Sedesol

El próximo año la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) podría concentrar 39 por ciento de los recursos destinados a la igualdad de género toda vez que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) propone otorgarle 11 mil 50 millones de pesos (mdp).

Desde 2008 cuando se creó el gasto etiquetado para cerrar las brechas de desigualdad, Sedesol es la secretaría de Estado que recibe más recursos del Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, tendencia que podría continuar el siguiente año. 

En el proyecto de presupuesto que analiza la Cámara de Diputados  contemplan 11 mil 50 millones de pesos (mdp) para el Ramo de Desarrollo Social, es decir, 434 mdp más que los que recibió este año cuando obtuvo 10 mil 615 mdp.

Estos recursos se ejercen en la operación de seis programas destinados a mejorar la vida de las mexicanas: Articulación de políticas integrales de juventud; fomento a la economía social; coinversión social; el de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF); estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y pensión para adultos mayores.

Sedesol ha ido incrementando su presupuesto año con año, por ejemplo, de acuerdo con un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, de 2016 a 2017 tuvo un crecimiento real de 53.6 por ciento.

MÁS RECURSOS A PENSIONES

La bolsa destinada a Desarrollo Social se concentra en el programa “Pensión para Adultos Mayores” y “Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras”, los cuales en 2017 representaban 87.5 por ciento de los recursos del Ramo.

La primera de estas políticas apoya a las personas, mujeres y hombres, de 65 años de edad en adelante que no reciban pensión mayor a mil 92 pesos mensuales por jubilación o de otro tipo.

La dependencia estima que en 2017 había aproximadamente 6.8 millones de personas que estaban en esta condición, de las cuales 3.1 millones eran mujeres y 3.7 millones hombres.

De acuerdo con el padrón de beneficiarios, 2 millones 54 mil 84 son hombres y 3 millones 98 mil 440 son mujeres, es decir, ellas conforman 60.13 por ciento de la población atendida por Sedesol.

Por otra parte, se proyectan recortes al PAIMEF, programa que otorga recursos a los institutos de las mujeres de los estados a fin de que operen y promueven acciones a nivel estatal y municipal para erradicar la violencia de género. Aun así se proyecta un monto de 263 mdp, una reducción de 40 mdp con respecto al año pasado cuando recibió 303 mdp. 

17/AGM/LGL

Unos 350 millones de pesos que estaban destinados a beneficiar directamente a población en pobreza extrema de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, serán destinados a las labores de construcción y reparación de viviendas.

El gobierno federal congeló a 97 ayuntamientos de Chiapas, las cuentas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para garantizar que los alcaldes canalicen los recursos a la reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo del 7 de septiembre.

Con esta determinación se dejarán de hacer obras para el saneamiento y potabilización de agua, construcción de drenajes, mejoramiento a la alimentación y la salud, entre otras acciones programadas para combatir el rezago social y la pobreza que afecta a prácticamente 8 de cada 10 personas en Chiapas.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) había anunciado a los pocos días de sucedido el sismo, que para abonar a la reconstrucción se iban a suspender “obras no prioritarias” a fin de canalizar el dinero de estas obras a la reparación de los daños por el sismo.

Posteriormente se determinó que los tres niveles de gobierno deberán aportar a la bolsa para la reconstrucción, y en el caso de los ayuntamientos de Chiapas, el único recurso disponible es el que proviene del fondo para el combate a la pobreza.

El secretario de Infraestaructura de Chiapas, Jorge Betancour, explicó en entrevista que este fondo de combate a la pobreza se iba a usar para la construcción o reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo, y para garantizar que los ayuntamientos no usaran el dinero para un fin distinto, las cuentas bancarias con este recurso ya se habían congelado.

Posteriormente la Sedesol dio a conocer a través de un comunicado que realiza los trámites administrativos para que los ayuntamientos destinen 350 millones de pesos de este fondo para iniciar la etapa de reconstrucción.

Extraoficialmente funcionarios estatales especialistas en áreas de planeación y desarrollo, cuestionaron esta medida, porque dijeron que las obras que se realizan con el Fondo para combatir la extrema pobreza son prioritarias, y el gobierno federal y estatal deben buscar los recursos de otras partidas que no afecten las acciones de combate a la pobreza.

MÁS DE 4 MIL MDP EL COSTO DE LA RECONSTRUCCIÓN

Jorge Betancour, secretario de Infraestructura, adelantó que el cálculo estimado para la reconstrucción en Chiapas oscila entre los 4 mil y 5 mil millones de pesos.

Explicó que 1 mil 500 millones serían para la reparación de caminos, puentes, edificios públicos, inmuebles con valor cultural y daños a la infraestructura en salud.

Y en el caso de los daños a viviendas, detalló que aún se están verificando así como los costos y los recursos que, en su opinión, serían superiores a los 2 mil 500 millones de pesos.

Sobre este punto, mientras la Sedesol ya cerró su balance de daños y dijo que son 58 mil 635 viviendas, 5 mil 495 con daño total, ayer durante la reunión de evaluación de daños que presidió Enrique Peña Nieto, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, dio cifras distintas.

La funcionaria señaló que sólo en el caso de daños totales a viviendas había más de 18 mil casos, y que esta cifra se ha incrementado en el transcurso de los días, con las réplicas que se han presentado.

En tanto, por parte de la población sigue habiendo incertidumbre sobre qué tipo de daño presentan sus viviendas, e incluso hay casos donde aseguran que no fueron considerados en el censo de daños.

17/AM/LGL

Personas jornaleras del Valle de San Quintín, se retiraron de la mesa de diálogo que se tenía prevista para este día en la Secretaría de Gobernación (Segob), ante la ausencia de funcionarios de diversas dependencias, con quienes discutirían sus derechos laborales.

Funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) no se presentaron para cumplir con la agenda en la que se discutirían las demandas de jornaleras y jornaleros, como un salario mínimo de 300 pesos diarios y prestaciones de ley, así como acceso a seguridad social y terminar con el acoso laboral que viven.

El martes 21 de marzo jornaleras y jornaleros del país, representados por el Sindicato Independiente Nacional Democrático Jornaleros Agrícolas (SINDJA) y la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social del Valle de San Quintín, presentaron el pliego petitorio al subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros y acordaron atender, en mesas de trabajo programadas para hoy, primero las demandas en materia de derechos laborales.

La secretaria de Equidad de Género del SINDJA, Abelina Ramírez Ruíz, dijo para Cimacnoticias que las personas jornaleras decidieron no comenzar el primer bloque del diálogo,  donde se abordaría el tema de salarios y seguridad social, ante la falta de funcionarios que pudieran responder a sus demandas.

“Estaba el subsecretario de Gobernación, sin embargo, no había funcionarios de la STPS, del IMSS o de Sedesol, los que sí pueden firmarnos acuerdos, sólo mandaron a representantes”, denunció.

Ramírez Ruíz expuso que el subsecretario de Gobernación les propuso avanzar con otros puntos de la agenda, sin embargo se negaron porque dijo, “para nosotros no es un juego”. Y aseguró que al incumplir con el diálogo los funcionarios “le están faltando al respeto a las miles de personas jornaleras del país, porque el SINDJA y la Alianza de Organizaciones las representa.

El pasado 17 de marzo concluyó en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México la “Caravana Nacional por las y los Jornaleros de San Quintín”, la cual recorrió ocho entidades del país para recopilar información sobre las condiciones laborales de personas jornaleras, mismas que se presentaron a la Segob en busca de resultados.

Las denuncias de jornaleros y jornaleras se reunieron en la Caravana Nacional tras cumplirse 2 años desde que miles de personas trabajadoras de la tierra en el Valle de San Quintín, Baja California, realizaron, el 17 de marzo de 2015, un paro laboral para exigir que se les garantizaran sus derechos laborales, establecidos en la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, el gobierno federal sigue sin cumplir sus demandas.

De acuerdo al informe “Despertar en tierra ancha y ajena: El movimiento de jornaleros del Valle de San Quintín”, elaborado por la académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso México), Elena Jaloma Cruz, hay aproximadamente 5 millones de personas jornaleras, para 2015 solo una de cada 10 ganaba más de dos salarios mínimos al día. Es decir, trabajan hasta por 12 horas al día por sueldos de 100 a 120 pesos.

Abelina Ramírez Ruíz denunció las malas condiciones en las que laboran. “Exigimos que los funcionarios nos escuchen porque tan solo uno de los compañeros que viene con nosotros corta una tonelada de caña por 40 pesos. Tiene las manos destrozadas”, dijo.

La secretaria de Equidad de Género del SINDJA expuso también el limitado esfuerzo del gobierno federal por garantizarles derechos laborales: “En la Segob nos dicen que desde 2015 el gobierno les ha dado atención de salud a 26 mil jornaleras y jornaleros de San Quintín, pero sabemos que en el Valle somos 86 mil personas las que nos dedicamos a la tierra ¿y las demás cuándo?”.

Ramírez Ruíz mencionó que además, el funcionario Juárez Cisneros prometió asistir al Valle de San Quintín para ver por cuenta propia las condiciones laborales de las y los denunciantes.

Las y los jornaleros de San Quintín están en espera de la reanudación del diálogo que, de acuerdo a lo que el subsecretario de gobernación les dijo hoy, y que consta en un video publicado en las redes sociales de la Alianza de Organizaciones, comenzará cuando todos los funcionarios correspondientes garanticen su asistencia.

Ramírez Ruíz argumentó que iniciarán “hasta que nos garanticen que se atenderá el primer punto, el de las condiciones de trabajo, esto no puede retrasarse más. No vamos a estar más de rodillas, que se nos respete. Los de la Caravana Nacional vamos a seguir denunciando”.

17/MMAE/LGL

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) encontró un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por un monto de 20 millones 47 mil 879 pesos por pagos excesivos que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) hizo a 4 mil 126 beneficiarios del programa “Seguro de Vida para Jefas de Familia”.
 
El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 reveló que Sedesol incurrió en un probable daño a las finanzas públicas porque hizo “pagos en demasía” a beneficiarios del programa, por montos que no corresponden a los recursos que se les debieron otorgar.
 
Así lo determinó el órgano del Estado después de auditar e Fideicomiso 10235 Fondo para Administrar el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia y el programa S241 Seguro de vida para jefas de familia para comprobar cómo ejercieron sus recursos en 2015 y si cumplieron con sus objetivos y metas.

Este programa inició en 2013 debido a la falta de acceso a la seguridad social en que viven 3 millones 761 mil 125 jefas de familia aproximadamente, y quienes ante su eventual fallecimiento dejan en situación de vulnerabilidad a sus hijas e hijos, en edad escolar.
 
REVISIÓN DE PADRÓN
 
La ASF revisó el Padrón Único de Beneficiarios de este programa y encontró que 4 mil 126 personas recibieron montos que no corresponden al cálculo que se realiza, al considerar las fechas de fallecimiento de las jefas de familia y el nivel de escolaridad de sus hijas e hijos.
 
Este programa otorga apoyo económico a las hijas e hijos, de hasta 23 años de edad, de mujeres que murieron, con el fin de incentivar su permanencia en el sistema educativo. Dependiendo del nivel escolar es la cantidad que reciben, que va desde los 315 pesos hasta mil 942.50 pesos mensuales.
 
La Sedesol tampoco proporcionó la documentación que acredite la fecha de incorporación de estos beneficiarios. De acuerdo con la información, las entidades con más personas que recibieron este apoyo de manera irregular fueron: Estado de México con 382 personas, Veracruz con 298, Chihuahua con 206 y Chiapas con 205. 
 
El organismo fiscalizador también presume un probable daño o perjuicio por 386 mil 808 pesos por la falta de documentación comprobatoria de los pagos de apoyos otorgados a otros 67 beneficiarios e irregularidades por pago de honorarios que no tienen documentación probatoria.
 
Es por ello que la ASF recomendó a la Sedesol que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos en estas irregularidades
 
17/AGM/GG