Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) acompañará legalmente el caso de Adriana Rodríguez Hernández, quien está enferma de Cáncer de mama y fue despedida injustificadamente de su cargo como subdirectora de Información Delictiva en la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex) en diciembre de 2016.

En entrevista con Cimacnoticias, Rodríguez Hernández informó que le notificaron lo anterior el pasado 8 de noviembre, a través de una llamada telefónica, a 4 meses de que ella se acercara a la instancia a pedir ayuda, después de que el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) no pudiera cumplir con la petición que le hizo la Comisión de Víctimas para dar seguimiento al caso.

Con ello, a casi un año del despido de Adriana Rodríguez, la CEAV es la primera instancia que decide acompañar de manera legal a la víctima y dará seguimiento al caso hasta que se cumpla la sanción de los servidores públicos, el ex jefe de la Unidad de Análisis Criminal, David Alberto Izquierdo Sánchez; y el ex director de Información y Coordinación Regional, Luis Itzcoatl Mauriño Cubas, quienes violentaron sus derechos laborales, de salud y el derecho a una vida libre de violencia; y se cumpla también con su restitución en el puesto laboral que ocupaba en la CES Edomex. 

La CEAV aún analiza en qué instituciones interpondrá la denuncia penal en contra de los funcionarios, informó Adriana a esta agencia, pues ella ya agotó todas instituciones que podrían resolver su caso:

El Conapred, por ejemplo, señaló que su reglamento no le permite intervenir en denuncias por discriminación cuando los involucrados son servidores públicos estatales, pero la responsabilidad de investigar las violaciones que estos cometieron, era por Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Edomex, precisó.

Sin embargo, para ese momento la Comisión de Derechos Humanos mexiquense había resuelto que no había pruebas de que David Izquierdo y Luis Mauriño discriminaron y se burlaron del aspecto físico de Adriana, tras la mastectomía de seno izquierdo que le fue practicada por el avanzado estado del cáncer.

En pie y aún sin respuesta, sigue una denuncia que interpuso Adriana en la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Edomex (IGISPEM) (con el numeral IGISPEM/QP/IP/2816/2016) encargada de “erradicar las conductas irregulares” de personal de seguridad pública del Edomex.

La ayuda de CEAV resulta necesaria, pues Adriana solo cuenta con dos abogados de oficio de la Procuraduría General de Justicia mexiquense, quienes únicamente la acompañan en su denuncia laboral, la cual cabe resaltar que sigue sin resolverse a pesar de que en abril de este año el Tercer Tribunal Colegiado de Materia Administrativa ordenó a la CES Edomex restituir en Adriana en su puesto laboral porque estaba en riesgo su vida de no contar con la prestación de seguro social.

Cabe mencionar que desde septiembre con el cambio de gobierno en el Edomex, y la entrada del nuevo gabinete del gobernador Alfredo del Mazo; ambos funcionarios acusados, Luis Mauriño y David Izquierdo, ya no laboran dentro de la Comisión, pues ahora está bajo la dirección de Maribel Cervantes Guerrero.

17/RED/LGL

La defensora Ligia Canto Lugo, interpuso ante la Fiscalía General de Justicia estatal, una denuncia por la “comisión de hechos posiblemente delictuosos” en la que solicitó a la Policía Ministerial investigar a "quienes resulten responsables" por el nombramiento de David Araba Dorantes Cabrera, como abogado de los feminicidas de su hija, Emma Gabriela Molina, víctima de feminicidio en Yucatán.

En entrevista con Cimacnoticias, la defensora de Derechos Humanos precisó que lo anterior obedece a que durante más de tres meses, Dorantes Cabrera la asesoró y tuvo acceso al expediente de su hija, por lo que conoce la estrategia legal que seguirá contra los inculpados.

El 23 de octubre, en una audiencia en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CEJOM), Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, acusados como homicidas de Emma Gabriela, presentaron oficialmente a Dorantes Cabrera como su abogado, quien durante la audiencia negó conocer el caso, explicó Ligia Canto.

Con esta demanda, cuya copia tiene esta agencia, buscan que las autoridades investiguen si el ex esposo de Emma Gabriela, quien está acusado de planear su feminicidio, Alberto Medina Sonda, tiene algo que ver con esta decisión.

“David Dorantes conoce las líneas de acción que vamos a seguir en contra de los culpables, eso nos pone en desventaja”, aseguró Ligia Canto quien insiste en que se investigue a Medina Sonda pues desde 2012, cuando Emma Gabriela tramitó su divorcio y buscó la custodia de sus dos hijas e hijo, ella y su familia fueron violentadas por el empresario con intimidaciones y campañas de desprestigio.

Otro factor que abonó a las sospechas de la familia de Emma Gabriela fue que Jonathan Mézquita y Óscar López desistieron del acuerdo al que habían llegado con la Fiscalía de Yucatán y la defensa legal de Ligia Canto: reducir su condena de 40 a menos de 20 años si aportaban las pruebas que tienen y las cuales, afirmaron, relacionan a Medina Sonda y a su familia en el feminicidio. 

Aunque la familia de Emma Gabriela contactó y fue asesorada por Dorantes Cabrera no lo nombraron como abogado del caso porque “él siempre buscó pretextos para no presentarse a las audiencias”, recordó Ligia Canto, por lo que ahora esperan que la Fiscalía de Yucatán realice las investigaciones necesarias.

Actualmente se acusa a Medina Sonda de planear el feminicidio desde un penal el Tabasco -donde está recluido por usar recursos de procedencia ilícita; a César Rogelio Reyes Barrueta como coautor del feminicidio; a Jonathan Mézquita y Óscar López se les culpa de homicidio y este mes se detuvo a un quinto hombre involucrado.

Pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos corroboró desde 2014, que Emma Gabriela vivía en una situación de riesgo – a través de la Recomendación 54/2014 dirigida a las autoridades de la Ciudad de México, Yucatán y Tabasco por la violencia institucional en  su contra - ella no recibió medidas de protección y el 27 de marzo de este año fue asesinada frente a su casa.

CEAV, OMISA

A la par de la búsqueda de justicia, desde abril, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que asesoraría jurídicamente a la familia de Emma Gabriela, además de brindarles atención médica y apoyo económico con el fin de reparar los daños que el crimen les causó, un derecho que estipula la Ley General de Víctimas. Sin embargo, la instancia “ha sido omisa” y “condiciona su apoyo”.

Esto lo denunció en entrevista con esta agencia la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, quien señaló que la CEAV se comprometió a compensar el dinero que Ligia Canto y su hija gastaron en viajes, abogados y comidas desde 2014, año en el que se acercaron a la dependencia para solicitar su acompañamiento.

Sin embargo, “piden comprobantes de todos esos gastos. Para la familia de Emma es casi imposible comprobar todo eso”, mencionó Salas Salazar.

A ello se suma que el costo del peritaje psicológico y antropológico que la CEAV elaborará para mostrar el estado emocional de la familia de Emma Gabriela como víctimas indirectas, se descontará del apoyo económico que la instancia otorga para el cuidado de las hijas e hijo de la defensora, del que se encarga Ligia Canto.

También se han enfrentado a la “omisión” de la instancia en el acompañamiento jurídico, dijo Adelaida Salas. La semana pasada los abogados de CEAV que acompañaban a Ligia Canto se retiraron oficialmente del caso y aunque, de acuerdo a su reglamento, la CEAV puede cesar el apoyo jurídico cuando las víctimas ya cuentan con abogados, desde abril no brindaron asesorías constantes a la familia de Emma Gabriela.

“Venían de entrada por salida a Yucatán los días que teníamos audiencia, no estudiaban la carpeta de investigación ni conversaban con la familia Molina Canto sobre el proceso legal, fue como si no hubieran estado”, denunció Adelaida Salas.

Mientras tanto la investigación por el feminicidio de Emma Gabriela sigue abierta y su familia está en espera de las fechas de audiencia para sentenciar a los cinco involucrados.

17/MMAE/LGL

El 40 por ciento de las víctimas de violación y otros delitos sexuales son menores de edad, lo que obligó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a desarrollar un Protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Sin embargo hasta ahora persiste la falta de un registro oficial sobre el número víctimas de estos delitos en México y al no reconocer la magnitud de la problemática no se proporciona la atención especializada necesaria que por derecho tienen, señaló en entrevista la titular del Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Ana María Suárez Valencia.

En noviembre de 2016 la CEAV realizó el primer diagnóstico a nivel nacional sobre la atención de la violencia sexual, las cifras que arrojó el reporte expusieron por primera vez la magnitud de la problemática: cada año se comenten 600 mil delitos sexuales, principalmente violaciones y abusos sexuales y el 90 por ciento de las víctimas son mujeres.

Suárez Valencia explicó que el objetivo de la institución era tener una definición clara de “quiénes son las víctimas, dónde están, en qué terminó su proceso judicial, cuáles eran sus edades, dónde está sucediendo la violencia sexual, quiénes son los agresores”.

Sin embargo constataron “lo que todos ya sabían”, dijo, el desinterés del Estado por atender este problema se veía reflejado en el nulo registro de la problemática. Únicamente 16 Procuradurías de Justicia y 22 instancias de Salud de las 32 entidades federativas respondieron a las solicitudes de información de la CEAV sobre datos de violencia sexual.

La titular del Comité relata que en la mayoría de los estados que respondieron a la solicitud ni siquiera contaban con datos desagregados por sexo y edades, y en las instituciones médicas tampoco llevan un registro de cuántas víctimas de violencia sexual atendieron porque, argumentaron, el tema no es de su competencia; sin embargo, desde 2009 la Norma Oficial Mexicana sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-046) obliga al personal médico a reportar los que atiende.

Después de este diagnóstico la CEAV realizó un sencillo formato de registro dirigido a las Procuradurías de Justicia y a los servicios de salud, dijo Suárez Valencia.

“Los formatos pedían datos mínimos: división por sexo, edades, tipo de violencia. La verdad en México es que nadie registra, por ejemplo los casos de violación donde hay riesgo de embarazo e infecciones de transmisión sexual, el registro que llevan en las instituciones de salud son unos y si se pregunta si se denunció el delito es otro. A veces llegan únicamente a los servicios médicos”, declaró.

Para Suárez esta situación persiste porque las víctimas no confían en las autoridades de impartición de justicia, y eso explica que en los delitos sexuales existe una “cifra negra” de 94 por ciento. Además, al año, sólo se consignan a 10 agresores por cada mil Averiguaciones Previas iniciadas por delitos sexuales, que van desde tocamientos y hostigamiento sexual, hasta violaciones, según indica el reporte diagnóstico.

Ante ello la CEAV, indica Suárez Valencia, está realizando un Protocolo con base en lo establecido en la Ley General de Víctimas y la NOM-046 para dar instrucciones específicas los Ministerios Públicos sobre cómo atender a una persona menor de edad víctima de violencia sexual a fin de que las autoridades actúen responsablemente en estos casos.

17/HZM

El pasado 10 de mayo, cuando en muchos hogares mexicanos se celebraba el Día de las Madres, miles de madres en todo el país y cientos en el estado de Morelos tomaron las calles bajo la consigna “no tenemos nada que celebrar”.
 
En sus voces y su determinación se escuchaba: somos las madres de las y los miles de desaparecidos en México y de las y los miles de asesinados, secuestrados, víctimas de la trata, que hoy salimos a las calles, en por lo menos 12 ciudades del país, a exigir la presentación con vida de nuestras hijas e hijos, a exigir justicia para nuestras hijas víctimas de feminicidio, nuestros hijos asesinados y que siguen esperando justicia.
 
En la Ciudad de México, la marcha inició en el Monumento a la Madre y se dirigió hacia la Victoria Alada en Reforma.
 
En Cuernavaca, Morelos, marcharon desde El Calvario, hasta la Plaza de Armas al grito de: “esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta” e “Hija, escucha, tu madre está en la lucha, hijo escucha, tu madre está en la lucha”.
 
Y frente al Memorial de las Víctimas, en las Puertas del Palacio de Gobierno de Morelos, levantaron sus voces para decir: hoy, desde este lugar que es un homenaje a las víctimas de la indolencia de las autoridades de justicia de todo el país, y muy especialmente del Poder Judicial del Estado de Morelos, que deja libres a asesinos, secuestradores, tratantes, integrantes de la delincuencia organizada, o que permite que niñas de 10 a 14 años desaparezcan cotidianamente en Morelos y en todo el país y a quienes se les niegan las órdenes de restricción o el acceso a la justicia.
 
También convocaron a todos los colectivos y organizaciones que trabajan buscando desaparecidas y desaparecidos a que unan sus voces a las suyas para exigir que todas las Fiscalías Estatales abran e identifiquen todos los cuerpos que depositaron en las fosas comunes sin identificar, como se hizo en el Estado de Morelos en Tetelcingo y Jojutla. Ya que la ex procuradora, Marisela Morales, reconoció en su última Reunión Nacional de Procuradores, que cincuenta y cinco mil cuerpos fueron enviados a fosas comunes sin identificar. Las desapariciones no voluntarias se constituyen en desapariciones forzadas por inacción  y negligencia de las autoridades que no les buscan.
 
Cuántas madres, más de treinta y un mil, encontrarían la paz sabiendo cuál ha sido el destino de sus hijas e hijos, dejarían de padecer la zozobra, la angustia que viven cotidianamente sin saber de sus hijas e hijos, sin saber si viven o están muertas o muertos, si comen, si pasan frío, una verdadera tortura alimentada por la esperanza de que un día abran la puerta y les digan ya llegué mamá, estoy bien.
 
Así mismo, exigieron al Gobierno de Morelos que, en coordinación con la PGR, la Policía Científica de la Policía Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, hagan un rastreo detallado en las tres fosas clandestinas que se han detectado en la zona Sur-Poniente, con el propósito de buscar a sus hijas e hijos.
 
También, exigieron la búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos en vida, no sólo sin vida.
 
Exigieron una “limpia” generalizada de los cuerpos policiacos y de las Fiscalías Generales Estatales y la Procuraduría General de la República para erradicar la corrupción, la infiltración de la delincuencia organizada, la complicidad  que genera impunidad.
 
Exigieron la aprobación de la Ley General de Desapariciones Forzadas, con la participación de todos los colectivos y OSC que trabajan el tema, pero, sobre todo, se unieron a la consigna de que “sin las familias no”.
 
Las madres integrantes de Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, como miles de madres en todo el país el 10 de mayo, dejaron claro que no tienen nada que celebrar, pero que salieron a las calles con el corazón roto, “para que sepan nuestras hijas e hijos que sus madres las y los siguen buscando, que siguen exigiendo justicia y que se actúe con la debida diligencia, hasta alcanzar Verdad, Justicia y Reparación Integral”.
 
Una vez concluida la marcha y el acto político frente al Memorial de las Víctimas, las notas del mariachi surcaron el aire al tenor de “Amor Eterno” y “Señora”, en ese momento las madres y sus familias rompieron en llanto, que a duras penas habían controlado durante la marcha.

A las cuatro de la tarde, las madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa hicieron lo propio y al grito de ¡vivos se los llevaron y vivos los queremos! hicieron cimbrar el Paseo de la Reforma.
 
Y ese mismo día, 10 de mayo, un comando armado cegó la vida de una madre activista, en San Fernando, Tamaulipas, Miriam Rodríguez, a quien el Estado le falló cuando desapareció su hija Karen Alejandra Salinas, y le volvió a fallar cuando no la buscaron, ella la encontró en un fosa clandestina en San Fernando y también localizó a los culpables de su secuestro y feminicidio.
 
El Estado Mexicano le volvió a fallar cuando permitió que los culpables del secuestro y feminicidio de su hija huyeran de la cárcel y le falló por cuarta ocasión cuando no la protegió y permitió que un comando armado la privara de la vida.
 
#NiUnaMás
 
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora
 
17/TCUZ/GG

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tienen la obligación de hacer un registro fidedigno sobre hijos e hijas de víctimas de feminicidio: cuántos son, dónde están, quiénes se hacen responsables de ellos, cuál es su acompañamiento, pues es un tema que concierne a la reparación integral de daños, afirmó la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada.
 
A pesar de que existe un registro oficial de 6 mil 488 asesinatos de mujeres entre 2013 a 2015, que dejarían en la orfandad a miles de niños, niñas y adolescentes, la CEAV señala –tras una solicitud de información- que sólo conoce, de 2014 a febrero de 2017 (todo el tiempo en que ha operado) solo 65 casos de orfandad por feminicidio. 
 
La Coordinadora del OCNF, entrevistada por Cimacnoticias, recordó que estas hijas e hijos son víctimas indirectas, por lo tanto  CEAV y DIF debe registrar y acompañar el desarrollo de la niñez en orfandad por feminicidio.
 
Estos actos están estipulados en Ley General de Víctimas, donde se indica que “los familiares o personas que tengan una relación inmediata con la víctima, deben percibir ayuda provisional y oportuna de los recursos de ayuda de los sistemas de víctimas federales o de las entidades”.
 
Además, la sentencia emitida por la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) en 2009 por tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, obligó al Estado mexicano a reconocer a las hijas e hijos de mujeres asesinadas por razón de género como víctimas y a establecer las bases jurídicas y políticas públicas necesarias para respaldarlos
 
Sin embargo,  aunque existen instituciones y marco jurídico, es difícil contar con estos registros, dijo la activista Luz Estrada, pues con dificultades se logra conocer de manera efectiva las cifras de feminicidio a nivel a nacional, por lo que contabilizar a las víctimas indirectas del feminicidio será un reto.
 
REPARACIÓN DE DAÑO
 
Sobre la reparación del daño, Luz Estrada comentó que “es toda una problemática”, pues los esfuerzos son insuficientes, ya que, además del protocolo de CEAV, existen apenas un decreto en el Estado de México y un programa en Jalisco.
 
El decreto del Estado de México, número 106 publicado el 3 de agosto de 2016 en la Gaceta Oficial de la entidad, un año después de la Alerta de Violencia de Género (AVG), reconoce la necesidad de “otorgar un estímulo económico a las hijas o hijos de madre o tutora desaparecida o víctima de feminicidio u homicidio doloso”. Y se entrega “a partir de la noticia del hecho en los lineamientos correspondientes”, hasta la conclusión de la licenciatura o la certificación como profesional técnico.
 
En febrero de 2017, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció entregar 800 pesos mensuales por cada estudiante, siempre y cuando estén inscritos en las instituciones escolares hasta concluir la licenciatura.
 
Luz Estrada consideró que, además de estos necesarios recursos económicos, también se debe considerar la atención psicológica integral para los hijos e hijas de mujeres asesinadas, muchas veces testigos del delito, lo que les deja marcas severas, incluso cuando son menores de edad.
 
Ellas y ellos, dice la experta, “se sienten solos, cansados, abandonados, lo que tiene consecuencias significativas en su desarrollo”, pues el feminicidio “es una muerte no esperada y la familia también debe llevar terapia “para poder sobrellevar el dolor.”
 
En Jalisco, el programa “Acompañar la ausencia” fue establecido en septiembre de 2016, ante el creciente número de casos de feminicidio, con el fin de dar apoyo psicológico a familiares de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio, para “aliviar algunos trastornos psicológicos que detonan estos delitos, con el fin de recomponer el tejido familiar”.
 
Sin embargo, señaló Luz Estrada, siguen siendo las abuelas, tías u otros familiares los que se hacen cargo de las hijas e hijos de mujeres asesinadas y quienes buscan los medios para brindarles lo necesario a estas víctimas que quedan indefensas a falta de políticas públicas.
 
17/HZM/GG
 

Organizaciones civiles que integran la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (ANDAR) iniciaron este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la campaña “Tú puedes elegir un aborto legal”, lanzada de manera simultánea en las ciudades de Chilpancingo, Guadalajara, Pachuca, Toluca y Querétaro.
 
La campaña está dirigida a informar que las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual tienen garantizado el acceso al aborto legal y seguro, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046), que fue armonizada con la Ley General de Víctimas, para que las mujeres o niñas mayores de 12 años que hayan sufrido una agresión sexual y presenten un embarazo tengan el derecho a que un centro de salud pública interrumpa el embarazo o que su padre, madre o tutor lo solicite. 
 
A partir de este mes, ANDAR  apoyará el acceso de las mujeres a procedimientos de aborto legal, mediante un acompañamiento gratuito y confidencial a través del chat, dentro de su página web (andar.org.mx/puedeselegir), y a través de la línea telefónica 01 800 800 88 21, de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas.
 
La campaña incluye también anuncios espectaculares, repartición de utilitarios e información en colonias y comunidades en donde la información sobre el derecho al aborto legal tenga menos difusión. 
 
UNA RESPUESTA
 
La Norma responde a la evidencia que ofrecen los datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: en el país se cometen al menos 600 mil delitos sexuales cada año, de estos nueve de cada 10 víctimas son mujeres; cuatro de cada diez tienen menos de 15 años de edad, y la mitad de estos delitos sexuales se desarrollan en sus hogares, en 60 por ciento de las veces, sus agresores son familiares o personas conocidas.
 
Responde también al escaso acceso que tienen estas víctimas al aborto legal, como señala Lluvia Cervantes Contreras, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), con base en datos de la Dirección de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ).
 
En esa entidad, dice, para el periodo de 2009 a junio de 2016, la SESEQ notificó haber realizado solo una interrupción legal del embarazo por la causal de violación. Detrás de esa mínima cifra está, señala la activista, el enorme rezago en la difusión de ese derecho por parte las autoridades.
 
Un panorama similar se vive en Guerrero, en donde se cometieron  2 mil 095 violaciones sexuales de 2011 a 2016, en su mayoría a mujeres menores de 17 años, de acuerdo con datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, informó María de la Luz Estrada de ANDAR.
 
Particular atención merece la situación que viven mujeres y niñas en las regiones indígenas, destaca la activista por los Derechos Humanos de las Mujeres indígenas en Guerrero, y Presidenta del Grupo Plural, Martha Sánchez Néstor, porque la atención para ellas en las instituciones públicas no siempre se les da, como sucedió en la comunidad de Ecatepec, donde una niña de 12 años, embarazada tras una violación, fue expulsada de su escuela, para que no diera “mal ejemplo” a sus compañeras, además de que se e encarceló y multó con 10 mil pesos por no revelar quién fue el agresor. 
 
Sánchez Néstor considera que para estas zonas indígenas se necesita una atención específica, integral, “donde se involucren las diferentes instituciones, como la educativa, que tengan incidencia en la violación de derechos”, para que no se tenga que buscar a médicos o médicas aliadas, ante la falta de una respuesta institucional. 
 
En igual sentido se manifiesta el abogado del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Saúl Hernández Martínez, quien señala la necesidad de que el personal del Sector Salud esté capacitado para dar atención cuando una mujer lo requiera, sin necesidad de que presente una denuncia por violación. Debe también contar con personal médico, agrega, que no aleguen “objeción de conciencia” para evitar practicar la interrupción legal del embarazo.
 
 *Integrantes de la Red Nacional de Periodistas
 
17/JE/GC/GG
 

Un feminicida no solo destruye el cuerpo de una mujer: el daño y el dolor trascienden el tiempo y el espacio, llegan a las niñas, niños y adolescentes que quedaron en orfandad, azotan a los que perdieron a una hija, mata también la justicia, la posibilidad de una vida sin violencia de la que hablan las leyes. Sin embargo, prácticamente nada se sabe de estas víctimas, quiénes son, dónde están, cómo sobrellevan el duelo y el dolor, quién las atiende, cómo viven la ausencia, quien les repara el daño, quién las mantiene...
 
Ante la omisión, la burocracia y la indolencia, estas víctimas “colaterales”, “indirectas” del feminicidio apenas son reconocidas con unos cuantos datos por instituciones del Gobierno federal, que están obligadas a saber y atender la problemática, entre ellas: la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Comité de Violencia Sexual de la Conavim y la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.   
 
Y es su obligación saber e informar porque la Ley General de Víctimas indica que los familiares o las personas que tengan una relación inmediata con la víctima directa son víctimas indirectas y por tanto pueden recibir ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de los sistemas de víctimas federales o de las entidades federativas.
 
Esta ley no surgió por iniciativa del Estado mexicano, sino como consecuencia de una sentencia que dictó en su contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en noviembre de 2009, como responsable del feminicidio de Esmeralda, Claudia Ivette y Laura, asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua  proceso conocido como Campo Algodonero. Desde entonces, el Estado debe reconocer también como víctimas a hijas e hijos de mujeres contra las que se cometió un homicidio por razón de género y fue exhortado a crear una ley para apoyarlas. 
 
Hoy, el Sistema Nacional de Protección de Víctimas es la entidad encargada de coordinar apoyos médicos, psicológicos y jurídicos a esas víctimas, y existe también la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes que garantizarían dichos apoyos. Sin embargo, no hay datos de las víctimas indirectas, ningún registro público los tiene, lo que las convierte, también, en víctimas invisibles del feminicidio.
 
Eso llevó a esta agencia a echar mano de la ley para solicitar datos. Así, obligadas por solicitudes públicas de información, dos de estas instituciones revelaron a Cimacnoticias lo que tienen: apenas una pálida semblanza de las niñas, niños y adolescentes que sobreviven al feminicidio, víctimas invisibles para el Estado.
 
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya función inició en octubre de 2015, conoce sólo un caso de orfandad por feminicidio y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) logró registrar, en tres años de operación (de 2014 a febrero de este año), 65 casos de orfandad por feminicidio. 
 

 
Las otras dependencias, a las que se interrogó por las hijas e hijos de las mujeres víctimas de feminicidio, callaron. Desde febrero pasado, solicitamos entrevistas con la entonces directora nacional del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Laura Vargas Carrillo; con la titular del Comité de Violencia Sexual de la Conavim, Anita Suárez Valencia: y con la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, María de los Ángeles López Peña. Hoy, esta agencia sigue en espera de respuesta.  
 
En suma, solo 66 orfandades reconocen estas autoridades, aunque existe un registro oficial de 34 mil 176 asesinatos de mujeres cometidos en el país de 1985 a 2009, lo que habría dejado miles de huérfanas y huérfanos, niñas, niños y adolescentes, así como un número igualmente alto de abuelas convertidas súbitamente en madres, ante el asesinato de sus hijas y cuyas historias también son ignoradas por las autoridades.
 
Y si, en el mejor de los casos, el homicida es llevado a la justicia, remoto es que un juez dé vista a alguien para ver qué ocurre con los hijos e hijas de la víctima, como afirma la pedagoga y fundadora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), Margarita Griesbach Guizar.
 
Hablamos de un número de víctimas que, además, se incrementa cada vez que un feminicida comete el crimen, lo que sucede al menos siete veces por día en nuestro país.
 
Aunque invisibles para las autoridades, las niñas, los niños y adolescentes que quedaron en huérfanos existen, tiene voz, necesidades y una historia para contar, lo que revela cada omisión o agravio que padecen, en un país donde las leyes que deben protegerlos no lo hacen.
 
ALAN, REGATEO DE APOYOS
 
A la medianoche del 9 de septiembre de 2015, Alan*, de 10 años de edad, llegó corriendo a casa de sus abuelos, a unos metros de su domicilio, en el municipio de Tlajomulco, Jalisco, para pedir ayuda porque su padre, Alberto, quería asesinar a Betsabé, su madre.
 
Alan contó angustiado a sus abuelos que él y sus hermanos, de 9, 3 y dos de 7 años de edad estaban durmiendo, cuando los gritos de su madre y su padre los despertaron. En medio de la violencia, su mamá le pidió que fuera corriendo a traer a los abuelos para que la auxiliaran, pero en ese momento su padre lo detuvo, lo aventó violentamente y lo amenazó con asesinarlo junto a sus hermanos. 
 
Pudo huir, pidió ayuda, pero cuando regresó con sus abuelos, el cuerpo de su mamá estaba ya en el suelo, con heridas de cuchillo en el pecho. De eso pasaron ya 2 años y desde entonces él y sus hermanas y hermanos viven con sus abuelos, quienes tratan de cubrir sus necesidades de salud, su educación y les dan la oportunidad de conservar una familia. Sin embargo, Alan tiene miedo de que su padre, prófugo de la justicia, regrese y cumpla su amenaza de matarlos. 
 
Al día siguiente del asesinato de Betsabé, su madre y su padre, María Amparo Hernández y Mario García, adultos mayores, él dedicado al campo y ella a atender una mercería,  fueron a la Procuraduría Social de Tlajomulco a tramitar la custodia de sus cinco nietos, donde les dijeron que  tendrían que “pagar ocho mil pesos por cada niño si realmente los querían”.
 
La respuesta, insensible y hasta abusiva, no extraña, como explica la pedagoga y fundadora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), Margarita Griesbach Guizar, pues cuando una niña o niño queda en orfandad tras un feminicidio, “se vuelve invisible para el Estado y si hay una tía o una abuela es ella quien se queda a cargo, sin que la autoridad intervenga como debiera ser. Y al final, dice, dependiendo del contexto la familia hace lo que puede hacer.
 
Así sucedió con los nietos de Amparo y Mario, pues para que pudieran quedarse con ellos, fue necesaria la intervención del DIF Tlajomulco, donde se agilizó el trámite de custodia ante la Procuraduría Social, explica la abogada y vicecoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Alejandra Cartagena.
 
Así, la pareja, además de una hija con síndrome de Down, sumó a sus responsabilidades el cuidado y la crianza de sus cinco nietos, sin más recursos que los que les deja su trabajo de campesinos y con una batalla perpetua para que las instituciones les den el apoyo a que tienen derecho como víctimas secundarias de feminicidio.
 
La insistencia de la abogada Cartagena ante el DIF de Tlajomulco apenas tuvo respuesta en 2016: una despensa para la familia “de vez en cuando”. También  una beca de la Secretaría de Educación Pública, por un año, solo para Alan, nada para los demás.
 
¿Por qué?, preguntamos a la abogada: “La ayuda no está llegando a quienes la necesitan porque las autoridades no están organizadas”, responde. Y agrega: “no tendrían que ser las víctimas quienes estén buscando ayuda, tendría que ser el Estado quien les de todo el apoyo que necesitan”.
 
A la familia le falta apoyo psicológico, que no pueden pagar y al que tienen derecho. Les urge también construir un cuarto más y dicen que el DIF ya se los prometió, para que no estén tan restringidos de espacio.
 
Mientras tanto, en espera de que la ley se aplique, hoy Amparo y Mario sobreviven sin el negocio de la mercería y resuelven  los gastos de cinco hijos-nietos más. Peor aún, decidieron abandonar su casa, por temor a que el feminicida los busque, mientras la abogada insiste, toca puertas para recordar a las autoridades que tienen una obligación legal para con las víctimas. 
 

 
HUELLAS DE LA VIOLENCIA
 
Rafael tiene 18 años, Ulises 17 y Fabiola 15, todos quieren ir a la universidad, Rafael para ser abogado, Ulises y Fabiola quieren estudiar diseño gráfico. Han pasado 13 años desde que el 12 de febrero de 2014, vieron a su madre, Nadia, inerte, en cuclillas y con una cuerda atada al cuello.
 
Esta escena los persiguió durante su infancia y aunque repitieron hasta el cansancio el mismo testimonio de cómo vieron a su padre, Bernardo López, y su tío Isidro “El Matute”, meter a su madre a la cisterna y luego colgarla en la habitación de su casa en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, casi ninguna autoridad les creyó, porque apenas tenían entonces 5, 4 y 3 años de edad, y  su declaración no fue considerada como evidencia.
 
Presenciar el feminicidio de su madre les dejó graves secuelas: Rafael, quien tenía 5 años de edad, perdió el control de sus esfínteres y Ulises, de 4 años, comenzó a esconderse debajo de las sábanas para gritar y escapar de las constantes pesadillas, otras veces se golpeaba contra la pared, subía a la azotea de su casa y preguntaba cuándo regresaría su madre.
 
Su hermana más pequeña, Fabiola, a sus 2 años de edad, articulaba palabras que según María Antonia, su abuela, querían decir que su “papá le pegó a su mamá” y al igual que Ulises cada vez que la niña tenía ansiedad se golpeaba la cabeza con las manos: “Era horrible”, narra su abuela.
 
Cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) concluyó que se trató de un “suicidio”, María Antonia se dedicó a dos arduas tareas: primero cuidar a sus nietos y después tocar puertas para exigir justicia a todas las instancias que se encontró en el camino.
 
En 2004, María Antonia escuchó en la radio al psiquiatra Giuseppe Amara, en su programa “Parejas Disparejas ¿Y la Familia?”. Le pidió ayuda y este aceptó dar terapia psicológica y psiquiátrica gratuita a los dos hijos mayores de Nadia, por un tiempo determinado. Fabiola nunca recibió atención porque su abuela pensó que era  muy pequeña para recordar los hechos.
 
Terminada la ayuda del doctor Amara, María Antonia buscó por su cuenta ayuda psicológica particular para sus nietos. Un gasto que pudo solventar con enormes dificultades, gracias a su trabajo como  costurera.
 
Abocada a entender el expediente del caso de su hija, buscadora incansable de salidas, imaginó que tal vez Fevimtra, alguna Instancia de las Mujeres, la Procuraduría General de Justicia o el DIF podría ayudarla para obtener algún tipo de apoyo, pero se dio cuenta de que eso dependía de la buena voluntad de la institución.
 
La urgencia de Antonia por buscar apoyo psicológico está perfectamente fundamentada, como lo explica la investigadora del Centro de Estudios de la Mujer de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Julia del Carmen Chávez Carapia, quien asegura que las probabilidades de que esos huérfanos del feminicidio hayan vivido violencia familiar es muy alta porque es muy difícil que un padre violento con su pareja no lo sea con sus hijas e hijos.
 
La niñez que no es atendida tras haber sido violentada por su padre y luego presenciar o vivir el asesinato de su madre “puede normalizar la violencia y reproducirla en la escuela o en su entorno general o presentar desequilibrios en su personalidad”.
 
La niña o el niño queda súbitamente huérfano y necesita recibir apoyo psicológico porque “en un segundo le arrebatan a su madre y su padre se convierte en un delincuente”, dice la especialista. 
 
Sin embargo, poco se ha investigado sobre estas víctimas, dice Chávez Carapia, porque las instituciones y muchas veces las propias familias no lo permiten, en ocasiones creyendo que aislarlos les evitará más daños, aunque el apoyo es necesario para que comprendan el contexto. 
 
Fue hasta 2008 cuando, apoyada por organizaciones civiles, Antonia logró que sus dos nietos mayores fuera atendidos a través de la Fiscalía Especializada para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), ya que fueron sometidos a un careo con su tío Isidro.
 
El careo se realizó tomando medidas para no revictimizarlos, le aseguraron a Antonia, lo que no ocurre en otros casos, donde se evidencia la falta de perspectiva de género en los procesos judiciales y en el tratamiento de las víctimas secundarias, “pues es un nivel de violencia tan fuerte que necesita ser atendida por especialistas en psicología, psiquiatría, pedagogía y personal de trabajo social, capaz de atender e integrar a las víctimas de manera individual y familiar”, señala Chávez Carapia.
 
Hoy, Antonia tiene como prioridad, a la par de la búsqueda de justicia en el proceso judicial, que sus nietos y su nieta tengan salud emocional. En pos de tranquilidad vendió su casa, por temor a que Isidro, puesto en libertad por falta de pruebas, tome venganza, y pidió un crédito para comprar una casa.
 
En 2011 en una reunión entre la Secretaría de Gobernación, autoridades del Edomex y familiares de víctimas de feminicidio, María Antonia expuso su problema de vivienda y la dependencia le prometió facilitar un crédito, pero el beneficio que nunca llegó.
 
Y aunque en  2016, un año después de que en el Estado de México se decretó la Alerta de Violencia de Género (AVG), el gobernador Eruviel Ávila anunció becas educativas y  capacitación para el trabajo para las hijas e hijos de las mujeres asesinadas por razones de género, para los hijos de Nadia solo hubo un registro en el Seguro Popular.
 
“Económicamente me ha sido muy difícil sacarlos adelante, pero también se puede decir que han sido mi fortaleza”, dice Antonia a Cimacnoticias, y continuará apoyándolos para que terminen la universidad. A la par no cesará en su demanda de justicia, que podría llegar hasta instancias internacionales, y que en 2010 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) presentó el caso de su hija ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 

ABUELA-MADRE-ACTIVISTA
 
Tras el asesinato de Alejandra, Norma Andrade, su madre, dejó su profesión de maestra y se convirtió en abuela de sus nietos, Judith de un año y  Alberto*, de seis meses de edad. Alejandra fue encontrada sin vida y con signos de violencia sexual en un lote baldío de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 20 de febrero de 2001.
 
Pese al dolor por la pérdida de su hija, Norma, sin la misma fuerza de cuando era joven y fue madre, se convirtió nuevamente en mamá de sus nietos, obligada por una situación que la llevó más allá de asumir ese papel y la convirtió en activista, en busca de justicia para su hija y las cientos de hijas víctimas de feminicidio. 
 
Como muchas madres que quieren ver a los asesinos de sus hijas en prisión, Norma vio a las otras víctimas de Ciudad Juárez, vio a las hijas e hijos huérfanos, a las abuelas y, junto con la profesora que daba clases a Alejandra, Marisela Ortiz, fundó la agrupación “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, una de las primeras organizaciones en documentar y acompañar a familiares de víctimas de feminicidio en el territorio fronterizo.
 
Las dos mujeres y otras madres se dieron cuenta que muchas otras estaban en la misma situación, eran abuelas educando hijos que no habían planeado, a la par que se alejaban de sus oficios y sus familias para aprender a hacer las tareas de un Ministerio Público porque los funcionarios simplemente no investigaban los crímenes.
 
Así decidieron organizarse y en 2002 lograron que el gobierno de Chihuahua comenzará a realizar mesas de trabajo con las familias de las víctimas para solventar algunas de sus necesidades. A los hijos de las víctimas se les dio apoyos educativos que incluían útiles escolares, uniformes, becas, pago de inscripción a la escuela y acceso gratuito a los servicios de salud pública.
 
A las madres de esas mujeres que fueron encontradas sin vida les brindaron 900 pesos quincenales, una cantidad de dinero que Norma no le alcanzaba para cubrir los gastos de sus dos nietos y de su esposo enfermo de cáncer. Por dignidad al inicio ella se negó a aceptarlo pero la necesidad por comprar las medicinas para su esposo hizo que aceptara el apoyo.
 
Por un par de años Norma se exilió de Juárez pero a su regresó en 2005 notó que estos servicios, conseguidos por las víctimas, se redujeron a becas y útiles escolares.
 
Sin embargo, en 2012 la Fiscalía General de Chihuahua, estado donde desde 1993 se ha documentado el feminicidio, informó a la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados que tenían un Fideicomiso de Apoyo para Niños Huérfanos Víctimas de la Violencia, con un registro de 4 mil 158 menores de edad, de los que 3 mil 897 fueron atendidos con algún apoyo asistencial.
 
Para Norma Andrade la atención psicológica llegó meses después con la creación del Instituto Chihuahuense de la Mujer (en 2001), pero sólo se atendió a las madres de las víctimas, explica Norma. Judith y Alberto parecían invisibles para el Estado a pesar de ser afectados directos.
 
Las becas, uniformes y consultas médicas gratuitas a Judith y Alberto se hicieron a través de programas sociales del estado de Chihuahua, sin embargo para su abuela Norma estas acciones gubernamentales fueron y son una forma de calmar las exigencias de las familias que quieren conocer la verdad sobre los asesinatos de las mujeres y castigo para los culpables.
 

ESCENARIO “IDEAL”
 
La vida de las mujeres víctimas de feminicidio no es recuperable, pero sí la de las niñas, niños y adolescentes que les sobreviven, sí la de sus madres y padres, la de su familia. Para ello hay sentencias, leyes, acuerdos, obligaciones gubernamentales y hasta morales. Falta que se apliquen, como revela lo aquí narrado. 
 
Sin embargo, aun cuando un juez penal dicta una sentencia condenatoria a un feminicida, “jamás se le ocurre dar vista a alguien para ver qué ocurre con los niños”, señala  la experta en derechos de la infancia, Margarita Griesbach Guizar, y al final, dependiendo del contexto, la familia hace lo que puede hacer. 
 
Debería de existir, señala la pedagoga Griesbach, “una cadena de protección” para las hijas e hijos de víctimas de feminicidio”, sobre todo porque desde 2014 existe la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes que contempla responsabilidades para los gobiernos.
 
A través de esta ley, se crearon las Procuradurías de Protección estatales, y una federal, encargadas de representar a las niñas y niños y de articular todas las instancias y servicios médicos, psicológicos o sociales para atender a esta población cuando está en riesgo o son víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos.
 
Es decir, el escenario ideal sería que en caso de que una mujer se quede al cargo de niñas y niños por causa de un feminicidio, acuda a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de su estado y esta instancia se encargue de conseguir todos los servicios que se necesitan aunque en realidad esto no sucede.
 
Aún más, en la sentencia que en 2009 dictó la CoIDH contra el Estado mexicano por tres casos de feminicidio, el tribunal consideró que la prestación de los servicios sociales que el Estado brinda a los individuos no se puede confundir con las reparaciones a las que tienen derecho las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, porque se trata de un daño específico generado por la violación.
 
Sin embargo, hay un hueco por donde se cuelan omisiones e irregularidades: la Corte Interamericana consideró que no podía indicar al Estado mexicano cómo regular los apoyos que brinde a las personas como parte de un programa de asistencia social y  se abstuvo de pronunciarse respecto a ese tema.
 
Lo que sí mencionó fue que México debía adoptar medidas de rehabilitación para los familiares de las víctimas que incluyeran atención psicológica y médica.

 
RAZÓN DE VIVIR…
 
Judith y Alberto saben cómo fue asesinada Alejandra, su madre, un severo impacto, dice Norma Andrade,  que ocasionó que su nieto sea hoy un joven reservado, que no toca el tema del feminicidio, mientras Judit desarrolló el trastorno de “despliegue de personalidad”. Ambos reciben atención psiquiátrica, pagada con dificultades por su abuela.
 
Judit tiene hoy 16 años, es activista y escribe poemas, cuentos, e historia sobre feminicidio, algunos dedicados a su madre. En ocasiones se le ha visto marchar junto a su abuela, tomar el micrófono y gritar justicia, para su madre y para otras madres, y para ellos mismos y su abuela, quienes siguen siendo víctimas. 
 
Dos atentados contra Norma Andrade, presenciados por Judith, obligaron a la familia a dejar Ciudad Juárez y a exiliarse en la capital del país, para salvar sus vidas.
 
Las hijas e hijos de víctimas de feminicidio, dice Norma, “son los más ausentes, muchos han quedado sin madre y ahora ya están sin abuelas”, dice.  

“Quisiera, señala Norma, que al Estado se le obligue a hacerse responsable de esas víctimas invisibles, desde su alimentación, su manutención, en lo más esencial, hasta terminar de ir a la escuela”, pero prevenir el feminicidio y para evitar que el dolor de tener más huérfanas y huérfanos. 
 
*Los nombres de todas las niñas, niños y adolescentes fueron cambiados para proteger su identidad.  
 
17/AGM/HZM/GG