OCNF

La simulación e inacción del gobierno de Veracruz por salvaguardar la vida de las mujeres y niñas de la entidad llevaría al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) a presentar la tercera solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG), en esta ocasión, por las desapariciones de mujeres y niñas.

Veracruz es el único estado del país donde la Secretaría de Gobernación (Segob) ha decretado dos Alertas de Violencia de Género, una emitida en noviembre de 2016 por los casos de feminicidio ocurridos en 11 municipios y otra fue decretada en diciembre de 2017 por agravio comparado, es decir, por las leyes que restringen a las veracruzanas el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos.

El OCNF ha acusado que el gobierno veracruzano, encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares, mantiene una actitud pasiva y se ha negado para cumplir con las Alertas de Género pero en las próximas semanas la organización buscará tramitar la tercera solicitud de AVG ante la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), ahora por la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas.

El asesor jurídico del Observatorio del Feminicidio, Rodolfo Domínguez Márquez, explicó a Cimacnoticias que la decisión de impulsar una tercera AVG es porque ninguna de las anteriores declaratorias contiene recomendaciones de política pública enfocada en desapariciones de mujeres y niñas que cada vez es más latente.  

El OCNF ha documentado que previo al asesinato de una mujer se ha denunciado su desaparición, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz de 2008 a 2017 se reportaron 3 mil 159 mujeres desaparecidas, de las cuales en 899 casos continúan sin conocer su paradero y 58 fueron localizadas sin vida.

La segunda razón, señaló el abogado Rodolfo Domínguez, es que con esta tercera solicitud de AVG buscarán visibilizar el “foco rojo” de violencia en que se ha convertido Veracruz para las mujeres y ejercer presión con las autoridades gubernamentales para que dejen de simular y actúen de forma contundente a favor de los derechos de la población femenina.

¿Y LAS OTRAS ALERTAS?

Para asegurar que no se repita la inacción del gobierno veracruzano y que si se cumplan las recomendaciones que se desprenden de las Alertas, el asesor jurídico y especialista en violencia de género recordó que la semana pasada el OCNF instaló un “Mecanismo Ciudadano de Vigilancia” con la asesoría de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras organizaciones de la sociedad civil.  

Este observatorio se creó debido a que el estado no ha cumplido con obligaciones como la creación de la Unidad de Contexto para la investigación de casos de feminicidio, homicidios dolosos de mujeres, violencia sexual y desapariciones de mujeres; ni ha actualizado el Protocolo de Investigación de feminicidio a los estándar de la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) quien sentenció investigar todo asesinato violento de una mujer como feminicidio.

Tampoco el gobierno ha planteado nuevamente la reforma a los artículos 148, 150 y 154 del Código Penal local con el objetivo de despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, una de las razones por las cuales la Segob determinó declarar la AVG de agravio comparado, pues en septiembre del año pasado el Congreso estatal echó para atrás un proyecto de ley que buscó terminar con la criminalización de las mujeres que interrumpen un embarazo en el estado. 

Asimismo mencionó que de cara a la evaluación del Estado mexicano ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) las organizaciones civiles entregarán un “informe sombra” a las expertas de Naciones Unidas, en el que destacarán al estado de Veracruz como uno de los más violetos para las mujeres y un ejemplo de los obstáculos que enfrentan para la garantía de sus derechos. 

Cabe mencionar que desde 2012 el Comité de CEDAW, en la recomendación 17 de sus observaciones finales sobre las políticas implementadas en el país, alertó que se debía poner atención a Veracruz y actuar ante el número, cada vez mayor, de desapariciones de mujeres y asesinatos, y de la prevalencia de la violencia sexual, y la vulnerabilidad de las veracruzanas, en particular en las regiones donde se despliega el ejército.

En lo que van del año el Observatorio Ciudadano ha documentado 68 asesinatos de mujeres; el municipio de Coatzacoalcos concentra el mayor número con 12 por ciento (8 asesinatos) del total de casos. La organización denunció que la violencia contra las veracruzanas se agudizó, como lo demostró el asesinato de una joven de 22 años de edad en el municipio de Alvarado, a quien le fue extraído de su vientre el producto de 9 meses de gestación.

18/HZM

Ante al incumplimiento de las medidas recomendadas para garantizar la seguridad de mujeres y niñas en Veracruz, y la garantía de sus derechos reproductivos, organizaciones defensoras de Derechos Humanos instalaron un Mecanismo Ciudadano de Vigilancia para revisar el cumplimiento de las dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado.

En un comunicado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) anunció que organizaciones estatales, nacionales e internacionales decidieron instalar este observatorio ya que el Estado no ha cumplido con las medidas relacionadas con la erradicación de violencia de género y la transgresión a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Veracruz es la primera entidad con dos declaratorias de AVG. La primera se solicitó el 9 de septiembre de 2015, debido a que de 2000 a 2015 se registró el asesinato de mil 214 mujeres y niñas. Luego del incumplimiento de las recomendaciones esta Alerta fue declarada el 23 de noviembre de 2016.

Posteriormente, al no garantizarse los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres veracruzanas, el 5 de abril de 2016, fue solicitada la segunda AVG por agravio comparado. Ante el incumplimiento de las recomendaciones por parte de los tres niveles de gobierno, la Segob decretó la segunda Alerta el 13 de diciembre de 2017.

INCUMPLIMIENTO

A pesar de las dos AVG, que obligan a las autoridades a contar con bases de batos específicas, la autoridad no proporcionó al OCNF información de los feminicidios ocurridos en 2016 y 2017 y tampoco ha cumplido con las recomendaciones derivadas de estos mecanismos de emergencia.

En la declaratoria de AVG por violencia feminicida se recomendó al gobierno estatal crear una Unidad de Contexto para la Investigación de Feminicidios, Homicidios Dolosos de Mujeres, Violencia Sexual y Desaparición de Mujeres que, mediante la elaboración de análisis antropológicos, sociológicos y psicosociales, permita identificar, entre otros, las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres en la entidad. Sin embargo, no se ha instalado.

En lo que va del 2018 organizaciones locales integrantes del OCNF han registrado hasta el este 26 de abril 68 asesinatos de mujeres, pese al incremento de los casos de feminicidio en el estado, Veracruz no cuenta con un Protocolo de investigación actualizado bajo el nuevo sistema de justicia penal, los estándares de debida diligencia, la perspectiva de género y los derechos humanos.

En este sentido, el OCNF hizo un llamado a las autoridades de Veracruz para que prioricen las acciones y políticas públicas que garanticen la vida e integridad física de las mujeres veracruzanas; investiguen de inicio toda muerte violenta de mujeres como feminicidio; y actualice su Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio, entre otras.

A través de este Mecanismo Ciudadano, las organizaciones, el OCNF, la Red Nacional de Organismo Civiles de Derechos Para Todos (RED TDT) y el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres, con la asesoría de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Nacional Unidas para los Derechos Humanos, darán seguimiento a las acciones que las autoridades emprendan a fin de dar cumplimiento a las dos alertas.

REFORMAS NECESARIAS

El OCNF exigió a Poder Ejecutivo implementar un programa estatal para el acceso a la Interrupción del Embarazo (ILE) desde la perspectiva integral; al Poder Legislativo reformar los artículos 148, sobre la inducción o ayuda al suicidio; y 150 y 154 del Código Penal sobre la interrupción del embrazo (con el propósito de garantizar a las mujeres veracruzanas “el derecho a decidir sobre su cuerpo”.

Asimismo, OCFN pidió al Poder Judicial que investigue y resuelva en “un placo razonable” los expedientes y carpetas de investigación iniciadas por el delito de aborto y homicidio en razón de parentesco, privación de la vida de las persona que sea ascendiente o descendente consanguíneo: hermano, cónyuge, concubina, adoptado, con conocimiento de esa relación.

Actualmente, la legislación condena a las mujeres que interrumpen su embraza de 6 a 4 años de cárcel y una multa de hasta 75 días de salario, y  permite el aborto en cuatro causales por “imprevisión de la mujer embrazada”, producto de una violación o inseminación artificial (no consentida) dentro de los 90 de gestación, de no existir peligro para la interrupción (con aprobación médica) y “trastorno físicos o mentales graves” del feto (con consentimiento de la madre y la opinión de dos médicos).

El OCNF afirmó que como organizaciones de la sociedad civil estarán en contacto con el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la evaluación que realizará al Estado mexicano en julio próximo, sobre la situación que prevalece en el Estado de Veracruz y que –explicó- hace evidente los restos y obstáculos presenten para un efectivo ejercicio y garantía de los derechos de las mujeres.

Por último, hizo un llamado a la sociedad civil y a las mujeres veracruzanas a sumarse al esfuerzo de estas organizaciones. Asimismo este jueves 26 el OCNF anunció que podría solicitar una tercera Alerta, esta vez por el numero desapariciones de mujeres, 3 millones 159 mil 899 mujeres desaparecidas 2008 a 2017, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

18/AEG

Organizaciones peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), de diversos estados del país, denunciaron la existencia de irregularidades y omisiones en los procedimientos de las AVG, por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

En un comunicado, las organizaciones denunciaron que la nueva administración de la Conavim –desde enero 2018 a cargo de Ángela Quiroga Quiroga- ha frenado el avance por proteger los Derechos Humanos (DH) de las mujeres debido al “dudoso y deficiente desarrollo de sus facultades”.

Las organizaciones señalaron que tienen conocimiento que a casi tres meses de la llegada de la titular a la Conavim, ésta se ha reunido con los representantes de los gobiernos sin la participación de los Grupos de Trabajo, ni de las organizaciones peticionarias de las AVG para acordar las situaciones relacionadas con las Alertas.

Lo anterior enfatizaron, es una de las muchas irregularidades realizadas por esta instancia, ya que los gobiernos no están contemplados dentro del procedimiento de AVG y por tanto, dijeron, atenta contra el objetivo de las AVG, pues el emitir informes de recomendaciones y declarar las Alertas, “no depende de la voluntad de los estados, sino del cumplimiento de las recomendaciones y del cese de la violencia”.

Ante ello consideraron que la administración de Ángela Quiroga Quiroga pone en riesgo el avance para disminuir la violencia contra las mujeres, como en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, Puebla y la Cuidad de México, entidades donde no ha dado un seguimiento a las Alertas ya emitidas por desaparición y feminicidio de mujeres.

Reprocharon que desde hace meses Conavim ha limitado su participación en el proceso de las AVG, sigue sin aplicar los indicadores de resultado para medir el funcionamiento del impacto de las recomendaciones y ha retrasado de manera injustificada los informes sobre las AVG en las entidades donde la desaparición y el feminicidio son problemas graves, como la Cuidad de México, Tlaxcala y el estado de Puebla.

Destacaron las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública quien documentó, de 2015 a 2017, el asesinato de 8 mil 190 mujeres en todo el país, de los cuales sólo mil 640 casos fueron investigados como feminicidio, lo que demuestra, dicen las organizaciones, el desinterés por parte de las autoridades federales de desarrollar acciones para erradicar la violencia feminicida en las entidades.

En tanto, las cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de 2014 a 2017, registraron 8 mil 940 asesinatos de mujeres en todo el país, de los cuales 2 mil 188 casos han sido investigados bajo el delito de feminicidio.

Por ello demandaron a la Secretaría de Gobernación llevar a cabo acciones inmediatas y efectivas para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres, así como atender y resolver “los pendientes, vacíos y seguimientos” a las alertas emitidas en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, Puebla y la Cuidad de México, y eliminar las barreras para la implementación de la AVG como lo establece la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

“Recordamos a las autoridades, sociedad civil y a las organizaciones que... ()…que el mecanismo de Alertas de Violencia de Género contra las mujeres fue hecho para proteger a las víctimas y sus derechos, no a los gobiernos”.

18/AEG/LGL

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos Humanos de las Mujeres, solicitaron a la Comisión Especial de Alerta de Violencia de Género (AVG) del Congreso Federal, llamar a comparecer a los cuatro diputados del congreso estatal que rechazaron la reforma para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Despenalizar el aborto del Código Penal de Veracruz fue una de las recomendaciones que dictó el Grupo de Trabajo por la solicitud de AVG por Agravio Comparado que hizo la asociación civil Equifonía en abril de 2016, ante las leyes que restringen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Sin embargo los diputados del congreso veracruzano, Gregorio Murillo Uscangan, Bigen Rementería Molina, Carlos Antonio Morales Guevara y la diputada Teresita Zuccolotto Feito, firmaron el pasado 22 de septiembre en negativo el dictamen de esta iniciativa y argumentaron que era un acto “inconstitucional” porque el Artículo 4o de la constitución veracruzana “protege la vida desde el momento de la concepción”.

Finalmente seis días después en una sesión extraordinaria el pleno discutió la reforma y terminó desechándola con 24 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.

Por ello en un comunicado de prensa el OCNF y el Frente Veracruzano –conformado para seguir el proceso del mecanismo- exigieron al Congreso Federal la comparecencia de estos cuatro legisladores y legisladora ante su “evasión en el proceso de la AVG por Agravio Comparado”.

De la misma manera pidieron al Congreso Federal la rendición de cuentas del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pues el Grupo de Trabajo le presentó  una propuesta de reforma sobre la despenalización del aborto pero él nunca dio una respuesta a las expertas.

En su lugar la propuesta fue presentada por la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Tanya Carola Viveros Cházaro.

Esta no es la única presión para el congreso de veracruzano por sus omisiones legislativas, por la misma razón –incumplir con la despenalización de la interrupción del embarazo- la organización peticionaria de la Alerta, Equifonía, interpuso en octubre un amparo indirecto ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial Federal.

IMPACTO DE LAS RECOMENDACIONES

Las organizaciones también demandaron a las autoridades locales explicar los alcances que tuvo la implementación de las medidas recomendadas por el Grupo de Trabajo, ya que únicamente conocen la creación de un plan de atención para las víctimas de violencia sexual.

Pidieron al gobierno que se respete la laicidad del Estado debido a la alineación de jerarcas de la Iglesia católica que han impulsado con el gobierno iniciativas como “la protección de la vida” en la Constitución local.

En tanto la expectativa está en la Secretaría de Gobernación (Segob), quien ya rebasó el tiempo con el que cuenta para decidir la procedencia de la declaratoria de AVG por Agravio Comparado.

En caso de que Segob resuelva declarar esta alerta en Veracruz, sería la segunda del estado pues cabe recordar que se cumplió un año de la vigencia de la AVG por violencia feminicida que hay en 11 de sus municipios.

17/HZM/LGL

Para cumplir “la deuda” que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) tiene con las mujeres y las personas defensoras de Derechos Humanos, la nueva presidencia encabezada por Nashieli Ramírez Hernández debe impedir que las autoridades sigan obstaculizando el acceso a la justicia, velar por los derechos de las víctimas, y trabajar en conjunto con la sociedad civil, afirmaron organizaciones.

Entrevistados por separado, la integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Ana Yeli Pérez Garroido y de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) Quetzalcóatl Fontanot, coincidieron en que durante el periodo de Perla Gómez Gallardo –de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2017– la CDHDF adquirió “una deuda” con las capitalinas y las personas defensoras, pues no se pronunció de forma enfática contra las instancias gubernamentales que en lugar de garantizarles el acceso a la justicia ejercieron violencia contra ellas, por ejemplo al revictimizarlas.

Además, afirmó Quetzalcóatl Fontanot, a diferencia de su antecesora, la nueva ombudsperson que ejercerá durante los próximos cuatro años tendrá que “ponerse de lado de las víctimas” y no de las instituciones gubernamentales, particularmente en los casos donde los agresores sean autores del Estado.

ACTUACIÓN ANTE VIOLENCIA

En los casos de violencia hacia las mujeres la abogada del OCNF, Ana Yeli Pérez Garrido, recalcó que durante los próximos años la CDHDF debe señalar cuando las instancias de procuración e impartición de justicia, como la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) incurran en violaciones a Derechos Humanos.

En la Ciudad de México la violencia institucional hacia las mujeres que buscan acceder a la justicia dijo, es “más sofisticada” que en otros estados, pues las autoridades suelen integrar las carpetas de investigación con todos los peritajes necesarios, sin embargo, se empeñan en interpretar esos elementos “para hacer parecer que la  violencia por razones de género no existe en la capital”, denunció la abogada quien recordó que por esta razón solicitaron junto con otras organizaciones la Alerta de Violencia de Género (AVG).

Por ello, expresó Pérez Garrido, la instancia se enfrentará al reto de no sólo recibir las quejas hacia violaciones de DH sino a acompañarlas y emitir recomendaciones en las que visibilicen la violencia institucional en contra de las víctimas, además de analizar todos los casos desde la perspectiva de género para “dar cuenta de que en la Ciudad de México la violencia contra las mujeres “es un problema estructural”.

DEFENSA DE DH DESDE LA SOCIEDAD CIVIL

Para las más de 80 organizaciones que integran la Red TDT, mencionó Quetzalcóatl Fontanot, el nombramiento de Nashieli Ramírez “es alentador” toda vez que ella ha defendido los últimos 25 años los derechos de la infancia, por lo que como sociedad civil organizada esperan trabajar en conjunto con la CDHDF.

El defensor señaló que a la CDHDF le urge resarcir el daño que generó distanciarse de las organizaciones civiles, mismo que derivó en la poca atención a las víctimas y pasar a segundo plano la garantía de sus derechos, como en el caso de las mujeres defensoras.

Fontanot llamó a la CDHDF a velar por los derechos de las víctimas y no responder a los intereses gubernamentales particularmente en el contexto electoral que se avecina en 2018.

17/MMAE/LGL

Tras el fallo de ayer del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para reclasificar a feminicidio agravado el caso de Lesvy, su papá y representantes de OSC, coincidieron en que éste obedeció a la presión social y mediática para exigir justicia y una investigación con perspectiva de género.

Entrevistados por separado por Cimacnoticias, Lesvy Rivera Calderón, papá de Lesvy, asesinada el pasado 3 de mayo en la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo sentirse satisfecho con el fallo de la Quinta Sala Penal del Tribunal, sobre todo porque ello servirá para que las autoridades investiguen “como deben” los casos como el de su hija Lesvy.

Para el papá de la joven, esto es “un primer paso para el acceso a la justicia y un logro”, pues desde que Lesvy fue encontrada ahorcada con un cable de una cabina telefónica, la familia ha tenido que enfrentar a un sistema de justicia empeñado en señalarla como responsable de su propia muerte.

Para la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Luz Estrada, el fallo demostró que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, no investiga con la debida diligencia los casos de violencia contra las mujeres, no acredita el delito, ni tampoco sanciona a los responsables, por lo que la resolución del Tribunal es un llamado a que sí lo haga,

Ayer la Quinta Sala Penal del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México (TSJDF) respondió al recurso de apelación que la familia de Lesvy interpuso en julio y obligó al juez de control a cargo del caso, Cristian Ricardo Franco Reyes, a cambiar la vinculación a proceso del inculpado Jorge Luis González Hernández (pareja de Lesvy) de homicidio simple a feminicidio agravado y a continuar la investigación bajo la línea de feminicidio.

Luz Estrada reconoció que al aceptar la reclasificación la magistrada Celia Marín Sasaki y el magistrado  Arturo Eduardo García Salcedo mostraron la obligación que tienen los jueces de cumplir los instrumentos nacionales e internacionales que los obligan interpretar las pruebas desde la perspectiva de género.

Si bien es un paso para la justicia, tanto el papá de Lesvy como Luz Estrada coincidieron en que es muy lamentable que las familias cuyas hijas son asesinadas tengan que recurrir a la presión social y mediática para que las autoridades capitalinas investiguen correctamente los casos.

“Es alarmante porque corregir la investigación del feminicidio de Lesvy ha sido una lucha constante, pese a que las autoridades tienen la presión social de cientos de personas atentas a su actuación, imagina qué pasa con los casos que no son públicos”, externó Luz Estrada, quien agregó que precisamente por eso se solicitó implementar la Alerta de Violencia de  Género para la Ciudad de México que el OCNF y otras organizaciones solicitaron el mes pasado.

Luz Estrada precisó que ahora, la Procuraduría capitalina deberá realizar otras diligencias como un peritaje sociocultural que describa la violencia de la que Lesvy fue víctima por su pareja durante la relación y que se suma a las agresiones que Jorge González le causó antes del asesinato. “Antes sólo entregaron dictámenes que robustecieron  su hipótesis del suicidio, ya no pueden hacerlo, dijo.

Lo anterior, toda vez que sostuvo, la Procuraduría demostró su falta de debida diligencia la cual quedó evidenciada con peritajes independientes.

Estrada llamó a que antes que la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo deje el cargo, emita una recomendación por las violaciones de la PGJDF a los Derechos Humanos de la familia de Lesvy.

En tanto, el papá de Lesvy aseguró que si el juez Franco Reyes aún decide inculpar a la pareja de su hija por homicidio, llevarán el caso “a todas las instancias posibles”, como la Suprema Corte de Justicia, tal como lo hizo la mamá de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en el Estado de México, Irinea Buendía, y que resultó, en 2015, en el “Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio” que las autoridades deben cumplir.

Agregó que la madre de Lesvy, Araceli Osorio Martínez, y él, se han sentido cobijados por las personas y organizaciones que se han sumado a su lucha. “Todas esas personas nos dan fuerza y el valor para seguir exigiendo justicia”, concluyó.

17/MMAE/LGL

Debido a que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, su gabinete, así como los Poderes Legislativo y Judicial en Veracruz incumplieron con las recomendaciones emitidas por la secretaría de Gobernación para erradicar la violencia de género, “es inminente” que la entidad será el primer estado con dos Alertas de Violencia de Género, señalaron las integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) integrado por 40 organizaciones en 20 estados del país y el Frente Veracruzano por la Vida.

La coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada Mendoza citó que cuentan con grabaciones con fecha del 17 de junio del presente año, en las que el gobernador Yunes Linares se comprometió públicamente en erradicar la violencia ante el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pero incumplió.

“Tenemos grabaciones de Yunes en la reunión que tuvo con Gobernación diciendo que iba a trabajar en las recomendaciones y no hizo nada para meter una iniciativa, la que él quisiera, la que fuera, pero por lo menos cercana a lo que pidió el grupo de trabajo para erradicar la violencia” señaló.

Al gobernador Yunes Linares y los 50 diputados y diputadas locales, las integrantes de la OCNF pidieron implementen ya las recomendaciones que les dio la Segob en el caso de la primera Alerta de Violencia de Género sobre Agravio Comparado la cual evidencia el "grave problema de violaciones" a los derechos reproductivos de las mujeres, tanto en el marco normativo -por su carácter discriminatorio- como en las políticas públicas que no garantizan el acceso a los servicios seguros de interrupción legal del embarazo, lo que pone en riesgo sus vidas.

Recordaron que el informe del grupo de trabajo de la Comision Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) refiere que del año 2009 al 2013 se registraron 53 mil 360 nacimientos de madres menores a los 18 años de edad.

“Es un problema porque menores de edad salen embarazadas pero lo grave es que casi 12 mil mujeres son menores de 14 años, de entre 10 y 14 años, que en su mayoría son víctimas de violación y están obligándolas a embarazos forzados” refirió.

Las integrantes de la OCFN refirieron que el Código Penal permite la Interrupción Legal del Embarazo por violación  sexual sin embargo la política pública en clínicas de salud no les da el acceso a realizarlo por “cuestiones legales”.

Pero además, informaron, los médicos de hospitales públicos les niegan el acceso al aborto a las niñas víctimas de violencia sexual porque el  “marco legal les genera incertidumbre y por eso niegan dar la interrupción legal así sea por violación y es un escenario grave porque así sean niñas de 10 años embarazadas por violación no les permiten el aborto a pesar de que pueden morir o tengan problemas con el desarrollo del embarazo”.

Y ejemplificó que el gobierno federal sí atiende las solicitudes de AVG como en el del Estado de México, donde se creyó que no la iban a decretar y finalmente así fue.

“El Estado de México pensaron que no se iba a decretar la Alerta y nosotras nunca cesamos, y se han decretado y tres fueron judicializadas. Veracruz tuvo la Alerta pero es vergonzoso cómo la obtuvieron. Nos hicieron trabajar, traer elementos, sentarnos en la simulación, y eso es evidencia, porque ellos lo hicieron con dolo” finalizaron.

17/VH/LGL

Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio y sus familias en Hidalgo, a través del trabajo conjunto entre sociedad civil y autoridades gubernamentales, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la asociación Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (Seiinac) presentaron el proyecto “Acciones para el Acceso a la Justicia a Víctimas de Feminicidio”.

Ante la falta de una debida diligencia en las investigaciones de feminicidio y desaparición de mujeres en Hidalgo, con su experticia por el acompañamiento de casos que realizan, el OCNF y Seiinac buscan proporcionar asistencia técnica a personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) para revertir las deficiencias en las investigaciones y facilitar el acceso a la justicia a las víctimas, dijo en conferencia de prensa la directora de Seiinac, Diana Avilés Quezada.

De acuerdo con cifras presentadas por el abogado especialista en feminicidio del OCNF, Rodolfo Domínguez Márquez, Hidalgo, en junto con el Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Zacatecas,  Sinaloa, Oaxaca, Chiapas y Sonora, suman el registro de 2 mil 83 asesinatos de mujeres de 2005 a diciembre de 2016.

Pero únicamente un 25 por ciento de estos casos se investigaron como feminicidio, lo que deja a la mayoría en impunidad. En este sentido el proyecto busca que se cumpla con el fallo de 2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el caso Mariana Lima, asesinada en el Estado de México por su esposo, que estipula que todo asesinato violento de una mujer debe investigarse como feminicidio.

“Son casos no investigados y por lo tanto, no sancionados como feminicidios, tendencia a la justificación de la violencia, a culpar a las víctimas, reclasificación de los delitos, mayormente como

homicidios. Esto es una clara tendencia a invisibilizar la violencia en contra del sector”, declaró el abogado especialista.

El proyecto también tiene el fin de documentar de forma certera la violencia feminicida en la entidad, dar acompañamiento a casos y fortalecer el trabajo de organizaciones civiles regionales, precisó la Avilés Quezada.

Avilés, también recordó que en 2013 Seiinac solicitó la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la región de Tula y Atitalaquia por violencia feminicida, en ese momento el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres -conformado por institutos estatales de las mujeres y diez dependencias de gobierno- determinaron no activar el mecanismo.

Por lo que la directora de Seiinac señaló que hasta la fecha Hidalgo no está exento de esta violencia extrema. Desde 2013  -cuando se tipificó el feminicidio en la entidad- a lo que va de 2017 documentaron 128 asesinatos violentos de mujeres, indicó.

El año más violento fue 2015 cuando sucedieron 32 asesinatos violentos de mujeres, este año, ya suman 27. Los municipios de Pachuca de Soto, Tula de Allende, Tepeji del Río y Tizayuca, es donde se ha registrado el mayor índice de esos casos.

Por último, las organizaciones mencionaron que la PGJH tiene la disposición de participar en el proyecto y están en la etapa de organización para iniciar el proceso de capacitación del personal en perspectiva de género e investigación del feminicidio.

17/HZMLGL

La familia de Lesvy está en espera de que el Tribunal Superior de Justicia capitalino responda el recurso de apelación que interpusieron la semana pasada para reclasificar como feminicidio el delito por el que se acusa a la expareja de Lesvy y fije una fecha para la audiencia.
 
Esto aseguró en entrevista el abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organización que trabaja en el caso junto con la defensa legal de la familia de Lesvy, Rodolfo Domínguez Márquez. Y explicó que está en el proceso de “investigación formalizada”, en la cual ambas partes pueden presentar datos de prueba.

A raíz del recurso de apelación tendrán una audiencia la próxima semana en la que tres magistrados “resolverán en colegiado” el fallo del juez Cristian Franco Reyes, quien acusó el pasado 10 de junio a Jorge Luis González Hernández, pareja de Lesvy Berlín Rivera Osorio, por homicidio doloso por omisión, al no impedir el “supuesto suicidio” de la joven hallada asesinada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 3 de mayo.
 
“En la audiencia se mostrarán los datos de prueba donde los magistrados determinarán cuales serán admitidas durante la etapa oral, esta última es la parte que sigue”, explicó Rodolfo Domínguez.
 
El abogado aseguró que los diferentes peritajes realizados por la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF), como la necropsia, evidenciaron “muchas lesiones que no son compatibles con una mecánica de suicidio, al contrario, nos hablan de que hubo lucha y forcejeo, defensa y que la causa de muerte fue más bien un estrangulamiento”.
 
Además, dijo, en las uñas de Lesvy se encontró piel de Jorge y eso, sumado a las agresiones previas del trabajador de la UNAM hacia Lesvy que se observan en los videos del día del suceso,  “abonan  a la hipótesis de feminicidio”. Aun cuando el juez vio esas pruebas en la audiencia pasada “no quiso hacer la reclasificación a feminicidio, no quiso mirar los datos de prueba que hay con esa perspectiva de género, esto en un problema crónico dentro del poder judicial de la Ciudad de México”, mencionó el abogado.
 
RESPUESTA DE LA CDHDF
 
Actualmente la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) revisa la carpeta de investigación para identificar “qué elementos se cualifican como alguna probable violación a los Derechos Humanos” y así poder dar a conocer su opinión, esto informó ayer la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo a medios de comunicación al término de una conferencia.
 
Gómez Gallardo también recordó que desde finales de mayo hizo pública su preocupación por la tardanza de la PGJDF para entregar a la familia de Lesvy la carpeta de investigación completa.
 
La CDHDF, dijo Perla Gómez, envío a la instancia de justicia tres recordatorios para que les entregaran a ellos y a la familia de Lesvy la primera parte de la carpeta de investigación que contiene los primeros peritajes realizados, pero el organismo de Derechos Humanos obtuvo la misma respuesta que la PGJDF dio a la familia por más de dos meses: “nos informaron que (la primera parte de la carpeta de investigación) la tenía la Procuraduría General  de la República para efectos de uno de los dictámenes”, mencionó.
 
Los recordatorios corresponden a la queja de oficio que la CDHDF interpuso a la PGJDF en la Cuarta Visitaduría donde solicitó que la instancia de justicia informara qué tipo de peritajes realizaron y que corroborara si se estaba aplicando o no el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio en la investigación.
 
Además de la queja ante la Cuarta Visitaduría, la CDHDF inició otra de oficio en la Primera Visitaduría por la filtración de información que la PGJDF hizo en su cuenta de Twitter, con la que, dijo, estigmatizó a la víctima, se violó la presunción de inocencia y la confidencialidad de la investigación.
 
Por dicha filtración en días pasados la familia de Lesvy y su defensa legal, encabezada por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, exigieron la destitución de la titular de la fiscalía desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera, porque ahí comenzó la investigación.  También demandaron la renuncia del fiscal de Homicidios, Enrique Reyes Peña, por no investigar el asesinato de Lesvy como feminicidio y por negarles el acceso completo a la carpeta de investigación.
 
DEFICIENTES INVESTIGACIONES Y JUZGADORES
 
Rodolfo Domínguez expuso que si bien el OCNF no ha acompañado otros casos juzgados por Franco Reyes sí conocen varios en los que la Fiscalía de Homicidios, que coordina la unidad de feminicidio, reclasifica como homicidios delitos que en un  principio se investigaron como feminicidio. Con esto, aseguró, “siguen invisibilizando la violencia de género, la violencia feminicida”.
 
El abogado mencionó que el problema “está en la procuración de justicia, es decir, como la PGJDF investiga la muerte violenta de las mujeres y en cómo están resolviendo los jueces”.
 
Dijo que la PGJDF no investiga con perspectiva de género, no resguardan correctamente las pruebas ni el lugar de los hechos “todas esas acciones y omisiones tienen un impacto negativo porque impide el acceso a la justicia”. Y concluyó: “una mala investigación con un mal juzgador nos lleva a la impunidad”.
 
17/MMAE
 

Más de 80 organizaciones civiles en todo el país demandaron a la Procuraduría General de Justicia capitalina que permita a la familia de Lesvy, encontrada asesinada en mayo pasado en la UNAM, el acceso completo a la carpeta de investigación y a la Procuraduría General de la República (PGR) responder y justificar si cuenta con los originales de la primera parte de la carpeta.
 
Las organizaciones que conforman la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) suscribieron un comunicado donde solicitan a la PGR responder de “forma inmediata” si cuentan con los originales de la primera parte o con copias autenticadas de la investigación y, de ser así, que expliquen por qué las posee.
 
Además, exigieron a la PGR que responda si tiene evidencias resguardadas y en cadena de custodia y, si es el caso, que explique cuáles y qué trabajos realiza con ellas.
 
Esto porque a casi dos meses de que el cuerpo de Lesvy Berlín Rivera Osorio fue hallado en Ciudad Universitaria, la PGJDF continúa negando a la familia y defensa legal las primeras hojas de la carpeta de investigación donde están las primeras diligencias realizadas, con el argumento de que la PGR no las ha devuelto a la instancia de justicia capitalina
 
Pese a que el feminicidio, línea de investigación que la familia y el Observatorio Ciudadano del Feminicidio (OCNF) han pedido que se siga, es un delito del fuero común, la PGR tiene competencia para colaborar con la PGJDF en materia pericial y técnica cuando esta última no cuenta con peritos o tecnología necesaria.
 
Las firmantes aseguraron que “la omisión constituye una violación directa al derecho de las víctimas de acceder a la justicia” y con ello se obstaculiza su derecho de acceso de las víctimas a la justicia y a la verdad.
 
El comunicado también está firmado por las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir,  Justicia, Derechos Humanos y Género A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, quienes representan legalmente a la familia de Lesvy.
 
El Centro Vitoria ha solicitado a la PGJDF las copias y acceso a la primera parte de la carpeta de investigación en 6 comparecencias, pero al no obtener respuestas solicitaron la “expedición inmediata de copias autenticadas” de la primera hasta la hoja 324 de la carpeta CI-FCY/COY-1/UI-1 C/D/01099/05-2017, que incluye también el acceso a los videos incluidos en un disco compacto (CD).
 
Las organizaciones recalcaron la falta de “transparencia” y “lealtad” en la actuación de la Procuraduría capitalina, y reiteraron la demanda de las víctimas para que el órgano de justicia acepte la coadyuvancia institucional del OCNF y así garantizar que el caso se investigue con perspectiva de género.
 
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