Santiago Nieto Castillo

En 2018 habrá elecciones en México para renovar la Presidencia de la República y elegir 3 mil 326 cargos legislativos, lo que supone  gran cantidad de mujeres participando, aunque las analistas presagian que las virtuales candidatas podrían enfrentar violencia para desalentar su incursión en la política.
 
La buena noticia –dicen las expertas– es que todos los partidos políticos estarán obligados a postular igual número de mujeres y varones a los cargos electivos (principio de paridad de género) pero la mala es que todavía no hay suficientes herramientas para que   compitan en condiciones de igualdad.
 
A la fecha el principio de paridad en candidaturas aplica para integrar la Cámara de Diputados federal, el Senado y los 32 Congresos locales. Sin embargo, hay casos, como el de Oaxaca, donde la paridad es constitucional aunque su ley electoral establece solo una cuota de género del 40 por ciento en candidaturas al Poder Legislativo.  
 
Entre los problemas que enfrentarán las aspirantes a una candidatura y a un cargo de elección están: no tener un piso parejo en la competencia, por ejemplo, que los partidos elijan a mujeres para gobernar a través de ellas; falta recursos para hacer campaña y de espacios en medios de comunicación; acompañamiento de los líderes del partido y, en particular, acoso, amenazas, descalificación o intromisión en su vida privada.
 
MÁS ASPIRACIÓN, MÁS VIOLENCIA
 
Ante la falta de una legislación que defina el término violencia política, en 2014 instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de las Mujeres crearon el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres para crear una ruta de atención a estos casos. 
 
De acuerdo con el Protocolo, la violencia política contra las mujeres “comprende todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia– que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
La consultora e integrante de la comisión que está actualizando este instrumento, Teresa Hevia Rocha, señala que en los últimos dos procesos electorales en los estados se ha visto recrudecer la violencia contra las mujeres; en especial cuando compiten por obtener un cargo en los ayuntamientos.
 
Están los casos de mujeres que ganaron la elección y que fueron violentadas para obligarlas a abandonar el cargo: Samantha Caballero, en el municipio de San Juan Bautista lo de Soto, en Jamiltepec, Oaxaca; Felicitas Muñiz, en el municipio de Cuilapan, en Guerrero; y Rosa Pérez, en el municipio de San Pedro Chenalhó, en Chiapas, entre muchos otros.
 
Dice Hevia Rocha que hay menos casos de violencia cuando se busca una diputación pero se incrementa en los municipios porque todavía hay un rechazo a que las mujeres tengan posiciones de autoridad y porque los municipios son los más condicionados porque allí están los programas, los recursos, la posibilidad de influir y porque al ser cargos unipersonales concentran el poder.
 
Para la experta es importante que a nivel federal y en los estados se legisle y que estas conductas contra las mujeres en la política se sancionen. Según un análisis que realiza sobre la normatividad en la materia, hay 17 estados que han incorporado la figura de violencia política de género, pero destaca Oaxaca que incluyó el término en el Artículo 401 bis de su Código Penal y Nayarit que lo tienen como una infracción en su ley electoral.
 
LEYES SIN ARMONIZAR
 
Después de la reforma político electoral de 2014 que elevó a rango constitucional la paridad de género, algunos estados han legislado también para incorporar la violencia política, pero aún hay una diversidad de criterios. En el Cuarto Encuentro Nacional de Armonización Legislativa, que se realizó esta semana, el tema apenas fue mencionado por la senadora Diva Hadamira Gastélum.
 
La normatividad indica que hasta julio de este año, nueve de las 32 entidades (Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala, Sonora, Yucatán, y Zacatecas) tenían una definición de este concepto en su Ley Electoral; y cuatro (Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Sinaloa) mencionaban la violencia política sin profundizar o acotándola a propaganda electoral. 
 
Además nueve entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán y Morelos) tienen el concepto en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En total, en México tres entidades (Aguascalientes, Campeche y Morelos) definen la violencia política de género en su norma electoral y en su ley para una vida libre de violencia.
 
Al respecto, la ex senadora independiente y fundadora de la organización Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación, Martha Tagle Martínez, dice que es necesario empezar a hablar de la violencia y visibilizarla como un delito electoral porque estas formas de intimidación buscan que las mujeres no puedan ejercer de manera plena sus derechos políticos.
 
A decir de la ex legisladora, esta violencia siempre ha existido pero nunca se ha conceptualizado como tal y es a raíz del aumento de las mujeres violentadas en política que se ha dado esta discusión, justo cuando surge la necesidad de contar con herramientas legales para hacerle frente.
 
Por ello, en febrero pasado la entonces senadora propuso citar a comparecer ante el Senado al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, para que expusiera las acciones en la materia. Según esta instancia, de 2013 a 2016 se iniciaron 416 expedientes por violencia política contra mujeres; de los cuales 53.1 por ciento se presentaron en 2016. 
 
Tagle Martínez explicó que en dos ocasiones el Senado aprobó una minuta en la materia para definir el término en las leyes electorales, primero en febrero de 2013 y luego en marzo de 2017. En ambos casos la reforma no fue avalada por la Cámara de Diputados por lo que a nivel federal el tema sigue atorado.  
 
Pese a ello, el tema poco a poco se ventila y, por ejemplo, en 2016, el Instituto Electoral del estado de Zacatecas hizo un estudio con 45 síndicas, presidentas municipales y diputadas electas de 2016 a 2018 en la entidad y 29 (65 por ciento) dijeron haber sido víctimas de violencia durante la precampaña o campaña.
 
17/AGM/GG

En las campañas electorales, los medios de comunicación reproducen estereotipos de género o dejan de lado la participación política femenina, como sucedió durante el proceso electoral de 2016, cuando 70 por ciento de las notas periodísticas sobre los comicios omitió a las candidatas.
 
De acuerdo con el análisis del Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), las mujeres políticas todavía enfrentan obstáculos para aparecer en los medios.
 
Al participar en el foro Asimetrías y Estereotipos de Género en los Medios de Comunicación, que se realiza hoy y mañana, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que de acuerdo con el monitoreo de medios que realizó la autoridad electoral, en las campañas de 2015 y 2016, sólo 13 por ciento de las notas incluyó a las mujeres.
 
El consejero expuso que, de acuerdo con este estudio, a las mujeres no se les presenta aludiendo a su experiencia profesional o capacidades, sino en relación con su aspecto físico, sus relaciones familiares, los hombres cercanos a su vida personal y laboral, y sus características emocionales.
 
Córdova abundó que hay una creciente influencia de los medios de comunicación en la vida pública del país, lo que llevó al Poder Legislativo a diseñar un modelo de comunicación política que reglamentó el acceso equitativo de los partidos a los tiempos en la radio y la televisión con fines electorales.
 
A 10 años de la reforma constitucional de 2007, que confeccionó el modelo de comunicación política vigente, y a ocho años de que se puso en marcha, Córdova destacó que hay libertad de expresión de quienes compiten por cargos públicos pero todavía se reproducen estereotipos de género en la propaganda política.
 
La consejera electoral del INE, Beatriz Galindo, dijo que es increíble que a más de 10 años de aprobarse la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia subsistan prácticas que tiendan a disuadir el interés de las mujeres de votar y ser elegidas y en condiciones equitativas respecto al hombre.
 
La consejera Galindo dijo que no se pueden justificar los casos de sindicas y demás representantes populares acosadas y agredidas verbal y físicamente por desempañar su cargo; ni la inequidad en la distribución de tiempos en radio y televisión entre mujeres y hombres, o  asignarla en distritos perdedores.
 
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, destacó que de acuerdo con datos del INE tan sólo durante el periodo de campañas electorales del proceso electoral 2015, por cada 10 horas dedicadas en radio y televisión a hombres, las mujeres solamente tenían 6.8 horas.
 
Agregó que la distribución de recursos y cobertura mediática de las campañas está estrechamente vinculada con la discriminación de género, por lo que exhortó a todos los medios de radio y televisión a que en las elecciones de 2017 realicen una cobertura de campañas con un enfoque igualitario.
 
En tanto el fiscal de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, dijo que en tiempos electorales, en los medios de comunicación también se pueden violar derechos, por ejemplo, el derecho a la intimidad, al honor o de réplica; y además son espacio para promover estereotipos de género.
 
Es por ello que llamó a discutir cuál debe ser el alcance de la libertad de expresión cuando se encuentra un derecho en juego enfrente, como el derecho a la igualdad sustantiva, a la no discriminación y, el derecho del ejercicio y el acceso a los cargos públicos y al voto.
 
17/AGM/GG