San Salvador Atenco

Fue superlativo el cinismo de los representantes del Estado mexicano mostrado en la Audiencia Pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizada en San José, Costa Rica, este 16 y 17 de noviembre, por el caso Atenco.

En contraste, fuerza y valentía demostraron las cinco sobrevivientes que presentaron sus testimonios por haber sido torturadas sexualmente por policías, quienes les rasgaron su ropa, las golpearon, las pellizcaron, las penetraron, se burlaron de ellas, las insultaron, las humillaron...

Las 11 mujeres que siguen la demanda ante ese organismo internacional piden se conozca la verdad, se castigue a los culpables materiales e intelectuales, que el Estado mexicano no sólo reconozca que sus agentes incurrieron en uso excesivo de la fuerza, sino que cometieron tortura sexual (no tortura por omisión ni encubrimiento por tortura): que se disculpe.

Como resultado de un operativo policíaco en el que participaron más de 2 mil 500 agentes locales y federales, 200 hombres y 50 mujeres fueron detenidos en el poblado de Atenco, donde sus habitantes protestaban por la instalación de un aeropuerto.

Este caso demuestra la importancia de los pactos de impunidad para que se siga repitiendo una forma de establecer “orden” por parte de las fuerzas públicas y se justifique su agresividad bajo el entendido que las personas reprimidas son “enemigos”. Igual ocurrió en Guatemala durante la guerra.

Aunque los voceros de la cancillería mexicana utilicen una verborrea con múltiples subterfugios, quedó claro que ningún inculpado por la represión ejercida ha sido condenado después de 11 años. Y si un policía fue sentenciado sólo por “actos libidinosos”. Después, con un recurso de amparo, fue dejado en libertad.

El caso Atenco es conocido gracias a que 11 mujeres han alzado su voz en múltiples foros para exigir justicia, reivindican su derecho a una reparación digna para sentar un precedente en México y no se repita ese tipo de abusos. Así lo hicieron en Guatemala, las abuelas de Sepur Zarco (departamento de Alta Verapaz), quienes durante la guerra sufrieron esclavitud sexual en un destacamento militar.

Las sobrevivientes de Atenco en ese entonces eran trabajadoras, estudiantes, periodistas, activistas, y les imputaron cargos falsos, se les obligó a seguir procesos judiciales y a estar privadas de libertad, en un contexto en el que siendo gobernador Peña Nieto asumió la responsabilidad de restituir el “orden” en ese poblado mediante el uso de la fuerza pública. 

La tortura sexual no es un acto excepcional, es una realidad persistente. En la audiencia se explicó que de cada 100 mujeres detenidas en México, 72 sufren violencia sexual y 33 de ellas son violadas.

Ello ocurre porque existen pactos de impunidad entre machos, ya que los patrones de actuación con esquemas de supremacía masculina que siguen los elementos policíacos y sus jefes, les obliga a silenciar los abusos que cometen contra mujeres; y sabiéndose impunes nombran putas, perras, mentirosas, revoltosas a sus víctimas, a quienes culpabilizan por hacer sido detenidas ya que ellas “tendrían” que estar en su casa...

Por ello, tienen mucha razón las defensoras de derechos humanos quienes abogar por acabar con la figura de los “intocables”, de los que se sienten todopoderosos.

* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.

17/RHA/LGL

México cerró 2016 con una severa problemática de violencia generalizada en todo su territorio y la impunidad persistió en la violación de Derechos Humanos (DH), sobre todo en los casos de tortura y malos tratos cometidas por militares, como violaciones y agresiones sexuales hacía las mujeres.
 
Así lo dice el informe anual de Amnistía Internacional (AI) 2016-2017 “La situación de los derechos en el mundo”, donde señala que  después de 10 años del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”, iniciada por Felipe Calderón, la actuación de personal militar en las calles para operaciones de seguridad pública ha generado el aumento de violencia y malos tratos.
 
Y la mayoría de estas violaciones son cometidas contra mujeres, comunidades indígenas y personas defensoras de DH.
 
TORTURA Y MALOS TRATOS POR MILITARES
 
Como otras organizaciones lo han reportado, la violencia sexual fue la forma de tortura más habitual durante las detenciones de mujeres, sin embargo la impunidad contra estos malos tratos se mantuvo absoluta en 2016.
 
De acuerdo con el recuento de AI, sólo se presentó un avance significativo durante ese año, cuando en abril la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que presentaría cargos de tortura contra cinco agentes federales en respuesta a la filtración de un video en el que se observa a políticas y soldados torturando a una mujer.

La organización considera que esta sentencia podría presentar un avance mínimo pero significativo, ya que han reportado que ni un sólo soldado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)  de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) ha sido consignado o suspendido del servicio por violación o abuso sexual contra mujeres entre los años 2010 a 2015.

ATENCO, 10 AÑOS
 
Asimismo, dice el reporte de AI, en el caso de las 11 mujeres sometidas a violencia sexual como forma de tortura por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en San Salvador Atenco en 2006, se mantuvo la impunidad hasta la fecha del reporte, 2016, ya que Gobierno federal no aplicó “las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, por lo que el caso fue remetido en septiembre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
 
AI observó que existe una intolerancia cada vez mayor por parte del Gobierno mexicano para atender las críticas de organismos internacionales ante estas violaciones. “En México, las autoridades se mostraron tan reacias a aceptar críticas, que llegaron al extremo de negar la crisis de derechos humanos que vivía el país”, señala.
 
Asimismo otro de los casos emblemáticos que se mantuvo en la impunidad fue el de Miriam Isaura López Vargas, detenida en febrero de 2011 por militares en Baja California, quienes la violaron y torturaron con descargas eléctricas para inculparla por crimen organizado. En septiembre del mismo año fue liberada, pero a pesar de tener identificados a los agresores hasta el momento ninguno ha sido detenido.
 
CASOS EN REVISIÓN
 
Por otra parte, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, perteneciente a la PGR, informó que tenía en revisión, en 2016, a nivel federal, 4 mil 115 expedientes de investigación por casos de tortura cometida por autoridades.
 
Sin embargo, en la mayoría de estos casos existían irregularidades en las investigaciones, porque no cuentan con dictámenes forenses especializados que comprueben que se cometió tortura. Sin dictamen médico oficial, es imposible que las investigaciones avancen, destacó el reporte.
 
LEY CONTRA TORTURA SEXUAL
 
La organización internacional asevera que, en particular, en México   prevalecen los casos de tortura por parte de fuerzas armadas, pese a que dispone con legislación en contra de estas acciones.
 
La agrupación internacional ha señalado que la Ley General contra la Tortura, que se ajusta a norma internacionales, puede ser un mecanismo clave para evitar y sancionar la tortura sexual, pero se registró un estancamiento en su aprobación. En abril, el Senado de la República aprobó la iniciativa, pero para el cierre del año seguía pendiente una votación general en la Cámara de Diputados.
 
17/HZM/GG