feminicidio.

Luego de seis meses de que grupos de la sociedad civil solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la Ciudad de México, el gobierno capitalino finalmente anunció la creación del “Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario” para atender las seis medidas provisionales que dictó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

El Gobierno de la Ciudad de México informó este 26 de marzo en un comunicado que este equipo lo conformarán las 16 jefaturas delegacionales, las secretarías locales de Gobierno, Salud (Sedesa), Seguridad Pública (SSP), Desarrollo Social, el DIF DF, la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), el Instituto de las Mujeres (Inmujeres DF) y la Oficialía Mayor.

Mientras el gobierno de la urbe señaló que la Conavim dictó a las autoridades las seis medidas provisionales –ante la falta del informe del Grupo de Trabajo- desde el 10 de octubre de 2017, las organizaciones peticionarias de la Alerta, Justicia Pro Personas y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, dicen que apenas se emitieron el 2 de marzo.

En todo caso, el proceso de la Alerta de Género en la Ciudad de México va retrasado, ya que las autoridades capitalinas apenas dan respuesta a las medidas provisionales desprendidas de la solicitud de AVG, y la Conavim, sigue dando largas a la entrega del informe del Grupo de Trabajo que se tiene listo desde diciembre del año pasado.

Al anunciar este grupo multidisciplinario, el secretario de Gobierno local, José Ramón Amieva Gálvez, dijo que la “Ciudad de México se distingue” por ser la entidad con “mejores políticas de protección, acompañamiento, defensa e investigación en el tema de violencia hacia las mujeres”.

Sin embargo, en una entidad donde han sido asesinadas 260 mujeres por razón de género (según datos de la Procuraduría de 2012 a 2016), las medidas provisionales han sido fuertemente criticadas por las agrupaciones solicitantes porque no responden a las demandas plasmadas petición de Alerta hecha el 7 de septiembre de 2018: falta de acceso a la justicia y debida diligencia en casos de feminicidio.

Las medidas que dictó Conavim, incluyen la creación de un “mapa de instituciones que presten servicios a víctimas de violencia de género”, iniciar la Red de Información de Violencia contra las Mujeres.

Elaborar el protocolo de “Aviso al Ministerio Público” para la implementación de la Norma Oficial Mexicana 046 que establece el derecho al aborto en caso de violación, y fortalecer la Coordinación Interinstitucional de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia local.

Las únicas medidas apegadas a la petición de AVG fueron la instalación de una Mesa de Trabajo para dar seguimiento a los casos de asesinatos de mujeres por razón de género y la creación de un Comité Técnico que formule el Protocolo Alba en la ciudad, un mecanismo de búsqueda de mujeres desaparecidas.

De acuerdo con el secretario de Gobierno “pronto” darán a conocer los resultados sobre estas acciones y las tareas específicas que realizará cada área del gobierno capitalino.

Cabe recordar que el Grupo de Trabajo terminó el informe de la AVG en la primera semana de diciembre del año pasado y tras modificaciones se aprobó en enero de 2018 para entregarlo al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Sin embargo, con el cambio de titular de la Conavim, ahora prescindida por Ángela Quiroga Quiroga, el proceso se frenó porque la Comisionada solicitó ampliar la etapa de investigación de las académicas.

En este sentido, esta mañana organizaciones que han sido peticionarias de Alertas de Género, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Personas, y el Centro Fray Francisco Vitoria, convocaron a una conferencia de prensa y criticaron que desde la llegada de Ángela Quiroga los procesos de Alerta se han estancado injustificadamente.

Por lo que exigieron el “cese de la simulación y atención a los pendientes” de las solicitudes de Alerta de la Ciudad de México, Tlaxcala (negada dos veces en 2017), Puebla (negada y tramitada nuevamente en noviembre de 2017), el Estado de México (decretada en 2015) y Veracruz (con dos AVG una por Agravio Comparado y otra por feminicidio).

18/HZM/LGL

La asociación civil Alternativa Cultural por la Equidad de Género (ACEG) peticionaria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, en Sonora, acudió este 7 de noviembre al Juzgado Séptimo de Distrito del Poder Judicial Federal con sede en la entidad, para aportar evidencias de que la Secretaría de Gobernación (Segob) omitió proteger la vida de las sonorenses al no declarar la Alerta.

El 7 de junio de 2017 la organización ACEG interpuso un amparo indirecto en el Juzgado Séptimo en contra de la Segob por demorarse más de dos años para resolver la solicitud de AVG que hicieron en mayo de 2015 para la localidad de Cajeme y por transgredir el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), al otorgar prórrogas a los gobiernos estatales para que cumplan con las recomendaciones que den los Grupos de Trabajo.

En este caso, en septiembre de 2016, la Segob dio un plazo adicional de seis meses para que el estado cumpliera las 12 observaciones de las expertas.

Esta dilación de Segob para dar respuesta a la AVG resulta violatoria a los “Derechos Humanos, acceso a la justicia, y dignidad de las mujeres” pues no garantiza “la paz social y la protección de la vida y libertad de la población femenina”, denunció la agrupación civil en el amparo del cual Cimacnoticias tiene copia.

A pesar del amparo, el pasado 4 de agosto la Segob negó la Alerta para Cajeme argumentando que “no había elementos objetivos suficientes de violencia” que permitieran proseguir con su declaratoria y porque el gobierno estatal estaba haciendo un esfuerzo para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo.

Las integrantes de ACEG, también señalaron como responsables de la dilación a la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta; y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, por ser las instituciones responsables del funcionamiento de la AVG.

SEGOB PIDE DETENER JUICIO DE AMPARO

En tanto, la Segob pidió el pasado 4 de septiembre al Juzgado Séptimo, que terminara con el proceso judicial en su contra (con número 640/2017)  porque “no son ciertos los actos” que denuncia la organización civil -señala en el documento del que tiene copia esta agencia- y enumeró las acciones que realizó el gobierno de Sonora.

Argumentó que el amparo no procede porque una eventual sentencia en su contra obligaría a la Secretaría no sólo a reparar el daño a la persona que impulsó el amparo, sino a la población de Sonora en general, situación que violenta el principio de relatividad de las sentencias, es decir, que únicamente se ocupan de quien denuncia.

Para continuar con el proceso, el Juzgado Séptimo citó este 7 de noviembre a las activistas de ACEG, con el objetivo de ampliar la demanda y aportar nuevas evidencias que sustenten los niveles de violencia feminicida, desapariciones de niñas, jóvenes y mujeres en Cajeme, informó en entrevista la integrante de la asociación, Leticia Burgos Ochoa.

Entre las pruebas, dijo la defensora de DH, presentaron el registro hemerográfico de 55 casos de feminicidio ocurridos en Cajeme desde septiembre de 2016, cuando Segob amplió el plazo de cumplimiento al gobierno encabezado por Claudia Pavlovich Arellano, al 28 de octubre de 2017.

Las víctimas de feminicidio reportadas tienen entre 17 y 35 años de edad y 2 eran niñas; mientras de las 11 mujeres reportadas como desaparecidas, se localizaron 7 sin saber las condiciones en las que fueron presentadas, ni los responsables, precisan los registros.

Asimismo las integrantes de ACEG realizaron un informe en que el analizaron cada una de las recomendaciones que no cumplió el gobierno de Claudia Pavlovich, y presentaron declaraciones del jefe municipal de Cajeme, Fausto Félix Chávez, en las que reconoce ante medios de comunicación los altos niveles de violencia en la localidad y la descoordinación de los tres poderes que conforman el Estado para atenderla.

Con estos aportes, precisó Burgos Ochoa, las activistas esperan que el Juzgado cuente con los elementos suficientes para resolver el amparo a su favor y ordene a la Segob decretar la AVG en el municipio de Cajeme, aunque aún no se sabe cuándo podrían obtener una sentencia.

Cabe mencionar que no es la primera vez que las organizaciones civiles recurren a amparos judiciales para que la Secretaría acepte los niveles de violencia feminicida y declare las Alertas. El caso emblemático es el Estado de México donde las agrupaciones feministas emprendieron un proceso jurídico de cinco años que culminó en la aceptación del amparo que ordenó activar la Alerta en la entidad en 2015.

Actualmente, en Veracruz la asociación Equifonía, también presentó un amparo derivado del incumplimiento del estado por no seguir las recomendaciones del Grupo de Trabajo encargado de atender la AVG por Agravio Comparado. 

17/HZM/LGL

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a los gobiernos locales a transparentar los recursos asignados para implementar la Alerta de Violencia de Género (AVG) toda vez que existen casos en donde se asignó dinero específico para ello, y en otros, si bien no existe un recurso, sí cuentan con un presupuesto para implementarla.

Así lo destaca en su “Diagnóstico como integrante de los Grupos de Trabajo que dan seguimiento a los procedimientos de la AVG” presentado hoy, en el cual revisó en qué fases están las AVG, los retos para su implementación y los recursos destinados para ello.

En el reporte, la CNDH señala que los estados deben planear, solicitar y ejercer con transparencia el presupuesto para fortalecer la AVG. 

La Comisión hizo una recopilación de los informes entregados por los gobiernos locales a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), encargada de hacer funcionar la AVG, y encontró que durante los últimos tres años (de 2016 a 2018) se designó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, anexo 13, dedicado a la Igualdad entre mujeres y hombres, de un total de 81 mil millones de pesos (mdp), únicamente tres por ciento (2 mil 400 mdp) al rubro de la prevención, atención y sanción de la violencia de género.

De este monto (3 por ciento) el informe no detalla cuánto dinero se otorgó a las AVG, aunque en la página de la Conavim, ésta señala que en 2017 asignó 27 millones 992 mil 357 pesos a seis estados con AVG: el Estado de México, Chiapas, Nuevo León, Morelos, Michoacán, y Veracruz.

La situación se agrava, indica la CNDH, pues el Artículo 23, fracción cuarta, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) no explica cómo y qué nivel de gobierno debe realizar la asignación presupuestal de la AVG.  

Sólo expresa que se le debe “asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres”, sin dar mayores especificaciones del procedimiento. 

El recurso asignado a las AVG es más preocupante en el ámbito local, precisa la CNDH en el diagnóstico, pues en la práctica han observado que la mayoría de las entidades con procedimiento de Alerta no prevén un presupuesto para prevenir la violencia de género, y las instituciones dedicadas a atenderla (Institutos de las Mujeres, Centros de justicia, entre otras) reciben en su mayoría presupuesto federal del Anexo 13. 

La CNDH advirtió que la falta de recursos no debe ser una excusa o condicionante de los gobiernos para cumplir con la tareas de la AVG y recordó que en 14 entidades donde ya hay un informe del Grupo de Trabajo, se recomendó “etiquetar mayor presupuesto a la atención y procuración de justicia en situación de violencia, tanto estatales como municipales”. 

Cabe recordar que de las 28 solicitudes de AVG en 12 entidades ya se decretó (Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit); 9 estados esperan la decisión de la Segob para conocer si se emitirá; y en 7 se decidió no declararla (Querétaro, Tlaxcala, Sonora, Puebla ,Tabasco, Baja California y Guanajuato). 

17/HZM/LGL
 

Ahora que está conformado el grupo de especialistas para atender la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México (AVG), su principal reto es realizar una investigación exhaustiva que dé cuenta de la creciente violencia contra las capitalinas y cuestione al gobierno sobre las acciones que hace para frenarla.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) dio a conocer el 19 de octubre los nombres de las especialistas que integran el Grupo de Trabajo: son dos académicas que radican en la Ciudad de México; la abogada y criminóloga feminista, Iris Rocío Santillán Ramírez y la doctora en estudios de la mujer, Marta Walkyria Torres Falcón.

De carácter nacional seleccionó a la doctora en derecho y defensora de los derechos de las mujeres, Aleida Hernández Cervantes, y al maestro especializado en estudios demográficos y género, Carlos Javier Echarri Cánovas.

A decir de activistas, el Grupo de Trabajo deberá integrar un informe sólido enfocado en las dinámicas y particularidades del feminicidio en la capital, la violencia comunitaria contra las mujeres, y demostrar que la desaparición de las mujeres en la Ciudad puede estar relacionada con grupos delictivos dedicados a la trata de personas.

Así lo describió a Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) María de la Luz Estrada, agrupación que en conjunto con el Centro Fray Francisco Vitoria, la Red “Todos para Todas y Todos” y Justicia Pro Personas, solicitaron el pasado 7 de septiembre la alerta de género para las 16 delegaciones de la entidad.

LOS RETOS DE LAS EXPERTAS: TRATA Y FEMINICIDIO

Las organizaciones consideraron necesaria activar la alerta en la Ciudad, porque aunque es un referente de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, lo cierto es que también ocurren los niveles de violencia más altos contra la población femenina. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares 2016, la capital del país ocupa el primer lugar de violencia en las calles, transporte, parques y otros sitios públicos.

Violencia que incrementa hasta sus niveles más extremos como es el feminicidio. De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF) en promedio mensual ocurren 5 casos de feminicidio en la urbe, tan sólo de 2015 a abril de 2017 inició 116 carpetas de investigación por este delito.

En suma, las familias de las víctimas enfrentan obstáculos para el acceso a la justicia y el debido proceso; son revictimizadas, las investigaciones no se elaboran desde la perspectiva de género, y reclasifican los casos a simples homicidios. Acciones recurrentes de las autoridades que han denunciado las organizaciones, como lo demostró el reciente asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, recordó Luz Estrada.

Por ello el Grupo de Trabajo deberá centrar su atención en el acceso a la justicia y la aplicación de protocolos para investigar el feminicidio, indicó la coordinadora el OCNF: entender en qué zonas y bajo qué circunstancias están asesinando a las mujeres y sobre todo, conocer “qué está haciendo la PGJDF para frenarlo”, precisó.

Asimismo en la desaparición de mujeres, las investigadoras tendrán que cuestionar el trabajo de dependencias de la Procuraduría como el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea), que ha sido pasiva y poco transparente ante las desapariciones sobre todo de niñas y adolescentes de la Ciudad, pues los datos son alarmantes, dijo Estrada.

Los propios datos de la PGJDF en este sentido, indican que de 2015 a 2016 se reportaron como “ausentes o extraviadas” dos mil 294 mujeres, de las cuales hasta la fecha faltan por localizar a 644, un 60 por ciento son menores de 17 años de edad.

“En este tema deben cuestionar por qué tenemos tantas mujeres desaparecidas, reconocer los modos operandi de los tratantes, y revisar qué está haciendo Capea y si está aplicando los protocolos de localización. Deben recordar que la Ciudad de México (con Puebla y Tlaxcala) es una de las rutas de trata de personas”, precisó la defensora de Derechos Humanos. 

NECESITAN MÁS EXPERTAS

Para concretar esta investigación la coordinadora del Observatorio sugirió que debe consultarse con más expertas en dichos temas, entrevistar a familiares de víctimas, sobrevivientes y organizaciones civiles.

De acuerdo con lo que presente el Grupo en su informe, el gobierno tendrá un plazo de 6 meses para cumplir las recomendaciones que de éste emanen, y de no hacerlo, la Secretaría de Gobernación (Segob) tendrá la facultad de decretar la AVG.

¿QUIÉNES SON?

La especialista en criminología es Iris Rocío, doctora en Ciencias Jurídico Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, cuenta con un master en Sistemas Penales y Problemas Sociales de la Universidad de Barcelona; y por 18 años ha realizado investigaciones en materia de violencia contra las mujeres, por lo cual recibió en 2015 la Medalla Omecíhuatl.

La otra investigadora de la capital, Marta Torres Falcón, es doctora en relaciones de género por parte de la UAM y cuenta con una especialización en Estudios de la Mujer por El Colegio de México. También ha sido consultora del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y es autora del libro “Las enseñanzas de Alicia y la cultura de la no violencia. Una visión de género”.

Javier Echarri es maestro en demografía por El Colegio de México, institución de la cual también es maestro estudios urbanos y ambientales. En materia de género coordinó en 2011 el Programa Salud Reproductiva y Sociedad, fue investigador en la Dirección General de Planificación Familiar de la Secretaría de Salud.

Por último, está la doctora en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Aleida Hernández, quien es docente en dicha universidad en investigación feminista y perteneciente a la Red de CONACyT “Ciencia, tecnología y género”. 

Además de las académicas seleccionadas, en el Grupo de Trabajo también debe participar una representante del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) -quien se encarga de coordinar el equipo-, una representante de Conavim y otra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

17/HZM/LGL

En sólo ocho meses, de noviembre de 2016 a junio de 2017, se cometieron 101 asesinatos violentos de mujeres en la Ciudad de México pero en vez de investigarlos y sancionarlos la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) revictimiza a las víctimas y  sus familias, pierde evidencias y clasifica los delitos como homicidios simples o suicidios, lo que llevó a organizaciones de la sociedad civil a solicitar que la capital se declare en Alerta de Violencia de Género (AVG).

Este 7 de septiembre el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Personas AC, la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, presentaron ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) la solicitud de AVG por violencia feminicida en la urbe.

La Ciudad de México, recordaron las organizaciones en conferencia de prensa, fue la primera ciudad del país en tipificar el feminicidio en 2011 con lo que se estableció una condena de 20 a 50 años de prisión e incluso se le dio certeza al crear el Protocolo Especializado de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de Feminicidio que colocó a la capital como un referente de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.

Sin embargo, las autoridades de la PGJDF se han negado a aplicar dichos instrumentos legales, señaló la abogada de la organización Justicia Pro Personas, Ana Yelí Pérez Garrido. Lo que se traduce en una falta a la debida diligencia en las investigaciones, violaciones a los DH de las víctimas en el acceso a la justicia, el derecho a la verdad y la reparación del daño.

Las autoridades capitalinas se niegan a investigar con debida diligencia los homicidios de mujeres ocurridos en la Ciudad a pesar de que en 2013 un fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el feminicidio de Mariana Lima, señaló que todo asesinato violento de una mujer se debe investigar como feminicidio.

En este contexto, la solicitud de las organizaciones contempla la violencia feminicida cometida desde 2012, que de acuerdo con datos retomados de la Procuraduría, desde ese año hasta 2016 se registraron 260 casos de feminicidio en la capital. Las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Coyoacán concentran 50 por ciento de los casos.

Estos asesinatos de mujeres por razones de género reconocidos por la PGJDF no responden necesariamente a la realidad, dijo la abogada especialista en DH, pues en base a la experiencia del acompañamiento que realizan a víctimas, el hecho de que se investigue un asesinato como feminicidio depende de la voluntad de los Ministerios Públicos.

Tan es así que de los 101 casos de feminicidio registrados entre noviembre pasado y junio de 2017, en 22 de ellos, la Coordinación de Agentes Auxiliares del MP decidió “no ejercer acción penal”. Como consecuencia 21 por ciento quedó en la impunidad, detalló Pérez Garrido.

De acuerdo con cifras que proporcionó la PGJDF a Cimacnoticias, desde 2011 a abril de 2017, por el delito de feminicidio, se han puesto a disposición 219 probables responsables, se consignaron 203 y se han dado únicamente 77 sentencias.

PGJDF: NEGLIENCIA Y OMISIÓN EN FEMINICIDIO

El asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, hallada en Ciudad Universitaria el 3 mayo de este año, volvió a exponer las prácticas negligentes y omisas de la PGJDF en la investigación de feminicidio, recordó durante la conferencia la litigante del caso y abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Sayuri Herrera Román.

A pesar de las pruebas e indicios de que la joven de 22 años fue asesinada por su entonces novio y ex trabajador de la UNAM, Jorge Luis Gonzáles Hernández, la PGJDF afirmó en un comunicado que Lesvy se suicidó con el cable de un teléfono público –donde fue encontrada– e investigó al probable agresor por homicidio por no impedirlo.

Esto, es una constante en los casos de feminicidio indicó Herrara Román, por ello dentro de la petición de la AVG para CDMX, las organizaciones especialistas en violencia contra las mujeres enumeraron las prácticas que repite la Procuraduría local en las diligencias de este delito:

Primero, la revictimización de las mujeres es constante, se difunden en los medios de comunicación imágenes de la víctima, se da información privada de ellas o bien, se les criminaliza y responsabiliza de los hechos. Y a pesar de la obligación por informar a las víctimas y a las personas litigantes del proceso judicial,  se les niega el acceso a las carpetas de investigación.

Segundo, existe por parte de la PGJDF un mal manejo y protección de las evidencias, hay casos registrados donde se han perdido pruebas vitales para vincular a proceso al feminicida, recordó la abogada. Asimismo, hay inconsistencias en los análisis periciales, que no concuerdan con lo ocurrido o no registrar los rastros del feminicidio.

Tercero, aún con pruebas que acreditan un feminicidio, jueces y juezas con criterios fuera de la perspectiva de género, reclasifican los casos a homicidio o suicidio, lo que niega el acceso a la justicia a las mujeres y sus familiares, culminando en la impunidad, señaló.  

CDMX, VIOLENTA PARA LAS MUJERES

Pero no sólo se trata del aumento del feminicidio en la Ciudad de México, subrayaron las asociaciones civiles, la ciudad se ha colocado a nivel nacional como la segunda con la mayor prevalencia de incidentes violentos cometidos contra las mujeres, según la última Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 presentada el pasado agosto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según la encuesta quinquenal, la capital ocupa el primer lugar en violencia comunitaria contra las mujeres, sobre todo violencia sexual, que ocurre en la calle, transporte, parques y otros lugares públicos, a pesar del programa público “Ciudad Segura” implementado por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, el Instituto de las Mujeres local (Inmujeres DF) y ONU Mujeres desde 2008.

A ello se suma que de enero de 2015 a diciembre de 2016, se reportaron dos mil 494 mujeres como ausentes o extraviadas, de las cuales se localizaron mil 836, y quedan 644 mujeres pendientes de localizar, un 60 por ciento son niñas y adolescentes menores de 17 años, reportaron las organizaciones.

No obstante, de 2015 a 2017 el portal oficial de Alerta Amber de la ciudad, reporta que únicamente activó el mecanismo en nueve ocasiones, de las cuales, ocho eran de niñas.

En este sentido la solicitud de la AVG, también buscó visibilizar el incremento de desapariciones de niñas y adolescentes en la capital, situación, que a decir de Ana Yelí Pérez es negada por las autoridades de la Procuraduría por estar vinculado a la trata de personas con fines de explotación sexual y el crimen organizado.

Por último, las organizaciones recordaron que a pesar de que el próximo año se esperan elecciones y con ello la salida de Miguel Ángel Mancera, es obligación del jefe de gobierno garantizar la vida y seguridad de las capitalinas, por lo cual, esta etapa electoral, no tendría que ser un obstáculo para el decreto de la AVG.

En un tiempo máximo de 3 a 5 días esperan que la Secretaria de Gobernación (Segob) por medio la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) les informe a las organizaciones la procedencia de la alerta y comience con la conformación del grupo de expertas para evaluar la violencia contra en el territorio.

Con la Ciudad de México son 29 de las 32 entidades federativas que han solicitado desde hace una década la AVG en el país. En tanto, son 12 las entidades bajo este mecanismo de emergencia para la protección a la vida de mujeres y niñas.

PIDEN MODIFICAR TIPIFICACIÓN DEL FEMINICIDIO

En este contexto, la diputada local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Beatriz Rojas Martínez, anunció hoy en un foro sobre feminicidio en la Asamblea Legislativa, que en un periodo extraordinario presentará una reforma al Código Penal local para precisar el delito de feminicidio, y de esta manera “las autoridades no determinen de forma arbitraria si la muerte de una mujer fue por feminicidio u homicidio”.

Actualmente las cinco razones para acreditar el delito son: que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; que el cuerpo presente lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida.

Que existan indicios que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; que el cuerpo sea expuesto, depositado o arrojado a un lugar público; y que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.

17/HZM

La desaparición de mujeres adolescentes en México está relacionada con grupos criminales vinculados a la trata de personas con fines de explotación sexual comercial; y va en aumento, reportó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
 
Las zonas más afectadas por estas desapariciones son la frontera norte y el centro del país.  
 
Tan sólo en cuatro años, de los 57 casos registrados en 2010 se pasó a 612 casos para 2014, lo que representa un aumento de 974 por ciento, informó el director de la Redim, Juan Martín Pérez García en el Webinar “Niñez Desaparecida” hecho por Comunicación e Información de la Mujer AC (Cimac).
 
La organización ha documentado que las adolescentes entre 15 y 17 años de edad son el principal perfil de ataque contemplado por las redes criminales de trata de personas: 7 de cada 10 adolescentes desaparecidas son mujeres. Martín Pérez señaló que se tiene identificado un patrón común de edad, rasgos y zonas geográficas donde ocurren los hechos.
 
Las entidades donde sucede este crimen de lesa humanidad tienen una correspondencia con las regiones perpetradas por el crimen organizado y grupos criminales, de acuerdo a los datos recabados por la Redim.
 
En la frontera norte, Tamaulipas registró de 2006 a 2014 la desaparición de mil 629 niñas y adolescentes menores de 17 años, la entidad con mayor número de casos; le sigue Baja California con 257 casos y Coahuila con 193 adolescentes desaparecidas.
 
En Nuevo León se contabilizaron 114 casos y en Chihuahua hubo en el mismo periodo 108 adolescentes desaparecidas.
 
El centro del país es otro de los focos rojos ubicados por la Redim. El Estado de México -que en los últimos años se ha representado como un caso paradigmático, indicó García- registró 386 casos, es la segunda entidad con mayor reporte de adolescentes desaparecidas.
 
En Guanajuato se contaron 263 casos, en Puebla 236, la Ciudad de México tuvo 169 desapariciones, Jalisco 139 y Michoacán 123.
 
NIÑOS, ADOPCIÓN ILEGAL Y VENTA
 
Este vínculo delictivo también ha correspondido con otro sector de la niñez: niños varones menores de 4 años. En el mismo periodo, 2006 a 2014, mil 902 niños desaparecieron “lo que nos da cuenta es que la desaparición de niños pequeños está asociada a adopción ilegal y venta de niños”, dijo García.
 
Aunque destacan las entidades con cientos de casos, el Director de la Redim alertó que la desaparición de la juventud y niñez es una situación generalizada en todo el país. El organismo contó entre 2006 y 2014, 6 mil 725 casos de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, desaparecidos en todo el país.
 
 
PROTOCOLOS DE BÚSQUEDA
 
Martín Pérez destacó que las acciones militares emplazadas por el Estado mexicano para abatir a estos grupos criminales no han logrado garantizar la seguridad de la niñez y juventud; por el contrario, han generado un miedo generalizado en el país.
 
El escenario se torna complicado debido a la ineficiencia de los sistemas y procesos normativos para la búsqueda de adolescentes y niñas desaparecidas. El especialista explicó que las entidades donde han desaparecido más mujeres son las que menos Alertas AMBER (sistema de uso para hacer anuncios de desapariciones) se han emitido.
 
Además, dijo, “organizaciones civiles han exigido por años la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para las acciones preventivas, para aquellos casos de víctimas de violencia y desaparición”, sin embargo su negación trae como consecuencia que las víctimas no logren ser localizadas o terminen siendo víctima de feminicidio, en la mayoría de los casos, afirmó Martín García.
 
“Estamos tratando que, a partir de que se denuncie la desaparición, sin que intervenga una denuncia penal, se inicie la búsqueda”, pues en la mayoría de las entidades se tiene que esperar 72 horas para la acción de búsqueda, “horas vitales para la vida de las adolescentes”, dijo el especialista.
 
PROTOCOLO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
 
La Redim ha manifestado al Gobierno mexicano la necesidad incluir en la nueva Ley General de Personas Desaparecidas un capítulo específico sobre la niñez y juventud desaparecida, que permita generar un protocolo más eficiente de búsqueda con perspectiva de género. Para ello, dijo el especialista, se deben implementar sistemas de búsqueda inmediata y programas de acompañamiento social que contemplen las particularidades de cada caso.
 
La agrupación pide también crear una base de datos oficial que contemple información desagregada, con el fin de reconocer la magnitud del problema, un marco normativo que dé sustento a la ley y acompañamiento a los familiares de víctimas desaparecidas.
 
El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) es la instancia encargada de atender la   problemática, pero no ha logrado establecerse, debido a la falta de voluntad de otras entidades, apuntó Juan Martín.
 
“El resultado es que hoy no tenemos prácticamente ninguna actuación, ni preventiva, ni de cambio en las normativas para que puedan esclarecerse los 6 mil 700 casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos”, agregó el especialista.
 
ANTE IMPUNIDAD, INSTANCIAS INTERNACIONALES
 
La desaparición de mujeres adolescentes es poco visible, sobre todo al ser “intencionalmente opacada y ocultada” por el Gobierno mexicano, con el fin de no asumir su responsabilidad, no sólo a nivel nacional, sino con instancias internacionales, explicó Juan Martín.
 
El representante de Redim dijo que la mayoría de los casos se mantienen en la impunidad debido a la ausencia de las autoridades: “es imposible que un número tan alto de personas desparezca sin que ninguna autoridad pueda percatarse de ello, tenemos que tener claro es que el Estado mexicano no está respondiendo a la realidad”.
 
CRISIS HUMANITARIA
 
Esta situación, aseveró, ya ha sido señalada por diversas organizaciones internacionales como un crimen de lesa humanidad que podría ser considerada como una crisis humanitaria y de Derechos Humanos (DH) en el país.
 
Ante la falta de acciones, el camino que han considerado las organizaciones y la sociedad civil es acudir a los órganos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde la Redim ya tuvo una audiencia en abril de 2016. Ahí destacó la importancia de las organizaciones no gubernamentales en el proceso de la defensa de los DH y señaló al Estado mexicano la necesidad de generar acciones para la juventud y niñez.
 
17/HZM/GG