Tlaxcala

En Tlaxcala la relación entre la desaparición de mujeres, la trata con fines de explotación sexual comercial y el feminicidio está documentada y reconocida internacionalmente, pero las autoridades locales se niegan a aceptarlo y mucho menos a atenderlo, en lo que va de 2018 ya van tres casos de feminicidio.

Muestra de este desdén de las autoridades es el rechazo de dos Alerta de Violencia de Género (AVG) y los recientes datos presentados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (Segob), en donde la procuraduría estatal reportó en 2017 apenas dos casos de feminicidio y 11 mujeres víctimas de trata.

Las organizaciones locales han tenido que realizar registros alternos para tener datos más certeros de la violencia contra las tlaxcaltecas, en contraste con los datos proporcionados por la procuraduría, el Colectivo Mujer y Utopía AC documentó el año pasado 16 casos de feminicidio.

Asimismo, de 2016 a agosto de 2017 la agrupación contó 35 desapariciones de mujeres –principalmente niñas entre 14 y 16 años-, mientras el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Segob informó solo 11 desapariciones de mujeres de 2009 a 2016.

El 4 agosto de 2017 la Segob negó decretar en Alerta de Género a 13 municipios de Tlaxcala, asegurando que “no habían elementos suficientes” de violencia contra las mujeres para hacerlo.

Esta solicitud la había realizado en 2016 la agrupación “Todos para Todos AC”, quien pidió el mecanismo en estos municipios por estar identificados por la operación de redes de tratantes: Tenancingo, San Pablo del Monte, Chiautempan, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Apizaco, Papalotla de Xicohténcatl, San Lorenzo Axocomanitla, Zacatelco, Contla, La Magdalena Tlaltelulco, Xicohtzinco, Teolocholco y Santa Catarina Ayometla.

Ante la respuesta de Segob, organizaciones de mujeres volvieron a solicitar diez días después el mecanismo (14 de agosto de 2017), esta ocasión buscaron que la AVG fuera por la desaparición de mujeres, pues es un delito relacionado con otros: el feminicidio y la trata.

Las integrantes del Colectivo Mujer y Utopía, Justicia Pro Personas y la Red Retoño fueron las encargadas de tramitar esta segunda Alerta, pero un mes más tarde, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim)  dependencia de Segob- volvió a desecharla, argumentando que tenían que esperar tres meses para presentar otra petición de acuerdo con el reglamento de la AVG.

Pero la violencia contra las mujeres de Tlaxcala permanece y no cesa. En estos 25 días que lleva el 2018, según denunció a Cimacnoticias la directora de Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuactzin, van tres casos de feminicidio. 

En estos asesinatos se siguen observando los mismos patrones que fueron descritos en las solicitudes de Alerta y son reconocidos en estudios sobre la trata de mujeres en Tlaxcala; a las mujeres las privan de la libertad y de no ser localizarlas de forma inmediata, son halladas asesinadas.

El pasado 13 de enero Wendy Sánchez Pérez de 21 años de edad fue obligada por desconocidos a subir a un vehículo, mandó a su familias un mensaje de auxilio pero un día después el cuerpo de una persona calcinada fue hallado. Este 24 de enero se confirmó que era la joven.

La directora del Colectivo Mujer y Utopía, advirtió que las autoridades investigan el asesinato de Wendy como homicidio y que lo mismo ocurre en los otros dos casos que registraron en lo que va de 2018.

Ante la indignación de estos asesinatos, la agrupación junto al Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (OCNF) hicieron un llamado a las autoridades e insistieron en la urgencia de atender las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, para prevenir otros delitos de razón de género, como la trata, violencia sexual o el feminicidio.

Edith Méndez también indicó en entrevista que agotarán todos los recursos hasta que el estado atienda la situación y decrete la AVG. Actualmente las activistas participan en las mesas de trabajo del estado que se conformaron tras la negativa de la primera Alerta y buscan una junta con la nueva comisionada de Conavim, Ángela Quiroga Quiroga, para manifestar su preocupación. Advirtieron que de no tener una respuesta severa por parte del gobierno ante esta problemática, interpondrán un amparo hasta que logren que se decrete la AVG en la entidad.

De acuerdo con un estudio de Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, se tienen identificados en Tlaxcala 35 de los 60 municipios de Tlaxcala, que operan grupos de tratantes.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en una investigación sobre la trata en México ubicó las rutas naciones e internacionales de trata entre las entidades de Puebla y Tlaxcala: Tlaxcala-Puebla, Veracruz-Tlaxcala-Puebla, Guanajuato-Tlaxcala-Puebla, Morelos-Tlaxcala-Puebla, Ciudad de México-Puebla, Puebla-Tlaxcala-Arizona-Nueva York.

La ONU en el “Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México”, sostiene que en todo el país solo 49 por ciento de las denuncias por este delito derivan en averiguaciones previas, en el caso de Tlaxcala se reduce a 18 por ciento.

18/HZM/LGL

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) rechazó por segunda ocasión la petición de las organizaciones civiles para declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Tlaxcala por la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, con el argumento de que no pueden presentarse dos alertas por la misma causa y porque incumplieron los tiempos.

Lo anterior lo establece el Artículo 36 Ter en el párrafo segundo del Reglamento de la AVG en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el que se precisa que cuando “el Grupo de Trabajo no encuentre elementos suficientes que le permitan presumir la existencia o la veracidad de los hechos que dieron lugar a la solicitud, no podrá presentarse una nueva solicitud por los mismo hechos, sin que hubiera transcurrido, por lo menos, tres meses”.

El primer intento de las organizaciones civiles fue el 8 de agosto de 2016, cuando la organización civil “Todos para Todos” solicitó la AVG para 13 municipios de Tlaxcala en los que se reconoce la actividad de grupos dedicados al ilícito de trata de mujeres con fines de explotación sexual.  

Esta primera AVG la rechazó Conavim el 4 de agosto de 2017, por lo que las organizaciones civiles “Colectivo de Mujer y Utopía”, “Justicia Pro Personas” y la “Red Retoño”, volvieron a solicitar el mecanismo diez días después, el 14 de agosto de 2017. Es decir, de acuerdo con el reglamento de la AVG las organizaciones civiles tuvieron que esperar hasta noviembre de 2017 para intentar tramitar por segunda ocasión la Alerta.

Así lo informó en entrevista con Cimacnoticias, la directora del Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuactzin, quien proporcionó a esta agencia el documento de la negativa a la AVG que envío el 4 septiembre Conavim a las organizaciones peticionarias.

EL SIGUIENTE PASO: VIGILAR AL GOBIERNO

La directora del Colectivo Mujer y Utopía señaló que la respuesta de Conavim es producto de la negativa del Estado por reconocer la trata de mujeres en Tlaxcala y que el gobierno estatal únicamente ha simulado en el cumplimiento de la AVG y la implementación de leyes y estrategias para la prevención de la trata de personas con las que cuenta la entidad desde 2009.

“Esperamos que se decretará la AVG porque es la vía en que el Estado puede asumir su compromiso y tener la voluntad política para atender los problemas de violencia de género en Tlaxcala, y en el tema de trata entender cuáles son los mecanismos por los cuales se mantiene la explotación de las mujeres en la zona”, dijo.

Entre las vías que analizan las organizaciones civiles peticionarias de la AVG para que el gobierno estatal reaccione ante la desaparición de mujeres en Tlaxcala, es unirse a las mesas de seguimiento existentes para vigilar que las autoridades locales cumplan con las acciones que mandó Conavim.

Cabe recordar que el gobierno local tiene aún pendiente una serie de obligaciones a cumplir, como crear una Fiscalía Especializada para Investigar Delitos en Materia de Trata de Personas y un Protocolo para identificar a las víctimas.

Además deberá priorizar acciones gubernamentales en las rutas de trata de niñas y mujeres, que son: Tlaxcala-Puebla, Veracruz-Tlaxcala-Puebla, Guanajuato-Tlaxcala-Puebla, Morelos-Tlaxcala-Puebla, Ciudad de México-Puebla, Puebla-Tlaxcala-Arizona-Nueva York, ubicadas través de un diagnóstico realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con la información proporcionada por Edith Méndez, Conavim, el grupo de expertas y el gobierno local, aún no reanudan las mesas de trabajo sobre el seguimiento de las acciones de prevención de violencia, pues las fechas que se tenían previstas para la reunión estaban programadas en la semana del 19 de septiembre cuando ocurrió el sismo que impacto Morelos, la Ciudad de México y Puebla, y a la fecha no han tenido información de cuándo se reanudarán.

17/HZM/LGL

En un sólo día, el pasado 4 de agosto, la Secretaría de Gobernación (Segob) resolvió cuatro solicitudes de Alerta de Violencia de Género (AVG) y determinó activar el mecanismo de emergencia en seis municipios de Nayarit mientras que en Sonora, Tlaxcala y Tabasco consideró que “no existían elementos objetivos suficientes” para declararla.

En Nayarit la AVG se decretó en los municipios de Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Tecuala y Tepic. Igualmente la Segob resolvió establecer medidas específicas de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas de las localidades Huajicori y La Yesca, independiente de que en estas zonas no se haya declarado la Alerta.

Con Nayarit suman 12 las entidades con Alerta, y con la negativa en Sonora, Tlaxcala y Tabasco son siete estados en donde la Segob rechazó implementar el mecanismo.

EXCLUYEN A PETICIONARIAS EN TABASCO

El 14 de marzo de 2016 el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Cedh) solicitó la activación del mecanismo considerando que de acuerdo con el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) tan sólo en 2015 se atendieron 22 casos de feminicidio, mientas en cuatro años (2012 a 2015) la organización civil registró 59 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales sólo cuatro llegaron a una sentencia, lo que representa un 93 por ciento de impunidad.

La resolución que dio Segob el pasado 4 de agosto sobre no decretar la Alerta en Tabasco no fue notificada a la agrupación peticionaria, únicamente se dio a conocer a través del portal de internet del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), donde el dictamen argumenta que el gobierno estatal realizó acciones suficientes para atender la violencia de género.

Una vez que se presenta una solicitud de Alerta, el gobierno federal convoca a un Grupo de Trabajo, integrado por académicas y académicos para que evalúen la situación y hagan una serie de recomendaciones al gobierno estatal. Una vez que estas acciones se implementan se deben informar a los involucrados del cumplimiento. Con este proceso y las acciones se abre la posibilidad a no decretar la AVG.

La directora de la agrupación Leonora Ramírez Bautista, dijo en entrevista con Cimacnoticias que durante el proceso de la AVG también se les excluyó incluso nunca se les informó del reporte de cumplimiento que entregó el Gobierno estatal a la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), mismo que solicitaron a Segob por medio de la plataforma de transparencia.

En los documentos expuestos por Inmujeres, el voto razonado a favor de la declaratoria de la Alerta de Género en Tabasco es de la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Norma Inés Aguilar León, quien concluyó en su análisis que si bien existen avances gubernamentales frente a la violencia feminicida en Tabasco, no resultaban suficientes.

Para la funcionaria las acciones para atender los asesinatos violentos de mujeres se redujeron a la capacitación de los servidores públicos, y no a la investigación profesional y metodológica de los mismos. Tampoco, consideró, se cuenta con una base de datos oficial del contexto de violencia contra las mujeres o campañas que permitan a la población reconocerla, ni estrategias educativas desde la perspectiva de género.

RECONOCEN TRATA PERO SIN ALERTA

Como si se tratara de un trámite la resolución de Segob para Tlaxcala fue similar, la alerta la pidió el 8 de agosto de 2016 la agrupación Todos para Todos para 13 municipios de la entidad donde prolifera la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual comercial. La entidad se ha colocado a nivel nacional e internacional como de las regiones con los más altos índices de este delito.

Datos del Centro Fray Julián Garcés constataban que la Fiscalía de Justicia local recibió 200 denuncia por trata de personas en el periodo de 2011 a mayo de 2016 de las cuales, sólo 13 derivaron en sentencia condenatoria.

Por ello en su dictamen final del mecanismo, la Segob pidió al gobierno estatal generar políticas públicas en las rutas de movilidad víctimas de trata de mujeres y niñas (desde Puebla -Tlaxcala a la Ciudad de México) y crear una fiscalía especializada para investigar este delito, sin que esto signifique declarar la AVG.

Tanto en Tabasco como en Tlaxcala, se especifica que en seis meses se verificará que cada gobierno esté cumpliendo con las medidas dictadas por Segob.

CAJEME, NEGATIVA DESPUÉS DE DOS AÑOS

Después de dos años de proceso, el 4 de agosto la Segob dio a conocer la resolución respecto a la AVG para el municipio de Cajeme, Sonora, solicitada el 25 de mayo de 2015.

En entrevista telefónica la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, una de las solicitantes, denunció que la decisión se trató de un acto político porque la Segob prefirió no sumar más entidades en Alerta en vez de salvaguardar la vida de las mujeres y niñas sonorenses, pues en el mismo dictamen se reconoce que de 2015 a 2016 hubo un aumento del 110 por ciento de asesinatos de mujeres en la entidad.

Para Leticia Burgos el hecho de que la Conavim y el Inmujeres hayan resuelto cuatro solitudes de la AVG en un solo día es parte de ver al mecanismo como un mero “trámite”, sin reconocer que se trata de instrumento pensado para prevenir la violencia y salvar vidas de mujeres, expresó.

Como sucedió en Tabasco, en la votación para determinar la procedencia de la AVG en Cajeme, estuvo a favor la cuarta visitadora de la CNDH y la académica del Grupo de Trabajo, Mercedes Zuñiga Elizalde, quien precisa en su análisis que el dictamen de Segob “es producto de un proceso apresurado, limitado e irregular”, pues no votaron dos integrantes de las cuatro que conformaban el Grupo de Trabajo.

Quienes estuvieron en contra de la AVG fueron las instituciones públicas: la titular del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), Blanca Luz Saldaña, y las integrantes de la Conavim y del Inmujeres.

De acuerdo con la resolución, nuevamente en seis meses a través de la Conavim, la Segob revisará que el estado encabezado por Claudia Pavlovich implemente las obligaciones que le fueron dadas hace dos años por parte del Grupo de Trabajo en su informe:

Implementar los protocolos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas; dar medidas de protección a víctimas de violencia de género; crear una “vicefiscalía” para investigar los casos de feminicidio; aplicar la Norma Oficial Mexicana 046 para el acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación.

Generar política pública para el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres; realizar un diagnóstico sobre la situación de violencia de género en Cajeme; y capacitar a funcionarios públicos así como generar campañas de prevención de la violencia contra las mujeres.

17/HZM

Tras la negativa de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para tomar medidas para erradicar la trata de personas en Tlaxcala, organizaciones civiles del estado solicitarán por segunda vez que se active la Alerta de Violencia de Género (AVG). 

La decisión la tomaron luego de que este 4 de agosto la Conavim, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), negó aceptar la solicitud Alerta que ya se había solicitado por los casos de trata de personas y violencia sexual.

En conferencia de prensa en Tlaxcala, representantes del Colectivo Mujer y Utopía y de la organización Red Retoño informaron que de nuevo solicitarán que se activen medidas de emergencia, pero esta vez por desaparición de mujeres ya que este delito es “la matriz de otros crímenes frecuentes. 

En entrevista con Cimacnoticias la abogada de la Red Retoño, Miriam Pascual Jiménez, declaró que en aquella entidad la desaparición de mujeres puede culminar en violaciones sexuales  o feminicidio.

El 8 de agosto de 2016 la organización Todos para Todos solicitó al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) activar la AVG por trata de personas y violencia sexual, la cual fue admitida. En este caso se conformó un Grupo de Trabajo que, luego de analizar el contexto de violencia de género, entregó al gobierno del estado un informe y recomendaciones que el 24 de noviembre aceptó cumplir el gobernador de la entidad, el priísta Mariano González Zarur. 

El 4 de agosto la Segob emitió un dictamen donde estableció que la Alerta no se aprobó porque el gobierno de Tlaxcala realizó “acciones suficientes” para implementar las recomendaciones. 

Sin embargo, la directora del Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuactzin, denunció que la Segob negó la AVG porque el grupo de trabajo de la Conavim “no analizó que el fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual se encuentra vinculado a delitos sexuales, al embarazo infantil y adolescente y a las desapariciones de niñas y mujeres”.

A ello, dijo, se sumó que la solicitud se hizo durante la transición de gobierno. “El gobierno saliente de manera simuladora aceptó las nueve recomendaciones del grupo de trabajo sin realizar absolutamente nada en el último mes de su administración, dejando a la administración entrante la responsabilidad de dar repuesta”, expuso.

También señaló como un factor negativo que las recomendaciones fueron “muy generales” –como solicitar la creación de un banco estatal de datos sobre las mujeres víctimas de violencia en la entidad–  y que no se propuso  que “realmente se buscara y atendiera a víctimas por trata de personas y violencia sexual”.

Por su parte la defensora de la Red Retoño, Montserrath Gheno, señaló que el “discurso mediático del actual gobierno, encabezado por el priísta Marco Antonio Mena Rodríguez, ha sido no reconocer el problema, minimizarlo e visibilizarlo”.

En un comunicado, firmado también por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), las organizaciones lamentaron que la Segob rechazara la AVG y se basara únicamente el recuento de los “esfuerzos” realizados por el gobierno para atender la trata y violencia sexual. 

También expusieron su preocupación por que el resolutivo recomienda al gobierno realizar políticas públicas para prevenir, erradicar y sancionar la trata personas que, aseguran, ya están establecidas en la estrategia Estatal y el Plan Sexenal contra la trata que aún están vigentes. Además, denunciaron, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 carece de una política clara y comprometida en la materia.

Las firmantes aseguraron que también es preocupante que se recomendara al gobierno identificar las rutas de movilidad de tratantes cuando organizaciones internacionales las han señalado desde hace 13 años. Miriam Pascual dijo que antes de precisar para qué municipios se solicitará la Alerta las organizaciones expondrán que todo Tlaxcala es un “foco rojo por el delito de trata y desaparición”, ya que se sabe que al menos en 36 de los 60 de municipios operan familias de tratantes.

Con la nueva solicitud buscarán que la Conavim emita recomendaciones y que estas vayan de la mano con indicadores de evaluación que “permitan medir verdaderamente que el gobierno estatal está cumpliendo sus obligaciones porque en esta solicitud los criterios de evaluación fueron muy ambiguos y subjetivos”, indicó la abogada. 

DESAPARICIONES CONSTANTES

Olga Tezmol, madre de Karla Romero Tezmol, niña de 11 años desaparecida desde 2016 y el único caso de la entidad por el que la Procuraduría local inició una carpeta de investigación, denunció que en los municipios dedicados a la trata de mujeres y niñas con fines sexuales “seguirán desapareciendo mujeres y niñas, seguirá el miedo o la indiferencia, porque la realidad es que esta ‘buena voluntad’ no refleja cambios estructurales”.

Tzmol dijo también que el dictamen de la Conavim y el propio informe que la instancia emitió “no representa a las víctimas, a quienes nunca se nos ha tomado en cuenta”. En ello coincidió Miriam Pascual, quien espera que tras la nueva solicitud se realicen mesas de trabajo a las que inviten a familiares víctimas de desaparición y organizaciones especializadas en el tema.

La AVG se solicitará porque, aun cuando las desapariciones de mujeres y niñas son constantes en la entidad, de 2012 a 2016 la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala reportó sólo  8 mujeres desaparecidas, 3 de ellas menores de edad.

No obstante, no hay certeza de las cifras ya que de 2012 a 2014 la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas señaló que desaparecieron 20 menores de edad en Tlaxcala, de las cuales 14 son niñas y 6 son niños, solo los niños fueron localizados.  

En tanto la Red Retoño y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres en el estado de Tlaxcala documentaron, de enero de 2016 a abril de 2017, 20 casos de desaparición, en su mayoría de menores de edad.

Olga Tezmol denunció la indiferencia de las autoridades por garantizar justicia pues dijo que desde enero de 2016 en el municipio de San Pablo del Monte han desaparecido 12 niñas y mujeres, quienes fueron rescatadas por sus familias, la mayoría con signos de violencia sexual, pero todas ellas siguen sin obtener justicia. “La ‘buena voluntad’ que el gobierno señala no se ha visto reflejada en nuestra realidad cotidiana”, sentenció.

17/MMAE

En demanda por justicia para Mara Fernanda Castilla Miranda, joven desaparecida el 8 de septiembre de 2017 en el municipio de Cholula, Puebla, tras abordar un servicio de taxi y ser encontrada asesinada siete días después en una barranca en San Miguel Xonacatepec en los límites de Tlaxcala, mujeres de seis estados se manifestaron en las calles este fin de semana para exigir un alto al feminicidio en el país.

El 8 de septiembre Mara Castilla abordó un taxi de la empresa privada Cabify conducido por Ricardo Alexis N. para llegar a su domicilio, sin embargo, la joven nunca llegó por lo que su familia presentó una denuncia por su desaparición (carpeta de investigación 14652/2017/ZC).

El chofer se presentó a declarar ante la Fiscalía y dijo que dio el servicio a la joven, quien había solicitado bajar en un punto cercano a su domicilio, pero las cámaras de seguridad constataron que la joven de 19 años de edad nunca bajo de la unidad de transporte.

Ricardo N. fue detenido el 12 de septiembre, y el cuerpo de Mara localizado tres días después de la detención del chofer, el 15 de septiembre, cuando la Fiscalía General de Justicia de Puebla informó que Mara había sido asesinada por el conductor del taxi y su cuerpo con signos de violencia sexual fue arrojado en una barranca cercana a los límites con el estado de Tlaxcala.

El feminicidio de Mara Castilla, subrayó en un comunicado el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) fue resultado de la omisión, dilación, colusión y complicidad de las autoridades de Puebla y Tlaxcala, regiones en las que a falta de una articulación interestatal para frenar la violencia hacia las mujeres, ya ha cobrado la vida de 82 poblanas este año, según los registros de organizaciones civiles.

El OCNF exigió al gobernador del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad y a las autoridades estatales de justicia, que el asesinato de Mara Castilla sea investigado como feminicidio y juzgado con perspectiva de género, e indagar a fondo al transporte privado de taxis utilizado por la adolescente para deslindar si participó o no en el crimen.

El Observatorio indicó que los protocolos de búsqueda de mujeres, niñas y adolescentes (como la Alerta Amber y el Protocolo Alba) no están operando de manera efectiva en una zona conocida por tener el principal corredor de trata de personas en México (Puebla-Tlaxcala), ya que en los protocolos se indica explícitamente que las primeras 72 horas de investigación son vitales para hallar con vida a las mujeres.

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de 2012 a 2015 desaparecieron 780 mujeres tan sólo en Puebla, con un perfil muy concreto, son mujeres entre los 15 y 29 años de edad.

Por ello, la organización urgió a ambos gobiernos a investigar el patrón sistemático y modus operandi de los grupos de trata de mujeres con fines de explotación sexual que existen en la región de Puebla y Tlaxcala.

El Observatorio recordó que el feminicidio de Mara Castilla no es un caso aislado sino parte de la problemática estructural de violencia perpetrada contra las mujeres y por ello es que se ha solicitado en dos ocasiones la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Tlaxcala. La primera fue desechada y la segunda sigue en espera de ser aceptada o no, por la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Las mujeres estamos hartas de vivir con miedo, inseguras, del machismo, de la institucionalización de la impunidad, de la complicidad de las autoridades responsables de procurar y administrar la justicia. Hoy más que nunca nos negamos a continuar viendo cómo nos matan y cómo matan a nuestras jóvenes”, se pronunció en el documento el OCNF conformado por 40 asociaciones civiles.

Al llamado y repudio por el feminicidio de Fernanda Castilla, también se unió el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem) que demandó al Estado mexicano generar mecanismos adecuados para erradicar la violencia contra la población femenina, como lo dispone la Constitución mexicana, los tratados internaciones y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

MUJERES, PROTESTAN PÓR FEMINICIDIO EN ESTADOS

Tras la noticia del feminicidio de Mara, organizaciones civiles convocaron a protestar en varios puntos y ciudades del país el 17 de septiembre. En Puebla, la Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guadalajara, se realizaron marchas simultáneas.

En Puebla se convocó a iniciar la protesta desde la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) institución donde estudiaba Mara Castilla, para dirigirse a la explana central del municipio, donde organizaciones civiles pidieron declarar en Alerta de Violencia de Género a Puebla.

Mientras, en la Ciudad de México mujeres, adolescentes y familias acompañas de niñas, vestidas de morado, con banderas y pancartas en las que expresaban su rechazo a la violencia que enfrentan en su cotidianidad, caminaron a partir de las 12 de la tarde desde la explanada del Zócalo al edificio de la Procuraduría General de la República (PGR) donde concluyeron con llamados a impartir justicia y la protección de sus vidas.

De acuerdo con las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Puebla, Ricardo Alexis N. será juzgado por el delito de feminicidio y actualmente se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas periciales.

17/HZM/LGL

A dos meses de que el procurador General de Justicia de Tlaxcala, Tito Cervantes Zepeda, se comprometió con  familiares de niñas desaparecidas y víctimas de violencia sexual del municipio de San Pablo del Monte a revisar personalmente los casos, las acciones de la Procuraduría siguen siendo “simuladas”, con lo que se obstaculiza el acceso a la justicia de mujeres y niñas en esta situación.
 
Eso denunció en entrevista la abogada de las organizaciones Red Retoño y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social A.C, Miriam Pascual Jiménez, quien desde marzo pasado expuso en conferencia las irregularidades que enfrentan los familiares de niñas desaparecidas y agredidas sexualmente  al denunciar en los ministerios públicos, así como la omisión de funcionarios de la entidad.
 
Miriam Pascual informó que tras una reunión efectuada la última semana de marzo entre la secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de violación, representantes de las organizaciones acompañantes y el procurador Cervantes Zepeda este último se comprometió a  investigar hasta obtener justicia cada uno de los siete casos de desapariciones de niñas y tres mayores de edad registrados por las organizaciones Red Retoño y Grupo de Acción  desde enero de 2016 hasta marzo de 2017.
 
Sin embargo, aseguró Miriam Pascual, “ante las denuncias, la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala (PGJ) solo ha tomado medidas simuladas”. Incluso se niega a aceptar que existan otros casos además de los sólo ocho reportes de mujeres desaparecidas que la instancia reportó de 2012 a 2016, de los cuales sólo tres corresponden a menores de edad. “Los califican como casos aislados”, dijo.
 
SIN RESPUESTAS
 
Miriam Pascual señaló que la indiferencia de las autoridades ante las desapariciones de mujeres se refleja en la falta de voluntad del gobernador de Tlaxcala, el priista Marco Antonio Mena Rodríguez, por conversar con las familias. “Antes de reunirnos pusimos como requisito la presencia del Gobernador, sin embargo, él no se presentó ni se ha comunicado con la familia, al igual que el presidente municipal de San Pablo del Monte, Cutberto Benito Cano Coyotl”, aseguró.
 
Además, la abogada expuso que el argumento otorgado por la secretaria de Gobierno de Tlaxcala para explicar el retraso en la resolución de los casos es el desconocimiento de estos, porque las exigencias de justicia fueron atendidas, primero, por la administración anterior del estado encabezada por Mariano González Zarur. “Es mentira ese desconocimiento, dijo la abogada, ya que Anabel Alvarado trabajaba como secretaria particular con el Gobernador anterior cuando denunciamos las desapariciones constantes en la zona”, explicó.
 
SIGUEN INTIMIDACIONES Y OMISIONES
 
Señala la abogada que la PGJ continuó con las agresiones a las familias que denunciaron en marzo pasado omisiones de la autoridad, como falta de activación de la Alerta AMBER, retraso en la recolección de pruebas a tiempo y trato revictimizante. Se trata de las familias de Karla Romero Tezmol, desaparecida en San Pablo del Monte desde enero de 2016, y de Sandra Xahuantila, y Sarahí Tezmol, desaparecidas y encontradas posteriormente con signos de violencia sexual,  
 
“La PGJ habló con los familiares y los buscó en sus domicilios para presionarlos con el argumento de que si no se presentaban a ampliar su declaración las iban a meter a la cárcel”, se trató, afirmó Miriam Pascual de hostigarlos y sancionarlos ante la denuncia pública que hicieron las familias”.
 
Y calificó a estas acciones de innecesarias: “Lo hicieron para aparentar que se están trabajando, pero no se está investigando para dar con los agresores”. Muestra de ello es que recientemente la Red Retoño tuvo conocimiento de que la Secretaría de Seguridad Pública de Tlaxcala constó en un escrito que el sistema de C4, el sistema público de cámaras de la zona donde se han registrado desapariciones, no está funcionando.
 
Además, informó, vecinos de la zona con negocios ya fueron advertidos por personal policial para no mostrar los videos captados por sus cámaras. “Un policía le hizo firmar al dueño de una tienda ubicada en la ruta donde han desaparecido varias menores un documento donde decía que él no podía dar información a nadie”, comentó.
 
Miriam Pascual comentó que ese tipo de acciones son ejemplo de las prácticas constantes de obstaculización de las autoridades, pero dijo que, junto con familiares de las víctimas desde la Red Retoño, el Grupo de Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social mantienen las exigencias porque se inicien averiguaciones previas en todos los casos de desaparición y que no se pierdan pruebas esenciales en los delitos de violación como las muestras de semen.
 
De acuerdo a datos de la Red Retoño en Tlaxcala, la desaparición de Karla Romero Tezmol es la única contabilizada porque sólo ella cuenta con una Averiguación Previa por delitos relacionados con su desaparición.
 
Las desapariciones de niñas y mujeres ocurren en un contexto donde organizaciones civiles de Tlaxcala emitieron en agosto de 2016 la primera solicitud para la implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG), admitida por el Instituto Nacional de las Mujeres desde el pasado 30 de agosto, por el delito de explotación sexual comercial de mujeres.
 
17/MMAE/GG

Familiares de niñas víctimas de desaparición y violencia sexual, así como organizaciones sociales, solicitaron al gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez y al procurador General de Justicia, Tito Cervantes, una reunión para exigir investigación correcta y justicia.
 
Las organizaciones Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social A.C., la Red Retoño y familiares de Sandra Xahuantila y Sarahí Tezmol, niñas que fueron desaparecidas en el municipio de San Pablo del Monte, en 2016, y luego halladas, así como familiares de Karla Romero, desaparecida desde enero de 2016, denunciaron la omisión y negligencia de servidores de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para investigar los casos.
 
Durante una conferencia realizada en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Olga Tezmol, madre de Karla Romero, el único caso de la entidad por el que hay una averiguación previa, exigió “una reunión inmediata con el Gobernador, el Procurador del estado y las familias afectadas para que escuchen de viva voz nuestros testimonios”.
 
También instó al presidente municipal de San Pablo del Monte, Cutberto Benito Cano Coyotl, cumplir las promesas que hizo para avanzar en la averiguación del caso de Karla Romero.
 
La integrante de la Red Retoño, Miriam Pascual, denunció las constantes violaciones al Protocolo de Investigación de los Delitos de Violencia Sexual hacia Mujeres, cuando las familias denuncian la desaparición y violencia sexual de niñas.
 
Miriam Pascual aseguró que “Las autoridades no toman las medidas correspondientes en caso de agresiones sexuales, no se hacen carpetas de investigación, no se guardan las evidencias, pierden estas, además de revictimizarlas”.
 
Desde la desaparición de Karla Romero, hace 14 meses, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social A.C. y la Red Retoño han documentado la desaparición de 7 niñas y 3 mayores de edad tan solo en San Pablo del Monte, Tlaxcala.

Miriam Pascual mencionó que 5 de ellas fueron localizadas “gracias al trabajo de las y los familiares de las víctimas porque las autoridades no participaron” y, dijo, “todas fueron localizadas bajo el mismo patrón de violencia sexual”.
 
Las desapariciones de niñas se dan en un contexto de impunidad y omisión de cifras. De acuerdo a datos de la PGJ de Tlaxcala la instancia ha reconocido únicamente los casos de 8 mujeres desaparecidas de 2012 a 2016, de ellas 3 por ciento eran menores de edad.
 
Miriam Pascual aseguró que “las omisiones facilitan y fortalecen las redes de personas que cometen estos actos”. Tlaxcala es la única entidad del país que, desde 2016, cuenta con la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) por el delito de trata de personas y violencia sexual.
 
Tan solo de 2011 a mayo de 2016, según datos del Centro Fray Julián Garcés, en Tlaxcala se recibieron 200 denuncias por trata de personas, en sólo 13 se emitieron condenas, es decir, en 93 por ciento de los casos permanecieron en impunidad.

A 14 meses de la desaparición de Karla Romero organizaciones han documentado la desaparición de 7 niñas y 3 mujeres mayores de edad tan sólo en la comunidad de San Pablo del Monte, Tlaxcala. En la imagen, Olga Tezmol, madre de Karla Romero Tezmol | CIMACFoto: César Martínez López

El integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social, David Peña, dijo que hace unas semanas familiares de Karla se reunieron con el procurador de Tlaxcala y le entregaron un  informe con la evaluación hecha sobre el tratamiento del caso, mismo que se busca entregar al Gobernador.
 
David Peña indicó que las peticiones no solo van al Procurador, “porque el personal sigue siendo el mismo que ha facilitado que grupos cometan violencia sexual en San Pablo del Monte, desaparición o feminicidio”.
 
“Pedimos que se transparenten las cifras de desapariciones por el manejo tendencioso y ambiguo de los casos de desapariciones en Tlaxcala, que no sólo invisibilizan los casos sino que evita la construcción de una política pública que dimensione los casos en términos criminales”, mencionó David Peña.
 
Las organizaciones también solicitaron la creación de una unidad especial de investigación que pueda identificar patrones de cómo están actuando estos grupos y atacarlos. “Si no hubiese una respuesta asumiríamos que no hay interés y que esta complicidad se extiende más allá del propio personal de la procuraduría”, afirmó  David Peña
 
Miriam Pascual informó que el día de ayer, a las siete de la mañana, desapareció otra niña en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala y, dijo “esto seguirá mientras no se investigue ni haya voluntad para atender los casos”.
 
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El estado de Tlaxcala, colocado en la mirada internacional como una de las regiones con los más altos índices del delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual comercial, tiene avances mínimos a seis años de que inició la aplicación e implementación de la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas y del Plan Sexenal contra la Trata de Personas. 
 
Así lo denunciaron en un comunicado las agrupaciones civiles  Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local AC, el Centro de Atención a la Familia Migrante e Indígena (Cafami), en donde señalan la actitud simuladora e impune del actual gobierno de la entidad y de anteriores administraciones, lo que ha acrecentado el delito.
 
Tan grave es la situación, indican las organizaciones, que el estado es el único en el país para que el que hay solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) por el delito de trata de personas.
 
De acuerdo con datos del Centro Fray Julián Garcés, el gobierno de Tlaxcala recibió 200 denuncias por trata de personas en el periodo de 2011 a mayo de 2016 de las cuales sólo 13 derivaron en sentencia condenatoria, lo que representa un 93 por ciento de impunidad.
 
Las organizaciones se dijeron preocupadas por la persistencia de esta problemática y recordaron al gobierno que es su obligación garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y de explotación sexual, responsabilidades que están establecidas en el marco jurídico local, nacional e internacional.
 
Recordaron que en el ámbito internacional los gobiernos están obligados por el Protocolo para Prevenir, Reprimir, y Sancionar la Trata de Personas de Naciones Unidas, y en el ámbito federal por la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (2012), así como por la Ley para la Prevención de la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala (2009), la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas (2011), y el Plan Estatal Sexenal contra la Trata de Personas (2012).
 
CAPÍTULO ESPECÍFICO
 
Por lo anterior, señalan las organizaciones, la comunidad tlaxcalteca demanda al actual gobierno que incluya en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 –que deberá estar listo este mes- un capítulo específico sobre la situación actual del delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y destinar anualmente recursos económicos suficientes a las instituciones públicas encargadas de dar cumplimiento a la Estrategia Estatal contra la Trata.
 
Estas acciones, indicaron, deberán estar sustentadas en los marcos normativos ya mencionados, además de hacer las adecuaciones pertinentes para asegurar la prevención, atención y protección integral de las víctimas, también la adecuada investigación y judicialización y la coordinación interinstitucional entre los diferentes órdenes de la administración pública.
 
PREVENCIÓN
 
Asimismo, las organizaciones resaltaron que la prevención es el método más efectivo para disminuir el delito, por lo que es fundamental impulsar una estrategia educativa permanentes con perspectiva de género y masculinidades no violentas, que enseñe a la población estudiantil y docente a identificar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual comercial,  entre otras formas de violencia.
 
El estudio de 2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México” reveló las diversas rutas de trata de personas que se han detectado e implican a la entidad: Tlaxcala-Puebla, Veracruz-Tlaxcala-Puebla, Guanajuato-Tlaxcala-Puebla, Morelos-Tlaxcala-Puebla y Puebla-Tlaxcala-Arizona-Nueva York.
 
En cuanto a los lugares de origen, el estudio de la CNDH señala los municipios de donde pertenecen las niñas y mujeres víctimas de trata en Tlaxcala: Apizaco, Acuamanala, Zacatelco, Ayometla, San Cosme Mazatecoxco, Santa Ana Chiautempan, Papalotla de Xicohtencatl, San Pablo del Monte, San Miguel Tenancingo, Contla de Juan Cuamatzi y Panzacola.
 
Por último, las organizaciones dijeron que esta petición fue entregada al despacho del gobernador del estado, Marco Mena Rodríguez, y a la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas de la LXII Legislatura del Congreso Local, Guadalupe Sánchez Santiago.
 
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En Tlaxcala no hay registro de ninguna averiguación previa por el delito de feminicidio, pese a que desde marzo de 2012 está tipificado en el Código Penal de la entidad, aseguró la directora del Colectivo Mujer y Utopía A.C., Edith Méndez Ahuactzin.
 
En contraste, desde 2008 hasta la fecha, el Colectivo Mujer y Utopía A.C., integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio,  ha contabilizado, a través del monitoreo de medios impresos  y electrónicos de la entidad, 88 casos de feminicidio.
 
“Sabemos”, denunció Méndez Ahuactzin en entrevista con Cimacnoticias, que esta cifra solo es un acercamiento a la realidad. Hay muchos casos que no registran ni los medios ni la autoridad estatal y por ello quedan en la impunidad
 
En Tlaxcala, la simulación en el cumplimiento de la ley, falta de voluntad política y la inexistencia de registros gubernamentales sobre los casos de violencia feminicida y explotación sexual son los factores que permiten un contexto de “extrema violencia hacia las mujeres”, dijo la activista.
 
Además, de 2010 a 2016 solo se registraron 22  averiguaciones previas  abiertas por  homicidios dolosos  de mujeres y niñas, de acuerdo a datos del “Informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el estado de Tlaxcala”, presentado en agosto de 2016 a la Secretaría de Gobernación para solicitar la implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en esta entidad.
 
CRECE VIOLENCIA VS. MUJERES EN SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
 
Por otra parte, la violencia hacia mujeres en condición de explotación sexual va en aumento. Tan sólo el día de ayer, en la comunidad de Villa Alta, Tlaxcala, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer que había sido reportada como desaparecida desde el 3 de febrero.
 
La Procuraduría General de  Justicia (PGJ) de Tlaxcala informó que la mujer se encontraba en condición de explotación sexual comercial en un bar del municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.
 
Edith Méndez Ahuactzin comentó que existen varios casos de violencia perpetuada hacia las mujeres en condición de explotación sexual comercial entre los estados de Puebla y Tlaxcala y explicó  que, además de la cercanía entre las entidades: “Ambas están en la región del centro del país en donde existe todo un corredor de enganche, de traslado y explotación de las  mujeres”.
 
Méndez Ahuactzin añadió: “Tlaxcala, por las condiciones sociales y culturales en las que se encuentra, ha permitido la presencia de estas formas de violencia y la construcción de redes de explotación sexual con los demás estados de la zona”.
 
En el informe presentado para solicitar la AVG dice que, de 2011 a 2015, la PGJ del estado reportó el rescate de  126 víctimas de 2011 a 2015.
 
URGE AGENDA LEGISLATIVA
 
Ante este panorama, en diciembre de 2016, 18 organizaciones civiles, académicas y personas defensoras de derechos humanos formaron el Colectivo Feminista de Tlaxcala. “El objetivo del grupo es visibilizar la violencia que viven las mujeres de la entidad y trabajar en la construcción de una agenda legislativa que incluya la perspectiva de género”, comentó Méndez Ahuactzin.
 
El colectivo se reunió el día de ayer con la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas del Congreso local de la LXII Legislatura local para exigir a las diputadas presentes la implementación de  acciones específicas para reducir la violencia contra las mujeres y las niñas; además de denunciar la simulación y la omisión en la atención de los casos.
 
Entre las organizaciones que forman parte del colectivo se encuentran la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDESER), la Organización Desarrollo Humano y Social A.C., el Colectivo Mujer y Utopía A.C.; así como Pares en un Mundo de Nones, y el Centro "Fray Julián Garcés" Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.
 
La Directora del Colectivo Mujer y Utopía A.C. piensa que la creación del grupo: “Es un gran paso y un primer acercamiento para seguir fomentado los espacios de diálogo con gobernantes e insistirles que trabajen para combatir la violencia hacia las mujeres en Tlaxcala”.
 
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El pasado 30 de agosto la titular del Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, notificó a la organización Todos para Todos, la admisión de la solicitud para declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 13 municipios de Tlaxcala, debido a violencia sexual y trata de personas.
 
De hecho, de manera irregular desde 20 días antes de la notificación Inmujeres lanzó la convocatoria para conformar el grupo de trabajo para la alerta de género en Tlaxcala, aunque de acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es hasta después de que se acepta la solicitud que se debe integrar el grupo de trabajo.
 
Y un día después de notificar a Todos para Todos sobre la admisión de la solicitud hecha el 9 de agosto, se publicó el resultado de la convocatoria para seleccionar a dos especialistas nacionales y dos especialistas locales, en la que eligieron a Alejandra Silvia Carreras, del Instituto Nacional de Ciencias Penales; Amalia Cruz Rojo, del Instituto Tecnológico Autónomo de México; Óscar Montiel Torres, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y Ángel Christian Luna Alfaro, del Colegio de Tlaxcala.
 
La organización Todos para Todos, que también fue una de las promoventes de la AVG para Puebla, pidió que se active el mecanismo federal para los municipios de Tenancingo, San Pablo del Monte, Chiautempan, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Apizaco, Papalotla de Xicohténcatl, San Lorenzo Axocomanitla, Zacatelco, Contla, La Magdalena Tlaltelulco, Xicohtzinco, Teolocholco y Santa Catarina Ayometla por existir violencia sexual y trata de personas.
 
Entre los argumentos que brindó la asociación está el incremento de 600 por ciento en el número de averiguaciones previas en el país por trata de personas de 2008 a 2014, siendo los estados que más acumulan denuncias por ese delito la Ciudad de México, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Chiapas.
 
También se menciona que 80 por ciento de los explotadores sexuales de mujeres proceden de Tlaxcala o realizan sus actividades delictivas en ese estado, así como en Puebla, Veracruz y la Ciudad de México.
 
Todos para Todos señala además que en promedio se detiene a un presunto tratante por cada siete investigaciones abiertas por el delito de trata de personas, pero sólo en 7.2 por ciento de los casos el responsable ha sido sentenciado.
 
Al momento de informar la aceptación de la solicitud de la AVG en Tlaxcala, la vocera de la organización, Violeta Lagunes Viveros, dijo que existe mayor confianza en que el estado de Tlaxcala se comprometa a emitir la alerta que el de Puebla.
 
Esto debido a que a casi tres meses de que el grupo de trabajo diera su informe sobre la situación de la violencia contra las mujeres en Puebla, no se les ha convocado a las reuniones ni tienen noticia de los avances.
 
También porque el gobierno poblano, encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, notificó su aceptación de las observaciones del grupo de trabajo hasta el último día, lo cual demuestra –desde su punto de vista- que no existe compromiso para atender la violencia de género y que se pretende que sea la administración de Antonio Gali Fayad la que tenga que emitirla.
 
*Este artículo fue retomado del portal de noticias ladobe.com.mx
 
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