Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

La simulación e inacción del gobierno de Veracruz por salvaguardar la vida de las mujeres y niñas de la entidad llevaría al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) a presentar la tercera solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG), en esta ocasión, por las desapariciones de mujeres y niñas.

Veracruz es el único estado del país donde la Secretaría de Gobernación (Segob) ha decretado dos Alertas de Violencia de Género, una emitida en noviembre de 2016 por los casos de feminicidio ocurridos en 11 municipios y otra fue decretada en diciembre de 2017 por agravio comparado, es decir, por las leyes que restringen a las veracruzanas el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos.

El OCNF ha acusado que el gobierno veracruzano, encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares, mantiene una actitud pasiva y se ha negado para cumplir con las Alertas de Género pero en las próximas semanas la organización buscará tramitar la tercera solicitud de AVG ante la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), ahora por la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas.

El asesor jurídico del Observatorio del Feminicidio, Rodolfo Domínguez Márquez, explicó a Cimacnoticias que la decisión de impulsar una tercera AVG es porque ninguna de las anteriores declaratorias contiene recomendaciones de política pública enfocada en desapariciones de mujeres y niñas que cada vez es más latente.  

El OCNF ha documentado que previo al asesinato de una mujer se ha denunciado su desaparición, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz de 2008 a 2017 se reportaron 3 mil 159 mujeres desaparecidas, de las cuales en 899 casos continúan sin conocer su paradero y 58 fueron localizadas sin vida.

La segunda razón, señaló el abogado Rodolfo Domínguez, es que con esta tercera solicitud de AVG buscarán visibilizar el “foco rojo” de violencia en que se ha convertido Veracruz para las mujeres y ejercer presión con las autoridades gubernamentales para que dejen de simular y actúen de forma contundente a favor de los derechos de la población femenina.

¿Y LAS OTRAS ALERTAS?

Para asegurar que no se repita la inacción del gobierno veracruzano y que si se cumplan las recomendaciones que se desprenden de las Alertas, el asesor jurídico y especialista en violencia de género recordó que la semana pasada el OCNF instaló un “Mecanismo Ciudadano de Vigilancia” con la asesoría de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras organizaciones de la sociedad civil.  

Este observatorio se creó debido a que el estado no ha cumplido con obligaciones como la creación de la Unidad de Contexto para la investigación de casos de feminicidio, homicidios dolosos de mujeres, violencia sexual y desapariciones de mujeres; ni ha actualizado el Protocolo de Investigación de feminicidio a los estándar de la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) quien sentenció investigar todo asesinato violento de una mujer como feminicidio.

Tampoco el gobierno ha planteado nuevamente la reforma a los artículos 148, 150 y 154 del Código Penal local con el objetivo de despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, una de las razones por las cuales la Segob determinó declarar la AVG de agravio comparado, pues en septiembre del año pasado el Congreso estatal echó para atrás un proyecto de ley que buscó terminar con la criminalización de las mujeres que interrumpen un embarazo en el estado. 

Asimismo mencionó que de cara a la evaluación del Estado mexicano ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) las organizaciones civiles entregarán un “informe sombra” a las expertas de Naciones Unidas, en el que destacarán al estado de Veracruz como uno de los más violetos para las mujeres y un ejemplo de los obstáculos que enfrentan para la garantía de sus derechos. 

Cabe mencionar que desde 2012 el Comité de CEDAW, en la recomendación 17 de sus observaciones finales sobre las políticas implementadas en el país, alertó que se debía poner atención a Veracruz y actuar ante el número, cada vez mayor, de desapariciones de mujeres y asesinatos, y de la prevalencia de la violencia sexual, y la vulnerabilidad de las veracruzanas, en particular en las regiones donde se despliega el ejército.

En lo que van del año el Observatorio Ciudadano ha documentado 68 asesinatos de mujeres; el municipio de Coatzacoalcos concentra el mayor número con 12 por ciento (8 asesinatos) del total de casos. La organización denunció que la violencia contra las veracruzanas se agudizó, como lo demostró el asesinato de una joven de 22 años de edad en el municipio de Alvarado, a quien le fue extraído de su vientre el producto de 9 meses de gestación.

18/HZM

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) alertó que el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) de indagar las muertes violentas de mujeres como feminicidio sólo cuando se presuma una intención dolosa, limita el acceso a la justicia de las víctimas al no contemplar los casos que se encubren como suicidios o accidentes.

El pasado 6 de febrero de este año entraron en vigor y fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos aprobados por la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria del CNSP, en una reunión celebrada el 21 de diciembre de 2017.

Entre estos se encuentra el Acuerdo 04/XLIII/27 cuyo apartado establece que “la Procuraduría General de la República (PGR) y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las 32 entidades federativas inicien la investigación de toda muerte violenta de mujeres de carácter doloso bajo los protocolos de feminicidio”.

Sobre esta disposición el Observatorio Ciudadano del Feminicidio objetó en un comunicado que ven con preocupación reducir la investigación de casos de feminicidio sólo ante la presunción de “homicidios dolosos” (es decir, aquellos en los que el victimario busca intencionalmente la muerte de la mujer), pues un feminicidio puede encubriese detrás de una muerte aparentemente accidental o un supuesto suicidio, como lo han documentado.

La organización agregó que el acuerdo del Consejo Nacional se ve limitado por lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) en la sentencia 554/2013, está indica que absolutamente “todas las mujeres violentas de mujeres deben ser investigados como feminicidio con perspectiva de género”.

Esta histórica sentencia se derivó del feminicidio de Mariana Lima Buendía, cuyo caso fue ejemplar sobre la necesidad de implementar protocolos especializados y agotar todas las hipótesis de investigación en las muertes de mujeres por la complejidad que pueden presentar, ya que el feminicidio de la joven de 28 años de edad se hizo pasar como un suicidio.

Mariana Lima fue asesinada en 2010 por su esposo en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, pero el caso fue indagado en un inicio como suicidio debido a que el feminicida, Julio César Hernández Ballinas, acomodó de esta manera la escena del crimen y denunció el aparente suicidio de su esposa ante el Ministerio Público local.

El conocimiento de la violencia previa que ejerció el asesino sobre Mariana Lima permitió a la madre de la víctima, Irinea Buendía, descartar el suicidio y aseguró que su hija fue ultimada por su pareja.

El caso llegó hasta la SCJN quien en marzo de 2015 ordenó a la Procuraduría mexiquense volver a investigarlo como feminicidio. En suma, para la no repetición de este hecho estableció una serie de estándares que deben realizar los Ministerios Públicos al momento de investigar la muerte violenta de una mujer y determinar la verdad de lo ocurrido.  

La organización civil recordó que estos lineamientos de la Suprema Corte incluyen recolectar y salvaguardar la evidencia, la realización de pruebas forenses, el recaudo de los testimonios, reconocer si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia y analizar estas pruebas bajo la perspectiva de género teniendo en cuenta el contexto generalizado de violencia que viven las mujeres.

Ante este caso de feminicidio y otros conocidos por el OCNF como aparentes suicidios o accidentes, el OCNF alertó que el acuerdo Consejo de Seguridad de aplicar el protocolo de feminicidio únicamente en casos que se presuma una intensión dolosa, limita aún más el acceso a la justicia para las víctimas.

También ONU Mujeres en su reciente informe sobre feminicidio en México, insistió que el suicidio de una mujer es otra forma de muerte violenta por lo que requiere ser investigada mediante los protocolos de investigación del feminicidio, hasta descartar que esa muerte fue autoinfligida o que en realidad se trata de un asesinato.

De acuerdo con las cifras que presentó la organización internacional los niveles de la tasa de suicidios de mujeres en México han ido a la alza y de hecho entre 2014 y 2015  superaron la tasa de presuntos homicidios de mujeres; según las estadísticas de defunciones de la Secretaría de Salud en 2015 hubo una tasa de 2.0 muertes de mujeres con presunción de homicidio por cada 100 mil mujeres, la tasa de presuntos suicidios se colocó en 3.8.

De lo anterior ONU Mujeres analizó: “La tendencia a la alza del suicidio genera una serie de interrogantes acerca de sus causas, pero también pone en evidencia la necesidad de diseñar políticas y programas que atienda la salud mental de las mujeres. Es también la muerta de la existencia de un contexto generador de violencia feminicida”.

Además, de acuerdo con cifras del OCNF de los registros en 17 estados del país, ocurrieron 914 asesinatos de mujeres de enero a junio de 2017, pero solamente 49 por ciento fue investigado como feminicidio.

18/HZM

Si bien el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha documentado que la mayoría de las víctimas de feminicidio tenían entre 20 y 39 años de edad, en los últimos años la violencia contra las niñas y adolescentes se ha recrudecido, aseguró la coordinadora de la organización, María de la Luz Estrada.

En el artículo escrito por Luz Estrada, “Violencia feminicida contra niñas y adolescentes en México”, refiere que el año pasado fue muestra de cómo los casos de feminicidio contra menores de edad, además de no ser investigados de la manera adecuada, tampoco son visibilizados y mucho menos sancionados.

La coordinadora del OCNF ejemplifica con casos de asesinatos de niñas y adolescentes ocurridos en 2017, la brutal violencia que enfrentan estas víctimas y los obstáculos que enfrentan para acceder a la justicia.

Uno de ellos es el feminicidio de Valeria Teresa Gutiérrez Ortíz, ocurrido en Nezahualcóyotl, Estado de México. Valeria tenía 11 años de edad cuando desapareció el 8 de junio de 2017  tras abordar una unidad de transporte público donde la dejó su padre, un día después, encontraron su cuerpo sin vida.

La familia de Valeria reportó inmediatamente la desaparición pero las autoridades mexiquense se negaron a emitir una Alerta Amber. Tuvieron que organizar una movilización con los habitantes de Nezahualcóyotl para que la Fiscalía identificará al chofer de la unidad, José Octavio Sánchez, como el probable responsable de la violación sexual y el asesinato de la niña.

Este fue capturado y días posteriores la Fiscalía de Justicia mexiquense informó que el feminicida se había ahorcado con un lazo dentro del penal en el que permanecía, dando carpetazo a la investigación, el caso nunca fue esclarecido a profundidad, recordó Luz Estrada.

Otro feminicidio que muestra la violencia contra adolescentes, fue el de Fátima Altamirano de apenas 15 años de edad. Según la información que proporcionó la defensora, el 8 de septiembre Fátima fue privada de la libertad en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. En horas su cuerpo fue encontrado en el municipio de la Paz, Estado de México.

PREVENIR EL FEMINICIDIO DE MENORES DE EDAD

Estos casos de feminicidio mantienen en común la privación de la libertad de las niñas y adolescentes previo a su asesinato, por ello Luz Estrada subrayó la necesidad de reforzar y aplicar los protocolos de búsqueda especializada en las primeras 24 horas (conocidos como Protocolo Alba y Alerta Amber), en adecuada coordinación con autoridades estatales y municipales porque la desaparición de niñas y adolescentes podría estar vinculada con delitos como la pornografía infantil y la trata de personas, añadió la especialista.

“Es necesario construir políticas y protocolos efectivos de búsqueda para que las procuradurías y fiscalías estatales actúen de manera pronta y efectiva; que éstas también cuenten con información sistematizada y desagregada, con perspectiva de género e interés superior de la infancia, sobre el número de denuncias por desaparición de adolescentes y niñas, así como en información sistematizada y desagregada sobre su localización, número de alertas Amber solicitadas”, detalló Luz Estrada.

La especialista hizo un llamado a poner especial atención en la prevalencia de violencia contra las niñas y adolescentes del país, pues existen estados que generan extrema preocupación. Tal es el caso de Tlaxcala, señala que según datos la Red Retoño ocurrieron 35 desapariciones de mujeres, principalmente entre 14 y 16 años de edad, de 2016 a agosto de 2017.

FEMINICIDIO EN 2017

Entre otros datos, el artículo de Luz Estrada publicado en diciembre pasado en la revista mensual de Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dedicada a los derechos de la infancia, señala que el OCNF registró 914 asesinatos de mujeres en 17 estados hasta junio de 2017.

Éstos son el Estado de México, Ciudad de México, Morelos , Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sinaloa, Campeche, Hidalgo, Chiapas, Quintana Roo y Colima, pero únicamente 49 por ciento es investigado como feminicidio, precisó.

El OCNF encontró que la mayoría de estas mujeres asesinadas tenían entre 20 y 39 años de edad.

En cuento a las mujeres desaparecidas los datos del OCNF revelan que entre enero de 2014 a junio de 2016 ocurrieron 10 mil 157 casos en Tlaxcala, San Luis Potosí, Sonora, Oaxaca, Jalisco, Quintana Roo, Veracruz, Estado de México, Campeche, Morelos, Nuevo León y Guanajuato. 

17/HZM/LGL

La audiencia en la que se presentarían las pruebas contra tres de los acusados por el feminicidio de la yucateca Emma Gabriela Molina Canto, incluido su ex esposo Alberto Medina Sonda a quien se le acusa como autor material, se pospuso porque los inculpados entregaron peritajes en los que alegan sufrir afectaciones psicológicas que les impidieron ser conscientes del crimen que cometieron y en el caso de Medina Sonda, ser incapaz de ordenar el crimen.

El 20 de diciembre se cumplió el plazo para presentar pruebas en el Centro de Justicia Oral de Mérida, Yucatán (CJOM), estado en el que Emma Gabriela fue asesinada frente a su casa el pasado 27 de marzo, pero el abogado de los presuntos asesinos (Óscar Miguel López Tobilla y Jonathan Mézquita Ávalos) investigados por cometer el crimen, entregó ante el juez de control un peritaje donde expuso que la investigación en contra de sus defendidos, no puede continuar porque, por problemas psicológicos “no tenían consciencia del asesinato y que estos daños aumentaron cuando fueron agredidos por policías durante su detención”.

Los abogados de Medina Sonda, quien se encuentra en reclusión en un penal de Tabasco por el uso de recursos de procedencia ilícita y acusado de ordenar el feminicidio de Emma Gabriela desde ahí, entregaron un peritaje para comprobar que él no tenía motivaciones ni la capacidad para hacerlo.

Esto informaron en entrevistas individuales con esta agencia la mamá de Emma Gabriela y también defensora de los Derechos Humanos, Ligia Canto Lugo, y la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán (OCNF-Yucatán) que acompaña el caso, Adelaida Salas Salazar.

La defensa legal de la familia de Emma Gabriela solicitó al juez a cargo de la audiencia reprogramar la sesión para que otra perita de la Fiscalía estatal realice de nuevo el peritaje psicológico de López Tobilla y Mézquita Ávalos.

Ligia Canto, dijo tener confianza en que las pruebas que ha recabado sobre la serie de agresiones que Medina Sonda cometió contra Emma Gabriela desde 2012 y que lo señalan como el principal responsable del feminicidio, sean suficientes.

Ligia Canto reiteró su exigencia porque las relaciones políticas de Medina Sonda no impidan el acceso a la justicia de Emma Gabriela y su familia, porque desde 2012, cuando su hija se divorció y buscó la custodia de sus dos hijas e hijo, ambas se enfrentaron a campañas de difamación, agresiones e incluso fueron encarceladas por delitos que no cometieron, defensoras de los Derechos Humanos atribuyeron las detenciones a Medina Sonda.

Adelaida Salas llamó a las autoridades judiciales yucatecas a sancionar a Medina Sonda con la pena máxima de feminicidio -que es de 50 años de prisión-.

“Me preocupa porque detrás de la condena a Medina Sonda está el futuro de mis nietos”, mencionó Ligia Canto, quien recordó que la sentencia contra él y César Rogelio Reyes Barrueta y Juan Ramón Moreno -las otras dos personas involucradas en el crimen como coautores y para quienes la investigación continúa- es importante para garantizar el acceso a la justicia y la seguridad para los hijos de Emma Gabriela.

17/MMAE/LGL

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos Humanos de las Mujeres, solicitaron a la Comisión Especial de Alerta de Violencia de Género (AVG) del Congreso Federal, llamar a comparecer a los cuatro diputados del congreso estatal que rechazaron la reforma para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Despenalizar el aborto del Código Penal de Veracruz fue una de las recomendaciones que dictó el Grupo de Trabajo por la solicitud de AVG por Agravio Comparado que hizo la asociación civil Equifonía en abril de 2016, ante las leyes que restringen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Sin embargo los diputados del congreso veracruzano, Gregorio Murillo Uscangan, Bigen Rementería Molina, Carlos Antonio Morales Guevara y la diputada Teresita Zuccolotto Feito, firmaron el pasado 22 de septiembre en negativo el dictamen de esta iniciativa y argumentaron que era un acto “inconstitucional” porque el Artículo 4o de la constitución veracruzana “protege la vida desde el momento de la concepción”.

Finalmente seis días después en una sesión extraordinaria el pleno discutió la reforma y terminó desechándola con 24 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.

Por ello en un comunicado de prensa el OCNF y el Frente Veracruzano –conformado para seguir el proceso del mecanismo- exigieron al Congreso Federal la comparecencia de estos cuatro legisladores y legisladora ante su “evasión en el proceso de la AVG por Agravio Comparado”.

De la misma manera pidieron al Congreso Federal la rendición de cuentas del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pues el Grupo de Trabajo le presentó  una propuesta de reforma sobre la despenalización del aborto pero él nunca dio una respuesta a las expertas.

En su lugar la propuesta fue presentada por la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Tanya Carola Viveros Cházaro.

Esta no es la única presión para el congreso de veracruzano por sus omisiones legislativas, por la misma razón –incumplir con la despenalización de la interrupción del embarazo- la organización peticionaria de la Alerta, Equifonía, interpuso en octubre un amparo indirecto ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial Federal.

IMPACTO DE LAS RECOMENDACIONES

Las organizaciones también demandaron a las autoridades locales explicar los alcances que tuvo la implementación de las medidas recomendadas por el Grupo de Trabajo, ya que únicamente conocen la creación de un plan de atención para las víctimas de violencia sexual.

Pidieron al gobierno que se respete la laicidad del Estado debido a la alineación de jerarcas de la Iglesia católica que han impulsado con el gobierno iniciativas como “la protección de la vida” en la Constitución local.

En tanto la expectativa está en la Secretaría de Gobernación (Segob), quien ya rebasó el tiempo con el que cuenta para decidir la procedencia de la declaratoria de AVG por Agravio Comparado.

En caso de que Segob resuelva declarar esta alerta en Veracruz, sería la segunda del estado pues cabe recordar que se cumplió un año de la vigencia de la AVG por violencia feminicida que hay en 11 de sus municipios.

17/HZM/LGL

Para cumplir “la deuda” que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) tiene con las mujeres y las personas defensoras de Derechos Humanos, la nueva presidencia encabezada por Nashieli Ramírez Hernández debe impedir que las autoridades sigan obstaculizando el acceso a la justicia, velar por los derechos de las víctimas, y trabajar en conjunto con la sociedad civil, afirmaron organizaciones.

Entrevistados por separado, la integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Ana Yeli Pérez Garroido y de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) Quetzalcóatl Fontanot, coincidieron en que durante el periodo de Perla Gómez Gallardo –de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2017– la CDHDF adquirió “una deuda” con las capitalinas y las personas defensoras, pues no se pronunció de forma enfática contra las instancias gubernamentales que en lugar de garantizarles el acceso a la justicia ejercieron violencia contra ellas, por ejemplo al revictimizarlas.

Además, afirmó Quetzalcóatl Fontanot, a diferencia de su antecesora, la nueva ombudsperson que ejercerá durante los próximos cuatro años tendrá que “ponerse de lado de las víctimas” y no de las instituciones gubernamentales, particularmente en los casos donde los agresores sean autores del Estado.

ACTUACIÓN ANTE VIOLENCIA

En los casos de violencia hacia las mujeres la abogada del OCNF, Ana Yeli Pérez Garrido, recalcó que durante los próximos años la CDHDF debe señalar cuando las instancias de procuración e impartición de justicia, como la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) incurran en violaciones a Derechos Humanos.

En la Ciudad de México la violencia institucional hacia las mujeres que buscan acceder a la justicia dijo, es “más sofisticada” que en otros estados, pues las autoridades suelen integrar las carpetas de investigación con todos los peritajes necesarios, sin embargo, se empeñan en interpretar esos elementos “para hacer parecer que la  violencia por razones de género no existe en la capital”, denunció la abogada quien recordó que por esta razón solicitaron junto con otras organizaciones la Alerta de Violencia de Género (AVG).

Por ello, expresó Pérez Garrido, la instancia se enfrentará al reto de no sólo recibir las quejas hacia violaciones de DH sino a acompañarlas y emitir recomendaciones en las que visibilicen la violencia institucional en contra de las víctimas, además de analizar todos los casos desde la perspectiva de género para “dar cuenta de que en la Ciudad de México la violencia contra las mujeres “es un problema estructural”.

DEFENSA DE DH DESDE LA SOCIEDAD CIVIL

Para las más de 80 organizaciones que integran la Red TDT, mencionó Quetzalcóatl Fontanot, el nombramiento de Nashieli Ramírez “es alentador” toda vez que ella ha defendido los últimos 25 años los derechos de la infancia, por lo que como sociedad civil organizada esperan trabajar en conjunto con la CDHDF.

El defensor señaló que a la CDHDF le urge resarcir el daño que generó distanciarse de las organizaciones civiles, mismo que derivó en la poca atención a las víctimas y pasar a segundo plano la garantía de sus derechos, como en el caso de las mujeres defensoras.

Fontanot llamó a la CDHDF a velar por los derechos de las víctimas y no responder a los intereses gubernamentales particularmente en el contexto electoral que se avecina en 2018.

17/MMAE/LGL

La defensora Ligia Canto Lugo, interpuso ante la Fiscalía General de Justicia estatal, una denuncia por la “comisión de hechos posiblemente delictuosos” en la que solicitó a la Policía Ministerial investigar a "quienes resulten responsables" por el nombramiento de David Araba Dorantes Cabrera, como abogado de los feminicidas de su hija, Emma Gabriela Molina, víctima de feminicidio en Yucatán.

En entrevista con Cimacnoticias, la defensora de Derechos Humanos precisó que lo anterior obedece a que durante más de tres meses, Dorantes Cabrera la asesoró y tuvo acceso al expediente de su hija, por lo que conoce la estrategia legal que seguirá contra los inculpados.

El 23 de octubre, en una audiencia en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CEJOM), Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, acusados como homicidas de Emma Gabriela, presentaron oficialmente a Dorantes Cabrera como su abogado, quien durante la audiencia negó conocer el caso, explicó Ligia Canto.

Con esta demanda, cuya copia tiene esta agencia, buscan que las autoridades investiguen si el ex esposo de Emma Gabriela, quien está acusado de planear su feminicidio, Alberto Medina Sonda, tiene algo que ver con esta decisión.

“David Dorantes conoce las líneas de acción que vamos a seguir en contra de los culpables, eso nos pone en desventaja”, aseguró Ligia Canto quien insiste en que se investigue a Medina Sonda pues desde 2012, cuando Emma Gabriela tramitó su divorcio y buscó la custodia de sus dos hijas e hijo, ella y su familia fueron violentadas por el empresario con intimidaciones y campañas de desprestigio.

Otro factor que abonó a las sospechas de la familia de Emma Gabriela fue que Jonathan Mézquita y Óscar López desistieron del acuerdo al que habían llegado con la Fiscalía de Yucatán y la defensa legal de Ligia Canto: reducir su condena de 40 a menos de 20 años si aportaban las pruebas que tienen y las cuales, afirmaron, relacionan a Medina Sonda y a su familia en el feminicidio. 

Aunque la familia de Emma Gabriela contactó y fue asesorada por Dorantes Cabrera no lo nombraron como abogado del caso porque “él siempre buscó pretextos para no presentarse a las audiencias”, recordó Ligia Canto, por lo que ahora esperan que la Fiscalía de Yucatán realice las investigaciones necesarias.

Actualmente se acusa a Medina Sonda de planear el feminicidio desde un penal el Tabasco -donde está recluido por usar recursos de procedencia ilícita; a César Rogelio Reyes Barrueta como coautor del feminicidio; a Jonathan Mézquita y Óscar López se les culpa de homicidio y este mes se detuvo a un quinto hombre involucrado.

Pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos corroboró desde 2014, que Emma Gabriela vivía en una situación de riesgo – a través de la Recomendación 54/2014 dirigida a las autoridades de la Ciudad de México, Yucatán y Tabasco por la violencia institucional en  su contra - ella no recibió medidas de protección y el 27 de marzo de este año fue asesinada frente a su casa.

CEAV, OMISA

A la par de la búsqueda de justicia, desde abril, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que asesoraría jurídicamente a la familia de Emma Gabriela, además de brindarles atención médica y apoyo económico con el fin de reparar los daños que el crimen les causó, un derecho que estipula la Ley General de Víctimas. Sin embargo, la instancia “ha sido omisa” y “condiciona su apoyo”.

Esto lo denunció en entrevista con esta agencia la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, quien señaló que la CEAV se comprometió a compensar el dinero que Ligia Canto y su hija gastaron en viajes, abogados y comidas desde 2014, año en el que se acercaron a la dependencia para solicitar su acompañamiento.

Sin embargo, “piden comprobantes de todos esos gastos. Para la familia de Emma es casi imposible comprobar todo eso”, mencionó Salas Salazar.

A ello se suma que el costo del peritaje psicológico y antropológico que la CEAV elaborará para mostrar el estado emocional de la familia de Emma Gabriela como víctimas indirectas, se descontará del apoyo económico que la instancia otorga para el cuidado de las hijas e hijo de la defensora, del que se encarga Ligia Canto.

También se han enfrentado a la “omisión” de la instancia en el acompañamiento jurídico, dijo Adelaida Salas. La semana pasada los abogados de CEAV que acompañaban a Ligia Canto se retiraron oficialmente del caso y aunque, de acuerdo a su reglamento, la CEAV puede cesar el apoyo jurídico cuando las víctimas ya cuentan con abogados, desde abril no brindaron asesorías constantes a la familia de Emma Gabriela.

“Venían de entrada por salida a Yucatán los días que teníamos audiencia, no estudiaban la carpeta de investigación ni conversaban con la familia Molina Canto sobre el proceso legal, fue como si no hubieran estado”, denunció Adelaida Salas.

Mientras tanto la investigación por el feminicidio de Emma Gabriela sigue abierta y su familia está en espera de las fechas de audiencia para sentenciar a los cinco involucrados.

17/MMAE/LGL

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) llamó al Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF) a reclasificar el delito de homicidio simple, a feminicidio, el caso de Lesvy, con lo que marcará “un precedente histórico” para el acceso de las mujeres a la justicia y a una vida libre de violencia.

En un comunicado emitido la víspera del fallo, el OCNF, integrado por 40 organizaciones civiles de todo el país, exigió a la y los magistrados Celia Marín Sasaki, Salvador Ávalos Sandoval y Arturo Eduardo García Salcedo, de la Quinta Sala Penal del TSJDF –quienes definirán la reclasificación- cumplir con lo que la Suprema Corte de la Nación estableció desde 2015 a raíz del feminicidio de Mariana Lima Buendía, que obliga a las autoridades a investigar las muertes violentas de mujeres como feminicidio.

El feminicida de Lesvy Berlín Osorio -asesinada en Ciudad Universitaria el pasado 3 de mayo- Jorge Luis González Hernández, está vinculado a proceso por homicidio simple por omisión. Se le acusa de no impedir el supuesto suicidio de su pareja, Lesvy, aún cuando las pruebas recabadas por la Procuraduría capitalina apuntan a un feminicidio y lo señalan como el principal sospechoso.

Aunque mañana termina el plazo para que las personas magistradas analicen la reclasificación del delito, la defensa legal de la familia de Lesvy conocerá la decisión durante esta semana, luego de que el TSJDF les notifique vía escrito.

En entrevista con esta agencia, la abogada del OCNF, que junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria llevan la defensa legal de la familia de Lesvy, Ana Yeli Pérez Garrido, explicó que el viernes pasado inició el plazo de tres días hábiles para que el TSJDF resolviera el recurso de apelación. En esa ocasión la defensa legal de la familia Rivera Osorio solicitó una audiencia aclaratoria para exponer por qué debe reclasificarse el delito, por lo que la notificación será vía escrito.

La abogada Pérez Garrido recalcó que la reclasificación del delito le garantizaría a la familia de Lesvy el derecho al acceso a la justicia el cual, dijo, “debe cumplirse porque está íntimamente ligado con el derecho a la verdad y al de la reparación integral del daño”. De no aprobarse, informó, solicitarán un amparo ante un tribunal federal de justicia.

Explicó que el caso se encuentra en periodo de  investigación formalizada, lo que significa que la defensa del acusado, de la víctima y la PGJDF, continúan recabando pruebas para comprobar o descartar un delito, el cual concluye el próximo 10 de noviembre.

Sin embargo, la defensa legal de la familia Lesvy analiza la posibilidad de solicitar al juez de control a cargo del caso, Cristian Ricardo Franco Reyes, que amplíe hasta dos meses el periodo de investigación pues, dijo Pérez Garrido, eso obligaría a la Procuraduría a recabar más pruebas que acrediten un feminicidio “aunque éstas ya están en la carpeta de investigación, pero no las interpretaron de esa forma”, mencionó.

Agregó que un argumento más para solicitar la ampliación será que la PGJDF negó a la familia e Lesvy y a su defensa legal el acceso completo a la carpeta de investigación durante más de dos meses.

17/MMAE/LGL

Sin mirar a los familiares de Lesvy Berlín y aun cuando las pruebas señalan al ex trabajador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y pareja de Lesvy, Jorge Luis González Hernández, como autor del feminicidio de la joven, hoy, durante la audiencia para definir si el delito de homicidio culposo por el que se le acusa se reclasificaba por feminicidio, recalcó: “No soy culpable ni pienso pagar por algo que no hice”.

La seriedad de González Hernández contrastó con el llanto y la voz cortada con la que la mamá de Lesvy Berlín Rivera Osorio, Araceli Osorio Martínez, expuso ante la magistrada y los dos magistrados de la Quinta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF): “Queremos saber qué pasó el 3 de mayo, queremos que se investigue como feminicidio, así la Sala daría un mensaje institucional a favor de la justicia y serviría como antecedente para que no se vuelva a repetir”.

Tras media hora de la audiencia a la que Cimacnoticias tuvo acceso, la magistrada Celia Marín Sasaki y los magistrados Salvador Ávalos Sandoval y Arturo Eduardo García Salcedo decidieron ampliar a tres días el plazo para resolver la apelación, por lo que será hasta el próximo miércoles 18 de octubre que la familia Rivera Osorio y su defensa legal, encabezada por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, conocerán vía escrito el fallo.

Desde las 13:30 horas las abogadas Sayuri Herrera Román y Ana Yeli Pérez Garrido argumentaron por qué debía reclasificarse el delito. Por su parte los dos abogados de oficio de González Hernández, José de Jesús Sánchez y Miguel Ricardo Calderón, este último insistió: “de aceptarse se estarían cambiando los hechos”.

Actualmente González Hernández es investigado por el delito de homicidio culposo por omisión, basado en los dictámenes de la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), por no impedir el supuesto suicidio el cual, de acuerdo a la PGJDF, efectuó Lesvy con el cable de una cabina telefónica. De aceptarse, el juez de control a cargo del caso, Cristian Ricardo Franco Reyes, tendría que tomar en cuenta la violencia que Jorge ejerció hacia Lesvy previo a su muerte, misma que acredita un feminicidio.

Durante la audiencia en diversas ocasiones el magistrado Salvador Ávalos Sandoval, se separó de la mesa en la que estaba sentado y cerró los ojos por varios segundos en más de una ocasión, como si se negara a escuchar. A las abogadas de la familia Rivera Osorio no le sorprendió, afirmaron que cuando interpusieron el recuso para reclasificar el delito él afirmó que no podían aceptarlo bajo el argumento de que en su calidad de víctimas, la familia de Lesvy no podía solicitarlo.

Indiferente, sin bajar en ningún momento la vista González Hernández aseguró ser inocente. “Desde el principio se sintió cobijado por las autoridades, si alguna vez pensó en decir la verdad sobre lo que sucedió, seguro perdió la intención cuando vio que desde el principio de la investigación las autoridades se empeñaron en culpar a la propia Lesvy por su muerte”, comentó respecto a su actitud la abogada Herrera Román.

En cambio, la familia de Lesvy ha encontrado el apoyo de otro sector: el de las más de 2 mil estudiantes, académicas, madres, organizaciones y colectivas feministas que firmaron más de 100 cartas dirigidas a las personas magistradas y que fueron entregadas hoy, en donde les pidieron interpretar las pruebas desde la perspectiva de género, es decir, contemplar que Lesvy fue asesinada en un lugar público, asfixiada y que su pareja ya había ejercido violencia contra ella durante su relación y previo a su asesinato.

“¡No estás sola, no estás sola!”, repitieron a Araceli Osorio las más de 30 mujeres representantes de colectivas y estudiantes que esperaron a fuera del TSJDF la respuesta de las personas magistradas y con el mismo grito la recibieron al salir.

En un mitin organizado al término de la audiencia la abogada Ana Yeli Pérez Garrido recordó que las autoridades de la Ciudad de México deben sancionar también a las y los funcionarios públicos que desde el 3 de mayo han violentado los Derecho Humanos de la familia de Lesvy como víctimas indirectas y dijo el caso “debe investigarse y juzgar como feminicidio para garantizar que tengan acceso a la justicia y la reparación del daño”.

En entrevista con esta agencia la abogada Sayuri Herrera informó que el pasado 25 de agosto interpusieron una denuncia a la Fiscalía Central de Delitos Cometidos por Servidores Públicos por el delito del ejercicio ilegal del servicio público en contra de la titular de la Fiscalía Desconcentrada COY-1 –donde se inició la investigación-, Claudia Elizabeth Cañizo Vera.

La denuncia también incluye a la entonces directora de Comunicación Social de la PGJDF, Elena Cárdenas Rodríguez, por que filtró  información de Lesvy a través de la cuenta de Twitter de la instancia de justicia.

Además, advirtió que extenderán la demanda hacia otras autoridades que también actuaron de manera omisa durante la investigación y revictimizaron a la familia Rivera Osorio. En tanto, el próximo 25 de octubre el TSJDF responderá si procede o no el  amparo que González Hernández presentó el 31 de julio porque, dijo, el juez Franco Reyes violentó sus derechos al vincularlo a proceso “sin pruebas suficientes”.

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Mañana el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJDF) definirá si reclasifica de homicidio culposo a feminicidio el delito por el que se investiga a la pareja de Lesvy Berlín Rivera Osorio, estudiante hallada asesinada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el pasado 3 de mayo, Jorge Luis González Hernández.

En una audiencia que tendrá lugar en la Quinta Sala en Materia Penal del TSJDF a las 13:30 horas, la magistrada Celia Marín Sasaki, y los magistrados Salvador Ávalos Sandoval y Arturo Eduardo García Salcedo responderán al recurso de apelación que la familia de Lesvy y su defensa legal interpusieron el pasado 13 de julio y dónde solicitaron la reclasificación del delito porque, afirmaron, las pruebas señalan que González Hernández ejerció violencia hacia Lesvy previo a su asesinato, lo que acredita un feminicidio.

En entrevista con Cimacnoticias la abogada de la familia Rivera Osorio, Sayuri Herrara Román, explicó que en la audiencia de mañana no presentará pruebas o peritajes diferentes a los que contenía la carpeta de investigación hasta el pasado 7 de julio, fecha en la que se imputó a Jorge por el delito de homicidio culposo por omisión por no impedir el supuesto suicidio de Lesvy aun cuando, en los videos de vigilancia de la UNAM, se le observa violentando a la joven previo a su muerte.

En cambio, la defensa legal, a cargo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, argumentará a las personas magistradas que las pruebas que hasta esa fecha se tenían sí apuntan a un feminicidio, pero ni la Procuraduría capitalina ni el juez de control a cargo del caso, Cristian Ricardo Franco Reyes, las interpretaron con perspectiva de género.

Una vez definido el delito por el que se investigará al ex trabajador de la UNAM continuará el proceso penal en su contra y hasta noviembre concluirá el periodo de investigación complementaria –momento en el que actualmente se encuentra la investigación-, y donde ambas partes pueden seguir aportando pruebas.

En caso de no tener una respuesta al recurso de apelación al término de la audiencia de mañana la y los magistrados podrían pedir un plazo de tres días más para decidir si reclasifican el delito, mencionó la abogada Herrera Román.

ESPERAN RECOMEDACIÓN DE LA CDHDF

La abogada Herrera Román instó a la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a emitir una Recomendación hacia las autoridades de justicia capitalinas por las constantes violaciones a los Derechos Humanos de la familia de Lesvy antes del próximo 31 de octubre, cuando la actual presidenta del organismo defensor, Perla Gómez, dejará el cargo.

Desde que el cuerpo de Lesvy fue encontrado en el Instituto de Ingeniería en Ciudad Universitaria con el cable de una cabina telefónica enredado en su cuello, las autoridades capitalinas violentaron los derechos humanos de la familia de  Lesvy, lo que llevó a la CDHDF a interponer dos quejas de oficio ante la Cuarta y Primera Visitaduría contra la PGJDF, mismas que aún no concluyen en una  Recomendación.

Cimacnoticias preguntó a la CDHDF si emitirán una Recomendación antes del 31 de octubre, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

En entrevista con esta agencia el abogado del Centro Fray Vitoria, Alejandro de Jesús Martínez Martínez, recordó que han mantenido comunicación con la CDHDF, quien determinó que peritajes como el de criminalística de campo y la necropsia hecha por la PGJDF no se apegaron a las normativas internacionales, por ello, dijo, el órgano defensor “tiene los elementos suficientes para emitir una Recomendación”.

La CDHDF interpuso la queja en la Cuarta Visitaduría para que la PGJDF informara si se apegó al Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio en la investigación. Mientras que la queja en la Primera Visitaduría obedece a la filtración que la PGJDF hizo, a través su cuenta de Twitter, de información que estigmatizó y culpó a la joven por su muerte.

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