclofem, que asciende en su precio comercial a dos millones 600 mil pesos, fue la Secretaría de Salud (SS) federal, dependencia que contempla el medicamento Ciclofem dentro del anexo cuatro del Programa de Salud Reproductiva y Equidad de Género de la dependencia.
 
Añadió que será el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envase y Medicamentos AC (Singrem) el encargado de dar disposición final adecuada de dichos medicamentos como lo ordenó Profepa, al tiempo que las jurisdicciones sanitarias se encuentran clasificando a partir de etiquetas color verde, amarillo y rojo los medicamentos próximos a caducar, según corresponda. 
 
SSO Y COMPRA CONSOLIDADA
 
A pesar que desde 2012 el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), como parte de los esfuerzos para reducir el embarazo en adolescente, realizó una compra consolidada de 13 métodos anticonceptivos de alrededor de mil millones de pesos para garantizar el abastecimiento en el territorio nacional, Oaxaca no estaba dentro de esta compra informó Velázquez Rosas.
 
Por tanto, la entidad se sumará este año a la compra consolidada de medicamentos en general, lo que incluye la compra de métodos anticonceptivos, con el fin de evitar desperdicios en el futuro y asegurar un mejor manejo y abastecimiento de los anticonceptivos en las clínicas de Oaxaca, según información oficial de los SSO. La inversión será de 74.7 millones de pesos.
 
17/HZM/GG
 

El hallazgo de casi 30 mil piezas de anticonceptivo caduco en las instalaciones de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) revela acciones que transgreden la Norma Oficial Mexicana (NOM) 005 de los servicios de Planificación Familiar, que determina el acceso a anticonceptivos de manera gratuita en las unidades de salud públicas, así como la NOM 047, que garantiza la atención médica integral, prevención y control de enfermedades entre jóvenes de 10 a 19 años de edad.
 
Así lo afirmó en entrevista con Cimacnoticias la coordinadora del Área de Jóvenes de CDD, Minerva Santamaría Hernández, quien agregó que es obligación de Gabriela Velásquez Rosas, actual titular de la SSO, aclarar la situación y no “lavarse las manos” al decir que fueron errores administrativos del pasado gobierno, encabezado por Gabino Cué.
 
Esto es, dijo, muestra de la crisis sanitaria que enfrenta la entidad, sobre todo en el tema de salud sexual y reproductiva (SSR), lo que pone al descubierto el fallo en la distribución de métodos anticonceptivos a las mujeres de Oaxaca, la falta de campañas en materia de educación sexual y reproductiva, así como la nula comunicación entre las unidades médicas para su entrega. Y esto, en medio de “todos los cambios que ha tenido la SSO”.
 
El hallazgo del medicamento caduco Ciclofem, tras una denuncia anónima, provocó que, el pasado 7 de febrero, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) iniciara un procedimiento administrativo contra la SSO, por el almacenamiento y mal manejo del anticonceptivo. “Esto es grave, dijo Santamaría Hernández, porque no se trató de cinco mil piezas, sino de casi 300 mil dosis de anticonceptivos que no se distribuyeron” o que no se entregaran cuando las mujeres los solicitaron.  
 
COMPRA Y SEGUIMIENTO
 
En 2014, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), como parte de los esfuerzos para reducir el embarazo en adolescente, realizó una compra consolidada de 13 métodos anticonceptivos de alrededor de mil millones de pesos, para garantizar el abastecimiento en el territorio nacional, acción que se repitió en 2015.
 
Santamaría Hernández dijo que será necesario que la SSO indique si estos fármacos fueron parte de la compra consolidada y aclare qué seguimiento le dieron a los demás métodos adquiridos, “No sólo se pagaron inyectables, hubo una amplia gama de métodos anticonceptivos, hay que saber cómo fue la distribución de los otros”.
 
OBSTÁCULOS PARA ACCEDER A ANTICONCEPTIVOS
 
De acuerdo con Santamaría Hernández, en los monitoreos que ha realizado CDD en las unidades de Servicios Amigables para Adolescentes de la SSO, han descubierto algunas complicaciones para que los jóvenes puedan recibir la atención integral necesaria.
 
Entre ellas, desabasto de métodos anticonceptivos en los establecimientos, cierre de unidades por remodelación y falta de personal capacitado, lo que repercute en un trato poco cálido, informado y seguro para que los y las jóvenes se acerquen y tengan acceso a dichos métodos.

“Es un reto que tiene que trabajar esta nueva administración para poder fortalecer lo que tiene y ampliar lo que es posible, y garantizar que estos servicios puedan prestar servicios de calidad, teniendo trato e información y que los podamos llamar amigables”, señaló la integrante de CDD.

La organización también ha identificado obstáculos en el ejercicio de la sexualidad de las mujeres en comparación con los hombres. Sobre todo prejuicios por parte del personal cuando las adolescentes piden una pastilla de anticoncepción de emergencia, o quieren acceder a algún método anticonceptivo femenino.

Esto, pese a que el Consejo Nacional de Población (Conapo) ha señalado que la atención en servicios en salud sexual y reproductiva es esencial en este grupo de edad, ya que en 2010 en Oaxaca alrededor de una de cada cinco mujeres (20 por ciento) era adolescente.

La SSO estima que el promedio de nacimientos por año es de 70 a 72 mil, de los cuales entre el 16 y 18 por ciento ocurre en adolescentes menores de 20 años de edad.

Asimismo, en algunas unidades de zonas rurales se les niega el servicio a adolescentes si no se encuentran acompañados de algún tutor, en estos lugares CDD ha trabajado para cambiar estas políticas con la población.

Por último Santamaría Hernández recordó que el Gobierno tiene retos aún pendientes en la materia, como el acceso al aborto legal y seguro de víctimas de violencia sexual y la atención de casos de violencia obstétrica registrados en la entidad.

17/HZM/GGQ
 

La Fundación CERMI Mujeres (FCM) lamentó la falta de información que existe sobre víctimas de violencia machista con algún tipo de discapacidad. Aseguró que “no se sabe cuántas mujeres con discapacidad presentan denuncia por ser víctimas de violencia, ni cuántas adquieren una discapacidad por maltrato. Tampoco se sabe cuántas niñas o niños nacen con una discapacidad debido a la violencia que sufrió la madre durante el embarazo”.
 
Así lo dio a conocer la FCM a través de la edición número 20 de la publicación digital Generosidad, que corresponde al mes de enero.
 
La FCM recordó que la macroencuesta que presentó en 2015 la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género informó que las mujeres tienen una discapacidad igual o superior 33 por ciento por haber padecido violencia física, sexual o porque tuvieron miedo a sus parejas en un 23.3 por ciento de los casos, mientras que este porcentaje bajó 15.1 por ciento, en mujeres sin discapacidad.
 
Además, la tendencia anual de asesinatos de mujeres cometidos por sus parejas o ex parejas, muestra que alrededor de 13 por ciento de las mujeres asesinadas tenía una discapacidad, porcentaje presumiblemente más elevado si se tiene en cuenta que muchas mujeres no cuentan con dicho reconocimiento oficial.
 
Ante este escenario, la FCM celebró que en las últimas semanas se haya puesto sobre la mesa la necesidad de alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género y otro para reforzar el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
 
“Las estrategias que se ejerzan para las políticas públicas coordinadas y financiadas en el ámbito de la violencia de género y de la autonomía personal, pueden ayudar a miles de mujeres con discapacidad. Las ayudará a salir del infierno de la violencia y a decidir sobre su propia vida en libertad”, dijo la FCM.
 
En este sentido, coincidió con la aprobación de la “Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia”.
 
La editorial digital, Generosidad recogió un reportaje en el que la FCM destacó la necesidad de reforzar la perspectiva de género denominada “Cuarto soporte del estado del bienestar”, ya que entre otras cosas, no sirvió para sacar de la situación precaria en la que se encuentran muchas mujeres en España.
 
El pasado 31 de octubre de 2016, los datos oficiales muestran que 65 por ciento de las mujeres, en su mayoría con más de 65 años solicitaron atención.
 
En cuanto a las prestaciones que les dan a personas beneficiarias (856 mil 452 en total), está vinculada a la asistencia personal, ya que solamente 0.51 por ciento del total. Al igual sucede con las prestaciones relacionadas con la prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal que representa 3.54 por ciento.
 
Por el contrario, la prestación económica vinculada a los cuidados en el entorno familiar supone casi 34 por ciento de los servicios totales, por lo que la FCM denunció que “los datos refrendan el temor inicialmente expresado de que se consolide un sistema basado en los cuidados informales”.
 
Por otro lado, la publicación incluye una entrevista con la asesora técnica de la Subdirección de Gestión Sanitaria de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, María José Melero, quien se abordó la necesidad de seguir mejorando la atención a las mujeres y niñas con discapacidad en materia de salud sexual y reproductiva.
 
El apoyo de la FCM en el Día Internacional del Voluntariado o las acciones que la entidad puso en marcha con la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF) y con el Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE en Madrid para reforzar la perspectiva de género y discapacidad.
 
17/RED/ KVR

El embarazo infantil en el país es un grave problema ya que sólo entre 2006 y 2014 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) registró 100 mil nacimientos en menores de 15 años de edad.
 
Para organizaciones como Ipas México, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Save the Children ser madre a tan corta edad no es decisión de las niñas ya que existe la posibilidad de que muchos de estos embarazos sean producto de abuso y violencia sexual por hombres adultos cercanos, familiares, amistades o vecinos.
 
Los hombres, las familias y las comunidades ven los cuerpos de niñas y mujeres como su propiedad, resaltan las agrupaciones civiles; como ejemplo, GIRE reportó en su informe “Violencia sin Interrupción: aborto por violación en México” que en los últimos ocho años en todo el país hubo más de 28 mil denuncias por violación sexual a niñas menores de 15 años.
 
Sin embargo el problema es aún más grave, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estima que menos del 10 por ciento de los casos de violencia sexual son denunciados, por ello la violencia sexual y el embarazo forzado en niñas es una silenciosa tragedia en México.
 
La organización internacional Save the Children asegura que no existen datos oficiales sobre los embarazos producto de una violación y como consecuencia es complicado conocer la situación que atraviesan las niñas embarazadas, que a su vez podrían ser víctimas de violencia y marginación.
 
Datos de la Secretaria de Salud indican que en 2009, 30 de cada 100 niñas de 10 a 14 años fueron hospitalizadas por presentar un embarazo pero no hay información sobre si fueron producto de una relación consensada.
 
En su informe “Embarazo y maternidad en la adolescencia: estado de las madres en México” la organización destacó que es necesario visibilizar el embarazo infantil, pues en el periodo de 2013 a 2014 contabilizó a nivel nacional 394 nacimientos de niñas de 10 años.
 
Las estadísticas no arrojan datos certeros sobre la relación de violencia ni sobre la edad de las parejas de las niñas que se embarazan pero la organización Ipas México hizo un estudio para tener un acercamiento a la edad de estos hombres.
 
La institución recogió información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012 y encontró que el 92 por ciento de las parejas de las mujeres que comenzaron su vida sexual a los 12 años de edad eran jóvenes de 15 a 19 años de edad y en otro 3 por ciento ellos tenían más de 30 años.
 
Para la organización es clara la posibilidad de que estas relaciones entre niñas y adultos no son consensuadas, advierte que entre menos edad tienen las niñas mayor es el riesgo de sufrir violencia y abuso sexual.
 
Además alertan sobre los riesgos a la salud de un embarazo temprano. En este grupo de edad, la Muerte Materna (MM) es más elevada; en 2014, el 14 por ciento de las defunciones maternas en México ocurrieron en mujeres menores de 20 años de edad, según datos del Inegi.
 
La principal causa de estos fallecimientos es la preeclampsia (presión arterial alta), pues sus cuerpos al no estar completamente desarrollados son incapaces de llevar a terminó el embarazo.
 
Ipas México y GIRE coincide al afirmar que sin el acceso a servicios de calidad en salud sexual y reproductiva, sin la atención que las niñas víctimas de violencia necesitan y con las legislaciones que restringe el aborto legal y la falta de seguro en México, las niñas y mujeres se ven obligadas a recurrir a un aborto en la clandestinidad, arriesgándose a ser sujetas de un proceso penal, además de poner en riesgo su salud y su vida.
 
ABORTO INSEGURO
 
El aborto inseguro fue la quinta causa de MM en el país en 2015, al registrarse 659 decesos de mujeres por esta causa, de las cuales, 10 por ciento eran menores de 15 años, de acuerdo con Ipas México. 
 
A partir de estas consideraciones el 24 de marzo de 2016 se modificó la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM 046) para que las víctimas de violencia sexual de 12 años de edad o más pueden acceder a un aborto sin que sea requisito presentar una denuncia penal.
 
Las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual podrán recurrir a la interrupción del embarazo sin necesidad de presentar una denuncia judicial, o consentimiento de sus padres o tutores. 
 
Esta modificación legislativa permite que las niñas y mujeres puedan tomar decisiones libres, informadas y seguras sobre su salud reproductiva. 
 
Sin embargo, GIRE observó en su informe sobre violencia y aborto que aun cuando la ley así lo indica, el desconocimiento de las obligaciones de los prestadores de salud y el afán de imponer sus creencias personales por encima de la salud de las niñas, hacen que todavía existan obstáculos para que ellas accedan a los derechos mínimos que les permitan recuperarse de esta situación de violencia y de un embarazo que nunca debieron tener.
 
SER MADRE Y NIÑA
 
Si bien el acto mismo de una violación es devastador para las niñas, tanto en su salud física como mental se deben considerar los peligros y secuelas que enfrentan al tener un embarazo.
 
Las organizaciones especializadas en derechos sexuales y reproductivos advierten que las consecuencias que atraviesan las niñas cuando presentan un embarazo son devastadoras; no cuentan con servicios de atención prenatal, tienen riesgos de sufrir partos prematuros o complicaciones en el proceso, inclusive su vida corre riesgo ante el embarazo.
 
Una vez que se convierten en madres las niñas tiene mayor probabilidad de truncar sus proyectos de vida, pueden tener empleos precarios y en general perpetuar los ciclos de pobreza en su descendencia.
 
Cuando una niña presenta un embarazo pueden abandonar la escuela al sentir vergüenza, miedo al rechazo, discriminan en el ámbito escolar y por si fuera poco se enfrenta a la escases de recursos económicos. De acuerdo con Save The Children las cifras de 2011 indican que el 31 por ciento de las menores de 15 años embarazadas abandonan la escuela.
 
Ser niñas y ser madres también las obliga a acceder a los trabajos mal remunerados, precarios y con riesgo de sufrir explotación laboral, de acuerdo con la Estrategia Nacional para Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea); por ejemplo, el 7 por ciento de las niñas embarazas de 10 a 14 años tuvieron una actividad mal remunerada en 2015.
 
El futuro que enfrentan las niñas que son madres es duro, tanto para ellas como para sus hijos e hijas, por lo cual, en 2015 se creó la Enapea que tiene como objetivo reducir un 50 por ciento la tasa de fecundidad en las adolescentes entre 15 a 19 años de edad, además de erradicar embarazos en niñas menores de 14 años para 2030.
 
16/HZM/KVR

Las organizaciones que se han pronunciado a favor y en contra de reconocer el “trabajo sexual” como una actividad autónoma y no asalariada en la Constitución Política de la Ciudad de México, coinciden en la importancia de no criminalizar a las mujeres que realizan esta actividad y combatir la trata de personas.
 
Organizaciones integradas en la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente se oponen a reconocer el “trabajo sexual” porque consideran que esto fomentaría la explotación sexual, mientras que agrupaciones como Brigada Callejera de Apoyo “Elisa Martínez” a la Mujer y la “Red Mexicana de Trabajo Sexual”, sostienen que es una forma de prevenir la discriminación y las extorsiones a las mujeres.
 
A pesar de las diferencias, durante las audiencias públicas organizadas por el diputado perredista Víctor Hugo Romo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las dos posturas coinciden en la necesidad de proteger a las víctimas de trata de personas y en no criminalizar a las mujeres que, por cualquier razón, se dedican o son obligadas a “ofertar servicios sexuales”.
 
Durante las audiencias, que se realizaron entre octubre y noviembre -y a las cuales no asistieron legisladores- Elvira Madrid y Jaime Montejo, integrantes del colectivo “Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer”, expusieron seis peticiones, algunas de las cuales fueron apoyadas por Mónica Soto y Teresa Ulloa, integrantes de la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente.
 
Brigada Callejera, agrupación que se dedica a acompañar a “trabajadoras sexuales” y ofrecer servicios médicos gratuitos a esta población, propone que la Procuraduría General de Justicia capitalina y la Procuraduría General de la República firmen un acuerdo para evitar presentar como “pruebas” de lenocinio o trata de personas, los condones usados y nuevos que encuentran cuando detienen a las “trabajadoras sexuales”.
 
La activista Elvira Madrid, explicó que la policía capitalina argumenta que los condones son una prueba para fincar delitos como lenocinio y trata de personas o delincuencia organizada.
 
Sobre esta propuesta, la activista y quien fuera secretaria de Equidad de Género del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mónica Soto, aseguró que no se debe criminalizar, extorsionar ni violentar a las mujeres. 
 
Jaime Montejo expuso que tampoco se deben instalar zonas de tolerancia, puntos tolerados, perímetros autorizados o zonas económicas para ejercer este “trabajo” porque que en realidad funcionan como campos de concentración de “trabajadores sexuales”; una idea con la que coincidió la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa.
 
Otro punto de coincidencia entre las agrupaciones que se oponen y las que apoyan el reconocimiento de esta actividad, es eliminar los controles sanitarios al “trabajo sexual” ya que son discriminatorios, así como no obligar a trabajadoras, bailarinas, empleadas de  bares, cantinas, centros nocturnos y hoteles, a firmar declaraciones sin leerlas y sin estar de acuerdo con ellas.
 
Cabe decir que en el año 2000 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se anunció el retiro de la credencial del control sanitario para las y los “trabajadores sexuales” que emitía el Consejo Nacional para Prevención y Control del Sida (Conasida) como una forma de certificar que las mujeres no tenían VIH/Sida y con ello prevenir la propagación de la infección. La credencial se retiró porque no funcionaba como medida de prevención.
 
Otra propuesta de este colectivo, y donde ya no hay coincidencia con las llamadas “abolicionistas”, es que la Jefatura de Gobierno capitalino publique unos lineamientos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México donde vincule a las y los “trabajadores sexuales” con el reglamento de trabajadores no asalariados del Distrito Federal, con lo que esta actividad se reconocería como un oficio.
 
También piden que se suprima el delito de lenocinio del Código Penal de la Ciudad de México que penaliza el derecho de organización del “trabajo sexual”,  toda vez que a decir de este colectivo, la actual penalización impide que las mujeres se agrupen, por ejemplo, para tener una casa o departamento donde “ofrezcan sus servicios sexuales”.
 
Actualmente el artículo 189 de esta norma dice que “se sancionará con prisión de 2 a 10 años y de quinientos a cinco mil días de multa al que explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por medio del comercio sexual; facilite los medios para que se prostituya; o regentee, administre o sostenga prostíbulos, casas de cita o lugares dedicados a explotar la prostitución”.
 
Como solución, Brigada Callejera propone reforma la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, norma que promueve la generación de autoempleos, para incorporar a las “trabajadoras sexuales no asalariadas”, lo que desde su postura sería una forma de evitar la penalización de esta actividad.
 
Ahora la Asamblea Constituyente analiza el proyecto de Carta Magna para revisar si se incluye o no el “trabajo sexual” mientras que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se analiza derogar la “prostitución” como una falta administrativa en el artículo 24, fracción VII, de la Ley de Cultura Cívica capitalina.
 
16/AGM/LGL