Yucatán

La defensora yucateca Sandra Peniche Quintal y presidenta de la Clínica de Servicios Humanitarios en la Salud Sexual y Reproductiva (SHSS), organización con más de 17 años de trabajo en beneficio de la salud reproductiva de las mujeres, fue atacada en su domicilio la mañana de ayer.

En un comunicado, la Red Nacional de Defensora de Derechos Humanos en México (RNDDHM), de la cual también es integrante Sandra Peniche, advirtió que la defensora “sufrió un intento de homicidio: un sujeto la atacó con arma blanca”.

Peniche Quintal ha sido violentada de manera continua por integrantes de la campaña internacional “40 Días por la Vida” -un grupo Provida- por su trabajo en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El pasado 9 de marzo fue hostigada por policías municipales, tras una queja interpuesta por los integrantes de la campaña Provida, quienes han mantenido “una actitud hostil” frente a la Clínica, señala el comunicado.

Esta campaña “por la vida” inició en 2014- previo a las festividades por la cuaresma- frente a la Clínica que preside Peniche, a donde asisten personas “a favor de la vida” para rezar por 40 días por “los no nacidos”

Debido a que nuevamente iniciaría esta campaña, la defensora yucateca conjuntamente con 255 mujeres integrantes de la RNDDHM pidieron al gobierno de Yucatán y a la Comisión de Derechos Humanos de la entidad  emitir medidas cautelares que garantizaran el pleno desarrollo de su labor en condiciones de seguridad y el acceso de la población al libre ejercicio de sus derechos sexuales.

Sin embargo, desde 2014 las autoridades de la entidad no han dado repuesta a los reportes levantados por el personal que labora en la Clínica sobre la situación de violencia, lo cual ha provocado que las “manifestaciones antiabortistas” sigan perdurando y aumente la hostilidad, denunciaron en una carta pública.

La Red Nacional destaca que el personal de la Clínica ha sido fotografiado, videograbado así como a sus vehículos, sin su consentimiento y a través de “sus rezos, plegarias y cánticos incitan al odio y a ejercer la violencia contra los y las defensores”.

La Clínica es considerada importante en Yucatán debido a los servicios que brinda a las mujeres: control del embarazo, anticonceptivos para mujeres, consejería sexual, interrupción legal del embrazo, entre otros. Hasta la fecha ha atendido a aproximadamente 11 mil personas, bajo la dirección de Sandra Peniche.  

De acuerdo con el Informe presentado en 2017 por el Relator Especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de los DH, Michel Forst, de su visita a México, de 2010 a 2014 fueron asesinadas más de 43 defensoras de Derechos Humanos y periodistas mujeres en México y los principales agresores fueron las empresas privadas y los grupos religiosos en el caso de las personas que defienden los derechos de las comunidades.

El Relator advirtió que México podría llegar a ser el país más peligroso en el mundo para quienes defienden los DH si el gobierno no actúa, ya que existe un gran número de defensoras  que han sufrido intentos de asesinatos y ataques de violencia sexual o campañas de difamación.

Asimismo, el Relator expresó que las defensoras de los DH que buscan justicia se ven enfrentadas a actos de discriminación, intimidación y obstáculos de justicia. Por estas violaciones, aseguró que las defensoras de DH corren un mayor riesgo de ser “blanco de ataques y agresiones”

18/AEG/LGL

“…nos inunda de emoción la presencia de las Otras. Y sentimos admiración y agradecimiento… Y las imaginamos solas, porque su conciencia surgió mucho antes que la nuestra... Cansadas a veces, sí, pero guerreras siempre. Exactamente igual que nosotras”.

Tomo prestadas letras de la bloguera española que firma bajo el seudónimo de Barbijaputa, para honrar a las mujeres que organizaron, debatieron, acordaron y disintieron en el Primer Congreso Feminista de Yucatán que, además, fue el primero en México.

En plena Revolución Mexicana, en Yucatán hubo la paz suficiente para repensar el papel en el que se encasillaba a las mujeres, papel que bien podía resumirse en callar y obedecer.

Para muestra un botón. La historiadora Alejandra García Quintanilla, en su artículo “¿En qué mundo alzaron la voz?”, contenido en una espléndida edición del gobierno de Yucatán que reproduce los Anales de aquel Congreso, cita el fragmento de un poema publicado en La Revista de Mérida, en 1894:

“Es mi Enriqueta instruida / tanto que aún sabe callar / su hermosura es singular, y en todo es cumplida, siempre ha sabido tener / entre todos gran concepto: ¡Ay! Pero tiene un defecto / grandísimo… que es mujer”.

En ese contexto hubo mujeres que muy instruidas no se quedaron calladitas y abrieron camino. Una de ellas fue Rita Cetina Gutiérrez, quien junto con otras maestras fundó, en 1870, una escuela primaria para niñas y el periódico La Siempreviva, “redactado por señoras y señoritas”.

Ya era una insumisión dedicarse a educar niñas, pero Rita Cetina hizo más: impartió una educación laica y liberal.

Esa fue la semilla, cuyos frutos encontraron tierra fértil para seguir sembrando libertad y derechos para las mujeres en el siglo XX, porque, aunque en medio país se libraba una Revolución, a Yucatán llegó a gobernar un liberal, el general Salvador Alvarado, quien promovió y financió ese Congreso.

Dulce María Sauri Riancho lo dice así: El gobernante no inventó el feminismo yucateco, se lo encontró y logró potenciarlo. “Sin las feministas yucatecas no habría habido llamado al Congreso; sin Alvarado, no habría gobierno que apoyara y promoviera la expresión de las mujeres”.

Fue así como del 13 al 16 de enero de 1916 se reunieron 620 mujeres en el Teatro Peón Contreras para reflexionar su condición y posición social, a partir de cuatro preguntas:

1) ¿Cuáles son los medios sociales que deben emplearse para manumitir a la mujer del yugo de las tradiciones? (manumitir, nos deja saber Dulce María Sauri, quiere decir “dar libertad a un/a esclavo/a”).

2) ¿Cuál es el papel que corresponde a la Escuela Primaria en la reivindicación femenina, ya que aquella tiene por finalidad preparar para la vida?

3) ¿Cuáles son las artes y ocupaciones que debe fomentar y sostener el Estado, y cuya tendencia sea preparar a la mujer para la vida intensa del progreso?

4) ¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido sino también dirigente de la sociedad?

Y ahí muchas mujeres tuvieron voz y voto en un espacio público para pensar su papel en la sociedad, para soñar, para expresar lo que pensaban y sentían. Y abrieron camino.

Hoy las recuerdo con gratitud. En ese camino que abrieron ellas y otras, nosotras caminamos. Caminamos, reflexionamos, actuamos, acordamos y disentimos. Y también abrimos caminos, porque aún no llegamos al punto que soñamos otras y nosotras: ese en el que todas las mujeres gocen de todos los derechos todo el tiempo.

*Periodista de Quintana Roo, feminista e integrante de la Red Internacional de periodistas con visión de género.

Apreciaría sus comentarios: cecilavalle@gmail.com

18/CL/LGL

La audiencia en la que se presentarían las pruebas contra tres de los acusados por el feminicidio de la yucateca Emma Gabriela Molina Canto, incluido su ex esposo Alberto Medina Sonda a quien se le acusa como autor material, se pospuso porque los inculpados entregaron peritajes en los que alegan sufrir afectaciones psicológicas que les impidieron ser conscientes del crimen que cometieron y en el caso de Medina Sonda, ser incapaz de ordenar el crimen.

El 20 de diciembre se cumplió el plazo para presentar pruebas en el Centro de Justicia Oral de Mérida, Yucatán (CJOM), estado en el que Emma Gabriela fue asesinada frente a su casa el pasado 27 de marzo, pero el abogado de los presuntos asesinos (Óscar Miguel López Tobilla y Jonathan Mézquita Ávalos) investigados por cometer el crimen, entregó ante el juez de control un peritaje donde expuso que la investigación en contra de sus defendidos, no puede continuar porque, por problemas psicológicos “no tenían consciencia del asesinato y que estos daños aumentaron cuando fueron agredidos por policías durante su detención”.

Los abogados de Medina Sonda, quien se encuentra en reclusión en un penal de Tabasco por el uso de recursos de procedencia ilícita y acusado de ordenar el feminicidio de Emma Gabriela desde ahí, entregaron un peritaje para comprobar que él no tenía motivaciones ni la capacidad para hacerlo.

Esto informaron en entrevistas individuales con esta agencia la mamá de Emma Gabriela y también defensora de los Derechos Humanos, Ligia Canto Lugo, y la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán (OCNF-Yucatán) que acompaña el caso, Adelaida Salas Salazar.

La defensa legal de la familia de Emma Gabriela solicitó al juez a cargo de la audiencia reprogramar la sesión para que otra perita de la Fiscalía estatal realice de nuevo el peritaje psicológico de López Tobilla y Mézquita Ávalos.

Ligia Canto, dijo tener confianza en que las pruebas que ha recabado sobre la serie de agresiones que Medina Sonda cometió contra Emma Gabriela desde 2012 y que lo señalan como el principal responsable del feminicidio, sean suficientes.

Ligia Canto reiteró su exigencia porque las relaciones políticas de Medina Sonda no impidan el acceso a la justicia de Emma Gabriela y su familia, porque desde 2012, cuando su hija se divorció y buscó la custodia de sus dos hijas e hijo, ambas se enfrentaron a campañas de difamación, agresiones e incluso fueron encarceladas por delitos que no cometieron, defensoras de los Derechos Humanos atribuyeron las detenciones a Medina Sonda.

Adelaida Salas llamó a las autoridades judiciales yucatecas a sancionar a Medina Sonda con la pena máxima de feminicidio -que es de 50 años de prisión-.

“Me preocupa porque detrás de la condena a Medina Sonda está el futuro de mis nietos”, mencionó Ligia Canto, quien recordó que la sentencia contra él y César Rogelio Reyes Barrueta y Juan Ramón Moreno -las otras dos personas involucradas en el crimen como coautores y para quienes la investigación continúa- es importante para garantizar el acceso a la justicia y la seguridad para los hijos de Emma Gabriela.

17/MMAE/LGL

Las organizaciones civiles que en junio pasado solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Yucatán urgieron al gobierno a cumplir las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y reabrir las investigaciones de los asesinatos violentos que tengan indicios de no haber sido investigados con perspectiva de género.

En una conferencia de prensa efectuada este fin de semana, representantes de las organizaciones Ni Una Más; y Ciencia Social Alternativa Kóokay, instaron al gobierno del priista Rolando Zapata Bello a cumplir con las recomendaciones publicadas por la Conavim el pasado 8 de septiembre en el informe con el que da respuesta a la solicitud de la AVG en la entidad, que de no ser resultas en seis meses, derivarán en la declaratoria de la Alerta para el estado.

Entre las recomendaciones está que el gobierno yucateco incorpore a organizaciones civiles con experiencia en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres al Comité encargado de vigilar y evaluar la implementación del Protocolo de actuación ministerial y pericial del delito de feminicidio, demanda que las organizaciones solicitantes refrendaron.

La AVG fue solicitada el 23 de junio para los municipios de Mérida, Progreso, Tizimín, Peto, Umán, Tekax, Ticul, Valladolid, Kanasín y Hunucmá por la violencia física, sexual y feminicida que viven las mujeres, esta última perpetuada por la falta de voluntad de los agentes policiales y judiciales en la entidad para garantizarle a las mujeres su acceso a una vida libre de violencia, así como por investigar y sancionar los casos.

Ejemplo de ello es el asesinato, en marzo de este año, de Emma Gabriela Molina Canto, orquestado por su ex marido y entonces funcionario público, Alberto Medina Sonda.

Emma denunció desde 2014 ante instancias estatales y nacionales -como la Comisión Nacional de Derechos Humanos- que ella y su familia eran violentadas por Medina Sonda. El asesinato de Emma Gabriela se suma a las 63 muertes violentas de mujeres con signos de feminicidio cometidas en el estado de 2008 hasta lo que va de 2017, de acuerdo al registro de otra de las organizaciones solicitantes de la AVG, Yucatán Feminicida. Aún con esta cifra, obtenida del monitoreo de la prensa local, la Fiscalía yucateca constata que en esos años solo siete casos llevan un proceso penal por feminicidio y se han emitido dos sentencias por dicho delito.

En la conferencia y a través de un comunicado las demandantes refrendaron su exigencia para crear, junto con todas las instancias involucradas en la atención y sanción de la violencia contra las mujeres del estado, una base de datos con el número de casos que permita generar información estadística y diagnósticos del contexto de la entidad y con ello realizar políticas públicas de prevención.

Lo anterior, dijeron, obligará a las instancias municipales a recopilar y proporcionar la información de los casos que atiendan.

17/MMAE/LGL

A tres meses del asesinato de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto en Mérida, Yucatán, las autoridades locales se niegan a considerar pruebas que relacionan e inculpan en el crimen a la familia de Alberto Medina Sonda, el ex esposo de Emma, quien está en prisión como presunto  autor intelectual de feminicidio. Tampoco han revisado los videos de las cámaras cercanas al lugar donde se efectuó el crimen
 
Así lo denunció en entrevista con Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, quien recordó que por el asesinato de Emma Gabriela, ocurrido frente a su casa el pasado 27 de marzo, Medina Sonda es juzgado como autor intelectual y hay dos detenidos como autores materiales.
 
El caso de Emma Gabriela inició en 2014 cuando empezó a enfrentar hostigamientos y omisiones por parte de las autoridades locales y de otros estados, luego de que inició un proceso legal para obtener la custodia de sus dos hijas e hijo contra su ex esposo, actualmente preso en Tabasco, acusado por operar con recursos de procedencia ilícita en dicha entidad durante el gobierno de Andrés Granier, y quien tiene prisión preventiva por el feminicidio de Emma.
 
Las denuncias de Emma y su madre, la también defensora Ligia Canto Molina, derivaron en la Recomendación 54/2014 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió a las autoridades de Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México al constatar violaciones a los Derechos Humanos de Emma y su familia, pero dichas recomendaciones no fueron cumplidas.
 
“Quien vigiló la rutina de Emma fue la familia de Medina Sonda”, afirmó Salas Salazar. Desde que comenzó la investigación del caso Ligia Canto ha solicitado que se siga esa línea de investigación y ha presentado probatorios de las constantes agresiones que durante años recibió su hija y nietos por parte de ellos.
 
La acompañante del caso expuso la falta de voluntad de las autoridades por “continuar todas las líneas de investigación”, ya que la Fiscalía local no ha solicitado ni permitido la revisión de todos los videos de las tiendas de autoservicio y comercios cercanos al domicilio de Emma Gabriela.
 
Esto, señaló Salas Salazar, porque “quien vigiló la rutina de Emma fue la familia de Medina Sonda”. 
 
La Fiscalía de Yucatán sólo solicitó la revisión de videos que corresponden a los dos días previos al asesinato. La madre de Emma Gabriela, Ligia Canto y su defensa legal ya solicitaron a la Fiscalía la revisión de los videos de 15 días antes del crimen y están en espera de respuesta.
 
“De oficio, dije Canto, lo que tendrían que hacer es recabar toda la información de los vecinos, a los alrededores de la casa”, y agregó que la omisión de ese tipo de diligencias “da como resultado la impunidad en el caso”.
 
VIGILADA POR FAMILIA DE FEMINICIDA
 
Salas Salazar comentó que semanas antes de ser asesinada, la defensora ya había informado a uno de sus tíos, a su hermana y a su mamá que la familia de Medina Sonda la seguía. “Gaby se sentía vigilada, lo manifestó tenía miedo, pero ni cómo acudir a la Fiscalía estatal o alguna instancia, porque para ellos ya estaba cerrado el caso. Lo mismo en la delegación local de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas porque ambos nunca le garantizaron su protección”, dijo.
 
La abogada recordó que, previo a su asesinato, Emma Gabriela comentó que familiares de Medina Sonda la seguían a los lugares que frecuentaba. A ello se suma que una sobrina de Medina Sonda estudiaba en el mismo colegio que la hija de Emma.
 
La defensora S           alas Salazar recalcó que el detenido como coautor del crimen y originario de Tabasco, Rogelio Reyes Barrueta, declaró que ubicó a Emma Gabriela a través de la escuela en la que estaba inscrita la hija de Emma.
 
 “¿Cómo puede alguien que no vive aquí en Yucatán llegar y de repente ubicar a mi hija por medio de una escuela, entre tantas que hay? Por eso pensamos que hay una relación directa entre este individuo y la familia, denunció en entrevista Ligia Canto Lugo.
 
“Quien vigiló la rutina de Emma fue la familia de Medina Sonda”, afirmó Salas Salazar. Desde que comenzó la investigación del caso Ligia Canto ha solicitado que se siga esa línea de investigación y ha presentado probatorios de las constantes agresiones que durante años recibió su hija y nietos por parte de ellos.
 
Sin embargo, fue hasta el 10 de mayo, luego de un acto público en el que Ligia Canto se pronunció, cuando investigadores del caso se acercaron a ella para solicitar información del inculpado. “No se ve voluntad ni ganas por parte de las autoridades, piensan que como Medina está vinculado y tiene prisión preventiva ya no se debe investigar ni aportar pruebas, por eso todo eso lo está haciendo la mamá de Gaby”, dijo Salas Salazar.
 
La investigación del caso sigue abierta y las sesiones para investigar a Medina Sonda se reanudarán en agosto. Mientras tanto cumple en Tabasco una condena de 12 años y seis meses por operar con recursos de procedencia ilícita. A ello se suma que en mayo autoridades federales estadounidense presentaron cargos criminales por conspiración y lavado de dinero contra el  exsecretario de Finanzas de Tabasco, José Manuel Saíz Pineda, detenido e investigado por lavado de dinero, a quien también lo vinculan.
 
Hoy Ligia Canto se presentará a una audiencia donde se informará del cambio de abogado de Medina Sonda.
 
PREDIO LIBERADO LUEGO DE MESES
 
Salas Salazar también expuso que tuvieron que pasar dos meses para que pudieran acceder a las pertenencias de Emma Gabriela y sus hijos. “Hay una insensibilidad ante la situación de los menores de edad. No se dieron cuenta del daño que les estaban ocasionando porque ahí estaban todas sus cosas, no dejaban sacar nada”, mencionó.
 
Esto pese a que Ligia Canto, su defensa legal y los dueños de la casa interpusieron oficios para solicitar que se liberara el predio para acceder a él.
 
La defensora comentó que actualmente, además del OCNF las organizaciones Ni Una Más, Ciencia Social Alternativa “Kóokay”, y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México se han sumado a la exigencia de justicia por el caso.
 
17/MMAE/GG

Organizaciones civiles y académicas de Yucatán solicitaron que se decrete en la entidad la Alerta de Violencia de Género (AVG) por violencia feminicida, violencia física y violencia sexual en los municipios de Mérida, Progreso, Tizimín, Peto, Umán, Tekax, Ticul, Valladolid, Kanasín y Hunucmá.
 
La solicitud para que se active la AVG en Yucatán fue presentada  el 23 de junio ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a través de un escrito dirigido a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, y a la titular de la Conavim, Alejandra Negrete Morayta, y del cual Cimacnoticias tiene copia.
 
El documento fue suscrito por la representante legal de la organización Ni una más, Clemencia Adelaida Salas Salazar, y las organizaciones Ciencia Social Alternativa, el Centro de Apoyo Solidario, Documentación y Estudio A.C. y Yucatán Feminicida. También se sumaron las académicas Gina Irene Villagómez Valdés y Ligia del Carmen Vera Gamboa.
 
La AVG es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia implementadas para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Actualmente se han admitido 24 solicitudes de la Alerta y se ha declarado en 10 entidades, entre ellas Veracruz, Chiapas, y el Estado de México, de acuerdo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
En Yucatán la AVG se solicitó porque, aseguraron las organizaciones y académicas, en la entidad son sistemáticas las violaciones al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
 
Ejemplo de ello es el caso de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto, víctima de feminicidio el pasado 27 de marzo y por el cual se acusa a su ex esposo, Alberto Medina Sonda, como de autor intelectual, quien está encarcelado por el delito de operación con recursos ilícitos en Tabasco durante el gobierno del priista Andrés Granier.
 
Emma Gabriela denunció desde 2012 la violencia física y psicológica, la sustracción de sus dos hijas e hijo y el hostigamiento del que fue víctimas ella y su madre, la también defensora, Ligia Canto Lugo, por parte de su exesposo y la familia del mismo.
 
Por ello, en 2014,  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ordenó a las autoridades federales, de la Ciudad de México, de Yucatán y Tabasco garantizar la protección, seguridad e integridad de Emma y su familia. Sin embargo, expusieron las OSC en el documento de solicitud de AVG, “las autoridades nunca hicieron nada para protegerlos”, por lo que el caso es “paradigmático” y refleja “la falta de garantías y protección para las mujeres en el estado de Yucatán”, así como la falta de investigaciones con perspectiva de género.
 
CONTEXTO VIOLENTO
 
De acuerdo con las organizaciones y académicas, urge emitir la Alerta por el contexto de violencia física y sexual que viven las mujeres en el estado, mismo que ocupa el cuarto lugar nacional en violencia contra mujeres casadas o unidas, ya que 47 por ciento de ellas aseguran haber sido violentadas: 26 por ciento han sido víctimas de violencia física y 11 por ciento de violencia sexual, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.
 
Además, se registran al menos cinco casos de violencia intrafamiliar al día, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la entidad, con datos del 1 enero de 2008 al 31 de diciembre de 2016. En total en ese periodo se registraron 16 mil 404 casos. 
 
En cuanto a la violencia feminicida, las organizaciones han denunciado la falta de cifras oficiales de los casos y  emprendieron desde 2014 una serie de exigencias para que el Congreso local pudiera homologar las causales de investigación consideradas para el delito con las establecidas en el Código Penal Federal. Esto, con el fin de que se dictaminen como feminicidio diversos casos de muertes violentas de mujeres.
 
En Yucatán, de 2008 al 15 de junio de 2017 las organizaciones Yucatán Feminicida el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán documentaron más de 90 muertes violentas de mujeres, 62 de ellas clasificadas como feminicidio.
 
Las solicitantes de la AVG afirmaron que en la entidad las mujeres son también víctimas de violencia institucional porque el Gobierno local generan información “fragmentada e incompleta” sobres los casos de violencia, con lo que incumple las recomendaciones nueve y 12 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer (Comité CEDAW).
 
Ejemplo de ello es que desde hace nueve años el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán no ha integrado ni implementado el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, previsto en la Ley General del estado.
 
Además, las organizaciones y académicas solicitantes denunciaron que la omisión del Poder Legislativo de Yucatán que, en 2016, eliminó del Código Penal estatal a la violencia sexual de la lista de delitos graves.
 
17/MMAE/GG
 

Con nueve años de retraso desde que se estableció, en Yucatán hoy entra en vigor el Programa Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, entre cuyos objetivos está promover la armonización entre el Código Penal estatal con el Federal en materia de feminicidio; sin embargo, las organizaciones dudan de su cumplimiento.
 
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la entidad planteó desde su expedición, en marzo de 2008, la creación del Programa Especial, sin embargo, el Gobierno de Yucatán lo instaló oficialmente hasta el día de ayer mediante el Decreto 476/2017.
 
La directora del Observatorio Nacional del Feminicidio-Yucatán, Adelaida Salas Salazar, criticó el anuncio que hizo el Gobierno priista de Rolando Zapata Bello al calificar el Programa “como algo novedoso” cuando, aseguró “era una obligación gubernamental desde 2008”.
 
Salas Salazar denunció que, además del Observatorio, diversas organizaciones civiles en Yucatán dudan de la eficiencia del programa porque, recalcó, la Ley de Acceso estatal “es letra muerta”.
 
“La creación del Programa no garantiza nada para el acceso a la justicia de las mujeres porque el Poder Legislativo y Poder Judicial no trabajan con perspectiva de género”, afirmó la defensora de Derechos Humanos.
 
Los temas que aborda el Programa Especial son: la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres a través de cuatro objetivos, 14 estrategias y 74 líneas de acción. Además, establece el compromiso coordinado de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la armonización de contenidos legislativos necesarios para se cumpla y obliga a las dependencias y entidades de la administración pública a financiarlo anualmente.
 
DELITO DE FEMINICIDIO
 
Una de las estrategias para asegurar la reparación del daño de delitos por violencia plantea la integración de un registro estatal de casos de feminicidio "con datos sociodemográficos de víctimas".
 
Organizaciones como Yucatán Feminicida ya habían denunciado desde 2016 que el gobierno yucateco no mantiene actualizado el Banco Estatal de Datos e Información, en donde se registran casos de violencia contra las mujeres, incluido los delitos de feminicidio.  
El Programa también establece que corresponde al Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad y a la Secretaría General de Gobierno del estado (SGG) reformar el seguimiento y sanción del delito de feminicidio.
 
También menciona como responsable al Comité de Sanción del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pero sobre la actuación del Consejo Estatal, denunció Adelaida Salas, “no hay claridad de sus labores y cuando se creó, porque supuestamente ya labora”
 
Dentro de la estrategia del Programa Especial para Promover la cultura de la denuncia hacia actos de violencia y discriminación contra las mujeres, se plantea que el Comité de Sanción y TSJ tienen la tarea de promover la armonización del delito de feminicidio acorde con el Código Penal federal.
 
Para que ello se cumpla, precisó Adelaida Salas, también debe trabajarse en reformas a la Ley de Acceso que cumplan con las exigencias de las mujeres de la entidad para que se les garantice la protección de sus derechos.
 
Además, la defensora de Derechos Humanos sentenció “si se sigue ignorando que las y los funcionarios no tienen el perfil para trabajar por los derechos de las mujeres, aunque se creen nuevas instancias la seguridad de las mujeres no va a estar garantizada”.
 
17/MMAE/GG
 

Aunque Yucatán cuenta desde julio de 2016 con un Comité encargado de evaluar y dar seguimiento a la aplicación correcta del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el delito de Feminicidio, su actuación es limitada porque el Código Penal del estado ignora cuatro de las causales que sí considera el Código Federal.
 
Por ello, “conviene ampliar las causales" para que más casos se investiguen como feminicidio, aseguró la representante de la sociedad civil en el Comité, Ivette Laviada Arce.
 
La también directora en Mérida del Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer, dijo en entrevista con Cimacnoticias que, como actualmente el Código Penal de Yucatán ignora cuatro causales que sí considera el Código Federal en materia de feminicidio, sí es necesaria la homologación porque, con ello, se “lograría que las obligaciones internacionales en materia de sanciones de violencia contra las mujeres se cumplieran”
 
Y añadió: “A medida que en los códigos penales se presenten más hipótesis que configuren el delito de feminicidio, será más preciso y objetivo que (los casos) se puedan tipificar".
 
Laviada Arce dijo que aun cuando en 2014 se logró la tipificación del feminicidio como un delito grave en las reformas al Código Penal de Yucatán “queda pendiente ampliar las hipótesis como lo establece el Código Penal Federal”.
 
Por ello, explicó que la actuación del Comité no puede compensar la carencia de estas causales en las investigaciones. Esto porque al Comité le corresponde promover que el Protocolo de Actuación Ministerial, vigente desde marzo de 2016 mediante el Acuerdo FGE 06/2016, se aplique apegándose únicamente a lo establecido en el Código Penal estatal.
 
La homologación del Código Penal yucateco en feminicidio ha sido una de las principales denuncias de organizaciones civiles desde noviembre de 2016, a través de pronunciamientos, reuniones con integrantes del Congreso y una carta pública al gobernador, Rolando Zapata Bello.
 
Ejemplo de las limitaciones para la investigación y sanción de un caso de feminicidio debido a la condición del Código estatal es Emma Gabriela Molina Canto, asesinada frente a su casa en Mérida el pasado 27 de marzo y por el cual se culpa como autor intelectual a su ex esposo y ex funcionario de Tabasco, Alberto Medina Sonda.
 
Cuando la FGE atrajo el caso, este se investigó como homicidio porque de acuerdo con el juez a cargo, Luis Edwin Mugarte Guerrero, no había pruebas suficientes para que se considerara como feminicidio. Actualmente continúa el proceso penal en contra de Medina Sonda como autor de feminicidio.
 
“El juez tenía razón, en un principio no pudimos lograr que se acusara a los inculpados por feminicidio porque el Código Penal no contempla elementos fundamentales para eso”, señaló la directora del Observatorio Nacional del Feminicidio-Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar en entrevista con Cimacnoticias.  
 
EL COMITÉ DICE QUE “NO ES NECESARIO”
 
El Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio se instaló en julio de 2016, su actuación la regula el Acuerdo FGE 07/2016 y está conformado por la directora General del Instituto para la Igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado (IPIEHM), Alaine López Briceño; el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), José Enrique Goff Ailloud.
 
Como representantes de la sociedad civil lo conforman: de la Organización Vida y Familia, Anel Macías Arreola; de Hogares Maná Víctor Chan Martín, además de Laviada Arce.
 
El Comité tiene entre sus funciones emitir recomendaciones a las unidades administrativas de la Fiscalía General del Estado para que se aplique correctamente el protocolo, sin embargo, de acuerdo a Laviada Arce, el grupo no ha emitido ninguna recomendación porque, dice "por el momento no ha sido necesario", ya que aseguró " los casos que se han evaluado han cumplido con las disposiciones establecidas en el Protocolo de Actuación Ministerial".
 
Otra de las tareas del protocolo es la de solicitar la evaluación de casos específicos “que así lo ameriten por su relevancia o trascendencia social”, como establece el Artículo 3  del acuerdo que regula la actuación del Comité, por lo que las y los integrantes del mismo han atraído cinco casos entre septiembre de 2015 y octubre de 2016, para dos de ellos ya hay dos sentenciados por el delito de feminicidio y cumplen condenas de 35 años y 38 años de prisión respectivamente; los otros tres casos continúan en investigación, informó Laviada Arce.
 
Aseguró también que el Comité sí tienen la capacidad para presionar a instancias ministeriales y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que el asesinato de una mujer se investigue hasta comprobar que se cumplan o no las causales consideradas en el Código Penal yucateco para el delito de feminicidio, aun cuando las primeras líneas de las investigaciones fueron las de un homicidio.
 
Lo anterior con el objetivo de que la entidad garantiza justicia "con perspectiva de género" y se base "en el respeto a los derechos humanos" de las mujeres que hayan sido violentadas.
 
DENUNCIAS DE ORGANIZACIONES
 
Desde la formación del Comité, organizaciones civiles del estado han denunciado deficiencias en la labor del Comité, porque, denunciaron, este no acompaña los suficientes casos y carece de un análisis más exhaustivo de la violencia feminicida de la entidad.
 
Al respecto Ivette Laviada mencionó que, pese a los señalamientos, ante cada muerte violenta de una mujer "los ministerios públicos, peritos y policías aplican lo establecido en el protocolo y su actuación se rige con perspectiva de género" y añadió que la ciudadanía yucateca debe saber que aun cuando el Comité no sesiona, las autoridades siguen el protocolo.
 
De 2015 hasta noviembre 2016, la organización Yucatán Feminicida registró, a través de un rastreo en la prensa y con cifras solicitadas a FGE, 10 casos que cumplen con características del delito de feminicidio, como consta en su informe “Estado del Feminicidio, Yucatán 2008-2016”.
 
Además, la mayoría de los ejecutores de feminicidio no reciben sentencia. De acuerdo al mismo informe, de 2008 a 2016 sólo ha habido cuatro consignas por este delito.
 
17/MMAE/GG