Violencia contra periodistas
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La exigencia de justicia debe ser permanente coinciden periodistas
A un año del asesinato de Miroslava Breach solo hay polémica y falta de compromiso con la verdad

Un grupo de jóvenes mujeres dio voz de nuevo a Miroslava Breach. Los contundentes títulos de sus notas más representativas. Las líneas casi exactas de una charla con un vocero del Partido Acción Nacional. La insistente e ignorada exigencia de justicia. Así recordaron hoy a la desaparecida periodista en la Cruz de Clavos, a un año de su artero asesinato.
Las voces de los reporteros de a pie, de sus compañeros, de sus hermanos, de organismos defensores de Derechos Humanos, de representantes de la sociedad civil, se unieron a un solo tiempo para destacar que en 365 días no hay sino sólo polémica y una falta de compromiso para con la verdad.
Así lo dejó ver el representante de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en México Ricardo Neves, quien destacó que en su trabajo Miroslava tocó los temas que muy pocos se han atrevido a señalar, como “el sufrimiento de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara y el poder y la impunidad con que grupos criminales se mueven en la región; la corrupción, el feminicidio, la tala ilegal en la Sierra, las desapariciones, el desplazamiento interno forzado y las agresiones a defensores de Derechos Humanos, entre otros”.
Por eso, es que “su asesinato no sólo duele a su familia y amigos, nos debe doler a toda la sociedad”. Una sociedad que tampoco ha recibido respuestas de otros asesinatos, como el del también periodista Adrián Rodríguez, ocurrido en diciembre de 2016, o el del activista rarámuri Isidro Baldenegro, quien hace unos días habría cumplido 52 años.
La voz de la hermana de Miroslava, Brisa Breach, también se escuchó al referirse a la polémica más reciente, la que desde el periódico La Jornada señala que el gobernador del estado Javier Corral le dijo a la familia que a Miroslava le pasó eso porque “se dedicó a pisarle los callos al diablo. Es una lamentable opinión y una desafortunada declaración de incapacidad y subordinación ante el narcotráfico y la delincuencia”.
De denuncia y sorpresa fue también su voz al asegurar que el gobernador siempre supo de las amenazas que Miroslava tenía sobre sí “por boca de su hermana, aquí presente, ella me dijo “el gobernador está al tanto”, por WhatsApp. Incluso por WhatsApp él la tranquilizó. Luego ya pasó lo de Miros, recogieron los celulares y eso ya no apareció”.
Por su parte, Jacobo Breach, hermano también de Miroslava, dio voz a la incongruencia que han señalado ya varios personajes de la política y del periodismo, sobre el curso que ha tomado la investigación y la aparente protección que se ha dado a panistas involucrados, como el vocero del PAN Alfredo Piñera, quien grabó a Miroslava al cuestionarle sobre sus fuentes periodísticas, y el ex alcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz.
“¿Qué hay de aquellos que están detrás de todo esto, qué hay de aquellos que navegan con bandera de servidores públicos y no son más que unos cobardes corruptos causantes de entregar a nuestra hermana a los criminales para cubrir sus intereses? Exigimos castigo para ellos, exigimos que la justicia los alcance porque aunque ustedes quieran tapar sus porquerías, ellos huelen a cobardía y podredumbre”, señaló.
Antes, el representante del Comité para la Protección de Periodistas en México Jan-Albert Hootsen alzó su voz para hablar sobre las detenciones que ha realizado la Fiscalía General del Estado sobre los presuntos responsables del asesinato, de los que se dijo, uno de ellos fue abatido, el presunto autor material Ramón Andrés Zavala Rodríguez, en Álamos, Sonora; y del otro, Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, le fue dictada prisión preventiva por un año.
La voz de los reporteros de a pie fue representada por Jaime Armendáriz quien dijo que “hoy tenemos que voltear atrás y reflexionar sobre lo ocurrido desde ese trágico acontecimiento a la fecha. Pensar en que la exigencia de justicia debe ser permanente sin dar paso al silencio ni al miedo, de lo contrario sólo se abona a mantener un clima de impunidad en un sistema podrido (…) pero no nos vamos a callar, porque tener un periodismo crítico es una de las herramientas más importantes para la sociedad y para evitar los atropellos que comete el poder”.
Las voces familiares se refirieron también a la solicitud que ha hecho la Procuraduría General de la República para atraer el caso, y a lo que Corral se ha negado “vemos ventajas y debilidades en ambas partes, pero como vemos que aquí en Chihuahua ya se vio todo lo que tenía que dar el caso, tenemos esperanza, con los inconvenientes que sabemos tienen las instancias, que se vean nuevas líneas de investigación, que se den ajustes en lo que ya hay y hayan resultados”.
Así se recordó a una de las voces más importantes del periodismo en Chihuahua, cuya pluma incómoda como señalaron hoy, dio voz a su vez a grupos desprotegidos, aquellos que no tienen voz más que cuando así conviene. Se recordó a Miroslava la mujer, la hermana, la madre, la periodista cuya voz fue silenciada, pero no así su ejemplo.
OTRAS ACTIVIDADES
Las actividades comenzaron desde el jueves 22 en el Centro Cultural Universitario Quinta Gameros, donde se realizó el conversatorio-homenaje “Callar es complicidad” con la participación de la periodista Olga Aragón Castillo y la hermana de la periodista, Rosa Breach, quien también inauguró la exposición alusiva “Grito de rebeldía y esperanza”.
Para este sábado a las diez de la mañana, se realizará una mesa redonda en la que el representante del Comité para la Protección de Periodistas en México Jan-Albert Hootsen, y los periodistas Héctor Gordoa, Marcela Turati, Gabriela Mijares, Patricia Mayorga en videomensaje y Jaime Armendáriz, disertarán sobre “Los riesgos de ser periodista y la importancia de organizarnos”,
Al término y en el mismo Cineclub de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se realizará otra mesa redonda, con el tema “Periodismo valiente y crítico frente al poder”, con la participación entre otros de Olga Aragón y Rocío Gallegos, quienes también participarían en la clausura del seminario de periodismo e investigación “Miroslava Breach Velducea”, que se realizó durante marzo en la misma facultad.
Sobre el crimen y la falta de justicia se han manifestado reporteros y asociaciones, como el Foro de Periodistas que exigió a “la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República, que salga del escritorio y deje de ser simple espectador de los atentados y crímenes en contra de comunicadores y que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua haga efectivo el compromiso de crear una Fiscalía similar para atender estos casos”.
18/FCH/LGL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Realizan mesa sobre violencia contra mujeres periodistas en CSW
Periodistas: valentía y unión contra la censura y la violencia

En México, principalmente en Tamaulipas, “se vive una violencia extrema contra las periodistas y una censura brutal”, “es una zona de silencio, nadie publica lo que pasa”.
Así lo denunció la periodista tamaulipeca desplazada de su estado por la inseguridad, Rosa María Rodríguez Quintanilla, durante la mesa “Violencia contra mujeres periodistas”, realizada en el marco de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Estatus de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés), que de manera paralela realizó la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), el pasado 16 de marzo.
Un panorama similar describió la directora de la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Lucía Lagunes Huerta, quien insistió en que en México no hay democracia y es ahí donde la violencia en contra de las mujeres periodistas se normaliza.
Lagunes Huerta explicó que, cuando una periodista denuncia el hecho de violencia, el gremio la trata de ignorar e incluso la acusan de que “se quiere hacer famosa”. La mujer periodista, dijo la feminista, sufre doble riesgo.
La doctora Aimeé Vega Montiel, de Alianza Global de Medios y Género, apuntó que México, Colombia y Argentina son lugares peligrosos para las mujeres periodistas, pero es México el más peligroso. Indicó que de 2014 a 2015 se han registrado 147 casos de violencia y 15 casos de feminicidio, datos que coinciden también con los de CIMAC.
Vega Montiel retomó también la información de la organización Artículo 19, que indica que en 2016 se registraron 426 agresiones contra periodistas y 99.7 por ciento no están resueltas.
Resaltó los casos de Rodríguez Quintanilla, quien se vio obligada a migrar de su estado, porque no hay garantías para ejercer su profesión; de Carmen Aristegui, quien tras denunciar un caso de corrupción relacionado con Enrique Peña Nieto, perdió su trabajo y fue víctima de espionaje, junto con su hijo, como denunció el periódico The New York Times.
Relató también el caso de Sanjuana Martínez, quien sufre la violación de sus Derechos Humanos, precisamente por denunciar ese tipo de casos; el de Anabel Hernández, quien denunció los vínculos entre el capo Joaquín “el Chapo” Guzmán y autoridades del gobierno. Así mismo el caso de Marcela Turati, quien denunció el manejo jurídico del caso Ayotzinapa; el de Lydia Cacho, quien documentó y denunció casos de pornografía contra la infancia, y el de Miroslava Breach, quien fue asesinada por sus denuncias periodísticas.
En suma, dijo Vega Montiel, América Latina es una zona de gran peligro para ejercer el periodismo, incluidos países de Centroamérica como Guatemala, Honduras y El Salvador.
Miriam Bobadilla, de Argentina, informó que, para evitar represalias como el despido o las agresiones personales, lo que hacen las periodistas de su país “es cuidarnos y lo que nos pasa lo publica otra colega”. Llamó también a la unidad de las periodistas latinoamericanas.
En el mismo sentido habló la periodista española Montserrat Minobis, quien resaltó la unidad de las 50 periodistas que firmaron el pasado 8 de marzo un desplegado conjunto y salieron a la calle porque “necesitamos medidas comunes”. Explicó que, al igual que en muchos países del mundo, en España las periodistas tienen problemas salariales, de despidos por ajustes empresariales, de acoso sexual, entre otros, ante los cuales la voz de las mujeres es aún débil.
CIMAC citó su informe “El poder del cacicazgo. Violencia contra las mujeres periodistas 2014-2015”, que incluye casos como el de Gloria Muñoz Ramírez, directora de Desinformémonos, de quien se dice: “En aquella ocasión, los agresores entraron a su hogar en la colonia Roma y, sin sustraer nada de valor, dejaron como evidencia que habían revisado sus artículos personales y en especial su ropa íntima. Ese fue un mensaje para decirle que pueden estar tan cerca de ella como se lo propongan”.
#METOO—NOW WHAT?
A la par de la mesa “Violencia contra mujeres periodistas”, también el 16 de marzo se realizó en la sede de las Naciones Unidas la reunión “#Metoo-Now What? Mujeres en los medios, desde la protesta hasta la acción”, donde se habló de discriminación de género, explotación sexual de las mujeres en la industria de los medios.
Se habló de una solución con perspectiva holística, del papel de la industria de los medios y de un cambio que no deje a nadie fuera, un cambio que involucre a todas.
Se dijo, por supuesto, que esta revolución que significa el movimiento #Metoo no debe abandonarse. Por eso, la actriz Sienna Miller aseguró que “basta es basta” y que “no estamos solas”. Habló de que ya hay 20 millones de dólares para atender sus casos, que nadie se sienta marginada. Y se pronunció por romper el silencio porque “la revolución está aquí, el tiempo del cambio llegó y nuestra voz importa”.
En el panel de discusión, moderado por la feminista y columnista de The Guardian, Polly Toynbee, la directora de ONU-Mujer, Phumzile Milambo-Ngcuka, detalló que #Metoo “es el poder ser visible, de hablar por las otras, por las invisibles. Es un asunto global contra la impunidad. Los poderosos por primera vez no lo son más”. #Metoo puede salvar vidas. Y recordó que la voz y la lucha de la activista brasileña Marielle Franco, pese a que fue asesinada hace unos días, continuará.
En la reunión estuvieron también la secretaria del Exterior de Noruega Ine Eriksen Søreide; la representante de medios de comunicación de Egipto Fatemah Farag; la editora de África, Pamela Sitton; y Matthew A. Winkler, cofundador de Bloomberg.
Fatemah dijo que para ella el #Metoo es parte de la solución cultural y en su país está despertando la denuncia. En África, dijo Sitton, el tema ya se está discutiendo. Winkler aseguró que es un movimiento profundo, para siempre y de “cero tolerancia”.
Se mencionó también la disparidad salarial en los medios de comunicación, en donde las mujeres ganan 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres, mientras que en Hollywood ellas ganan 30 centavos, por cada dólar que ganan ellos, siendo las peor pagadas las mujeres afrodescendientes.
La feminista ecuatoriana Yolanda Terán, experta en seguridad y derecho a la Tierra, habló sobre las mujeres rurales e indígenas. “Unidas y a la acción”, dijo en la tribuna de la ONU, antes de hacer una extraordinaria exposición sobre la relación de las mujeres con la Madre Tierra.
Otro tema fue el de las nuevas tecnologías en las zonas rurales e indígenas, donde las mujeres carecen del acceso a la propiedad de la tierra y no pueden tampoco adquirir un teléfono celular de cien dólares, con ingresos que son de un dólar por día. Además, ¿cómo tener acceso a Internet si en sus comunidades no tienen electricidad?
Terán se pronunció por hacer accesible la educación para todas las mujeres, porque en las zonas más pobres sólo los hombres tienen posibilidad y derecho a la educación universitaria. “Necesitamos solución, necesitamos romper el círculo de la pobreza”, dijo. Y al hablar de la salud reproductiva, señaló que en las clínicas rurales se requiere que haya conversación con las mujeres, no imposición.
Pese a tratar temas tan diversos, las participantes en “#Metoo-Now What? Mujeres en los medios, desde la protesta hasta la acción” coincidieron en un llamado a la unidad, para que no haya más impunidad y en realizar acciones en favor de los derechos de las mujeres.
18/LPB
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Presenta informe “Los derechos de las mujeres: investigaciones prohibidas”
Difundir derechos de las mujeres se convirtió en un peligro: RSF

La cobertura periodística sobre temas vinculados a los derechos y la condición de las mujeres implica amenazas, agresiones, encarcelamiento y hasta el asesinato de las y los reporteros por parte de grupos religiosos, criminales y gobiernos autoritarios.
Así lo reveló el informe “Los derechos de las mujeres: investigaciones prohibidas”, que elaboró la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) a propósito de la conmemoración este 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer.
Basado en testimonios de decenas de periodistas en más de 20 países, RSF registró entre 2016 y 2017 más de 60 casos de violación de los derechos de las y los periodistas a causa de las investigaciones que realizaban sobre la condición de las mujeres. El número de agresiones se eleva a 90 si se contabiliza desde 2012, lo que demuestra que a partir de 2016 la violencia se incrementó.
El reporte reveló diversos casos en los que las y los periodistas fueron agredidos: “una redactora en jefe fue asesinada por haber denunciado una política sexista; un reportero fue encarcelado por haber difundido una entrevista a una víctima de violación; una periodista fue agredida por recordar que las mujeres tenían derecho a tener acceso a toallas sanitarias; y una bloguera fue amenazada en línea por haber criticado la representación de las mujeres en los videojuegos”.
Otros datos: más de la mitad de las y los reporteros contabilizados en el informe sufrieron ciberacoso, y el resto sufrió agresiones verbales, físicas o en línea (28 por ciento); encarcelamiento (13.4 por ciento) y hasta asesinato (12.2 por ciento).
En el caso del ciberacoso –señaló el informe- todos los ataques en línea estaban dirigidos a mujeres periodistas. Esto demuestra una tendencia: las mujeres periodistas reciben en promedio tres veces más comentarios “inapropiados o insultantes” que sus colegas cuando cubren estos temas.
De acuerdo con RSF, las personas agresoras pertenecen a distintos sectores, entre ellos los grupos religiosos, organizaciones criminales, y gobiernos “autócratas”, cuyo principal objetivo es la censura de los medios de comunicación sobre los derechos de las mujeres o sobre su actuación en contra de la vida y la libertad de ellas.
En el caso de los grupos religiosos, son los grupos provida y los islámicos radicales quienes ejercen las peores formas de violencia en contra de las y los periodistas.
Sin embargo, los gobiernos autoritarios fueron identificados en muchos casos como los principales agresores. Este es el caso de Irán, que acostumbra encarcelar a las periodistas feministas. Un ejemplo es el de la periodista Mansoureh Shojali, que desde hace más de 17 años denuncia la discriminación y las agresiones que sufren las mujeres. Su última comparecencia ante un juzgado fue en 2009, cuando la acusaron de “hacer publicidad contra el régimen” por colaborar con sitios web feministas. Ahora vive en el exilio desde donde sigue trabajando a favor de las mujeres.
Además, dice RSF, la responsabilidad de los Estados en esta violencia es mayor si se considera que la declaración de políticas contrarias a los derechos de las mujeres hizo propicio un contexto cada vez más adverso para quienes cubren estos temas.
Ejemplo de ello es que en 2017 estallaron las protestas en Estados Unidos contra los discursos sexistas del presidente Donald Trump; en 2016, en Polonia se presentó en el parlamento un proyecto de ley para prohibir el aborto, que estaba autorizado desde 1993 bajo ciertas condiciones.
Asimismo, en Irak se presentó en el parlamento una reforma legislativa que pone en entredicho los derechos de las mujeres, pues busca reducir la edad legal para que contraigan matrimonio.
MÉXICO: INCUBADORA DE PELIGROS
En el caso de México, los grupos religiosos, los provida, el crimen organizado y los altos niveles de violencia contra las y los periodistas en el país fueron identificados por RSF como elementos que incrementan los riesgos contra quienes cubren temas sobre los derechos de las mujeres.
“México es el país más peligroso de América Latina para los periodistas y el segundo a escala mundial. El grado de violencia que vive el país es comparable al de Siria o Irak, indica el Balance 2017 de RSF”. A esto se suma que “son numerosos los políticos que no desean que los periodistas aborden temas relativos a los derechos de las mujeres”, dice el informe.
En su reporte, la RSF relata como caso emblemático el asesinato a manos presuntamente del crimen organizado en 2017 de la periodista Miroslava Breach, quien, entre otros temas, investigó el feminicidio en Ciudad Juárez. En esa entidad –documentó la organización internacional- también se han registrado agresiones contra las periodistas Lydia Cacho, Marta Durán de Huerta y Patricia Mayorga, quienes también investigaron sobre la violencia feminicida.
LA IMPUNIDAD COMO COMÚN DENOMINADOR
Para RSF, el acceso a la justicia para las y los periodistas agredidos por el ejercicio de su profesión es clave para evitar que las cifras se sigan elevando y que se limite la cobertura sobre los derechos de las mujeres.
De acuerdo con los testimonios, la mayoría de los casos de asesinato de periodistas que relata este informe quedaron impunes, muchos de ellos porque no se abrieron carpetas de investigación, no se fincaron responsabilidades en contra de los responsables, o porque, como en el caso de Miroslava, los avances han sido “pocos e insuficientes”. Esta impunidad prevalece como un patrón en todos los países donde la violencia contra periodistas va en aumento, incluso a pesar de los diversos llamamientos que ha hecho RSF a los Estados.
De acuerdo con la organización, las consecuencias de esta violencia contra las y los periodistas es que abandonen los medios, se desplacen a otros países o redoblen sus esfuerzos para seguir cubriendo estos temas y defender la libertad de expresión.
Como resultado, en el Estado Islámico hay provincias enteras donde no hay mujeres periodistas, mucho menos periodistas que denuncian abusos contra las mujeres. El desplazamiento forzado es otra consecuencia: RSF registró que desde 2012, entre uno y dos periodistas han optado por el exilio por razones de seguridad en Afganistán (1), México (2), Colombia (1), Honduras (1), Yemen (1), Bangladesh (1) e Irán (1). Los efectos también son que las y los periodistas piensen dos veces antes de trabajar temas vinculados a la condición de la mujer.
Sin embargo, muchos periodistas se niegan a dejar de escribir sobre estos temas e inician un largo camino de defensa a favor de su derecho a informar: presentan denuncias contra las autoridades, hacen frente a las amenazas, o buscan “artificios” para presentar la información con ángulos y enfoques que no sean tan directos.
Tras documentar diversos testimonios de agresiones y de resistencia, la RSF propuso en su informe una serie de recomendaciones. A las redacciones les recomienda dar más espacio y difusión a los temas relacionados con los derechos de las mujeres, sensibilizar a las y los periodistas, o crear un dispositivo de emergencia interno; a las y los periodistas les propone: evaluar los riesgos, velar por la protección de las fuentes, y trabajar en equipo.
Asimismo, RSF urgió a los Estados a respetar sus obligaciones vinculadas a la libertad de expresión; erradicar la violencia contra las y los periodistas; erradicar la impunidad en la que prevalecen los actos de violencia contra periodistas; y crear dispositivos de reparación del daño cuando se violan los derechos de las y los periodistas, en específico de quienes cubren temas relacionados con las mujeres.
18/AJSE/LGL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Diputado panista Basilio Picazo Pérez agrede a periodista
Red Nacional de Periodistas condena violencia contra reportera de Veracruz

La Red Nacional de Periodistas condenó las agresiones del diputado local de Veracruz por el Partido Acción Nacional, Basilio Picazo Pérez, quien, sostienen, de manera reiterada y constante “ha incurrido en expresiones misóginas y violentas contra las reporteras que cubren la fuente del congreso local, por lo que exigieron que se investiguen estos actos por las autoridades competentes y se proceda conforme a la ley.
En un pronunciamiento dirigido al gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, al congreso del estado de Veracruz, y a la Comisión de Atención y protección de periodistas, se refirieron al hecho ocurrido ayer en la sede del congreso estatal, cuando en respuesta a una entrevista que le realizaba la reportera Rosalinda Morales, el legislador panista alzó la voz y la increpó descalificando entre insultos, su desempeño, advirtiéndole que si no le parecía su tono y actitud “mejor no lo entrevistara”.
Las integrantes de la Red manifestaron que el diputado Picazo Pérez “ha mostrado este tipo de conductas de manera comprobada solo con las mujeres periodistas, no así con los varones, por lo que es claro que incurre en violencia machista y misógina” que ejerce desde su rango de funcionario e integrante del poder legislativo de Veracruz.
Agregaron que las actitudes como las del diputado Picazo Pérez forman parte de las condiciones amenazantes detectadas y consignadas por los relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la libertad de expresión y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de Observaciones Preliminares con motivo de su visita a México (a finales del año pasado) donde se detectó un incremento exponencial de los ataques contra mujeres periodistas como acoso, ataques físicos o conductas infantilistas por parte de autoridades masculinas, como ocurre en este caso.
Hicieron un llamado al diputado a poner fin a esta conducta con las periodistas que cumplen con su labor de informar, y al Congreso del estado y al gobernador de la entidad, para que en congruencia con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se pronuncian contra dichas acciones y las sanciones para evitar que se repitan.
18/SRC/LGL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Quinto poder
Las narrativas cercenadas por la violencia

La propia vida de los y las periodistas se ha convertido en una narrativa. Historias cortadas por la violencia, de las que se revelan detalles que sus propias narrativas plasmaron, o no, por la censura del miedo. Pero como una ofrenda a la “verdad” del discurso, termina por revelarse en sus propios asesinatos.
Han transcurrido 15 días de iniciado el año y dos periodistas fueron asesinados. Uno consecuencia de la violencia social –cuasi cotidiana- y otro como resultado de la violencia residual de la “guerra contra el narco” en la que el fuego cruzado alcanza y va por la población civil y sus cronistas.
Vista como una historia dentro de la historia, la vida de periodistas asesinados desde que inició esta guerra inútil -como todas las guerras-, la más reciente se nos aproxima a la realidad con una columna que critica, cuestiona la violencia de la “cultura política” en un México desmembrado. Última publicación, prólogo a una historia que anuncia su cierre sin saberlo pero que la realidad escribe su última línea.
Acaso si revisamos la vida de las y los periodistas encontramos narraciones imbricadas de las violencias cotidianas, de las mujeres que viven el acoso de gobernantes que las desacreditan como vía para cuestionar sus decires y cuestionamientos al sistema en sus narrativas periodísticas, en sus discursos de vida que son, por sí mismas esas historias de personajes reales que así sortean las agresiones de una realidad social violenta.
De periodistas acusados de escribir para el crimen organizado, de reporteros subsumidos en la precariedad del ejercicio periodístico y el sueño de ser parte de la narración de un mejor país.
Quienes las escriben –la narrativa de la muerte de otros periodistas- suelen ser los que sobreviven, los que saben que su historia se narra hoy pero no saben cuándo se verá truncada por el fuego de esa violencia que no tolera oponentes al sistema mismo de violencia, ni en el crimen organizado, ni en el sistema político depredatorio.
A pesar de lo que nos involucra como sociedad, lo cierto es que la gente no lee esas historias, apenas se enuncian cuando llega el asesinato de sus protagonistas, pero sin interés de sus desenlaces que –como la historia de otros 130 mil mexicanos- se diluyen en un olvido intencional para sobrevivir, porque de otra forma sería imposible sostener el duelo constante.
Las historias se escriben de las noticias que a diario vemos, de lo que optamos por vivir porque no hay otra alternativa, porque ¿qué margen de decisión tiene quien tiene frente a sí el abismo o la cuerda para sostenerse e intentar ir del otro lado? ¿qué margen de libertad narrativa tiene quien solo sabe del miedo?
Es por eso que la historia, la última que escriben las y los periodistas asesinados es la de su propia muerte. Un canto de cisne anunciando que se extingue y aun así, canta, porque el canto es su escritura en la que decide hacer lo único que puede en una sociedad en la que sus actores callan, gritan o disparan como únicas formas de diálogo.
¿Acaso, la mexicana, será la primera de las sociedades que se extingan por y en la auto depredación? No, no es casualidad que a diario haya noticias de niñez, adolescencia, juventudes, recién nacidos, que no sobreviven a la violencia y son así, parte de esta narrativa de violencia que solo aparece en los diarios pero que se evade en una poética instalada en la torre de marfil o novelas a la violencia, disfrazada de ensalzamiento de personajes antihumanos capaces de deshacer cuerpos en ácido, haciendo a un lado la cadena de muerte tras de sí.
El nuestro, el discurso que se escribe en lo cotidiano, es la historia –no Historia- que vivimos en esta sociedad, y que parece más la narración primera de la extinción de las humanidades, la renuncia a lo humano como moneda de cambio en la extinción y el sacrificio consciente de los “débiles”, y ¿qué periodismo se hace en esos tiempos?
Si leemos la historia de vida de los y las periodistas tenemos otra narrativa más allá de lo que encontramos en los diarios, leeremos la historia de una sociedad cuyas violencias amenazan y matan a los mensajeros, que nos privan de las narraciones cotidianas cercenando nuestra capacidad de leer el presente y escribir el futuro.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y Fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche
18/AC/LGL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Aseguran que el autor intelectual no ha sido detenido
Organizaciones señalan falta de legalidad en caso Miroslava Breach

Reporteros sin Fronteras y el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, afirmaron que en la indagatoria del asesinato de la periodista Miroslava Breach aún falta capturar a todos los involucrados, entre ellos al autor o autores intelectuales del homicidio.
Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión no reconocieron al único detenido como el autor de los hechos, así lo dijeron en un pronunciamiento emitido este jueves, después de que el juez de control, Napoleón Raya Valdez, dictara un año de prisión preventiva a Juan Carlos Moreno Ochoa, alías “El Larry”, capturado el pasado 25 de diciembre y quien presuntamente planeó el crimen.
Debido a que los cinco hermanos de la corresponsal del periódico La Jornada, asesinada el 23 de marzo, no tienen acceso al expediente ni a la audiencia oral, Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica también llamaron a las autoridades de Chihuahua a garantizar los derechos de los familiares y un juicio transparente.
Además pidieron que la Fiscalía General del estado sustente y defienda adecuadamente la acusación en contra de Juan Carlos Moreno Ochoa, como uno de los presuntos responsables del homicidio de Miroslava Breach.
De acuerdo con reportes de la revista Proceso y el diario La Jornada, la autoridad ha identificado a por lo menos tres involucrados: El Larry, presunto autor intelectual; Ramón Andrés Zavala Corral, quien disparó el arma y fue asesinado el pasado 19 de diciembre en el estado de Sonora; y Wilbert Jaziel Vega Villa, vigilante y conductor del vehículo, actualmente prófugo.
Para las organizaciones es lamentable que el presunto autor material haya sido asesinado antes que ser detenido, cuando las autoridades conocían de su identidad y paradero desde hacía seis meses. “La muerte de esta persona también debe ser investigada ¿a quién y porqué fue mejor asesinarlo, antes que llevarlo a la justicia?”, expusieron.
Respecto a la detención de uno de los presuntos autores materiales reconocieron esta acción pero dijeron que todavía es preocupante que la Fiscalía siga obstaculizando los derechos de los familiares de Miroslava Breach al no reconocerlos como víctimas indirectas del homicidio e impidiendo que puedan tener información y participación en el desarrollo de la investigación.
A la fecha los cinco hermanos de la reportera no han recibido respuesta alguna sobre la petición que hicieron el 27 de noviembre para ser reconocidos como víctimas y poder designar a sus asesores jurídicos. Por otra parte, continua en trámite el recurso de revisión interpuesto por la Fiscalía estatal en contra de la sentencia de amparo que reconoce a una de las hermanas de la periodista como víctima indirecta.
17/AGM
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Se realiza audiencia para acusar a presunto autor del crimen
Asesinato de Miroslava Breach relacionado con narcopolítica de Chihuahua

Durante la audiencia de vinculación a proceso de Juan Carlos Moreno Ochoa, alías “El Larry”, presunto autor del asesinato de la corresponsal del diario La Jornada, Miroslava Breach Velducea, salió a la luz información que apunta a que el crimen se cometió porque la reportera publicó información sobre la colusión de políticos chihuahuenses con grupos del crimen organizado.
De acuerdo con datos publicados por los corresponsales de la revista Proceso y del diario La Jornada, quienes estuvieron en el juicio oral que se realiza desde ayer, el Ministerio Público señala a tres involucrados: El Larry, autor intelectual; Ramón Andrés Zavala Corral, quien disparó el arma y fue asesinado el pasado 19 de diciembre en el estado de Sonora; y Wilbert Jaziel Vega Villa, vigilante y conductor del vehículo y quien está prófugo.
De acuerdo con Proceso, durante la audiencia de ayer se presentó la transcripción de una llamada entre la reportera y otro personaje, identificado por el semanario como el vocero estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Alfredo Piñera, quien le preguntó a Breach cómo obtuvo la información sobre la alianza del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de Chínipas con el crimen organizado.
En el audio de la llamada, encontrado en una laptop en la casa donde se escondieron los sicarios, la reportera dijo que no revelaría sus fuentes y que ella era originaría de Chínipas por lo que conocía muy bien a las personas del lugar y al entonces candidato, en todo caso pidió que sólo ella fuera considerada responsable de lo que publicó.
La reportera y el vocero del PAN hablaban de una nota publicada el 4 de marzo de 2016 en La Jornada, titulada: “Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua”, donde ella reveló que grupos del crimen organizado infiltraron las listas de candidatos a alcaldes del PRI y del PAN; información que también publicó la corresponsal de Proceso, Patricia Mayorga, actualmente amenazada y en el exilio.
Lo último que dijo Breach Velducea en esa llamada fue su razón para publicar información que ponía en riesgo su vida y la de su familia: “El silencio es complicidad y eso es lo que ha generado todo este desmadre”.
Por otra parte, La Jornada reportó que la mañana de ayer 27 de diciembre el secretario general de Gobierno de Chihuahua, César Jáuregui Robles, declaró que Wilbert Jaziel Vega Villa, vigilante de la casa de la reportera y conductor del vehículo en el que se trasladó el autor material del crimen, fue detenido en marzo pasado y rindió declaración pero fue puesto en libertad porque no había pruebas suficientes en su contra.
Sin embargo, por la tarde el Gobierno de Chihuahua, encabezada por el panista Javier Corral, desmintió esa información y en un comunicado dijo que de acuerdo con la Fiscalía General “nunca fue detenido, ni ha sido testigo protegido, ni declaró ante el Ministerio Público” y señaló que la nota, que atribuyó a el Diario de Chihuahua, buscaba demeritar el éxito de la investigación.
Sobre este proceso penal para esclarecer el homicidio, que forma parte de los 15 asesinatos de mujeres periodistas documentados por Comunicación e Información de la Mujer en los últimos siete años, los cinco hermanos de la periodista no tienen acceso directo porque no son considerados víctimas del crimen.
17/AGM
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Detienen a presunto responsable de planear el crimen
Existen dudas sobre autores del asesinato de Miroslava Breach

Sin notificar a la familia de la periodista y corresponsal del diario La Jornada, Miroslava Breach Velducea, asesinada el pasado 23 de marzo, este 25 de diciembre el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, informó en sus cuentas de Twitter y Facebook que esa mañana la Policía Federal capturó al presunto autor intelectual del crimen, Juan Carlos Moreno Ochoa, alías El Larry.
Ayer por la mañana el gobernador difundió el mensaje donde informó que tras la investigación de la Fiscalía General del estado, en colaboración con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), se logró la captura de Moreno Ochoa; noticia que replicó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también en un mensaje en redes sociales donde abundó que la detención ocurrió la madrugada del 25 en Sonora.
Sin embargo, horas después del anuncio, el periódico La Jornada difundió una nota donde aseguró que los cinco hermanos de la periodista no creen que el detenido sea el autor intelectual del homicidio porque, de acuerdo con lo que ellos saben y han indagado, quienes pudieron dar la orden son políticos de los Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PAN).
Tras esta declaración, el gobernador Javier Corral, grabó un video mensaje en que el afirmó que no existe ninguna duda de la identidad de los asesinos de la periodista e indicó que la investigación en torno al crimen se agotó en dos meses y posteriormente se solicitaron las ordenes de aprehensión de dos responsables por lo que sólo faltaba ejecutarlas.
“Los chihuahuenses y México todo, saben hoy que el crimen de Miroslava Breach tiene nombre, tiene rostro y no quedará impune. Se hará la justicia que tanto se ha reclamado”, dijo en el video al tiempo que anunció que continúa la búsqueda de otros implicados en el asesinato.
Al respecto, la coordinadora del Área Jurídica de Propuesta Cívica, Nataly Quintero Chávez, explicó en entrevista que los familiares no recibieron información de esta detención porque la Fiscalía estatal no los considera víctimas, por tanto no tienen certeza de cómo se ha desarrollado la investigación ni de cuáles son los elementos para acusar a Moreno Ochoa.
Esta organización que presenta legalmente a la familia ha solicitado en reiteradas ocasiones que la hermana de Miroslava, Rosa María Breach, pueda ver la carpeta de investigación pero ante la negativa el 28 de julio presentó un amparo (juicio 1137/2017) para que se reconociera su calidad de víctima y aunque el 5 de octubre ganó el recurso, la Fiscalía interpuso un recurso de revisión que aún no se resuelve.
Ante esta situación la familia no será llamada a la audiencia de vinculación a proceso que se debe realizar en un plazo de tres días y donde el Ministerio Publico dará a conocer los principales elementos de la investigación y su metodología, es decir, de qué se le acusa y qué pruebas tiene para sostener la acusación.
Además de Juan Carlos Moreno Ochoa, el segundo detenido era Ramón Andrés Zavala, asesinado el pasado 19 de diciembre en el estado de Sonora, quien de acuerdo con la Fiscalía estatal fue el autor material del crimen. Javier Corral dijo que continúan los trabajos de búsqueda y localización para la detención de otros responsables del homicidio.
Según datos de la Fiscalía, que en octubre fueron filtrados a un periódico de Chihuahua, en el homicidio también participaron Adán Salazar Zamorano, actualmente preso, y su hermano Crispín Salazar Zamorano, líderes de Gente Nueva, un grupo criminal del estado que habría ordenado la ejecución de la periodista.
La abogada explicó además que en este crimen (de acuerdo con Comunicación e Información de la Mujer entre 2014-2015 se registraron 147 atentados contra mujeres periodistas en 24 entidades del país) la familia insiste en que los detenidos obedecieron órdenes de alguien más pero con el asesinato de uno de ellos se perdió la posibilidad de interrogarlo al respecto.
17/AGM
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Abogados acusan resistencias para transparentar indagatorias
Fiscalía de Chihuahua impide a familia de Miroslava Breach acceso a carpeta de investigación

La Fiscalía General del estado de Chihuahua presentó un recurso de revisión ante tribunales locales para evitar que familiares de la periodista Miroslava Breach Velducea, asesinada el pasado 23 de marzo, vean la carpeta de investigación y conozcan el resultado de indagatoria, denunciaron organizaciones civiles.
Reporteros sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, expresaron su preocupación ante la resistencia de la Fiscalía a transparentar la investigación del asesinato de la periodista y corresponsal del periódico La Jornada e impedir que la familia acceda al expediente.
La coordinadora del Área Jurídica de Propuesta Cívica, Nataly Quintero Chávez, explicó en entrevista con Cimacnoticias, que en reiteradas ocasiones la hermana de Miroslava, Rosa María Breach, ha solicitado ver la carpeta de investigación pero nunca se le ha permitido, por lo que el 28 de julio presentó un amparo (juicio 1137/2017) para que se reconociera su calidad de víctima.
Señaló que en dos ocasiones anteriores los abogados de Propuesta Cívica enviaron dos escritos solicitando a la Fiscalía que permitiera a los familiares ver el expediente, petición que no fue aceptada por el Ministerio Público, José Roberto Frías Aguayo.
Con el amparo que presentó Rosa María, también solicitaba tener derecho a ver la carpeta de investigación, poder nombrar a un asesor jurídico, recibir información sobre la indagatoria, conocer las pruebas y peritajes y en general, en su calidad de víctima, ser vigilante del proceso.
El recurso fue resuelto a favor el pasado 5 de octubre por el Juez Décimo de Distrito; sin embargo días antes de que se cumplieran siete meses del asesinato de Miroslava Breach, el 20 de octubre, la Fiscalía interpuso un recurso de revisión con lo que pide que un Tribunal colegiado revise el fallo, es decir, si la hermana de la periodista puede ser considerada víctima y con ello acceder al expediente.
El recurso de revisión aun no es admitido pero de serlo podría confirmar la resolución del pasado 5 de octubre o cambiarla. Al respecto, las organizaciones defensoras de la libertad de expresión señalaron que los argumentos de la Fiscalía, en el recurso de revisión, son endebles, sin fundamento y contrarios a los derechos de las víctimas, ya que la autoridad sólo quiere reconocer como víctimas a los hijos de Miroslava.
De acuerdo con la abogada Quintero Chávez, quien representa a Rosa María Breach, las autoridades en Chihuahua han preferido dar a conocer los resultados de la investigación en medios de comunicación antes que informar a la familia por lo que al momento no cuentan con datos certeros sobre los autores materiales e intelectuales del crimen ni sobre el proceso que enfrentarán.
Tanto el gobernador Javier Corral como el fiscal César Augusto Peniche, han difundido información en medios. Recientemente dijeron que los autores del crimen fueron Adán Salazar Zamorano, actualmente preso, y su hermano Crispín Salazar Zamorano, líderes de Gente Nueva, un grupo criminal del estado.
Ante esta situación RSF, el CPJ y Propuesta Cívica, llamaron a que el recurso presentado por la Fiscalía sea revisado con imparcialidad y estricto apego a la ley, y pleno respeto a los derechos de las víctimas.
También pidieron a la Fiscalía estatal que evite cualquier filtración de información respecto a la investigación penal y se abstenga de continuar con actos que obstaculicen la participación de los familiares en la investigación; y solicitaron a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que atraiga el caso para dar mayor certeza a la investigación.
En ese sentido las agrupaciones exhortaron al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a reforzar las medidas de protección a los familiares de la periodista.
Por otra parte los pasados 23 y 24 de octubre los abogados de Propuesta Cívica junto con RSF y CPJ acudieron a Chihuahua para conocer el estado que guardan las investigaciones en el caso; en esa ocasión el fiscal César Augusto Peniche señaló que siempre se ha reconocido la calidad de víctima de la hermana de Miroslava Breach.
Este caso no es aislado, de acuerdo con el informe “El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), en dos años se registraron 147 atentados contra mujeres periodistas en 24 entidades del país.
17/AGM/LGL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Intimidaciones contra Sandra de los Santos violan derecho a libre expresión
RNP exige cese de hostigamiento contra periodista en Chiapas

La Red Nacional de Periodistas (RNP) conformada por comunicadoras de las 32 entidades federativas, se pronunció en contra de la persecución y hostigamiento contra la periodista Sandra de los Santos Chandomí, por parte de autoridades municipales, por lo que exigieron el cese de toda acción que vulnere su labor e integridad.
En un pronunciamiento, la Red señaló al gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez, encabezado por su presidente Fernando Castellanos Cal y Mayor, de desplegar una campaña de desprestigio en contra Sandra de los Santos, a través de redes sociales la cual busca desmentir su trabajo periodístico relacionado con el ejercicio de los recursos públicos del Ayuntamiento de Tuxtla.
En lugar de transparentarlos, destacó la Red en el pronunciamiento, el gobierno de Castellanos Cal y Mayor, se ha dedicado a desprestigiar el trabajo de la periodista de los Santos Chandomí, alegando falta de pruebas, cuando la periodista señaló con claridad sus fuentes informativas.
Sandra de los Santos Chandomí lleva 18 años de trabajo periodístico ético y responsable. Es directora asociada del portal de noticias Chiapas Paralelo y colaboradora de la Revista Enheduanna, así como corresponsal de la agencia de noticias con perspectiva de género Cimacnoticias, de la Ciudad de México.
“Quienes integramos la Red apelamos al Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que afirma: ‘Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión’, por lo que las intimidaciones en su contra representan un atentado a su libertad de expresión”, señaló la Red en su pronunciamiento.
La Red afirmó que las intimidaciones cometidas contra Sandra de los Santos Chandomí, violan el derecho a la libre expresión.
Quienes integramos la Red Nacional de Periodistas, que nació en 1995 con el objetivo de impulsar el periodismo no sexista y defender la libertad de expresión (y de la que formamos parte periodistas de las 32 entidades federativas) exigimos el cese de cualquier acción que vulnere la labor periodística la integridad de nuestra colega Sandra de los Santos Chandomí, o que pretenda limitar su derecho a la libertad de expresión.
De acuerdo con el informe “El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), la primera organización en hacer un registro y documentación de agresiones contra mujeres periodistas, en 2 años se registraron 147 atentados a la libertad de expresión de mujeres periodistas en 24 entidades del país.
De acuerdo con este trabajo de investigación, las periodistas en los estados se enfrentan al poder de los caciques, es decir, de personas o colectivos que en la ilegalidad o con el apoyo de las autoridades emplean recursos económicos, políticos o culturales para dañar, desprestigiar, amenazar e impedir que realicen su trabajo.
En 89.6 por ciento de los 147 casos registrados se encontró que los agresores eran personas con cargos públicos, de poder, o eran miembros del crimen organizado lo que demuestra que quienes realizan investigación periodística para evidenciar corrupción o abuso de poder, se convierten en enemigas de ciertos grupos autoritarios.
Entre los primeros lugares de agresiones contra comunicadoras se encuentra: la capital del país con 35 por ciento de los casos; seguida por Veracruz con 17.4 por ciento; Morelos con 6 por ciento; Guerrero con 5.1; después Chiapas, Puebla y Oaxaca con prácticamente cinco por ciento cada uno.
Leer pronunciamiento completo aquí
17/LGL
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