Grupo de Trabajo

Ahora que está conformado el grupo de especialistas para atender la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México (AVG), su principal reto es realizar una investigación exhaustiva que dé cuenta de la creciente violencia contra las capitalinas y cuestione al gobierno sobre las acciones que hace para frenarla.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) dio a conocer el 19 de octubre los nombres de las especialistas que integran el Grupo de Trabajo: son dos académicas que radican en la Ciudad de México; la abogada y criminóloga feminista, Iris Rocío Santillán Ramírez y la doctora en estudios de la mujer, Marta Walkyria Torres Falcón.

De carácter nacional seleccionó a la doctora en derecho y defensora de los derechos de las mujeres, Aleida Hernández Cervantes, y al maestro especializado en estudios demográficos y género, Carlos Javier Echarri Cánovas.

A decir de activistas, el Grupo de Trabajo deberá integrar un informe sólido enfocado en las dinámicas y particularidades del feminicidio en la capital, la violencia comunitaria contra las mujeres, y demostrar que la desaparición de las mujeres en la Ciudad puede estar relacionada con grupos delictivos dedicados a la trata de personas.

Así lo describió a Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) María de la Luz Estrada, agrupación que en conjunto con el Centro Fray Francisco Vitoria, la Red “Todos para Todas y Todos” y Justicia Pro Personas, solicitaron el pasado 7 de septiembre la alerta de género para las 16 delegaciones de la entidad.

LOS RETOS DE LAS EXPERTAS: TRATA Y FEMINICIDIO

Las organizaciones consideraron necesaria activar la alerta en la Ciudad, porque aunque es un referente de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, lo cierto es que también ocurren los niveles de violencia más altos contra la población femenina. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares 2016, la capital del país ocupa el primer lugar de violencia en las calles, transporte, parques y otros sitios públicos.

Violencia que incrementa hasta sus niveles más extremos como es el feminicidio. De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF) en promedio mensual ocurren 5 casos de feminicidio en la urbe, tan sólo de 2015 a abril de 2017 inició 116 carpetas de investigación por este delito.

En suma, las familias de las víctimas enfrentan obstáculos para el acceso a la justicia y el debido proceso; son revictimizadas, las investigaciones no se elaboran desde la perspectiva de género, y reclasifican los casos a simples homicidios. Acciones recurrentes de las autoridades que han denunciado las organizaciones, como lo demostró el reciente asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, recordó Luz Estrada.

Por ello el Grupo de Trabajo deberá centrar su atención en el acceso a la justicia y la aplicación de protocolos para investigar el feminicidio, indicó la coordinadora el OCNF: entender en qué zonas y bajo qué circunstancias están asesinando a las mujeres y sobre todo, conocer “qué está haciendo la PGJDF para frenarlo”, precisó.

Asimismo en la desaparición de mujeres, las investigadoras tendrán que cuestionar el trabajo de dependencias de la Procuraduría como el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea), que ha sido pasiva y poco transparente ante las desapariciones sobre todo de niñas y adolescentes de la Ciudad, pues los datos son alarmantes, dijo Estrada.

Los propios datos de la PGJDF en este sentido, indican que de 2015 a 2016 se reportaron como “ausentes o extraviadas” dos mil 294 mujeres, de las cuales hasta la fecha faltan por localizar a 644, un 60 por ciento son menores de 17 años de edad.

“En este tema deben cuestionar por qué tenemos tantas mujeres desaparecidas, reconocer los modos operandi de los tratantes, y revisar qué está haciendo Capea y si está aplicando los protocolos de localización. Deben recordar que la Ciudad de México (con Puebla y Tlaxcala) es una de las rutas de trata de personas”, precisó la defensora de Derechos Humanos. 

NECESITAN MÁS EXPERTAS

Para concretar esta investigación la coordinadora del Observatorio sugirió que debe consultarse con más expertas en dichos temas, entrevistar a familiares de víctimas, sobrevivientes y organizaciones civiles.

De acuerdo con lo que presente el Grupo en su informe, el gobierno tendrá un plazo de 6 meses para cumplir las recomendaciones que de éste emanen, y de no hacerlo, la Secretaría de Gobernación (Segob) tendrá la facultad de decretar la AVG.

¿QUIÉNES SON?

La especialista en criminología es Iris Rocío, doctora en Ciencias Jurídico Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, cuenta con un master en Sistemas Penales y Problemas Sociales de la Universidad de Barcelona; y por 18 años ha realizado investigaciones en materia de violencia contra las mujeres, por lo cual recibió en 2015 la Medalla Omecíhuatl.

La otra investigadora de la capital, Marta Torres Falcón, es doctora en relaciones de género por parte de la UAM y cuenta con una especialización en Estudios de la Mujer por El Colegio de México. También ha sido consultora del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y es autora del libro “Las enseñanzas de Alicia y la cultura de la no violencia. Una visión de género”.

Javier Echarri es maestro en demografía por El Colegio de México, institución de la cual también es maestro estudios urbanos y ambientales. En materia de género coordinó en 2011 el Programa Salud Reproductiva y Sociedad, fue investigador en la Dirección General de Planificación Familiar de la Secretaría de Salud.

Por último, está la doctora en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Aleida Hernández, quien es docente en dicha universidad en investigación feminista y perteneciente a la Red de CONACyT “Ciencia, tecnología y género”. 

Además de las académicas seleccionadas, en el Grupo de Trabajo también debe participar una representante del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) -quien se encarga de coordinar el equipo-, una representante de Conavim y otra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

17/HZM/LGL

Sólo una de las once recomendaciones que hizo el Grupo de Trabajo al Gobierno de Campeche para erradicar la violencia de género se refiere a la situación de las mujeres indígenas, aunque una de las razones para solicitar Alerta de Violencia de Género (AVG) partió de lo que ocurre con esa población.
 
La AVG para el estado de Campeche, en donde viven 458 mil 655 mujeres indígenas (51 por ciento de la población), según la Encuestar Intercensal Inegi 2015, fue presentada por la agrupación Todos para Todos AC, el 7 de febrero de 2017. 

Fue solicitada para los municipios de Champotón, Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Escárcega, Hecelchakán y Holpechén, los cuales, a excepción del  último, están reconocidos como indígenas por la Ley de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos Indígenas del Estado de Campeche.
 
En la solicitud se afirma que en estas localidades “se concentra un porcentaje importante de población de mujeres indígenas”, víctimas con mayor frecuencia de violencia dentro del ámbito familiar, y definen que 43 por ciento de las mujeres indígenas en Campeche son o fueron agredidas (física o psicológicamente) por sus esposos, novios o exparejas, además, enfrentan situaciones adversas para acceder a la justica.  
 
De acuerdo con el “Informe del Grupo de Trabajo conformado para tender la solicitud de AVG en el estado de Campeche”, las mujeres indígenas que sufrieron violencia únicamente el 16 por ciento denunció el hecho mientras que el 62 por ciento decidió dejarlo pasar como un hecho “común” del hogar.
 
El Gobierno local reportó 34 casos de feminicidio de enero de 2010 a julio de 2016, de los cuales 38 por ciento de los cuales ocurrieron en Carmen (13), Campeche y Champotón (5 cada municipio), Escárcega (3), Candelaria (4), Hopelchén (3) y Hecelchakán (1). 
 
Entre otros delitos contra mujeres, también destaca la violencia familiar: 2 mil 268 denuncias en el mismo periodo; mil 883 por delitos sexuales como abuso y violación; 42 homicidios de mujeres; y 773 denuncias de mujeres desaparecidas, de las que localizo al 96 por ciento.
 
Sin embargo, aunque la solicitud fue aceptada y recibida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) el 10 de febrero, en las 11 las recomendaciones que hizo el Grupo de Trabajo al Gobierno de Campeche no se hace más que la recomendación de hacer campañas  para prevenir y erradicar la violencia en esta población.
 
El grupo de especialistas hizo público su reporte el 26 de mayo pasado, a través de la página oficial del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Y el gobierno de Campeche, encabezado por Alejandro Moreno Cárdenas, deberá de determinar si acepta o no dichas recomendaciones como siguiente paso.
 
RECOMENDACIONES
 
Las recomendaciones fueron:    
 
1) Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación con perspectiva de género para la administración pública estatal y municipal, para diseñar y aplicar programas de “sensibilización, capacitación y profesionalización permanente para el personal del operativo”, sobre todo en los municipios donde se pidió la AVG.
 
2) Por “el vacío de información y contradicciones en los datos sobre violencia contra las mujeres en Campeche”, el gobierno estatal debe crear el Banco Estatal de datos e información de casos de violencia contras mujeres en Campeche, y ser sustentado por instancias orientadas a erradicar la violencia contra las mujeres, con información de las víctimas y el victimario (tipo y modalidad de violencia, órdenes de protección e información del delito).
 
3 y 4) Diseñar procedimientos y rutas de actuación para facilitar la atención adecuada y diligente de las víctimas de violencia de género y sus familiares, en servicios de salud, DIF estatal y municipales, instancias de las mujeres, Ministerios Públicos, policías ministeriales, seguridad pública y tribunales. Además de protocolos para atender órdenes de protección a víctimas.
 
5) Capacitar a servidores de salud para la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046, que permite la interrupción del embarazo producto de una violación sexual, asimismo generar un Programa Estatal de Interrupción del Embarazos para cumplir con las causales contenidas en el Código Penal local.
 
6) Generar desde el estado, campañas para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en Campeche, con un enfoque de género dirigida a hombres y mujeres y población indígena, para hacer visibles las modalidades de violencia y se fomente la denuncia.
 
7) Expedir los reglamentos de la normativa en materia de igualdad y no violencia contra las mujeres; armonizar la definición de violencia familiar respecto de la ley general; tipificar el acoso y hostigamiento sexual; derogar la tipificación de estupro; y aumentar la penalidad en delitos sexual.
 
8) Fortalecer las Instancias Municipales de las Mujeres bajo la guía de un protocolo de atención municipal de “Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia”.
 
9) A través de capacitaciones, la Fiscalía General de Justicia y los MP, deben de mantener el registro de las víctimas, las medidas de asistencia, atención y reparación de daños a las víctimas.
 
10 y 11) En materia de acompañamiento y atención a mujeres que vivieron violencia, se deben ejecutar un Programa de Salud Mental, asimismo las recomendaciones indican que este programa debe incluir la reeducación de los agresores. Y diseñar un cronograma de cumplimiento de contención emocional para personal de instancias que brindan dicha atención.
 
El grupo de trabajo estuvo conformado por la académica de la Universidad Autónoma de Yucatán, Roció Ivonne Quintal López; de la Universidad Anáhuac, Natalia Stengel Peña; Eulalia Hernández García y Magnolia del Rosario López Méndez representaron a la Universidad Autónoma de Campeche. Del Instituto para la Mujer local participó su directora, Dulce María Cervera Cetina.
 
Cabe recordar las otras entidades del país que están en este mismo proceso de aceptación de la AVG: Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
 
La AVG ha sido  declarada en el Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, y Sinaloa.
 
17/HZM/GG

Invasión de tierras, agresiones, amenazas, compra ilegal de propiedad comunal, empleos con salarios ínfimos, uso de químicos que contaminan la tierra y el agua, y que derivan en daños a la salud y en campos inservibles para la siembra, desaparición de hierbas medicinales y de especies animales endémicas…
 
Estos son, entre muchos otros, los resultados de la acción de empresas mineras, hidroeléctricas, eólicas, agroindustriales, de infraestructura, de explotación de hidrocarburos y gasoductos, inmobiliarias, de turismo y maquilas en el país, sobre todo en comunidades indígenas y campesinas, donde las mujeres enfrentan en su vida diaria la devastación del entorno, la agudización de su pobreza y los daños en su salud y la de sus familias. 
 
Así lo denunciaron ante el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que por primera vez visita México, del 29 de agosto al 7 de septiembre para documentar las violaciones a Derechos Humanos por parte de las empresas.
 
Y son ellas las denunciantes porque, tradicionalmente encargadas del alimento, guardianas de la salud y del entorno para sus familias, ante la precariedad y amenazas, se han convertido en defensoras de la tierra y de los bienes comunes.  
 
María Isabel Jiménez Salinas, indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, le contó al Grupo de Trabajo sobre la devastación que ha significado para su comunidad la llegada de más de 21 empresas de energía eólica a la región.
 
Médica tradicional e integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) dijo a los expertos que la consulta indígena que se aplicó en el lugar para la construcción de un parque eólico se desarrolló en medio de agresiones y amenazas.
 
Isabel, quien se ha dedicado a la defensa de la tierra, los bienes naturales y los derechos de pescadores, campesinas y campesinos, y de las médicas tradicionales, asegura que los proyectos eólicos sí afectan la naturaleza y la vida, que la tierra se rellena con cemento y ya no germinan las semillas. “Al defender la madre tierra, también defendemos  nuestro trabajo que son las hierbas medicinales”, señaló.
 
Isabel les contó que, en 2013, pescadores y campesinos que la abastecían de hierbas medicinales le avisaron que personal del parque eólico Bií Hioxo había cercado sus parcelas, les pedían gafetes para entrar a sus tierras y dañaban la flora y fauna de la región, caracterizada por tener especies únicas en el país. 
 
Unida a estos grupos inconformes, la mayoría integrados por varones zapotecas que después conformaron la APPJ, Isabel informó a su comunidad sobre la importancia de hacer frente a este despojo, pero esto le ha acarreado amenazas para que no participe.
 
“CONSULTAS” Y CONTRATOS
 
Para su aprobación, los proyectos deben realizar consultas con las comunidades, pero organizaciones civiles, como Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC), llevó a cabo una Misión de Observación y comprobaron que el Estado mexicano violó los estatutos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
 
La comunidad mantiene un litigio legal para detener la construcción de parques eólicos, pero estos avanzan y, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), hay 31 parques eólicos instalados en el país: 21 en la región del Istmo, 12  en Juchitán.
 
El Grupo de Trabajo escuchó también a la comunidad agraria de Unión Hidalgo, en la región oaxaqueña del Istmo de Tehuantepec, donde la población demanda la nulidad de los contratos de arrendamiento que tiene con la empresa Desarrollos Eólicos de México (Demex), para el parque eólico Piedra Larga.
 
La activista Guadalupe Ramírez Castellanos asegura que la empresa no respetó la propiedad comunal de la tierra porque “compró” áreas que no son de propietarios independientes. La comunidad interpuso un juicio, que está en su etapa final, y se espera que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, con sede en Tuxtepec, dicte una sentencia apegada a derecho y los Derechos Humanos.
 
MINERA Y ENGAÑO
 
Otras mujeres que alzan la voz contra las empresas son las ejidatarias de La Sierrita de Galeana, en Durango, que mantienen una batalla legal contra la minera canadiense La Platosa, de Excellon Resource, por haber defraudado a su ejido.
 
En 2004, La Platosa rentó al Ejido, ubicado en el municipio de Tlahualilo, cuatro hectáreas de tierra de uso común –por un millón 200 mil pesos– para ocuparlas durante 30 años, pero al momento de la firma resultó que el contrato estipulaba la renta de 27 hectáreas por el mismo precio.
 
Dora Alicia Ramírez Soto, primera mujer tesorera del ejido La Sierrita, asegura que en un primer momento las mujeres y hombres de la comunidad vieron en la minera una oportunidad de desarrollo social y de trabajo pero, luego de darse cuenta del engaño, con amenazas la empresa logró que las y los 127 dueños del terreno firmaran el contrato.
 
Las violaciones que se cometieron en este caso fueron exploraciones fuera del territorio convenido, que las personas tenían menos espacio para llevar a pastar a sus animales y afectación en la diversidad de plantas. Además, aunque la empresa ofreció empleos, eran trabajos con salarios mínimos e incluso se le negó la contratación a una mujer por estar embarazada.
 
Otro caso de daños provocados por la industria extractiva fue el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado de la minera Buenavista del Cobre (de Grupo México) que se vertieron  en los ríos Bacanuchi y Sonora, en el estado de Sonora el 6 de agosto de 2014.
 
Las mujeres destacaron como convocantes de la organización para exigir una solución, pues ellas fueron las más afectadas por la contaminación del agua en una comunidad donde se volvieron comunes dolores de estómago, infecciones estomacales, fiebres y vómitos por el consumo del líquido.
 
Después de escuchar estos y otros relatos de mujeres y comunidades indígenas afectadas por estos proyectos, el Grupo de Expertos elaborará y presentará un informe preliminar al terminar la visita en México y posteriormente presentará un informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
 
16/AJSE/AGM/GGQ