San Pablo del Monte

Familiares de niñas víctimas de desaparición y violencia sexual, así como organizaciones sociales, solicitaron al gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez y al procurador General de Justicia, Tito Cervantes, una reunión para exigir investigación correcta y justicia.
 
Las organizaciones Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social A.C., la Red Retoño y familiares de Sandra Xahuantila y Sarahí Tezmol, niñas que fueron desaparecidas en el municipio de San Pablo del Monte, en 2016, y luego halladas, así como familiares de Karla Romero, desaparecida desde enero de 2016, denunciaron la omisión y negligencia de servidores de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para investigar los casos.
 
Durante una conferencia realizada en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Olga Tezmol, madre de Karla Romero, el único caso de la entidad por el que hay una averiguación previa, exigió “una reunión inmediata con el Gobernador, el Procurador del estado y las familias afectadas para que escuchen de viva voz nuestros testimonios”.
 
También instó al presidente municipal de San Pablo del Monte, Cutberto Benito Cano Coyotl, cumplir las promesas que hizo para avanzar en la averiguación del caso de Karla Romero.
 
La integrante de la Red Retoño, Miriam Pascual, denunció las constantes violaciones al Protocolo de Investigación de los Delitos de Violencia Sexual hacia Mujeres, cuando las familias denuncian la desaparición y violencia sexual de niñas.
 
Miriam Pascual aseguró que “Las autoridades no toman las medidas correspondientes en caso de agresiones sexuales, no se hacen carpetas de investigación, no se guardan las evidencias, pierden estas, además de revictimizarlas”.
 
Desde la desaparición de Karla Romero, hace 14 meses, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social A.C. y la Red Retoño han documentado la desaparición de 7 niñas y 3 mayores de edad tan solo en San Pablo del Monte, Tlaxcala.

Miriam Pascual mencionó que 5 de ellas fueron localizadas “gracias al trabajo de las y los familiares de las víctimas porque las autoridades no participaron” y, dijo, “todas fueron localizadas bajo el mismo patrón de violencia sexual”.
 
Las desapariciones de niñas se dan en un contexto de impunidad y omisión de cifras. De acuerdo a datos de la PGJ de Tlaxcala la instancia ha reconocido únicamente los casos de 8 mujeres desaparecidas de 2012 a 2016, de ellas 3 por ciento eran menores de edad.
 
Miriam Pascual aseguró que “las omisiones facilitan y fortalecen las redes de personas que cometen estos actos”. Tlaxcala es la única entidad del país que, desde 2016, cuenta con la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) por el delito de trata de personas y violencia sexual.
 
Tan solo de 2011 a mayo de 2016, según datos del Centro Fray Julián Garcés, en Tlaxcala se recibieron 200 denuncias por trata de personas, en sólo 13 se emitieron condenas, es decir, en 93 por ciento de los casos permanecieron en impunidad.

A 14 meses de la desaparición de Karla Romero organizaciones han documentado la desaparición de 7 niñas y 3 mujeres mayores de edad tan sólo en la comunidad de San Pablo del Monte, Tlaxcala. En la imagen, Olga Tezmol, madre de Karla Romero Tezmol | CIMACFoto: César Martínez López

El integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social, David Peña, dijo que hace unas semanas familiares de Karla se reunieron con el procurador de Tlaxcala y le entregaron un  informe con la evaluación hecha sobre el tratamiento del caso, mismo que se busca entregar al Gobernador.
 
David Peña indicó que las peticiones no solo van al Procurador, “porque el personal sigue siendo el mismo que ha facilitado que grupos cometan violencia sexual en San Pablo del Monte, desaparición o feminicidio”.
 
“Pedimos que se transparenten las cifras de desapariciones por el manejo tendencioso y ambiguo de los casos de desapariciones en Tlaxcala, que no sólo invisibilizan los casos sino que evita la construcción de una política pública que dimensione los casos en términos criminales”, mencionó David Peña.
 
Las organizaciones también solicitaron la creación de una unidad especial de investigación que pueda identificar patrones de cómo están actuando estos grupos y atacarlos. “Si no hubiese una respuesta asumiríamos que no hay interés y que esta complicidad se extiende más allá del propio personal de la procuraduría”, afirmó  David Peña
 
Miriam Pascual informó que el día de ayer, a las siete de la mañana, desapareció otra niña en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala y, dijo “esto seguirá mientras no se investigue ni haya voluntad para atender los casos”.
 
17/MMAE/GG
 

El pasado 30 de agosto la titular del Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, notificó a la organización Todos para Todos, la admisión de la solicitud para declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 13 municipios de Tlaxcala, debido a violencia sexual y trata de personas.
 
De hecho, de manera irregular desde 20 días antes de la notificación Inmujeres lanzó la convocatoria para conformar el grupo de trabajo para la alerta de género en Tlaxcala, aunque de acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es hasta después de que se acepta la solicitud que se debe integrar el grupo de trabajo.
 
Y un día después de notificar a Todos para Todos sobre la admisión de la solicitud hecha el 9 de agosto, se publicó el resultado de la convocatoria para seleccionar a dos especialistas nacionales y dos especialistas locales, en la que eligieron a Alejandra Silvia Carreras, del Instituto Nacional de Ciencias Penales; Amalia Cruz Rojo, del Instituto Tecnológico Autónomo de México; Óscar Montiel Torres, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y Ángel Christian Luna Alfaro, del Colegio de Tlaxcala.
 
La organización Todos para Todos, que también fue una de las promoventes de la AVG para Puebla, pidió que se active el mecanismo federal para los municipios de Tenancingo, San Pablo del Monte, Chiautempan, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Apizaco, Papalotla de Xicohténcatl, San Lorenzo Axocomanitla, Zacatelco, Contla, La Magdalena Tlaltelulco, Xicohtzinco, Teolocholco y Santa Catarina Ayometla por existir violencia sexual y trata de personas.
 
Entre los argumentos que brindó la asociación está el incremento de 600 por ciento en el número de averiguaciones previas en el país por trata de personas de 2008 a 2014, siendo los estados que más acumulan denuncias por ese delito la Ciudad de México, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Chiapas.
 
También se menciona que 80 por ciento de los explotadores sexuales de mujeres proceden de Tlaxcala o realizan sus actividades delictivas en ese estado, así como en Puebla, Veracruz y la Ciudad de México.
 
Todos para Todos señala además que en promedio se detiene a un presunto tratante por cada siete investigaciones abiertas por el delito de trata de personas, pero sólo en 7.2 por ciento de los casos el responsable ha sido sentenciado.
 
Al momento de informar la aceptación de la solicitud de la AVG en Tlaxcala, la vocera de la organización, Violeta Lagunes Viveros, dijo que existe mayor confianza en que el estado de Tlaxcala se comprometa a emitir la alerta que el de Puebla.
 
Esto debido a que a casi tres meses de que el grupo de trabajo diera su informe sobre la situación de la violencia contra las mujeres en Puebla, no se les ha convocado a las reuniones ni tienen noticia de los avances.
 
También porque el gobierno poblano, encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, notificó su aceptación de las observaciones del grupo de trabajo hasta el último día, lo cual demuestra –desde su punto de vista- que no existe compromiso para atender la violencia de género y que se pretende que sea la administración de Antonio Gali Fayad la que tenga que emitirla.
 
*Este artículo fue retomado del portal de noticias ladobe.com.mx
 
16/SP/LGL