ONU
DERECHOS HUMANOS
De cara al EPU envían informe sobre situación de DH
Organizaciones denuncian ante Consejo de DH de ONU impunidad en México

Más de 200 organizaciones mexicanas defensoras de Derechos Humanos (DH) conformaron el #ColectivoEPUmx para denunciar ante el Consejo de Derechos Humanos (DH) la impunidad y violación sistemática a los Derechos Humanos en el país, así como la falta de transparencia para informar qué medidas ha adoptado, de las ya emitidas por el Examen Periódico Universal (EPU), y el resultado de éstas.
En un comunicado, las organizaciones de este #Colectivo, informaron que presentaron el pasado 29 de marzo, un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, previo al EPU, en donde México será analizado en noviembre próximo y recibirá las recomendaciones en marzo de 2019.
El Examen Periódico Universal es el mecanismo por el cual, cada 4 años, el Consejo analiza la situación de los DH en todos los Estados miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por un Grupo de Trabajo, integrado por 47 países.
En el informe, las organizaciones manifestaron que en México, los DH son violentados debido a que el Estado mexicano no cumple con las medidas emitidas por el EPU en años anteriores, así como por la crisis de violencia, corrupción e impunidad existente en el país.
En los dos ciclos anteriores del EPU (2009 y 2013) se emitieron 267 recomendaciones a México en los temas de violencia contra las mujeres y leyes que las discriminan, que se suman a las mil 855, derivadas de organismos internacionales de DH.
El #Colectivo concluyó que la impunidad es el principal problema que genera la violación a los DH ya que México “ha permitido la construcción de un marco jurídico, donde se favorece a la impunidad”.
La agrupación de más de 200 organizaciones mexicanas expuso en su informe que la administración de Enrique Peña Nieto se consideró como “una gran oportunidad” para hacer políticas públicas que favorecieran el respeto a los DH porque coincidía con las fechas del segundo (2013) y el tercer EPU (2017), pero no hubo avances.
El #Colectivo estimó que la impunidad es generada por la falta de sistemas de seguridad funcionales, la desigualdad económica y social y la inexistencia de un monitoreo que vigile el funcionamiento de las medidas adoptadas por el país en materia de DH.
El Índice Global de la Impunidad (IGI) de 2017 –investigación enfocada en visibilizar en términos cuantitativos el problema global de la impunidad y su efecto directo en otros fenómenos- ubicó a México como el primer país en América Latina con mayor impunidad, seguido de Perú, Venezuela, Brasil y Colombia, refiere el informe, en tanto que a nivel global, fue el cuarto país con más impunidad.
El #ColectivoEPUmx exigió al Consejo de Derechos Humanos que a partir de los resultados del último examen del EPU, en 2017, se convoque a una intervención oral anual bajo el “ítem 6 de la agenda del Consejo”, con el objetivo de identificar las áreas donde el Consejo y sus Estados miembro puedan brindar asistencia técnica al país para llevar acabo las medidas.
18/AEG/LGL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
REPORTAJE
Incluye a mujeres y niñas rurales
Avanza agenda de género y medios: CSW la incluye en sus conclusiones

Este mes se realizó en Nueva York, (del 12 al 23 de marzo) el 62 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) de la ONU, donde se analizó la situación de las mujeres rurales y el papel de los medios de comunicación en la construcción de igualdad para las mujeres y las niñas.
Como parte de los trabajos en estas sesiones, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) presentó la “Declaración de la Alianza Global de Medios y Género”, sobre igualdad de género en medios de comunicación y tecnologías, que busca que los Estados miembro acepten 14 recomendaciones para favorecer la participación de las mujeres en los medios de comunicación tradicionales y en la comunicación digital, Declaración que fue aprobada por el Secretario General de la ONU, António Guterres.
Para la presidenta de la Alianza Global de Medios de Comunicación y Género (GAMAG, por sus singlas en inglés) una de las principales impulsoras de esta Declaración, la investigadora mexicana Aimée Vega Montiel, esta decisión es muy importante pues reconoce la relevancia del tema en la agenda internacional de los Derechos Humanos de las mujeres.
En entrevista con Cimacnoticias agregó que ello puede favorecer el desarrollo de políticas nacionales y regionales sobre la materia, así como mecanismos que obliguen a los Estados a destinar recursos para que esta agenda se cumpla.
Cabe destacar que la GAMAG está conformada por más de 400 medios de comunicación e instituciones académicas, sociales, de profesionales de los medios, de Derechos Humanos, y agencias de cooperación internacional. Comunicación e Información de la Mujer AC, (CIMAC) también forma parte de ella.
|La Declaración pide a los Estados miembro mejorar las leyes, reglamentos y políticas sobre la igualdad de género en y a través de los medios y las comunicaciones digitales; eliminar los estereotipos de género en los contenidos; mejorar el acceso y la participación de las mujeres en los medios, incluidos los organismos reguladores; garantizar la seguridad de profesionales del periodismo y sus derechos laborales.
Mejorar la libertad de expresión y el acceso de las mujeres a la información, tanto en medios como en tecnologías digitales; promover cambios en el currículo de las escuelas de periodismo y comunicación, y eliminar la violencia contra las mujeres online y offline, son otros de los compromisos de esta Declaración.
Cabe recordar que la agenda de medios y género tiene recomendaciones específicas para los Estados, las industrias de la comunicación y las organizaciones desde el año 1995, cuando se realizó la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, China, concretamente en la Plataforma de Acción, Capítulo J, relativo a los medios de comunicación.
Ahí, los Estados se comprometieron a alentar a los medios de comunicación a que se abstengan de presentar a la mujer como un ser inferior y de explotarla como objeto sexual y bien de consumo; a adoptar medidas efectivas que incluyan normas legislativas pertinentes contra la pornografía y la proyección de programas en los que se muestren escenas de violencia contra las mujeres y menores de edad.
Sin embargo esta agenda había quedado rezagada de la revisión permanente de compromisos cumplidos del propio organismo de Naciones Unidas.
La presidenta de la GAMAG, Aimée Vega Montiel, consideró que la aprobación de la Declaración es un primer paso “muy importante sin duda” para avanzar en la materia, y se dijo muy satisfecha de que también se hayan incluido algunos mandatos de ella en las conclusiones acordadas por los Estados durante este periodo en la CSW.
Entre éstos destacó “desarrollar e implementar políticas y estrategias que promuevan la participación y el acceso a los medios de difusión y las tecnologías de la información de mujeres y niñas rurales”, incluyendo “la alfabetización digital y el acceso a la información”.
También, dijo, que reconocieran “el importante papel que desempeñan los medios de comunicación para alcanzar la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y niñas de zonas rurales” y se comprometieran a fomentar la capacitación de quienes trabajan en los medios de comunicación para que tengan una cobertura con perspectiva de género, no discriminatoria y no estereotipada de mujeres y niñas. Además de fortalecer mecanismos de autorregulación para promover representaciones equilibradas con el objetivo de contribuir al empoderamiento y la eliminación de la discriminación contra las mujeres.
Esto, dijo, fue posible gracias a la alianza lograda entre la expertise de GAMAG y la disposición de la Delegación de México para la CSW, encabezada por el Inmujeres y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Otras recomendaciones hechas por la GAMAG y aceptadas por el Secretario General de la ONU, son asegurar que las políticas y regulaciones de transmisión y digitales respalden a las mujeres, redes de medios, en particular medios comunitarios, radio y redes feministas, incluidas las mujeres jóvenes, para utilizar medios accesibles y apropiados y las TIC para cerrar la brecha en el contenido de los medios de comunicación, en particular a través de las ondas aéreas públicas.
Asimismo, se busca asegurar que las mujeres tengan los mismos derechos a los recursos económicos, acceso y control sobre la propiedad de los medios, y la propiedad de la información y tecnologías de la comunicación. Implementar marcos para la transparencia algorítmica, incorporando métodos como auditorías de terceros.
Hacer referencias específicas al papel y la relevancia de los medios y las comunicaciones dentro de las estrategias nacionales generales de igualdad de género; en específico el compromiso con la igualdad de género en las políticas de medios nacionales y las estrategias digitales, y en las disposiciones de gobernanza de la comunicación internacional, son otras de las recomendaciones.
18/LLH/LGL
VIOLENCIA
Abre la puerta a la conciliación, advierten
Organizaciones guatemaltecas exigen a Congreso parar Ley de delitos de violencia sexual

Organizaciones de mujeres guatemaltecas demandaron al Congreso de aquel país retire de la agenda legislativa la iniciativa 5385 “Ley de Creación de Procedimientos para Delitos de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas” y sea declarada con “dictamen desfavorable” por la Comisión de Reforma al Sector Justicia –institución encargada del análisis y dictámenes de iniciativas-.
En un comunicado, la organización “Mujeres Transformando el Mundo” junto con otras organizaciones de mujeres rechazaron la iniciativa de Ley –presentada por el Congreso de Guatemala en 2017- porque violenta los derechos de las víctimas, limita su participación en el proceso penal, vulnera su acceso a la justicia y favorece al agresor con la reducción de la pena.
Además consideraron que esta Ley “Abre las puertas a procedimientos conciliadores que benefician al agresor sexual, tratante y explotador sexual” pues “la voz de las víctimas permanece silenciada y sólo se escucha al agresor”, dejando a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
El proyecto plantea implementar el Procedimiento Alternativo por el Simplificado –Decreto 51-95, del Código Penal para resolver este tipo de delitos en un mínimo de dos audiencias (primera declaración y audiencia de procedimiento alternativo) de las cinco ya destinadas en un periodo menor de 12 meses (tiempo estimado en el CP) y limitar el plazo para el “ofrecimiento de pruebas”.
Lo anterior con el objetivo de dictaminar una sentencia sin etapa de juicio, la cual deberá ser decretada por el Ministerio Público y posteriormente por un juez. Para ello el MP tendrá que realizar una investigación preliminar, que sea “clara, completa y congruente con los hechos atribuidos al sindicato y la adecuación de calificación jurídica”.
Sin embargo, las organizaciones de mujeres concluyeron que las razones de la iniciativa de Ley no justifican su aplicación en este tipo de delitos –violencia sexual, explotación sexual y trata de personas- que son considerados por la Comisión contra la Tortura (CAT) como “delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes” y reiteraron que ya existe una normativa que rige este tipo de delitos.
Debido a lo anterior, las organizaciones evaluaron que este procedimiento propicia la impunidad al centrase en el “beneficio” del agresor y no de la víctima, lo cual, reconocieron, lleva hacia un retroceso de más de 20 años de trabajo de las organizaciones, funcionarias y la sociedad civil, en la creación e implementación de leyes que garanticen a las mujeres el acceso a la justicia.
Desde meses anteriores las organizaciones han dicho que de aprobarse esta normativa se violentarían las Convenciones internacionales ratificadas por el Estado de Guatemala: Convención para la Eliminación de todas las formas De Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, entre otras.
Las organizaciones advirtieron que esta Ley “es una respuesta misógina a la violencia sexual”, la cual fomenta un sistema de justicia que no “persuade a los victimarios de cometer delitos”, sino termina empoderándolos, “perpetuando así la violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres”.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH) durante 2014 la violencia sexual fue l2.38 por ciento de las 42 mil 275 violaciones a los Derechos Humanos registradas. En ese año de los 1 mil 465 casos denunciados sólo se pudieron documentar 285.
Al igual, la ONU consideró que la violencia de género en Guatemala se manifiesta de manera continua en la historia como una herramienta de “subordinación, control de la vida y el cuerpo de las mujeres” sustentada por un “sistema frágil de seguridad y repuestas judiciales que genera impunidad”. En 2015, el Ministerio Público registro más de 58 mil denuncias sobre violencia contra las mujeres, de las cuales 270 fueron feminicidio.
18/AEG/LGL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Necesario que agenda mediática retome ODS
Atentado a la democracia, violencia contra mujeres periodistas

La violencia contra mujeres periodistas es un atentado contra la democracia, porque sin periodistas no hay ciudadanas informadas, señaló la investigadora sueca María Edstrom.
Al participar en el panel “Género y medios de comunicación: dimensiones de las políticas y agenda de investigación”, que se llevan a cabo como parte de las sesiones de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Estatus de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) la académica del Departamento de Periodismo, Medios y Comunicación (JMG) de la Universidad de Gotemburgo, afirmó que la información quiere ser libre y que la violencia que actualmente enfrentan las mujeres en todo el mundo limita la información de las ciudadanas y debilita las democracias.
Especialmente en países como México en donde en los últimos siete años han sido atacadas 440 periodistas, de acuerdo a Comunicación e Información de la Mujer, (CIMAC), por lo que es urgente priorizar la seguridad de las periodistas.
La investigadora, con tres décadas de especialización sobre medios de comunicación, periodismo, democracia, libertad de expresión y género, afirmó que no es posible hablar de desarrollo sin que los medios de comunicación estén involucrados en ello, pues ninguno de los 17 temas que incluyen los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), que buscan poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, son parte de las agendas mediáticas del mundo.
Por ejemplo -dijo- si piensas en justicia y miras a las reporteras que enfrentan la violencia basada en género y en las difíciles condiciones que están enfrentando los medios locales, situaciones que limitan la posibilidad de investigación y su capacidad de informar a las sociedades, miras su impacto en la democracia como un atentado, pues sin periodistas no hay quien informe a la sociedad.
Por ello es tan importante que se eleve el papel de las y los periodistas en el desarrollo de las sociedades y en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
Si bien en las Naciones Unidas hay el principio de no dejar a nadie atrás, lo cierto, explicó María Edstrom, es que se está dejando atrás a las mujeres periodistas y a todas las mujeres que no están en los medios.
Pese a que hace 23 años los Estados del mundo, incluido México, se comprometieron a erradicar los estereotipos sexistas de los medios de comunicación, hoy sólo 4 por ciento de las noticias cuestionan estos estereotipos, y desde hace ocho años las mujeres no rebasan 24 por ciento de la presencia en las noticias, ha demostrado el Proyecto de Monitoreo Mundial de Medios.
Tras su participación en el panel de discusión que se realizó en el marco del 62 periodo de sesiones de la CSW, en entrevista con Cimacnoticias, ahondó en la importancia del periodismo con el desarrollo.
- María Edstrom (ME): “No importa de lo que estés hablando: del agua, ruralidad, paz y justicia, todos son Objetivos de Desarrollo y todos están abandonados por los medios, hay gente que trabaja con género en estos diferentes objetivos que hay pero nada de ello sale en los medios”.
- Lucía Lagunes Huerta (LLH): ¿Qué tendrían que hacer los gobiernos para unir estas agendas?
- ME: “Es un gran desafío, pero hay que seguir hablando con los medios, las industrias, pero también con los sindicatos para que integren estas agendas como parte de su deber social. Por su parte, los gobiernos pueden crear un escenario distinto al que hay actualmente y apoyar a los medios que sí tomen en serio estas agendas. A la par, financiar instituciones que no son gubernamentales para que puedan monitorear el comportamiento mediático.
Por ejemplo, los medios públicos que reciben dinero del Estado tienen un objetivo que establece que tienen que ser un espejo de la sociedad entera, no sólo de ciertos sectores como ocurre hoy. Por ello es importante ser específico en lo que significa ser espejo de la sociedad y cómo debe ser esa representación”.
La investigadora puso como un ejemplo de buena práctica lo ocurrido en su país en 2014 cuando el gobierno sueco creó ese acuerdo para los medios.
- LLH: ¿Cómo hacerlo en países como México, donde la publicidad y los apoyos gubernamentales se han convertido en un chantaje?
- ME: “Es verdaderamente difícil en países como México. Una ruta es mantener como valor principal la libertad de expresión. (Edstrom, advirtió que hoy en día no sólo los gobiernos son una amenaza para el periodismo libre, pues los mecanismos del mercado económico también se han convertido en amenazas).
Hay muchas nuevas maneras de influir en los medios, como puede ser por medio de los influenciadores y anunciadores, quienes están poniendo sus recursos en lugares que parecen que hacen periodismo pero no lo es. Para el consumidor es muy difícil distinguir entre el verdadero periodismo y el que no, el que sólo responde al mercado y sus anunciantes”.
Desde hace dos años María Edstrom está involucrada en la investigación sobre la diferencia entre libertad de expresión empujada por ideales democráticos y aquella que se impulsa por mecanismos del mercado.
18/LLH/LGL
DERECHOS HUMANOS
Grupos Provida iniciaron campaña frente a su Clínica
Atacan a defensora de DSyR Sandra Peniche, en Yucatán

La defensora yucateca Sandra Peniche Quintal y presidenta de la Clínica de Servicios Humanitarios en la Salud Sexual y Reproductiva (SHSS), organización con más de 17 años de trabajo en beneficio de la salud reproductiva de las mujeres, fue atacada en su domicilio la mañana de ayer.
En un comunicado, la Red Nacional de Defensora de Derechos Humanos en México (RNDDHM), de la cual también es integrante Sandra Peniche, advirtió que la defensora “sufrió un intento de homicidio: un sujeto la atacó con arma blanca”.
Peniche Quintal ha sido violentada de manera continua por integrantes de la campaña internacional “40 Días por la Vida” -un grupo Provida- por su trabajo en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El pasado 9 de marzo fue hostigada por policías municipales, tras una queja interpuesta por los integrantes de la campaña Provida, quienes han mantenido “una actitud hostil” frente a la Clínica, señala el comunicado.
Esta campaña “por la vida” inició en 2014- previo a las festividades por la cuaresma- frente a la Clínica que preside Peniche, a donde asisten personas “a favor de la vida” para rezar por 40 días por “los no nacidos”
Debido a que nuevamente iniciaría esta campaña, la defensora yucateca conjuntamente con 255 mujeres integrantes de la RNDDHM pidieron al gobierno de Yucatán y a la Comisión de Derechos Humanos de la entidad emitir medidas cautelares que garantizaran el pleno desarrollo de su labor en condiciones de seguridad y el acceso de la población al libre ejercicio de sus derechos sexuales.
Sin embargo, desde 2014 las autoridades de la entidad no han dado repuesta a los reportes levantados por el personal que labora en la Clínica sobre la situación de violencia, lo cual ha provocado que las “manifestaciones antiabortistas” sigan perdurando y aumente la hostilidad, denunciaron en una carta pública.
La Red Nacional destaca que el personal de la Clínica ha sido fotografiado, videograbado así como a sus vehículos, sin su consentimiento y a través de “sus rezos, plegarias y cánticos incitan al odio y a ejercer la violencia contra los y las defensores”.
La Clínica es considerada importante en Yucatán debido a los servicios que brinda a las mujeres: control del embarazo, anticonceptivos para mujeres, consejería sexual, interrupción legal del embrazo, entre otros. Hasta la fecha ha atendido a aproximadamente 11 mil personas, bajo la dirección de Sandra Peniche.
De acuerdo con el Informe presentado en 2017 por el Relator Especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de los DH, Michel Forst, de su visita a México, de 2010 a 2014 fueron asesinadas más de 43 defensoras de Derechos Humanos y periodistas mujeres en México y los principales agresores fueron las empresas privadas y los grupos religiosos en el caso de las personas que defienden los derechos de las comunidades.
El Relator advirtió que México podría llegar a ser el país más peligroso en el mundo para quienes defienden los DH si el gobierno no actúa, ya que existe un gran número de defensoras que han sufrido intentos de asesinatos y ataques de violencia sexual o campañas de difamación.
Asimismo, el Relator expresó que las defensoras de los DH que buscan justicia se ven enfrentadas a actos de discriminación, intimidación y obstáculos de justicia. Por estas violaciones, aseguró que las defensoras de DH corren un mayor riesgo de ser “blanco de ataques y agresiones”
18/AEG/LGL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Denuncia Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en NY
Estancamiento, retroceso y obstáculos para lograr igualdad en medios

Los Estados y las empresas son quienes menos invierten recursos e investigación para contribuir a la igualdad de género desde los medios de comunicación, por lo que gran parte de los escasos avances ha corrido a cargo de las periodistas, las feministas y las investigadoras.
Así lo evidenciaron especialistas en comunicación y género durante el 62 período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), que se lleva a cabo del 12 al 23 de marzo en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.
Al participar esta mañana en la mesa “Mujeres y medios de comunicación”, integrantes de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) de España, Argentina y México, revisaron los pendientes en el cumplimiento del capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing, que habla sobre las mujeres y los medios de comunicación.
Las periodistas de esta Red coincidieron en que a 23 años de que los Estados acataran las obligaciones contenidas en la Cumbre de Beijing de 1995, ellas han documentado estancamiento, retroceso y nuevos obstáculos para lograr la igualdad de género en los medios de comunicación.
La coordinadora de la Red Internacional de periodistas con Visión de Género, Rosa María Rodríguez Quintanilla, señaló que hasta ahora los Estados no han hecho una rendición de cuentas sobre cómo están cumpliendo con el mandato internacional del Capítulo J, ya que sólo 30 por ciento de los países presenta informes al respecto.
Además, los avances son lentos, y hubo un estancamiento desde 2010 para lograr transformar la representación estereotipada de las mujeres en los medios; también hubo un retroceso en el acceso de las mujeres a la tecnología; y un aumento de 202 por ciento de la violencia contra las periodistas en algunos países, como México.
Los Estados tampoco están invirtiendo dinero –dijo- ya que datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señalan que menos del 30 por ciento de los Estados invierte en políticas de igualdad en los medios de comunicación.
Por el contrario, dijo, son las periodistas, el movimiento feminista y las académicas, quienes sin muchos recursos, realizan monitoreos, investigaciones y promueven el periodismo con visión de género.
Esta situación –observaron las integrantes de la Red- ha provocado que en pleno 2018 el capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing, sea el que menos se ha cumplido en relación a las 12 esferas de preocupación; y que ahora la igualdad de género en los medios sea uno de los dos temas prioritarios a discutir durante la 62 CSW.
Las periodistas expusieron que si bien ha habido una feminización de los medios ya que cada vez más mujeres se titulan como periodistas, prevalece la ausencia de condiciones laborales dignas para ellas, con bajos salarios y jornadas extenuantes.
Por ejemplo, la coordinadora de la Red de periodistas en España, Montserrat Minobis, dijo que en su país se hizo en 2004 un diagnóstico sobre las condiciones laborales de las mujeres en la profesión periodística, pero que en 2017 otro informe alertó sobre más precarización.
Tan sólo en España, 60 por ciento de las periodistas está desempleada, sólo 3 de cada 10 tiene contrato laboral, 60 por ciento recibe sueldos inferiores a mil 500 euros (34 mil 500 pesos mexicanos), y sólo 15 por ciento ocupa cargos directivos en las empresas de comunicación.
Por el contrario, lo que ha cambiado –dijeron- es el aumento de las mujeres como protagonistas en noticias sobre violencia. En Cataluña, 51 por ciento de las notas de esta índole son sobre mujeres.
Por su parte, la delegada para Suecia en la CSW y doctora del departamento de periodismo y medios de comunicación en ese país, María Edström, observó que un gran obstáculo es que en países democráticos pueda considerarse como censura el hecho de que los Estados intervengan con recursos en los medios de comunicación, pero –dijo- hay ejemplos donde esta inversión se ha hecho a través de crear legislación, infraestructura e investigación a favor de la igualdad.
Las periodistas llamaron a seguir pendientes de los compromisos establecidos en el capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing, y a seguir promoviendo el feminismo en el periodismo para alcanzar el cumplimiento de los objetivos del capítulo J vinculados a modificar la representación de las mujeres en las noticias.
18/AJSE/LGL
VIOLENCIA
Prevalecen estereotipos de género en juzgadores
Caso “Porkys” ejemplo ante ONU de mala actuación jurídica

Mientras la semana pasada la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) desechó revisar el amparo que concedió la libertad a Diego Cruz Alonso, uno de los cuatro jóvenes de los “Porkys” acusado de violar a Daphne Fernández, en Veracruz, el caso será expuesto ante el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), perteneciente a la ONU, como un ejemplo emblemático de la mala actuación del Poder Judicial mexicano que obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas.
El Comité de CEDAW evaluará en julio de este año al Estado mexicano respecto al avance y garantía de los derechos de las mujeres y por vez primera revisará el trabajo del Poder Judicial en la impartición de justicia.
Previo a la evaluación –la cual se realizará del 2 al 20 de julio- la agrupación civil Equis Justicia para las Mujeres, presentó ante el Comité su “informe sombra” en el cual demuestra cómo el personal juzgador utiliza estereotipos de género en las resoluciones y no examina con perspectiva de género las pruebas que tiene en sus manos, como le sucedió a Daphne.
En enero de 2015 en Veracruz, Daphne era menor de edad cuando fue violada por 4 jóvenes apodados como “Los Porkys”. Uno de ellos, Diego Cruz Alonso, fue extraditado de España en enero 2017 para enfrentar el cargo de pederastia, pero el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, le otorgó la libertad tres meses después por un amparo que impulsó la defensa del acusado.
La argumentación del juez Anuar –por la cual fue severamente criticado en redes sociales y suspendido de su cargo- era que Daphne no se encontraba en indefensión y Diego Cruz cometió únicamente “tocamientos incidentales” sin que tuviera una intensión “lasciva” o de “cópula para satisfacer un apetito sexual”.
La Fiscalía veracruzana impugnó el amparo concedido a Diego Cruz (206/2017), por lo que los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito solicitaron a la SCJN que lo atrajera para revisar la sentencia.
El pasado 17 de enero, la Primera Sala del máximo tribunal desechó la atracción del caso toda vez que las y los ministros concluyeron que no cumplía con los términos de relevancia para impactar en el sistema jurídico mexicano, aunque las organizaciones civiles aseguran que abría la posibilidad de discutir los lineamientos que deben seguir los y las jueces para acreditar delitos de violencia sexual.
Así, en tanto en México se resuelve que el caso de Daphne no es trascendente jurídicamente, Equis Justicia para las Mujeres lo coloca ante CEDAW como un indicar emblemático del desconocimiento generalizado sobre los criterios interpretativos en materia de género de las personas juzgadoras.
INFORME SOMBRA SOBRE PODER JUDICIAL
La agrupación precisó que esta es la situación que enfrentan sobre todo las mujeres víctimas de violación en el sistema judicial. Se les demanda “criterios desproporcionales” para acreditar la existencia del delito, como comprobar que hayan puesto resistencia en el acto, dejando a un lado elementos fundamentales; la existencia o no de su consentimiento y el testimonio que den.
Capacitar a las y los juzgadores tampoco ha mejorado el acceso a la justicia para ellas. La organización muestra que el Poder Judicial de Veracruz gastó en 2009 alrededor de 35 millones de pesos en cursos y talleres para “instruir a su personal en perspectiva de género”, pero el resultado son sentencias como las de Daphne.
Aunado al reporte de Equis Justicia, en 2012 en las observaciones finales que hizo CEDAW a México, exigió en las Recomendaciones 33, 35 y 14, que el Estado eliminara las prácticas discriminatorias en la labor de las personas juzgadoras, y aplicar la perspectiva de género en la resolución de casos.
Es por ello que en esta ocasión el Comité de CEDAW decidió en una sesión de trabajo que mantuvo en noviembre de 2017 en Ginebra, Suiza, pedir al Estado mexicano que aclare los mecanismos que utiliza el Poder Judicial para identificar las resoluciones y prácticas discriminatorias que hacen jueces en casos de violaciones a los derechos de las mujeres.
Al Comité de Expertas de la ONU no le bastó que México haya informado en su reporte de cumplimiento que entregó en diciembre de 2016 –con un retraso de siete meses- que “está capacitando al personal”.
Las expertas pidieron que demuestre con indicadores el progreso que ha tenido la inclusión de la perspectiva de género en la labor judicial y preguntó si tiene planes de reforzar las dependencias de género actualmente existentes en los tribunales federales.
En otro tema relevante, CEDAW refirió que desde la entrada en vigor en 2015 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, “se redujo considerablemente el número de condenas publicadas y ha limitado el derecho de las mujeres a acceder a la información sobre los casos”.
Por todo ello, pidieron a México que reporte antes de su evaluación, si existen mecanismos para vigilar la aplicación de esta Ley, convirtiéndose en la primera vez que el Comité pide la transparencia en la publicación de sentencias por violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres.
OTROS TEMAS DE JUSTICIA
Otras cuestiones retomadas por el Comité en el tema de justicia, son las medidas que ha adoptado México para erradicar las malas prácticas en las investigaciones de asesinatos violentos de mujeres.
Las expertas precisaron que necesitan información de los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Veracruz y Quintana Roo, la Ciudad de México y el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Del mismo modo solicitaron mayor información sobre las barreras que impiden el acceso a la justicia de mujeres rurales e indígenas; y de manera novedosa, el Comité otorgó un apartado específico a quienes se encuentran privadas de su libertad por delitos relacionados con drogas.
El Comité de la CEDAW es un instrumento internacional integrado por 23 expertas, el cual analiza que los Estados cumplan con las recomendaciones de la Convención a favor de los derechos femeninos. Esta es la novena evaluación de México desde que suscribió la Convención, en 1981, por lo que las recomendaciones que dan las expertas son de carácter obligatorio para los gobiernos.
18/HZM/LGL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
México informó de acciones de prevención y protección
Urgente reforzar protección a mujeres periodistas: informe de ONU

Cada vez más gobiernos y organizaciones abordan la seguridad de las mujeres periodistas pero aún falta reforzar las medidas de atención para aquellas que son víctimas de violencia, recopilar datos desglosados por sexo y elaborar y aplicar leyes y políticas que las protejan.
Esta es una de las conclusiones del informe “La seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad” (A/72/290) elaborado por el Secretario General de Naciones Unidas en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El informe, que se presentará en el 37 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a realizarse del 26 de febrero al 23 de marzo de 2018, recopiló datos aportados por los Estados, entre ellos México, que informó de las acciones de protección y sanción de actos contra la libertad de expresión.
El documento, concluido en agosto de 2017, indica que en 2012 México estableció el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual incluye un programa con enfoque de género respecto de la prevención y la protección y trata de reconocer los riesgos específicos a que se enfrentan las periodistas en el ejercicio de su profesión.
Según la información aportada por el Estado mexicano, todos los funcionarios han recibido capacitación sobre perspectiva de género y hay protocolos y procedimientos para que respondan con sensibilidad respecto de las cuestiones de género a las quejas y solicitudes de asistencia presentadas por mujeres periodistas.
Asimismo, el gobierno mexicano señaló que la unidad de evaluación de riesgos utiliza una metodología que incluye el género como factor de riesgo y tiene por objeto asegurar que se tengan en cuenta las circunstancias específicas de las mujeres periodistas; y una vez que se determina el nivel de riesgo, se propone un plan de protección con género.
México señaló también que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que depende de la Procuraduría General de la República (PGR) hacía un seguimiento de los crímenes contra periodistas y reunía información desglosada, entre otras cosas, por sexo.
Aunque el documento no lo menciona, el 9 de febrero apareció asesinada la reportera del periódico El Sol de Orizaba, Anabel Flores Salazar, quien fue secuestrada y asesinada. Más tarde, el pasado 23 de marzo, fue asesinada, Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua y colaboradora del desaparecido Norte de Ciudad Juárez.
Meses después, en mayo, fue asesinado el periodistas Javier Valdez Cárdenas (Sinaloa); hubo un atentado a la subdirectora del Semanario El Costeño de Autlán, Sonia Córdova (Jalisco); y secuestraron al director de Canal 6TV, Salvador Adame Prado (Michoacán), quien días después fue encontrado sin vida.
Además, de acuerdo con el Programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), primera organización en documentar la violencia contra las periodistas; durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 a abril de 2017, se documentaban 304 de agresiones a mujeres periodistas y seis asesinatos de comunicadoras.
En el informe El poder del cacicazgo. Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015, también elaborado por CIMAC, se documentaron 147 casos de violencia contra mujeres periodistas en 24 entidades federativas, en su mayoría atentados que están impunes pese a la existencia de una Fiscalía especializada y un Mecanismo de Protección.
El informe de la ONU señala que para un enfoque con perspectiva de género en las acciones de prevención y protección es necesario comprender y tener en cuenta las diferentes experiencias, opiniones y necesidades de las mujeres y su participación en la elaboración de leyes, políticas y programas, y la aplicación, supervisión y evaluación de estos documentos.
“En todo caso, las medidas no deben llevar a reforzar los estereotipos de género, ampliar las desigualdades ya existentes ni afianzar aún más la discriminación contra la mujer. También deben equilibrar la necesidad de habilitar a las mujeres para entrar y permanecer en la profesión en igualdad de condiciones con el hombre”, señala el informe.
Otro elemento que se destacó en el informe es la necesidad de garantizar la rendición de cuentas ante los ataques cometidos contra mujeres periodistas, en particular porque es un elemento fundamental dejar en claro que los ataques contra mujeres periodistas no se tolerarán y por tanto ofrecer una vía de reparación del daño.
17/AGM/LGL
DERECHOS HUMANOS
Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas
Realizan Coloquio de mujeres indígenas

La Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI) celebró su primer coloquio en la Ciudad de México para visibilizar la participación de las jóvenes en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres indígenas y “fortalecer los diálogos intergeneracionales”.
El coloquio “Mujeres jóvenes indígenas. Identidades, derechos y diálogos” de ANPMI, conformada en septiembre del año pasado por 80 mujeres de distintos pueblos originarios y organizaciones, inició ayer y concluye hoy 4 de septiembre.
En un comunicado la Asamblea informó que como parte de las conclusiones se elaborará un informe sombra el cual será entregado a la relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz, durante su visita a México que está programada del 8 al 17 de noviembre próximos.
Los temas a tratar serán los derechos sexuales y reproductivos, el de la tierra y territorio y el derecho a la participación política. “Queremos reconocernos, visibilizarnos y hacer que toda la gente de afuera también nos vea y nos respete”, mencionó la representante de la Red de Mujeres Jóvenes Indígenas, Maricela Zurita Cruz
En el evento participaron 50 mujeres indígenas jóvenes y adultas de todo el país que a través del diálogo buscan transmitir sus conocimientos sobre los procesos organizativos de lucha, de defensa y promoción de sus Derechos, señaló la integrante del Colegiado Interdisciplinario de Mujeres Indígenas (COIMIN), Larisa Ortiz Quintero, para evitar con ello una “brecha generacional.
Las mujeres se reúnen en el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas (9 de agosto), fecha en la que los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas recuerdan los retos que aún tienen para garantizar el ejercicio pleno de los Derechos y Humanos de quienes representan poco más de la mitad (51 por ciento) de las 7 millones 382 mil 785 personas de 3 años y más de edad que hablan alguna lengua indígena, de acuerdo al Inegi.
Para el cierre del coloquio la ANPMI, conformada por colectivos y redes como el Colegiado Interdisciplinario de mujeres indígenas (COIMIN) y Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México (IINPIM), expondrá las conclusiones a las que llegó a las y los funcionarios públicos que invitaron para que las escuchen, se establezcan reuniones para discutir los puntos y se les dé seguimiento.
El coloquio representa “una plataforma de diálogo con las autoridades y fortalece la agenda de las mujeres indígenas”, concluyeron las integrantes de la Asamblea.
17/MMAE
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Urgieron a aplicar medidas anunciadas por EPN
Relatores de CIDH y ONU condenan asesinato de Javier Valdez

Los relatores para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Edison Lanza, y de la ONU, David Kaye, condenaron el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, al tiempo que expresaron su beneplácito por las medidas anunciadas la tarde de ayer por Enrique Peña Nieto, por lo que exhortaron a su pronta aplicación.
Cabe recordar que desde abril pasado ambos relatores solicitaron al Estado mexicano hacer una visita oficial conjunta al país, pero a la fecha continúan esperando respuesta de las autoridades mexicanas.
En un comunicado, ambos relatores consideraron que el asesinato del periodista sinaloense “es un grave ataque contra el periodismo y la libertad de expresión”, por lo que instaron al gobierno mexicano, especialmente a las autoridades competentes, a investigarlo de manera exhaustiva y a identificar, procesar y sancionar a todos los responsables; también pidieron adoptar medidas de protección integrales para los familiares del periodista y sus colegas, siempre y cuando sea con su consentimiento.
Luego de la que tarde de ayer Enrique Peña Nieto convocara a una reunión de emergencia con los gobernadores del país, el Procurador General de la República, y otros funcionarios del gobierno, donde anunció un plan de acción destinado a fortalecer el trabajo de las instituciones que investigan crímenes contra periodistas, así como del mecanismo de protección, los relatores manifestaron que esto es “un testimonio de la gravedad de la situación”.
Agregaron que para terminar con esta “epidemia de violencia contra periodistas y el derecho de la sociedad a estar informada” se requieren de acciones coordinadas en todos los niveles de gobierno, para hacer que los responsables de estos crímenes comparezcan ante la justicia.
Los dos expertos consideraron que “la violencia pretende silenciar el valiente trabajo de periodistas que, como Javier Valdez, reportan e informan a la sociedad mexicana sobre asuntos de interés público a pesar de las amenazas y el riesgo constante”, por lo que señalaron que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) debe dar resultados concretos en ésta y otras investigaciones porque así demostrará el Estado mexicano, precisaron, que está luchando para combatir la impunidad en estos crímenes.
EL MÁS RECIENTE DE UNA LARGA LISTA
El periodista y escritor mexicano Javier Valdez Cárdenas, fundador y redactor del semanario sinaloense Río Doce, con una larga y reconocida trayectoria periodística y un valiente trabajo de investigación sobre narcotráfico y crimen organizado en su país, fue asesinado el 15 de mayo en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa, por sujetos desconocidos que le dispararon en 12 ocasiones cuando acababa de salir de la redacción de Río Doce, señala el comunicado.
Su equipo de trabajo en Río Doce afirmó no tener “ninguna duda” de que “el origen del crimen de Javier Valdez está en su trabajo periodístico relacionado con los temas del narcotráfico”, agregaron.
“El periodismo mexicano vuelve a estar de luto por la pérdida de uno de los periodistas más respetado y reconocidos del país”, dijo Edison Lanza.
“Javier Valdez es el nombre más reciente en una larga lista de periodistas asesinados por ejercer su labor en México”. En 2017, siete periodistas han sido asesinados en el país.
Los Relatores Especiales expresaron su profundo pesar y condolencias a los familiares y colegas de Javier Valdez.
17/LGL/GG
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