Guadalajara

En septiembre de 2015 en Tlajomulco, Jalisco, los cinco hijos de Betsabé García, presenciaron cómo su padre asesinó a su madre. Hoy tienen 4, 7, 9 y 11 años de edad y sus abuelos se ocupan de su crianza. Son parte de las víctimas indirectas del feminicidio de las cuales no se tiene registro en México.
 
Desde entonces la madre y el padre de Betsabé, María Amparo y Mario García, ambos adultos mayores dedicados al campo, tuvieron que buscar algún apoyo social para mantener a los menores de edad y su hija con síndrome de down, asimismo fue ardua la lucha para mantener la custodia.
 
Tras las exigencias de las organizaciones civiles que acompañaron el caso, el DIF Guadalajara aceptó verlos como víctimas secundarias del feminicidio, los incorporó al programa “Acompañar la ausencia”, creado en septiembre de 2016 para dar apoyo psicológico a familiares de personas desaparecidas, pero des, después del caso de Betsabé, incluyó a las familias víctimas de feminicidio.
 
La necesidad de crear un programa especializado para resarcir los daños a la infancia en orfandad por feminicidio, hizo que en marzo de 2017 el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) lanzara el “Programa de apoyo económico para las hijas e hijos de víctimas de feminicidio”, en coordinación con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), como es su responsabilidad.
 
El abogado del instituto y coordinador del programa, Jaime Javier Torres, explicó en entrevista con Cimacnoticias que su creación nació también en cumplimiento con la Alerta de Violencia de Género (AVG) que tiene la entidad desde febrero de 2016.
 
Con un presupuesto de 1.2 millones de pesos, el programa únicamente tiene la capacidad de atender durante este año a 66 menores de edad, indicó el abogado; hasta el momento 33 ya cuentan con el apoyo del programa y están en trámite 14 solicitudes. Algunos son enviados de la Fiscalía General de Justicia local o la CEAV Jalisco, o bien, acuden las familias por cuenta propia.
 
“Estamos limitados por cuestiones de presupuesto, tenemos un número total de menores de edad que podemos cubrir, en ese sentido no podemos dar más apoyos”, declaró el coordinador y agregó que desconocen el total de niños y niñas que quedaron en orfandad en Jalisco, a causa del asesinato de sus madres.
 
Cifras del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), indican que sólo de 2012 a 2013, tres mil 892 mujeres fueron asesinadas en dicha entidad.
 
EL PROGRAMA
 
El programa para estas víctimas indirectas cubre tres ejes, continúa Javier Torres: el apoyo económico, que consta de 3 mil pesos bimestrales y sólo será emitido por el periodo de un año; la atención jurídica, que busca garantizar y facilitar los trámites de custodia de los familiares, ya que “muchas veces es el padre el asesino o se desconoce su paradero, los menores quedan en una incertidumbre jurídica ¿quién es el responsable del menor?” indicó.  
 
El último punto es la terapia psicológica, que también pueden pedir los tutores de los menores de edad, se da cada 15 días en alguna de las siguientes instancias: la CEAV, la Fiscalía de Derechos Humanos, la Ciudad Niñez, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), o algún Centro de Justicia para las Mujeres, dependiendo de la cercanía al domicilio de la víctima.
 
“La terapia psicológica también dura un año, se pretende que esto puede continuar pero no se tiene certeza por el presupuesto; la intención es que los menores de edad pueden mejorar hasta ser dados de alta, pero tenemos que ver si podemos cubrir económicamente todo el proceso”, dijo Javier Torres.
 
Para los familiares de las víctimas que busquen este apoyo económico, necesitan demostrar que la averiguación previa fue consignada como feminicidio, lo cual podría ser un obstáculo ya que datos de Cladem aseguran que de los asesinatos violentos de mujeres ocurridos entre 2012 a 2013, únicamente un 16 por ciento se investigó como feminicidio (613 en total).
 
17/HZM

Doña Gaby es una mujer menudita con un inmenso corazón que no le cabe en el pecho, pero es una guerrera. No conforme con sacar adelante a sus hijos, también se hizo cargo de Rosita y uno de sus hermanitos, quien ya es hoy un hombre de bien.
 
Abrigó a Rosita, a quien abandonaron con tercer grado de desnutrición y marcas visibles del maltrato que había sufrido. Era una niña muy dulce, indefensa y necesitada; es débil visual y tiene parálisis cerebral. Vivían en el Estado de México, donde doña Gaby tenía un trabajo, una camioneta, una casa, la vida resuelta y sus redes de apoyo familiares en Guadalajara, Jalisco.
 
Siempre preocupada por acercarle a Rosita todas las oportunidades, buscaba escuelas, maestros especializados en enseñanza en Braille y en apoyo a la educación de niñas especiales.  En ese afán, se mudó a Guadalajara, Jalisco, porque ahí había una escuela para niñas débiles visuales, en donde sólo recibía clases los lunes.
 
Preocupada por la educación de Rosita, conoció al doctor Alejandro Ricardo Meneses Cervantes, y lo contrató de manera particular para darle clases a Rosita. Las clases se le impartían en su casa, dos o tres veces por semana y doña Gaby se percató que, en cada clase de Rosita, ella se sentía muy mal y perdía la percepción de lo que pasaba a su alrededor, se desmayaba, sensación que le dejaba fuertes dolores de cabeza, a los que ella no encontraba explicación, a no ser que fueran los medicamentos que el propio doctor Meneses Cervantes le había recetado para la epilepsia.
 
Rosita, mientras tanto, empezó a tener pesadillas, a despertar gritando en las noches “quítamelo mamá, quítamelo”. Si, el profesor, dormía con unos polvos y unas gotas a doña Gaby y, mientras tanto, aprovechaba para violar a Rosita, morderle los senos y no sé cuántos abusos más. Hasta que un día Rosita le dijo a su mamá  Gaby que no quería seguir recibiendo clases de ese señor y le contó lo que le hacía, bañada en llanto. Doña Gaby no lo dudó, por supuesto, inmediatamente emprendió el largo y frustrante camino de la justicia.
 
Presentó la denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco y, aunque los peritajes realizados en esa institución a Rosita sólo sirvieron para acreditar la violación, no le quisieron recibir a doña Gaby el frasco con las gotas y los polvos que le recetaba Meneses Cervantes y mucho menos mandarlos a analizar.
 
Tampoco prestaron atención a una lesión que presentaba Rosita en uno de sus senos, producto de la mordida que había recibido. Por supuesto Rosita fue revictimizada innumerables veces por Yolanda Italia Flores Medina, Ministerio Público a cargo de la Averiguación Previa de Rosita. Desde el momento en que interpuso la denuncia, doña Gaby fue objeto de toda clase de ataques, en los medios y de diversas autoridades. Perdió su trabajo porque tenía que estar atendiendo el caso de Rosita y no sólo perdió su trabajo, sino también perdió todo su patrimonio.
 
Fue hasta que la llevó al Hospital Civil de Guadalajara donde confirmaron la desfloración y desgarro, así como un hematoma generado por la lesión que le provocó Meneses Cervantes en un seno, dictamen que no fue agregado a la indagatoria.
 
En dos ocasiones golpearon a la señora Gaby, la primera vez Evaristo Chamorro Escobar intentó secuestrarla; lo encarcelaron por privación ilegal de la libertad y lesiones, pero logró libertad bajo fianza y una sentencia de tres meses.
 
En la segunda, la golpeó un muchacho que le decía que “lo dejara en estupro”. Debido al hostigamiento, agresiones y las constantes amenazas que sufrió en Guadalajara, doña Gaby decidió regresarse al Estado de México, donde se sumó al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
 
En dos ocasiones, Meneses Cervantes fue sentenciado por estupro, alegando que Rosita había consentido la relación sexual.  De tanto luchar, doña Gaby logró que se reclasificara el delito a violación equiparada, sentencia que está firme, pero hasta la fecha Meneses Cervantes no ha pisado la cárcel.
 
Doña Gaby llegó hasta la Suprema Corte de Justicia defendiendo a Rosita, e interpuso un recurso de reclamación, porque en la sentencia de reparación del daño sólo se sentencia a Meneses Cervantes al pago de siete mil pesos. Eso vale la inocencia y la integridad de una niña con discapacidad para la justicia machista a patriarcal del Estado de Jalisco. Lamentablemente, a pesar de que hasta la fecha Rosita despierta por las noches gritando y sufre mucho cuando recuerda lo que le hicieron, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el monto de la reparación del daño.
 
A su llegada a México, doña Gaby emprendió un proyecto social para ayudar a madres con niños y niñas con discapacidad, y les abrió las puertas de su casa a mujeres maltratadas como refugio temporal.
 
En dos ocasiones posteriores, doña Gaby sufrió nuevos ataques, la primera fue balaceada y la segunda la apuñalaron. Las autoridades hasta la fecha no han podido esclarecer si fue por el caso de Jalisco o por abrigar a mujeres maltratadas.
 
Y esto es un breve resumen de todo lo que Rosita y doña Gaby han sufrido en la búsqueda de Justicia. Todas las veces que ha sido abusada por infinidad de personas que la han engañado en su afán por buscar ayuda para Rosita.
 
Hoy doña Gaby tiene una escuela para niñas y niños con discapacidad y Rosita tomó un curso de masoterapia del que ya se graduó, ya que tiene enormes cualidades con sus manos para curar dolores, tendones y nervios.
 
Sin embargo Gaby sigue buscando terapia psicológica especializada para niñas como Rosita y oportunidades para que aprenda a valerse por sí misma, porque le preocupa qué será de ella cuando falte.
 
La pesadilla jurídica no ha concluido, pero las dos son unas guerreras que, no dudo, podrán más tarde que temprano alcanzar la justicia, a pesar de un Tribunal de Justicia de Jalisco, profundamente patriarcal y machista, a pesar de que la justicia piense que para eso existimos las mujeres, y sé que lograrán sobreponerse a la discriminación y todas las vicisitudes que les ha tocado vivir.
 
No podía dejar de contar la historia de Rosita y doña Gaby, porque me ahoga la impotencia ante autoridades ciegas e insensibles, rancias y violadoras de los derechos humanos, ante el abuso de poder de que fue víctima Rosita.
 
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora
 
17/TCUZ/GG

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tienen la obligación de hacer un registro fidedigno sobre hijos e hijas de víctimas de feminicidio: cuántos son, dónde están, quiénes se hacen responsables de ellos, cuál es su acompañamiento, pues es un tema que concierne a la reparación integral de daños, afirmó la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada.
 
A pesar de que existe un registro oficial de 6 mil 488 asesinatos de mujeres entre 2013 a 2015, que dejarían en la orfandad a miles de niños, niñas y adolescentes, la CEAV señala –tras una solicitud de información- que sólo conoce, de 2014 a febrero de 2017 (todo el tiempo en que ha operado) solo 65 casos de orfandad por feminicidio. 
 
La Coordinadora del OCNF, entrevistada por Cimacnoticias, recordó que estas hijas e hijos son víctimas indirectas, por lo tanto  CEAV y DIF debe registrar y acompañar el desarrollo de la niñez en orfandad por feminicidio.
 
Estos actos están estipulados en Ley General de Víctimas, donde se indica que “los familiares o personas que tengan una relación inmediata con la víctima, deben percibir ayuda provisional y oportuna de los recursos de ayuda de los sistemas de víctimas federales o de las entidades”.
 
Además, la sentencia emitida por la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) en 2009 por tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, obligó al Estado mexicano a reconocer a las hijas e hijos de mujeres asesinadas por razón de género como víctimas y a establecer las bases jurídicas y políticas públicas necesarias para respaldarlos
 
Sin embargo,  aunque existen instituciones y marco jurídico, es difícil contar con estos registros, dijo la activista Luz Estrada, pues con dificultades se logra conocer de manera efectiva las cifras de feminicidio a nivel a nacional, por lo que contabilizar a las víctimas indirectas del feminicidio será un reto.
 
REPARACIÓN DE DAÑO
 
Sobre la reparación del daño, Luz Estrada comentó que “es toda una problemática”, pues los esfuerzos son insuficientes, ya que, además del protocolo de CEAV, existen apenas un decreto en el Estado de México y un programa en Jalisco.
 
El decreto del Estado de México, número 106 publicado el 3 de agosto de 2016 en la Gaceta Oficial de la entidad, un año después de la Alerta de Violencia de Género (AVG), reconoce la necesidad de “otorgar un estímulo económico a las hijas o hijos de madre o tutora desaparecida o víctima de feminicidio u homicidio doloso”. Y se entrega “a partir de la noticia del hecho en los lineamientos correspondientes”, hasta la conclusión de la licenciatura o la certificación como profesional técnico.
 
En febrero de 2017, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció entregar 800 pesos mensuales por cada estudiante, siempre y cuando estén inscritos en las instituciones escolares hasta concluir la licenciatura.
 
Luz Estrada consideró que, además de estos necesarios recursos económicos, también se debe considerar la atención psicológica integral para los hijos e hijas de mujeres asesinadas, muchas veces testigos del delito, lo que les deja marcas severas, incluso cuando son menores de edad.
 
Ellas y ellos, dice la experta, “se sienten solos, cansados, abandonados, lo que tiene consecuencias significativas en su desarrollo”, pues el feminicidio “es una muerte no esperada y la familia también debe llevar terapia “para poder sobrellevar el dolor.”
 
En Jalisco, el programa “Acompañar la ausencia” fue establecido en septiembre de 2016, ante el creciente número de casos de feminicidio, con el fin de dar apoyo psicológico a familiares de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio, para “aliviar algunos trastornos psicológicos que detonan estos delitos, con el fin de recomponer el tejido familiar”.
 
Sin embargo, señaló Luz Estrada, siguen siendo las abuelas, tías u otros familiares los que se hacen cargo de las hijas e hijos de mujeres asesinadas y quienes buscan los medios para brindarles lo necesario a estas víctimas que quedan indefensas a falta de políticas públicas.
 
17/HZM/GG
 

Organizaciones civiles que integran la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (ANDAR) iniciaron este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la campaña “Tú puedes elegir un aborto legal”, lanzada de manera simultánea en las ciudades de Chilpancingo, Guadalajara, Pachuca, Toluca y Querétaro.
 
La campaña está dirigida a informar que las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual tienen garantizado el acceso al aborto legal y seguro, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046), que fue armonizada con la Ley General de Víctimas, para que las mujeres o niñas mayores de 12 años que hayan sufrido una agresión sexual y presenten un embarazo tengan el derecho a que un centro de salud pública interrumpa el embarazo o que su padre, madre o tutor lo solicite. 
 
A partir de este mes, ANDAR  apoyará el acceso de las mujeres a procedimientos de aborto legal, mediante un acompañamiento gratuito y confidencial a través del chat, dentro de su página web (andar.org.mx/puedeselegir), y a través de la línea telefónica 01 800 800 88 21, de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas.
 
La campaña incluye también anuncios espectaculares, repartición de utilitarios e información en colonias y comunidades en donde la información sobre el derecho al aborto legal tenga menos difusión. 
 
UNA RESPUESTA
 
La Norma responde a la evidencia que ofrecen los datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: en el país se cometen al menos 600 mil delitos sexuales cada año, de estos nueve de cada 10 víctimas son mujeres; cuatro de cada diez tienen menos de 15 años de edad, y la mitad de estos delitos sexuales se desarrollan en sus hogares, en 60 por ciento de las veces, sus agresores son familiares o personas conocidas.
 
Responde también al escaso acceso que tienen estas víctimas al aborto legal, como señala Lluvia Cervantes Contreras, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), con base en datos de la Dirección de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ).
 
En esa entidad, dice, para el periodo de 2009 a junio de 2016, la SESEQ notificó haber realizado solo una interrupción legal del embarazo por la causal de violación. Detrás de esa mínima cifra está, señala la activista, el enorme rezago en la difusión de ese derecho por parte las autoridades.
 
Un panorama similar se vive en Guerrero, en donde se cometieron  2 mil 095 violaciones sexuales de 2011 a 2016, en su mayoría a mujeres menores de 17 años, de acuerdo con datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, informó María de la Luz Estrada de ANDAR.
 
Particular atención merece la situación que viven mujeres y niñas en las regiones indígenas, destaca la activista por los Derechos Humanos de las Mujeres indígenas en Guerrero, y Presidenta del Grupo Plural, Martha Sánchez Néstor, porque la atención para ellas en las instituciones públicas no siempre se les da, como sucedió en la comunidad de Ecatepec, donde una niña de 12 años, embarazada tras una violación, fue expulsada de su escuela, para que no diera “mal ejemplo” a sus compañeras, además de que se e encarceló y multó con 10 mil pesos por no revelar quién fue el agresor. 
 
Sánchez Néstor considera que para estas zonas indígenas se necesita una atención específica, integral, “donde se involucren las diferentes instituciones, como la educativa, que tengan incidencia en la violación de derechos”, para que no se tenga que buscar a médicos o médicas aliadas, ante la falta de una respuesta institucional. 
 
En igual sentido se manifiesta el abogado del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Saúl Hernández Martínez, quien señala la necesidad de que el personal del Sector Salud esté capacitado para dar atención cuando una mujer lo requiera, sin necesidad de que presente una denuncia por violación. Debe también contar con personal médico, agrega, que no aleguen “objeción de conciencia” para evitar practicar la interrupción legal del embarazo.
 
 *Integrantes de la Red Nacional de Periodistas
 
17/JE/GC/GG