Seguro y Gratuito
Aborto
Hoy inicia discusión en el Congreso para ampliar causales
Argentina, sin registros claros sobre práctica de aborto legal: OSC

En medio de la discusión sobre la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación en Argentina, organizaciones civiles evidenciaron que las instancias de salud no tienen un registro desagregado de cuántas mujeres interrumpieron un embarazo bajo las tres causales legales: violación, riesgo a la vida o salud de las mujeres.
A propósito del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que este martes 20 de marzo comienza a discutirse en las comisiones de la Cámara Baja del Congreso Nacional de Argentina, las agrupaciones civiles el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas) presentaron el informe “Las cifras del aborto en la Argentina”.
En éste exponen que el Ministerio de Salud informó en 2013 que hubo 48 mil 701 egresos hospitalarios por “aborto” pero solo se sabe que menos del uno por ciento (362 casos) fue alguna de las tres causales legales, sin precisar cuántos corresponden a cada causal.
En el resto de los casos de aborto, las agrupaciones denuncian que son incluidos en una sola categoría, donde lo mismo están las mujeres que perdieron el producto por un embarazo espontáneo que mujeres hospitalizadas por complicaciones derivadas de un aborto realizado en condiciones inseguras.
Desde 1992 el Código Penal de Argentina establece la legalidad del aborto únicamente por las causales de violación, peligro de vida y salud de las mujeres.
Por ello la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” impulsó por séptima ocasión el proyecto legislativo IVE para ampliar las causales. La iniciativa presentada ante el Congreso Nacional el pasado 6 de marzo busca incluir las razones de malformaciones fetales y el riesgo psíquico o social de la mujer, además de la decisión voluntaria de las mujeres de abortar dentro de las 14 semanas de gestación.
En el reporte, las organizaciones mostraron que únicamente la provincia de Buenos Aires en los últimos siete años ha llevado un registro de los abortos practicados bajo las causales existentes; detallan que entre 2010 a 2016 se internaron un total de 2 mil 14 mujeres por “abortos legales”. Sin embargo, las instancias de salud de Buenos Aires tampoco tienen disponible información desagregada por cada causal.
Las organizaciones de la sociedad civil explicaron que debido a la falta de registros gubernamentales, la “Red de Acceso al Aborto Seguro” se ha dado a la tarea de documentar los casos de abortos por las tres causales en Argentina. Con la participación de 11 instituciones de salud públicas encontraron que desde 2015 hasta febrero de 2018 se realizaron mil 545 interrupciones legales del embarazo.
En promedio, dos de cada 10 mujeres tenía menos de 19 años de edad, y tres de cada 10 entre 20 a 24 años de edad. Asimismo, un tercio de las mujeres consultaron por lo menos a más de una institución de salud previo a acceder al aborto, lo que a decir de las organizaciones “muestra la poca capacidad del sistema de salud de responder apropiada y oportunamente a la demanda de atención”.
Añadieron que actualmente 15 provincias y la ciudad de Buenos Aires cuentan con protocolos para realizar el aborto por las causales legales, no obstante no todos establecen estándares y procedimientos seguros, de calidad y oportunos, que incluyen el uso de medicamentos como el misoprostol y la mifepristona recomendados por la Organización Mundial de la Salud y que no son utilizados para el aborto.
ARGENTINA, 13 AÑOS DE LUCHA
En vísperas de iniciar formalmente la discusión sobre la interrupción del embarazo este 20 de marzo las integrantes de la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto” convocaron a un “pañuelazo” (una manifestación) frente al Congreso Nacional para exigir el tratamiento y aprobación del Proyecto IVE.
En esta reunión inicial las comisiones que intervendrán en el debate son la de Acción Social y Salud Pública, Familia y Mujeres, Adolescencia y Niñez, quienes únicamente establecerán la metodología de trabajo.
El icónico pañuelo verde se ha vuelto la marca de esta articulación de mujeres que desde 2005 ha buscado a través de la redacción de siete proyectos legislativos la despenalización del aborto en este país, por lo que la Campaña rechazó la idea de que se someta a consulta popular el proyecto de despenalización del aborto.
Con la firme convicción de que “los Derechos Humanos no se plebiscitan, ni se consultan”, la Campaña recordó en el comunicado que la decisión de las mujeres de continuar o no con la maternidad es un “asunto de salud pública, justicia social y Derechos Humanos” que debe ser abordado y garantizado por el Estado.
Al llamado igualmente se sumó en un pronunciamiento Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, quienes celebraron el inicio del debate parlamentario y demandaron que se realice de forma franca dejando a un lado fundamentalismos religioso.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) en colaboración con el Centro de Estudios de Estado y Sociedad presentaron el reporte “Situación de la opinión pública con respecto al aborto”.
Realizaron mil 561 entrevistas a la población mayor de 16 años en Argentina; 50 por ciento respondió que el debate legislativo debe estar enfocado en los derechos de las mujeres, 18 por ciento cree que en evidencias científicas y sólo nueve por ciento en “creencias religiosas”.
18/HZM/LGL
Aborto
Por séptima ocasión presentan ante Congreso proyecto de IVE
Argentinas marcharán por despenalización del aborto

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina, presentó el día de ayer, ante la Cámara de Diputados, el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), iniciativa que busca despenalizar el aborto sin importar las condiciones bajo las cuales se produzca el embarazo.
En un comunicado emitido por la Campaña, las organizaciones de mujeres presentaron por séptima ocasión el Proyecto y pidieron que el Estado argentino legalice el derecho de decisión voluntaria al aborto en condiciones sanitarias “adecuadas”.
El Proyecto cuenta con 13 artículos encaminados a eliminar las “trabas médicas y judiciales que niegan o demoran en numerosas ocasiones” la posibilidad de llevar cabo un aborto seguro. Propone reformar los artículos 85, índice 2, 86 y 88 del Código Penal de la Nación, que niegan a las mujeres el derecho a un aborto legal, aún cuando la vida de éstas corra peligro.
Actualmente el Código argentino penaliza de 1 a 4 años de prisión a quien realice un aborto con el consentimiento de la mujer y con un máximo de 6 años a quien lo realiza si la mujer muere durante el procedimiento. También contempla sanciones de inhabilitación y el doble de condena para el personal de salud que lo realice.
En Argentina el aborto sólo es permitido por violación y por peligro a la vida o la salud.
Ante ello el Proyecto de Ley propone derogar el índice 2, del artículo 86 que establece “que si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente” deberá pedir el permiso legal de su representante o tutor.
La propuesta también plantea que la interrupción del embarazo se realice dentro de las primeras 14 semanas de gestación, y que se incluyan las causales de “malformaciones fetales graves y el riesgo psíquico o social de la mujer.”
El Proyecto IVE exige que el Código Civil y Comercial de la Nación analice la interpretación del artículo 26, referente a los “tratamientos invasivos” y “tratamientos no invasivos” en el caso de adolescentes de entre 13 y 16 años de edad.
Con este Proyecto las organizaciones buscan reducir la mortalidad materna de las mujeres y adolescentes así como ser parte de los países donde el aborto inducido está permitido como Puerto Rico, Cuba, Uruguay, México, entre otros. Resaltaron que la “prohibición no evita que las mujeres se realicen abortos, sino que los convierte en una práctica de mayor vulnerabilidad”.
A pesar de que Argentina cuenta con el Protocolo de Atención Integral para las personas con derecho a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), las organizaciones mencionaron que éste no es acatado en todos los hospitales y centros de salud del país, lo cual dificulta el acceso de las mujeres a un aborto seguro.
De acuerdo con datos de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en este país se realizan entre 370 mil y 520 mil abortos al año, muchos de ellos en condiciones inseguras. De éstos, se estima que 49 mil mujeres son hospitalizadas debido a complicaciones por abortos realizados en estas condiciones.
El Proyecto IVE con número de expediente 4161-D-2016 está firmado por más de 40 diputados y diputadas de diversos bloques políticos, encabezado por las diputadas: Victoria Donda (Libres del Sur), Brenda Austin, de la Unión Cívica Radical (URC), Mónica Mancha de la Coalición del Frente para la Victoria, (Fp-V-PJ) y Romina de Plá del Partido Obrero/Frente de Izquierda de los Trabajadores (PO/FIT).
SUMARÁN ESFUERZOS EN MARCHA POR EL 8 DE MARZO
Como parte de las acciones para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las feministas que integran la Campaña Nacional convocaron a la marcha que se realizará este jueves cuya consigna será “Educación sexual para decidir, Aborto legal para no morir y Anticonceptivos para no abortar”. Al final de ésta realizarán una Asamblea en la que darán lectura al consenso de todas las organizaciones sobre el aborto y otros temas.
Cabe recordar que en febrero de este año se llevaron a cabo otras movilizaciones como el “Pañuelazo” y “Tuitazo” con el hashtag #AbortoLegalYa, para promover la aprobación del Proyecto de Ley, expresó la integrante de la Campaña, Patricia Lourdes.
18/AEG/LGL
Aborto
Estados promueven o facilitan regresión en DH de mujeres
Se fortalecerán alianzas para despenalización del aborto en AL

Organizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y Amnistía Internacional, el encuentro-debate sobre el aborto en la agenda legislativa desbordó la sala del Congreso, donde se realizó el martes pasado.
El encuentro fue convocado para tratar el panorama del aborto en la región y por qué en Argentina no se trata el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo; el rol de las organizaciones y los números que revelan un grito urgente: #AbortoLegalYA. Esta es la crónica:
El auditorio está lleno, tanto que traen sillas de otras salas para que se sienten las mujeres que están paradas. No alcanza: siguen llegando, el auditorio desborda para escuchar este encuentro debate: “Es la violencia de género, que se extiende en toda la región, la que sigue siendo uno de los fracasos más deplorables de los Estados en las Américas”, dice Erika Guevara Rosas, directora Ejecutiva de la Oficina Regional para las Américas en Amnistía Internacional, en la conferencia inaugural.
Sigue: “Los Estados de la región no sólo tienen una deuda pendiente para atender la violencia contra las mujeres y las niñas en manos de terceros, sino que sus legislaciones, sus políticas públicas y prácticas están causando daños y sufrimiento a millones de mujeres y niñas en toda la región, constituyendo una de las más graves formas de violencia estructural”.
FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS
Erika anuncia la fortificación de alianzas con movimientos de mujeres para apoyar la lucha por la despenalización del aborto en toda la región y traza un mapa de la situación:
Más de la mitad de los embarazos son no deseados o no planificados en América Latina o El Caribe, tasa que se mantiene sin cambios desde los años 80.
El 97 por ciento de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y El Caribe viven en países donde el aborto está severamente restringido por la ley o, en muchos casos, penalizado totalmente y bajo cualquier circunstancia.
En el año 2016, al menos el 10 por ciento de todas las muertes maternas en la región se debieron a abortos clandestinos e inseguros.
El Salvador es uno de los países en el mundo donde las muertes maternas no han disminuido, sino que se han incrementado desde el 2013.
En Argentina, las complicaciones relacionadas con el aborto siguen siendo la primera causa de muerte materna directa desde los años 80.
Alrededor de 760 mil mujeres fueron hospitalizadas el año pasado por complicaciones de aborto inseguro en toda la región.
Se calcula que alrededor de 2 mil mujeres latinoamericanas mueren cada año debido a abortos inseguros.
Agrega Erika Guevara: “Tradicionalmente, las recomendaciones sobre la violencia contra las mujeres están centradas en una serie de medidas que el Estado debe tomar para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres perpetradas por terceros, sin embargo hoy en día son los propios Estados de la región los que promueven y facilitan un ambiente regresivo de Derechos Humanos para las mujeres y las niñas, y su causa más próxima es la existencia de leyes, políticas públicas o practicas violatorias de los derechos sexuales y reproductivos”.
La situación, alarmante, tiene de la vereda de enfrente la organización y lucha. Erika rescata la experiencia de la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito como un “hito importantísimo en las formas de organización de las mujeres por la demanda de sus derechos” y concluye: “El Estado no sólo debe aprender de la fuerza de este movimiento, sino asegurarse de que sus demandas se conviertan en políticas claras”.
PROYECTO EN ARGENTINA
En Argentina, el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo se presentó por sexta vez el 30 de junio de 2016. El recorrido legislativo que debe hacer para convertirse en ley empieza por la Comisión de Legislación General, presidida por el diputado nacional, Daniel Lipovetzky, quien en diálogo con lavaca se manifestó a favor, pero aún no trató el proyecto.
Desde el panel de debate que comenzó con Susana Chiaroti, miembro del Comité de Expertas en violencia contra la mujer (OEA), se recalcó la necesidad del tratamiento urgente del proyecto. Edurne Cárdenas, del Centro de Estudios Legales y Sociales, fue la encargada de continuar con el debate, planteando a cinco años del caso FAL los avances y obstáculos de la implementación del fallo.
Mario Sebastiani, director de obstetricia del Hospital Italiano fue contundente: “No se puede permitir decir que hay salud pública en un país donde el aborto está penalizado. Es inadmisible que cuando estoy en la función pública lleve mis creencias en vez de poner en marcha políticas públicas que beneficien a la población. Quitémosle a los que tienen cargos públicos la inmoralidad de traer acá sus creencias”.
La encargada de cerrar el panel fue Ruth Zurbrigen, quien explicó el trabajo de Socorristas en Red, que en los últimos tres años acompañaron en su decisión de abortar a 7 mil 958 mujeres.
*Este artículo fue retomado del portal lavaca.org
17/RED/GG
Temas pendientes: aborto, violencia sexual, embarazo infantil
Venezuela: lucha feminista logró agenda clara y leyes avanzadas

Luz Patricia Mejía Guerrero es feminista, jurista y ha ocupado diversos cargos institucionales en Venezuela y en la región latinoamericana. Ayer estuvo en La Casa Encendida, invitada por la Asociación de Mujeres de Guatemala, para visibilizar los avances y retrocesos en materia de Derechos Humanos de las mujeres y las niñas en el contexto venezolano. Ponderar las contradicciones existentes y abordar miradas de futuro es un enorme desafío, tal y como ha dejado claro en una entrevista con AmecoPress.
Venezuela tiene una de las legislaciones más avanzadas de Latinoamérica en materia de protección y erradicación de las violencias basadas en el género y el sistema de administración de justicia con mayor especialización de la región. ¿Cuándo surgieron esos avances? ¿Cómo funciona ahora el sistema, en el contexto de conflictividad que vive el país?
Luz Patricia Mejía Guerrero (LPMG): El movimiento feminista en Venezuela ha sido siempre muy combativo, con muchas perspectivas ideológicas, pero con agendas comunes muy claras. Y eso ha hecho que, si bien la polarización de la política venezolana haga mucho más difícil el encuentro, los grandes tópicos de las luchas feministas están en la agenda común, en ambas miradas.
Ha sido un proceso. En el 2008 se aprobó la Ley del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y el establecimiento de un sistema de administración de justicia que debe responder a esta ley y que incorpora la perspectiva de género como un eje transversal del acceso a la justicia en general y en particular una legislación específica para los casos de violencia machista.
Así, Venezuela logra una ley que reconoce diversos tipos de violencia y además, junto a Guatemala, el desarrollo de esta jurisdicción especial. Después se entendió la necesidad de contar con un Ministerio Público especializado, con fiscales y fiscalas convencidas de aplicar estas normas, porque hubo muchas resistencias.
Gloria López: Sabemos que 60 mil mujeres han solicitado medidas de protección especial y que se han concedido en un 50 por ciento de los casos. Pero hay un gran vacío estadístico que impide saber con certeza la situación que viven las mujeres y la violencia a la que se enfrentan. Aun contando con esas infraestructuras judiciales para la protección de los derechos de las mujeres y de las niñas, ¿son estos derechos invisibilizados en el marco del conflicto político venezolano?
LPMG: En todos los conflictos sociales, políticos y económicos las capas más afectadas son las más vulnerables, donde, por supuesto, entran las mujeres. Y dentro de la diversidad de las mujeres, hay situaciones de mayor complejidad. Por ejemplo, las mujeres que están migrando, con más posibilidades de ser captadas por las redes de trata.
También el cuestionamiento de las instituciones que tienen jurisprudencia sobre estos temas, hace que el desafío de denunciar, por ejemplo, tome proporciones enormes. Hablamos de una sociedad profundamente patriarcal, en la que no es fácil reconocer y denunciar la violencia por parte de una mujer. Si además, lo que se está diciendo es que la justicia no funciona, que los tribunales no sirven para nada, la dificultad es mayor.
(GL): La situación de violencia, de pobreza. ¿Ha hecho crecer la trata y la explotación de las mujeres?
LPMG: Sí, a mayor violencia, mayor violencia contra las mujeres, a mayor pobreza, mayor feminización de la pobreza
EL ABORTO
GL: Usted ha impulsado de cerca campañas por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ha sostenido que “la penalización del aborto es un problema del que no se habla y que criminaliza la pobreza de las mujeres”. ¿Se ha avanzado en la región? ¿Cómo explica que haya mujeres encarceladas en algunos países por el hecho de haber abortado, incluso de un modo natural?
LPMG: La situación del aborto en Venezuela y en el resto de la región sigue siendo un desafío en cuanto a los derechos de las mujeres y sobre todo, en cuanto al derecho a la vida de las mujeres y hay una marcada diferencia según el estrato socioeconómico.
Uruguay ha logrado reducir prácticamente a cero la mortalidad materna, mientras otros países con desarrollo medio mantienen tasas de mortalidad maternas muy altas.
Si a las condiciones de pobreza le sumas las normas legales que obstaculizan el aborto, y las normas sociales que, aun habiendo normas legales que lo permitan, también obstaculizan el aborto, estamos en una sociedad discriminatoria respecto a algo que solo afecta a las mujeres.
En la región Americana, en todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y de salud reproductiva, hay unos abismos donde muchas veces ideologías de izquierda y derecha comulgan a la hora de limitar y obstaculizar los derechos de las mujeres.
AGENDA COMÚN
GL: También desde el punto de vista internacional, la solidaridad se reduce porque queda subordinada a la conflictividad social y política de un Estado en crisis. Hay tanta violencia generalizada, que quedan invisibilizadas violencias específicas hacia las mujeres. La visión de “bandos” que se ha impuesto como análisis fácil de una realidad compleja, ¿perjudica de manera especial a las mujeres? ¿Qué propuestas ha venido a defender y a difundir?
LPMG: Creo que en primer lugar es necesario visibilizar cuestiones que no se saben. Invisibilizar los logros del movimiento feminista venezolano es negar una militancia feminista que ha sido muy fuerte de los últimos 40 años.
Visibilizar lo que existe ahorita en términos positivos es urgente. Reconocer la legislación, jurisdicción y decisiones jurídicas que se han tomado en Venezuela y que son muy avanzadas, son importantes.
Pero también reconocer que, a pesar de ello, existe una brecha amplia que sufren las mujeres y niñas y que el desprestigio enorme de las instituciones hace que las mujeres no acudan a ellas. Es decir, el reconocimiento de estos esfuerzos, pero también el reconocimiento de que no han tenido el impacto deseado en las mujeres que lo necesitan.
Necesitamos también seguir visibilizando una agenda común. A pesar de la polarización, ninguna mujer, en ninguno de los dos bandos, que yo creo que son más, va a olvidar que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Venezuela siguen siendo un desafío, que el tema de la participación política de las mujeres sigue siendo un desafío, y la necesidad de fortalecer el sistema de justicia para la protección de los derechos de las mujeres.
GL: Además de estos tres elementos. ¿Qué aspectos incluiría en esa agenda común?
LPMG: Pienso que la situación con el aborto es fundamental. Y otro tema es la violencia sexual y el embarazo infantil. Venezuela es uno de los países con más índice de embarazo infantil de la región. Está prohibido legalmente, pero según las estadísticas, la cifra es muy alta, mientras solo se han juzgado dos casos. Lo que indica que el índice de impunidad es muy alto, del 99 por ciento.
GL: ¿El movimiento feminista dialoga con las diferentes posturas políticas para enfatizar en las prioridades de las mujeres y la agenda común?
LPMG: Yo diría que hay una nueva generación de feministas. Y hay elementos compartidos por los bandos, como la ley de participación política de las mujeres. También se debate abiertamente acerca del aborto. Pero hay posiciones y temas que no se hablan tanto, como la feminización de la pobreza, la precariedad laboral de las mujeres, el acceso a la educación de las mujeres, cómo afecta el contexto conflictivo de manera específica a las mujeres; por ejemplo, cómo se ha cerrado el acceso a los medios anticonceptivos en medio de la crisis de abastecimiento.
Es indudable también que la división y radicalización ha llegado también al movimiento feminista. Pero tengo la esperanza de que podamos dialogar.
17/GL/GG
Aborto
Destruir el oscurantismo en medicina
Segunda y última parte
Argentina: Crean Red de Estudiantes de la Salud por el Derecho a Decidir

Coincide con Corina y Ana Paula: se habla de aborto en materias aisladas como Medicina Legal, Obstetricia y Bioética y todo depende del cuerpo docente. “Es deficiente la formación. Se quedan en una clasificación de tipos de abortos, dicen.
