Gloria Ramírez Hernández

En 2018 el Estado mexicano enfrentará al Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), organismo internacional que evaluará las políticas implementadas para enfrentar la violencia de género y garantizar los derechos políticos, electorales, sexuales y reproductivos de las mujeres.

En diciembre de 2016 el Estado mexicano presentó ante el Comité el noveno informe sobre políticas de igualdad de género y no discriminación donde respondió a las recomendaciones recibidas en 2012 y en años anteriores; dos años después de enviar ese documento los avances y retrocesos del país para erradicar la discriminación contra las mujeres serán evaluados nuevamente.

Ante esta rendición de cuentas el panorama para México no es alentador. La Cátedra UNESCO de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que junto con organizaciones del todo el país elabora un  “informe sombra” sobre las recomendaciones, calificó el cumplimiento de las recomendaciones como “insuficiente”.

REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Como muestra: En 2012, en materia de participación política de las mujeres, el Comité CEDAW recomendó al gobierno eliminar los obstáculos que impiden la participación femenina en cargos públicos, pero aun cuando en 2014 se instauró como principio constitucional la paridad -que obliga a los partidos políticos a postular 50 por ciento de mujeres en candidaturas locales y federales-, su presencia sigue siendo escasa y cuando logran incursionar en este escenario enfrentan a prejuicios relacionados con su género.

La representación femenina en cargos de elección popular municipales fue calificada por la Cátedra UNESCO como “deficiente” porque en 2016 las mujeres ocuparon 9 por ciento de las presidencias municipales, como consta en su “Informe técnico sobre la elaboración de indicadores de las recomendaciones CEDAW 2017”.

Además consideran que faltan políticas públicas para incrementar el número de mujeres en puestos de la administración pública que para representaban 38 por ciento de los puestos directivos.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, en la recomendación 33 la CEDAW pidió al Estado mexicano eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres para interrumpir un embarazos de forma legal y segura.

Sin embargo, para 2016 al menos 19 entidades aún protegían “la vida desde la concepción”, entre ellas Veracruz, Querétaro, Baja California y Chiapas, lo que criminaliza y puede llegar a poner en riesgo la vida de las mujeres que buscan ejercer la interrupción del embarazo, así lo afirmó la Cátedra UNESCO en otro  “informe sombra” parcial que publicó en marzo de 2017.

En este contexto y como producto de la exigencia social este mes se emitió por primera vez en el país una Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado en Veracruz, porque en la entidad seguín vigentes leyes que criminalizaban a las mujeres por  interrumpir embarazos no deseados.

PREVALECEN DESAPARICIONES E IMPUNIDAD

En 2012 el Comité CEDAW hizo especial énfasis en las desapariciones de mujeres y niñas por la relación porque son delitos que podría tener relación con otros ilícitos pero el gobierno mexicano no atendió este aspecto pues a pesar de que una da las recomendaciones fue mantener registros certeros que permitieran dimensionar la magnitud del problema, mismos que no se realizaron.

Destaca el caso de Nuevo León, entidad donde las académicas de la UNAM que dan seguimiento a la CEDAW, revisaron solicitudes de información y encontraron que las autoridades no registran cuántas mujeres desaparecidas son localizadas, esto a pesar de que el organismo instrumento intencional ha señalado de preocupante el alto número de desapariciones de mujeres en el estado, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) fueron 677 de 2000 a 2017.

La exigencia de una base de datos actualizada sobre desapariciones de mujeres también la hicieron organizaciones civiles y familiares de las víctimas en noviembre pasado cuando Data Cívica denunció que el RNPED, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) no contabiliza ni actualiza los nombres de las personas desaparecidas.

La falta de registros resulta preocupante en un contexto donde, de acuerdo a la Segob, durante los últimos 11 años 8 mil 456 mujeres desaparecieron en México, Más de la mitad fueron niñas, adolescentes y jóvenes menores de 21 años.

La CEDAW también recomendó hacer eficiente la implementación de la AVG, mecanismo de emergencia vigente en 11 entidades del país para enfrentar y erradicar la violencia de género y acelerar el procedimiento para que en caso de ser necesario se aplique en más estados, venciendo así las limitantes políticas que impiden activarla.

En la práctica en 2017 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) negó la AVG en Puebla y Tlaxcala, entidades donde se solicitó la declaratoria de Alerta por desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas relacionados con trata de personas; también rechazó la solicitud en el municipio sonorense de Cajeme y en Tabasco.

RESPUESTAS A LA VIOLENCIA

Respecto a la violencia cometida contra las mujeres el Comité CEDAW pidió al Estado mexicano responder sobre los avances y retrocesos en el caso de las mujeres Atenco, sobre tortura sexual contra 11 mujeres que mantienen una denuncia por la violencia y falta de justicia que han vivido durante once años, desde que el 3 y 4 de mayo de 2006 fueron víctimas de violación por policías municipales, estatales y federales en Atenco y Texcoco, Estado de México.

En noviembre de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que analiza el caso para dictar una posible sentencia condenatoria contra el Estado, llamó a las 11  denunciantes para escucha su testimonio. Ahora se espera que en 2018 el organismo interamericano emita una resolución sobre el caso y sobre la posible reparación del daño.

Otro ámbito que la CEDAW abordó en 2012 y en el que México resultará rezagado fue la erradicación de la violencia en el ámbito educativo ya que, de acuerdo al análisis de la Cátedra UNESCO, sólo18.75 por ciento de las entidades federativas del país cuentan con un protocolo para la detección y denuncia de esta violencia.

El gobierno mexicano se ha caracterizado por dejar en segundo plano el cumplimento de la CEDAW, lo que se ve reflejado en el retraso con el que informa sobre el cumplimento de las recomendaciones. Hace 10 años que entrega informes al Comité evaluador con retrasos de hasta cuatro años. Por ejemplo, la séptima evaluación la debió presentar en 2006 pero la envió hasta 2010 junto con el octavo informe.

Además, denunció en entrevista con Cimacnoticas la coordinadora de la Cátedra UNESCO, Gloria Ramírez Hernández, el gobierno mexicano no tiene mecanismos ni políticas públicas de seguimiento a las recomendaciones recibidas por la CEDAW pues se interesa en ellas “exclusivamente cuando tiene que entregar informes y sólo para cumplir con el compromiso internacional”.

Desde que México suscribió esta convención, en 1981, y hasta la fecha, el Comité ha emitido 132 recomendaciones al Estado mexicano, quien cada cuatro años tiene la obligación de comunicar qué acciones realiza para subsanar las observaciones.

17/MMAE

Las expertas en violencia de género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que acompañarán la investigación del caso de Lesvy Berlín Osorio Martínez, hallada sin vida en Ciudad Universitaria (CU) el pasado 3 de mayo, trabajarán para asegurar una investigación con perspectiva de género y la próxima semana definirán el plan a seguir.  
 
En entrevista con Cimacnoticias, la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas e integrante del grupo de expertas, Alicia Elena Pérez Duarte, afirmó que la garantía de justicia para Lesvy depende de una investigación realizada con perspectiva de género y de que tengan acceso al expediente del caso. Así, si las instancias encargadas del caso no tienen esa perspectiva, las académicas se “pondrán a disposición de ellas. Y, si necesita dar un giro, que sea uno con perspectiva de género”.
 
Con ello, señaló, las expertas podrían orientar a la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) “en el análisis del contexto en el que se dio el asesinato de Lesvy para encontrar a la o las personas responsables”.
 
En próximos días se reunirán autoridades de la Rectoría de la UNAM, de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la PGJDF para definir las tareas del grupo.
 
Como abogada, quien fue la primera titular de la ahora Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la República (PGR), espera poder ver el cuaderno de investigación porque “si no podemos tener acceso a él, la verdad es que no tenemos nada que hacer, yo por lo menos no veo cómo puedo ayudar”, señaló.
 
Por su parte la presidenta de la comisión de Equidad de Género  del  Consejo Universitario, Leticia Cano Soriano y la coordinadora en México de la Cátedra UNESCO en Derechos Humanos de la UNAM, Gloria Ramírez Hernández, ambas integrantes del grupo de expertas, calificaron el acuerdo como un paso importante.
 
“Significa la apertura de canales para que los estudios que como académicas realizamos sumen con las autoridades, con funcionarios públicos y con la Secretaría de Gobierno”, comentó Ramírez Hernández.
 
Además, dijo, la decisión “es una gran sinergia” y “demuestra la disposición de la UNAM porque estos actos no se repitan”.
 
OPORTUNIDAD PARA APORTAR RESPUESTAS
 
Gloria Ramírez, galardonada este año por el Senado con el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” por su labor en pro de los Derechos de las mujeres, recalcó que “lo que sucede a nivel de la Universidad es reflejo de lo que pasa en el país. Lamentablemente el caso de Lesvy no es el único que he conocido en la UNAM, ha habido otros casos y muchos han quedado en la impunidad porque la justicia corresponde a otro ámbito distinto a UNAM, pero a la Universidad si le corresponde atender y prevenirlos”.
 
Dijo que desde hace años las académicas de distintas áreas han elaborado estudios que identifican los distintos tipos de violencia que viven las mujeres de la comunidad universitaria, por lo que integrar el grupo de expertas representa la oportunidad de que estos se tomen en cuenta para aportar respuestas o alternativas al que calificó como “un grave problema multidimensional”.
 
La directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Leticia Cano, dijo que este trabajo en conjunto entre instancias del gobierno y la Universidad sí podría significar un precedente para futuras investigaciones. “Los tomadores y tomadoras de decisión tienen que acercarse a la academia, a quienes dedican buena parte de su vida a la investigación, a los estudios, a los diagnósticos, a generar metodologías, a quienes se han ocupado por generar no solo conceptos para interpretar problemas sociales, sino para intervenir en ellos”.
 
ACADEMIA, DISPUESTA A SUMAR
 
Cano Soriano comentó que si bien crear grupos de expertas en todos los casos de violencia de género denunciados por mujeres en la Ciudad probablemente rebasaría la capacidad de la UNAM, “ojalá no tuviéramos que integrar grupos de expertas para atender estos casos o acompañar procesos”, dijo. La académica recalcó que en el caso de Lesvy la participación del grupo de expertas da el mensaje de que “como en muchos otros problemas sociales, la UNAM está dispuesta a sumar para que estos mejoren”.
 
Alicia Pérez externó “me preocupa que tengamos que generar un grupo de expertas con cada feminicidio efectuado en la Ciudad, debería ser la PGJDF quien tuviera sus propios recursos, pero por lo visto no los tiene”.
 
CAPACITACIÓN EN PGJ, SIN RESULTADOS
 
Tras el hallazgo sin vida de Lesvy Berlín estudiantes y académicas exigieron a través de una marcha en CU y diversos pronunciamientos a autoridades de la UNAM y de la Ciudad de México que el caso se investigue como feminicidio y que se les garantice de una vida libre de violencia, tanto en las calles como en la instancia educativa.
 
Las denunciantes exigieron también que las autoridades no estigmaticen a Lesvy, esto tras lo publicado por la PGJDF en su cuenta oficial de Twitter, en donde expusieron datos personales de la víctima, calificados en redes como intrascendentes para la investigación y por los que días después la directora de comunicación social de la instancia, Elena Cárdenas Rodríguez, renunció.
 
El gobierno de Miguel Ángel Mancera ha promovido programas para que funcionarios públicos ejerzan considerando la perspectiva de género y sin revictimizar a quienes denuncian ser víctimas de violencia, tal como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que se imparten regularmente capacitaciones en este ámbito.
 
Al respecto, Pérez Duarte comentó que esas medidas no han tenido los resultados esperados: “Eso se refleja en que quienes están directamente a cargo de una investigación o no los han tomado, o no han sido capacitados adecuadamente o los cursos solo se dan porque lo que importa es el número de cursos que demos y el número de personas que digamos que están capacitadas y no la profundidad de la misma”.
 
En ello coincidió Leticia Cano, quien señaló que desde la academia ellas pueden aportar en la formación de las y los jóvenes en los temas de perspectiva de género. “Como investigadora puedo hablar una formación profesional que incluya estos temas”.
 
10 MEDIDAS EN LA UNAM
 
Ante las denuncias de estudiantes,  la UNAM informó ayer en un comunicado que implementaría 10 medidas para reforzar la seguridad interna, estas son:
1.      Que elementos de seguridad pública vigilen permanentemente las inmediaciones y accesos.  
2. Extender y reforzar la iluminación en distintas zonas.
3. Instalar más cámaras de seguridad en espacios identificados como vulnerables.
4. Instalar nuevas bases de vigilancia. 5. Ubicar botones de emergencia en puntos  determinados por las Comisiones Locales de Seguridad. 6. Reforzar controles de seguridad en accesos y salidas. 
7. Controlar el ingreso a taxis sin pasaje. 8. Mejorar la seguridad en el transporte dentro de los campus. 9. Incrementar la vigilancia  y  el  patrullaje  por  las  noches  en 
instalaciones universitarias.
10. Continuar el  combate a la venta  de  droga  dentro de las instalaciones.
 
17/MMAE/GG

Al recibir ayer el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto 2017”, que otorga el Senado de la República, la doctora Gloria Ramírez Hernández pidió al Gobierno federal que trabaje en conjunto con las organizaciones civiles y con la academia para “establecer una estrategia y avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres”.
 
La coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien da seguimiento a las acciones del Estado Mexicano para cumplir sus compromisos ante la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW, por sus siglas en inglés), solicitó también al Estado mexicano cumplir con las convenciones internacionales a las que está adscrito y mejorar las condiciones laborales de las mujeres.
 
Mencionó también que, aunque se han obtenido logros importantes como la paridad, garantizada por la Constitución mexicana desde 2014, el Gobierno aún debe poner fin a la violencia política hacia las mujeres.
 
Sobre el premio, que se le entregó por su trabajo en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, dijo que le enorgullece, ya que se reconoce “el trabajo del feminismo académico que suma esfuerzos, que sale del cubículo con las mujeres y las organizaciones para entender y superar los obstáculos de la igualdad”.
 
La actual dirigente de la Asociación Internacional de Educadores por la Paz (AIEP), con sede en París, Francia, felicitó a sus colegas académicas porque dijo, “este logro no hubiera sido posibles sin sinergias”. También señaló la importancia de “reivindicar el feminismo desde la academia, desde los espacios públicos y las instituciones gubernamentales”.
 
Presente en la ceremonia de entrega -en donde estuvo también presente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio—la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Diva Hadamira Gastélum Bajo, aseguró que el Senado seguirá trabajando por tipificar la violencia política por razones de género, un tema que el Congreso ha detenido desde hace cuatro años.
 
“No podemos ignorar el avance alcanzado ni todo lo que falta. Vamos a trabajar por dignificar la vida de las mujeres”, comentó la senadora.
 
La académica galardonada, quien es pionera en el diseño e impulso de observatorios ciudadanos sobre los derechos de las mujeres, pidió replicar los logros obtenidos por distintas instancias como la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas y a dotarla de recursos para responder y atender muchos casos más de mujeres que no pertenecen a las comunidades indígenas”.
 
El reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” se otorga desde 2014 a mexicanas destacadas por su labor en pro de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, dentro de distintos ámbitos. Gloria Ramírez es la cuarta mujer en obtenerlo. Antes fueron galardonadas la antropóloga feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, en 2014; la embajadora Carmen Moreno Toscano, en 2015; y Rosario Marín, la primera mexicana tesorera de Estados Unidos, en 2016.
 
17/MMAE/GG
 

La académica, investigadora y defensora de los derechos humanos, Gloria Ramírez Hernández, recibirá del Senado de la República el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” por su trabajo en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, la Comisión para la Igualdad de Género reconocerá a la doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de París I, Francia  por vincular su trabajo en instituciones académicas con la defensa y promoción de los derechos de las mujeres al colaborar con la sociedad civil, los movimientos feministas y el Estado.

Gloria Ramírez coordina  desde 1996 la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres inició desde que era estudiante.

A finales de la década de 1970, durante sus estudios de posgrado, se unió al movimiento de mujeres latinoamericanas en París, Francia, donde se pronunció a favor de la lucha política por la democracia y la interrupción legal del embarazo.

A través de su trabajo como docente e investigadora, comparte y aplica sus conocimientos teóricos sobre la inclusión de la perspectiva de género, derechos políticos, violencia hacia las mujeres y feminicidio, con organizaciones civiles y organismos públicos.

Muestra de ello es que fue presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) y actualmente dirige la Asociación Internacional de Educadores por la Paz (AIEP), con sede en París, Francia.

Asesora en temas de derechos de las mujeres y educación en derechos humanos a organizaciones nacionales e internacionales. Como académica ha sido integrante del grupo asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres México y del Consejo Ciudadano del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México.

También ha trabajado con la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la coordinación del Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos (2010-2012)

PREMIOS Y OBSERVATORIOS

Entre sus reconocimientos se encuentran el Premio UNESCO de Derechos Humanos (1996), el Premio Universidad Nacional (2012) en docencia en Ciencias Sociales y, en 2013, la Comisión de

Derechos Humanos del Distrito Federal le otorgó la medalla “Hermila Galindo”.

Ramírez Hernández fue de las primeras personas en realizar observatorios ciudadanos para investigar el cumplimiento del Gobierno mexicano de los compromisos internacionales que asume, principalmente ante la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) a nivel nacional, en Sinaloa y en Ciudad Juárez.

Desde 2006, la investigadora Ramírez Hernández da seguimiento a las recomendaciones que el Comité CEDAW hizo para Ciudad Juárez. Y, ese sentido, presentó ante dicho Comité, en julio de ese año y con la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, un informe sombra elaborado por la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU), que ella coordinó, sobre el cumplimiento de las recomendaciones

Varias organizaciones del país lograron que en ese informe sombra  se incluyera una sugerencia al gobierno para atender la violencia de género en todos los niveles educativos y se retomaran las propuestas sobre los derechos políticos y electorales de las mujeres.

Los proyectos y acciones de Ramírez Hernández, traducidos en el diseño de  metodologías, materiales y propuestas educativas, han estado enfocados en incidir en la creación de políticas públicas que incluyan la perspectiva de género.

El 9 de marzo, en el Senado de la República, Gloria Ramírez Hernández recibirá el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” otorgado a mexicanas destacadas por su labor en el ámbito social, cultural, político y económico en pro de los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

Las candidatas a recibir el reconocimiento son propuestas cada año por los organismos públicos que promueven y defienden los derechos de las mujeres y la igualdad de género, también por la Cámara de Diputados y organizaciones de la sociedad civil.

Gloria Ramírez Hernández será la cuarta mujer galardonada, pues ya se reconoció a la antropóloga feminista Marcela Lagarde y de Los Ríos en 2014, a la embajadora Carmen Moreno Toscano en 2015 y, en 2016 a Rosario Marín, la primera mexicana tesorera de Estados Unidos.

17/MMAE/GG