Brecha Digital

A cuatro años de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene el reto de reducir la brecha digital,  avanzar hacia la pluralidad y garantizar los derechos de las audiencias, afirmó la comisionada María Elena Estavillo Flores.

Así lo dijo al participar en el foro “Telecomunicaciones y Radiodifusión: Los retos que vienen”, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).

A propósito del cuarto aniversario de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013 y de que el próximo 10 de septiembre el comisionado presidente, Gabriel Contreras, concluya su periodo de 4 años al frente del IFT, la comisionada señaló que entre los avances hubo un incremento de servicios y disminución de tarifas en favor de las personas usuarias.

La comisionada Estavillo Flores, destacó que el organismo regulador debe fomentar una cultura de la competencia en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión; evitar prácticas excluyentes; proteger la libertad de elección de consumidores; y fomentar servicios de calidad y contenidos en los medios que preserven la pluralidad de ideas y opiniones.

Desde 2013, cuando se aprobó la reforma constitucional y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, grupos de académicas y activistas señalaron la necesidad de legislar este tema desde la visión del derecho a comunicar e incluso pidieron que se regulara a los medios para que no promuevan ni normalicen temas como la violencia de género, temas que no fueron incluidos.

Uno de los avances conseguidos con la ley de telecom fue el reconocimiento de los derechos de las audiencias y la obligación de los medios de crear defensorías de las audiencias.

En diciembre de 2016 el IFT aprobó expedir los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, que promovían contendidos con perspectiva de género; sin embargo fueron impugnados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Presidencia de la República y el Senado, quienes argumentaron que la reglamentación imponía censura y limitaba la libertad de expresión de los medios. Aún no hay resolución al respecto.

Finalmente, sobre el nuevo entorno digital la comisionada señaló que la convergencia de servicios, es decir, la prestación conjunta de servicios como telefonía, internet y televisión de paga; el uso de teléfonos móviles que tienen funciones de computadoras de escritorio; o nuevos modelos de negocios digitales son un reto porque a la par se deben garantizar los derechos de los usuarios.

La comisionada Estavillo Flores destacó que la Ciudad de México y Nuevo León son los estados con mayor penetración de banda ancha residencial superando 60 accesos por cada 100 hogares mientras que Tabasco, Oaxaca y Chiapas tienen la menor penetración con menos de 21 accesos por cada 100 hogares, según datos del IFT.

Las tecnologías digitales, dijo, fomentan la inclusión porque permiten que las personas reciban bienes y servicios públicos con elevado valor social porque son una puerta para que la población, mujeres y hombres, acceda a muchos satisfactores, servicios y oportunidades como fuentes de trabajo, oportunidades económicas, educación, cultura o servicios de salud y financieros.

En el caso de grupos menos favorecidos, la comisionada señaló que se requiere implementar estrategias complementarias, como la alfabetización digital y la inserción de usuarios en cadenas de valor social, educativo y económico, es decir, construir habilidades que consideren las condiciones de edad, genero, región o lengua para que las personas aprovechen estas tecnologías. 

Por su parte, la senadora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, señaló que aún está pendiente cumplir con que los medios de comunicación protejan el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, quienes están expuestos a todo tipo de programación televisiva, y a promover la perspectiva de género en los contenidos así la producción nacional independiente.  

En el foro también participaron los investigadores Patricia Ortega Ramírez, Aimée Vega Montiel, Raúl Trejo Delarbre y Alejandro Pisanty.

17/AGM/

Ante acoso o amenaza, las periodistas y defensoras de Derechos Humanos deben hacerse más visibles en redes sociales y hacer público también el lugar desde donde emiten su información, recomiendan expertas y expertos en Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS). 
 
Esto se dijo durante la mesa de diálogo, “En democracia ¿el espacio público digital debe tener límites?”, organizada por la Fundación Heinrich Böll Stintung, donde se habló, el jueves pasado, sobre el manejo y protección de los datos personales en las redes sociales, las prácticas democráticas a través de Internet y la protección de las y los internautas. 
 
La investigadora del Tecnológico de Monterrey, María Elena Meneses, y el experto en SocialTIC, Juan Manuel Casanueva, coincidieron en que las personas visibles en medios de comunicación y en el espacio digital, como las periodistas y las defensoras de Derechos Humanos,  deben aprovechar esta situación para que, en caso de que sean víctimas de acoso o amenaza, aprovechen esa presencia y la intensifiquen, que usen todos sus contactos, con el fin de evitar que serán víctimas de otros delitos.  
 
Esta recomendación adquiere más sentido debido al aumento en el caso de violencia contra mujeres periodistas, como lo ha registrado Comunicación e Información de la Mujer A. C., en su reporte 2014 “Impunidad y Violencia contra las Mujeres Periodistas”, que habla de 86 casos de 2012 a 2013.
 
También con la información de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (Rndh), que registró un total de 615 agresiones en contra de activistas, entre 2012 y 2014. 
 
En contraste con la visibilización de periodistas y defensoras, Casanueva recomienda, como medida de seguridad contra agresiones, proteger la identidad de programadores e investigadores que hacen parte del trabajo periodístico.
 
Por su parte, María Elena Meneses advirtió que en el anonimato se escudan  “trolls”, “robots” y personas que sacan otras cuentas, para ejercer acoso en contra de activistas y periodistas.
 
Advirtieron también sobre el hecho de que las compañías administradoras de las redes sociales se convierten en propietarias de la información de las personas internautas, cuando estas aceptan las condiciones y cláusulas de uso y manejo de la red social, dispositivos y aplicaciones móviles (app).
 
Recordaron que los datos personales, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es aquella “información relativa a una persona física identificada o identificable” y concluyeron que falta más educación e información sobre las leyes que rigen la Internet y las redes sociales. 
 
ECONOMÍA LIMITA A MUJERES
 
Otro de los temas tratados en el diálogo “En democracia ¿el espacio público digital debe tener límites?”, fue el de la economía y el acceso a Internet, del cual habló Renato Hernández Laclette, profesor de Ciencia Política y Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien afirmó que para las mujeres, el acceso a Internet es más reducido que para los hombres, ya que este depende de la compra de equipo, de conexión y de programas, es decir, la brecha digital entre géneros está ligada a la economía de las y los usuarios.
 
Lo dicho por el profesor Hernández Laclette coincide con los datos dados a conocer durante la doceava Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe 2013, los cuales indican que una de cada tres mujeres latinoamericanas no tiene ingresos propios.
 
Una realidad que, por otro lado, ilustra lo lejos que estamos de lo deseable para las mujeres, según las conclusiones de la  Quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina (AL) y el Caribe 2015, en donde se habla de que lo ideal es que todas las mujeres, con recursos económicos y sin ellos, tuvieran acceso a internet y a las nuevas tecnologías.
 
Detalló Hernández Laclette que, además, es cada vez mayor el acceso a internet a través de dispositivos móviles, para lo cual se requiere pagar por el dispositivo, por la contratación de conexión Wifi, el plan de datos (pago mensual del servicio) y el  uso de datos en prepago (acceso internet a través del pago de saldo para realizar llamadas).
 
Citó el estudio 2016 sobre los hábitos de los Usuarios en Internet y el de Dispositivos Móviles, publicado por la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), en donde señala que el 23.3 por ciento de las visitas a páginas monitoreadas por la asociación son hechas desde dispositivos móviles.
 
Los “smartphones” ya superan la penetración de dispositivos con un 77 por ciento, en segundo lugar están las laptop con un 69 por ciento, en tercer lugar las computadoras de escritorio con un 50 por ciento y las “tablets” con un 45 por ciento.
 
Lo anterior es un ejemplo de que la mayoría de las y los usuarios que navegan en Internet, lo hacen desde sus celulares. Y para poder acceder a la red, un 27 por ciento lo hace con un plan de datos contratado,  un 26 por ciento se conecta a una red de Wifi pública y un 22 por ciento con plan de datos prepagados.
 
En suma, el acceso depende del  tipo de equipos y herramientas que utilizan tanto hombres como mujeres y  depende también del ancho de banda que utilicen las y los usuarios.
 
16/GVV/GGQ