Uniones tempranas

Una Acción de Inconstitucionalidad en Aguascalientes para permitir el matrimonio de adolescentes de 16 a 18 años de edad abrió un debate entre dos posturas: por un lado quienes aseguran que se trata de promover la autonomía y libre desarrollo de la personalidad; y por otro quienes sostienen que es una práctica nociva que no permite realizar un proyecto de vida libre de roles de género.

Una postura asegura que negar el matrimonio a adolescentes vulnera derechos; pero, para la otra, prohibir que las y los menores de 18 años de edad se casen no es limitar su autonomía sino abrirles posibilidad para que creen un proyecto de vida sin necesidad de dejar de estudiar, de ingresar a trabajos precarios o de ser padres a edad temprana.

El debate se da en un país donde los grupos eclesiásticos y conservadores insisten en el matrimonio como una institución natural y donde hay 6.8 millones de mujeres entre los 15 y 54 años que se unieron conyugalmente antes de los 18 años de edad, según datos recabados por ONU Mujeres.

REFORMAS A DEBATE

El debate surgió en Aguascalientes, donde el Código Civil decía, en su Artículo 145, que la edad mínima para contraer matrimonio era de 18 años pero establecía una excepción: se podían otorgar dispensas de edad por “causas graves y justificadas” a adolescentes de 14 a 18 años de edad, decisión que sería tomada por un juez.

Sin embargo Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en 2014 y que considera el interés superior de la infancia y adolescencia obligó a los estados a reformar sus leyes para establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, sin dispensas o excepciones.

En 2016 el Congreso de Aguascalientes cumplió con su obligación de reformar el Artículo 145 para establecer que “la edad mínima para contraer matrimonio será de 18 años” y así eliminar cualquier dispensa para evitar que las y los jóvenes contrajeran nupcias.

En respuesta a esta reforma la Comisión de Derechos Humanos del estado, encabezada por Jesús Eduardo Martín Jáuregui, interpuso una Acción de Inconstitucionalidad (22/2016) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerar que en ciertos casos, sin mencionar cuáles, se deben permitir las uniones entre adolescentes de 16 a 18 años.

MATRIMONIO ADOLESCENTE NO INFANTIL

Un caso que abrió la discusión se dio en Nayarit: dos jóvenes, de 16 y 17 años de edad, pidieron el derecho a contraer matrimonio. La pareja estaba embarazada por lo que decidieron casarse pero un juez negó la petición debido a la edad de los contrayentes. Después de interponer un amparo los adolescentes pudieron contraer nupcias. A la fecha hay dos casos de este tipo en Nayarit.

En opinión de GIRE, organización que desde hace 25 años promueve el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, la prohibición sin excepciones al matrimonio adolescente vulnera el derecho de los jóvenes a su vida privada y a la libre personalidad.

Con el ejemplo de Nayarit y enfatizando en que no se trata de matrimonio infantil, GIRE considera que en Aguascalientes como en otros estados se deben establecer casos específicos para descender la edad del matrimonio, lo que permitirá proteger derechos como el acceso a seguridad social, el registro de las y los hijos en la escuela o en el sistema de salud.

La coordinadora de Investigación de GIRE, Isabel Fulda, destacó en entrevista que si se trata de proteger a las niñas de matrimonios forzados, situaciones de violencia y embarazo adolescente, prohibir el matrimonio es una medida al menos superficial porque en estos fenómenos influyen otros factores.

Con esta postura coincide la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam) que junto con GIRE y apoyo de la International Planned Parenthood Federation y Data Cívica publicaron el informe “Prohibir sin proteger. El matrimonio adolescente en México”.

Esta investigación busca echar abajo los mitos de estas uniones. Las organizaciones señalan que el matrimonio adolescente no es un problema porque 5 de cada 100 mujeres menores de edad viven con su pareja; de ellas ocho de cada 10 viven en unión libre; y en 2010 había 269 mil mujeres menores de edad casadas y en 2015 la cifra descendió a 248 mil.

Agregan que es un mito que las mujeres se casen con hombres mayores porque 81 por ciento de las menores de edad casadas estaba con un hombre de 25 años o menos y sólo 26 por ciento estaba casada con alguien de 26 años o más. En promedio, en estas parejas hay una diferencia de tres años de edad.

ARGUMENTOS IMPRECISOS

Quienes están a favor de excepciones a los Códigos Civiles señalan que el matrimonio adolescente en ciertos casos permite la autonomía personal, es decir, que las personas menores de edad elijan su proyecto de vida; permite el acceso a derechos, en particular fiscales, patrimoniales y migratorios; y que negar las uniones formales restringe otros derechos.

Estos tres argumentos que sustentan la necesidad de permitir el matrimonio de jóvenes de 16 a 18 años de edad (en Aguascalientes se permitía desde los 14) son imprecisos, dice el coordinador de Asuntos Jurídicos de la Organización Save the Children, Saúl Sánchez Jiménez, entrevistado antes de la presentación del informe de GIRE.

El abogado explicó que el primer argumento supone que a través del matrimonio ambas personas contrayentes tendrán acceso a derechos como heredar, seguridad social o beneficios fiscales, explicación que se basa en un criterio del Poder Judicial sobre matrimonios entre personas del mismo sexo, mayores de edad.

Para el defensor, es tramposo usar este criterio porque cuando se trata de menores de edad el interés superior supone un escrutinio más estricto de derechos que podrían ser perjudicados pero sobre todo porque no hay datos oficiales que confirmen que el matrimonio en menores de edad realmente tiene beneficios directos para las personas.

A la fecha, explicó, no hay evidencia empírica de que ese acceso a derechos esté sucediendo, es decir, no hay datos de cuántos adolescentes casados accedieron a seguridad social, guarderías, derechos de herencia, créditos para vivienda, etcétera; incluso en algunos casos estar en unión libre o ser soltero no puede ser impedimento para acceder a ciertos beneficios, como registrar a una hija o hijo.

PROTECCIÓN DE ADOLESCENCIA

Hay que preguntar, dice Sánchez Jiménez, dónde está el Estado si los jóvenes se tienen que casar con personas más grandes, o entre ellos, para acceder a derechos. “Significa una verdadera omisión del Estado en términos de cumplimiento de derechos de niñas, niños y adolescencia, lo que significa a su vez la inobservancia a la Constitución, leyes secundarias y sobre todo a tratados internacionales firmados por el Estado mexicano”.

Las reformas para fijar los 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio responden a observaciones y recomendaciones de organismos internacionales. Una de ellas es la recomendación general número 21 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Este organismo considera que el matrimonio implica importantes obligaciones, por lo que no debería permitirse antes de que se haya alcanzado de manera plena la madurez y la capacidad de obrar, y destaca que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando los menores de edad se casan, especialmente las niñas, y tienen hijos, su salud se puede afectar y su educación se entorpece.

En el caso de México, menciona en entrevista la oficial de Comunicación e Incidencia en México de Save The Children, Ivonne Piedras, de acuerdo con datos de Inegi, quienes se encontraban en uniones formales, no tenía mejores de condiciones de vida ni de vivienda, más del 47 por ciento de niñas y adolescentes casadas tenían al menos un hijo vivo, 80 por ciento ya no estaba en la escuela y casi 70 por ciento se dedicaba al cuidado del hogar.

Además, de lado de la teoría constitucional, un Derecho Humano no se puede restringir así como así, se tiene que llevar un proceso, incluso legislativo, para hacer una restricción que sea lo menos invasiva y por el menor tiempo posible. En este caso la restricción al matrimonio es temporal porque al momento de cumplir 18 años las personas se pueden casar sin mayor problema.

“Así como se restringe a algunos sectores, por ejemplo, en el cine, la televisión; venta de alcohol, estupefacientes, cigarros, bebidas alcohólicas; acceso al trabajo sexual, en fin, de la misma manera es necesario decirles a los chicos, no te metas aquí todavía, aguanta”, explicó.

Con esta postura coinciden Oxfam México, World Vision, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Youth Build International, Inclusión Ciudadana y la Red por la Infancia y la Adolescencia Puebla, entre otras, quienes suscribieron un amicus curiae (documentos con argumentos de expertos) que ya fue presentado ante la Suprema Corte.

¿ADOLESCENTES SE QUIEREN CASAR?

Además de sondeos a pequeños grupos de personas no hay forma de saber si las y los jóvenes se quieren casar, pero lo cierto es que el matrimonio como derecho y como institución está en declive. Inegi registró un aumento en los divorcios y un descenso de los matrimonios. En 2012 hubo 585 mil 434 casamientos y al 2014 se registraron 577 mil 713 matrimonios.

El Informe de GIRE señala que quienes defienden la prohibición absoluta del matrimonio tienden a asumir que toda unión de menores de edad es forzada o con riesgo de violencia. Sin embargo, dice, hay diversas razones por las cuales las personas menores de edad pueden considerar que casarse representa una elección adecuada para su vida y, de acuerdo con su desarrollo progresivo, se les debe escuchar y tomar en cuenta.

A su vez, el trabajo de campo y testimonios recogidos en Oaxaca y Sinaloa por Ivonne Piedras dicen que cuando se pregunta a las adolescentes si fue su voluntad casarse dicen si, “yo quería, yo decidí” pero cuando avanza la charla explican que decidieron casarse o unirse por la presión familiar que las estaba empujando o por querer independencia.

Como ejemplo, una adolescente de Sinaloa decidió casarse y tener su propio hogar pero después no estaba segura de haber tomado la mejor decisión porque ahora tenía que cuidar a su marido y a su bebé. “Se casó porque estaba cansada de vivir en su casa, en un espacio muy chiquito donde vivían 7 familiares, donde se tenía que hacer cargo de sus hermanos, donde había violencia familiar”, explicó la investigadora.

Otro factor es que en ciertos lugares contraer nupcias da un estatus porque ahora se toma en cuenta a las esposas, las escuchan, consideran sus opiniones o porque permanecer soltera “es negativo”, también porque casar a una hija representa quitar una carga económica a la familia. “Hay toda una serie de factores que los están obligando a casarse y podrían ser matrimonios forzados”, señaló Ivonne Piedras.

A ello se suma que cuando salen a la luz argumentos como que las adolescentes deben tener derecho a casarse así como tienen derecho a interrumpir un embarazo no deseado, Saúl Sánchez dice que dos fenómenos distintos se están midiendo con la misma vara porque la interrupción del embarazo es un derecho fundamental que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos y con el derecho a decidir sobre el cuerpo, la maternidad y la paternidad.

MONEDA EN EL AIRE

Mientras las posiciones divididas difieren en si hay una relación entre el matrimonio, el embarazo y la maternidad temprana, ambas partes coinciden en que debe haber opciones para las y los jóvenes, acceso a la escuela, a seguridad social, centros de salud accesibles y de buena calidad, buena alimentación y vivienda, entre otras condiciones.

En tanto la moneda está en el aire y la Acción de Inconstitucionalidad que impugna las reformas aprobadas en Aguascalientes en febrero de 2016 se encuentra en análisis a cargo del ministro José Fernando Franco González Salas en espera de ser discutida por el pleno de los once ministros para ver si puede o no haber excepciones por “causas graves y justificadas” la edad legal para casarse.

De acuerdo con Save The Childrren este concepto de “causas graves y justificadas” que se establecía en el Código Civil de Aguascalientes proviene del Código de Derecho Canónico de 1985 y después de revisar la doctrina civil y familiar en la materia se entiende que las causas graves se relacionan con delitos sexuales y las justificadas con las personas que “han tenido amores con aquel con el que se va a casar”, es decir se tienen que casar si tienen una relación secreta y son descubiertos.

Entonces, en sus orígenes, explica la organización defensora de los derechos de la infancia, este concepto tienen un acentuado sesgo al tema de la sexualidad femenina, de la vida sexual de las mujeres y el bien jurídico tutelado no es si sufrieron un abuso sexual, una violación, algún delito sexual sino la sexualidad de la chica, la honra y la reputación de la familia.

En caso de que la Suprema Corte declare inválidas las reformas dejaría un precedente favorable para que haya dispensas a la edad mínima para casarse y en todo caso tendría que exponer cuándo hay o qué son las causas graves y justificadas para permitir nupcias de menores de edad.

17/AGM/LGL

La prohibición sin excepciones del matrimonio adolescente vulnera el derecho de los jóvenes a su vida privada y libre personalidad pero además resulta inútil para prevenir el embarazo adolescente,  la violencia en la pareja y la deserción escolar, afirmó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Al presentar el informe “Prohibir sin proteger: El matrimonio adolescente en México”, esta organización destacó que el matrimonio de menores de edad es un fenómeno poco frecuente que disminuye cada año porque actualmente la mayoría de los jóvenes que viven en pareja lo hacen en unión libre.

En esto coincidieron la directora del GIRE Regina Tamés, la psicóloga de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar  (Mexfam), Yaret Gutiérrez; el académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Rodolfo Vázquez; el cofundador de Data Cívica, José Merino; y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, Jesús Martín Jáuregui.

Al señalar que tras la intención de restringir derechos para la juventud está el sistema de Naciones Unidas y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), organismos que mantienen una campaña en contra del matrimonio infantil, Regina Tamés destacó que el debate está rodeado de mentiras y desinformación.

Cabe recordar que después de la publicación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014, los estados fueron obligados a reformar sus leyes para establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, sin dispensas o excepciones.

Uno de los estados que armonizó su Código Civil fue Aguascalientes; sin embargo la Comisión de Derechos Humanos del estado interpuso una Acción de Inconstitucionalidad (22/2016) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerar que en ciertos casos, sin mencionar cuáles, se deben permitir las uniones entre adolescentes de 16 a 18 años.

De acuerdo con el informe, al día de hoy 27 estados han reformado sus Códigos Civiles para prohibir el matrimonio entre menores de edad, eliminando también las dispensas; lo que a decir de Yaret Gutiérrez no ayuda a eliminar el embarazo adolescente, la violencia entre parejas jóvenes y la deserción escolar.

También señaló que la posición de organismos internacionales, la ONU y el SIPINNA es contradictorio porque por años han luchado por reconocer el desarrollo y madurez de las personas adolescentes y ahora están en contra de que tomen decisiones libre sobre su vida.

Gutiérrez dijo que la principal razón de deserción escolar es la falta de recursos económicos y que el matrimonio no es causa de embarazos adolescentes porque en 2011, 64 por ciento de las jóvenes embarazadas de entre 15 y 19 años vivían en unión  libre y sólo 13 por ciento estaban en matrimonio, mientras que 23 por ciento se catalogaban como solteras. 

La psicóloga abundó  que existen razones para que los jóvenes consideren el matrimonio como adecuado para su proyecto de vida, sobre todo si se trata de parejas con hijas o hijos que pudieran verse beneficiados por la seguridad social, por eso dijo que la prohibición del matrimonio no resuelve el problema.

Por su parte el politólogo José Merino dijo que después de revisar las estadísticas de nupcialidad, la Encuesta Intercensal de 2015, el Censo de 2010 y la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, todas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; “se rompe el mito de que el matrimonio adolescente sea un problema recurrente y que sea un programa que se ha agravado”.

También dijo que en México 5 de cada 100 mujeres menores  de edad viven con su pareja; de ellas ocho de cada 10 viven en unión libre; y en 2010 había 269 mil mujeres menores de edad casadas y en 2015 la cifra de 248 mil.

El analista agregó que también es un mito que las mujeres se casen con hombres mayores porque 81 por ciento de las mujeres menores de edad casadas estaba con un hombre de 25 años o menos y sólo 26 por ciento estaba casadas con alguien de 26 años o más.  

A su vez el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, Jesús Martín Jáuregui, quien promovió la Acción de Inconstitucionalidad ante la SCJN para que se permita que los jóvenes se casen, dijo que la ley que prohíbe es discriminatoria y no acabará con los enlaces entre jóvenes.

“Las hormonas no entienden de leyes, son tercas, siguen trabajando, siguen haciendo su papel, siguen  su función, seguimos teniendo parejas porque seguimos teniendo este impulso. La ley no va a transformar esto, al contrario, tenemos que tomar en cuenta lo que pasa en la realidad”, aseguró.

Las ponentes también señalaron que el matrimonio abre la puerta para el acceso a derechos fiscales, de herencia, seguridad social y en materia migratoria, aunque no mencionaron cuántos adolescentes que están casados tienen acceso a estos derechos. 

Las organizaciones tampoco dijeron qué casos serían excepcionales para permitir que dos jóvenes menores de edad se casen y argumentaron que estas decisión debe quedar en manos de jueces, aunque cabe decir quien se encarga de realizar los enlaces son personas del Registro Civil que aunque se llaman “jueces” no tienen facultades de investigación o para dirimir controversias.

17/AGM/LGL

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los jueces del Registro Civil deben establecer cuáles son los casos específicos para permitir el matrimonio entre adolescentes de 16 a 18 años de edad, dijo la coordinadora de Investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Isabel Fulda.

En entrevista señaló que GIRE está a favor del matrimonio después de los 18 años de edad pero dijo que los Códigos Civiles establecen dispensas a esta regla, es decir, excepciones que permiten que parejas jóvenes se puedan casar a pesar de este límite de edad.

Desde 2014, cuando entró en vigor la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que estableció los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, sin dispensas o excepciones, los Congresos de las 32 entidades han comenzado a armonizar sus normas.

Hasta octubre de este año 26 entidades hicieron los cambios pero sigue pendiente en Baja California, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Guanajuato y Chihuahua.

Uno de los estados que armonizó su Código Civil fue Aguascalientes pero después de la reforma al artículo 145, la Comisión de Derechos Humanos del estado interpuso una Acción de Inconstitucionalidad (22/2016) en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir los cambios.

A propósito de este recurso en la Suprema Corte, la coordinadora de Investigación de GIRE aclaró en entrevista que las dispensas en los estados se establecían para permitir que personas de 16 a 18 años contrajeran nupcias, por lo que no fomentaba el matrimonio infantil.

En opinión de esta organización, las dispensas deben permitirse ya que se trata de excepciones en condiciones específicas y el debate en la Suprema Corte, que lleva aplazándose desde 2016 y que aún no tiene fecha para resolverse, debe declarar inconstitucional las reformas en Aguascalientes.

La postura de GIRE es que la prohibición absoluta de las dispensas en todos los estados puede resultar contraproducente. “Si lo que queremos es proteger a las niñas de matrimonios forzados, de situaciones de violencia, de embarazo adolescente, etcétera, prohibir el matrimonio es una medida al menos superficial”, destacó.

A 2011, 80 por ciento de las 455 mil 807 niñas y niños de 12 a 17 años casados, en unión libre, divorciados, separados o viudos, eran mujeres en este rango de edad, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim).

Instancias como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y otras organizaciones defensoras de los derechos de niñas y niños, han señalado en reiteradas ocasiones que el matrimonio en edades tempranas constituye una violación a los Derechos Humanos (DH) porque lesiona el desarrollo y futuro de las niñas y los niños y adolescentes y porque son la forma más generalizada de abuso sexual y explotación, por lo que no deberían ser aceptadas y sí sancionadas por leyes homogéneas, además de atendidas por políticas públicas articuladas.

No obstante, la abogada de GIRE destacó que en los casos de embarazo temprano o violencia existen varios factores que influyen y que no necesariamente pasan por el matrimonio, situación que la organización detallará en el informe “Prohibir sin proteger. El matrimonio adolescente en México”, que se presenta este 13 de diciembre.

17/AGM/LGL

En el contexto del Día Internacional de la Niña, que se conmemora hoy, diversas organizaciones internacionales, hicieron un llamado a las autoridades mexicanas a terminar con el matrimonio infantil y las uniones tempranas en todo el país toda vez que constituyen una violación a sus Derechos Humanos y tienen múltiples consecuencias en la vida de las niñas.

En un comunicado, ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recordaron que estas prácticas son nocivas porque afectan gravemente su vida, salud, educación e integridad.

Entre éstas destacan la deserción escolar, el embarazo prematuro, la mortalidad materna, la transmisión intergeneracional de la pobreza y, en general, la limitación a las oportunidades de vida de las niñas y adolescentes.

Las organizaciones consideraron que la armonización legislativa en el país referente al matrimonio infantil continúa siendo un desafío ya que el Código Civil Federal establece como edad mínima los 14 años de edad para casarse para las niñas y 16 para los niños; mientras que 5 entidades federativas (Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Sonora) aún aceptan excepciones para contraerlo.

Recordaron que han sido varios los llamados al gobierno para erradicarlo, como la recomendación que hizo el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en 2015, la cual fue adoptada también por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que pide al Estado parte asegure la efectiva implementación del artículo 45 de la Ley General de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), asegurando que la edad mínima para contraer matrimonio por parte de niñas y niños sea establecida en 18 años en las leyes de todos los estados.

También le pidieron implementar programas integrales de sensibilización con familiares, maestros y líderes indígenas, sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil en niñas.

Recordaron también que en 2015 la ONU inició  la campaña “De la A (Aguascalientes) a la Z (Zacatecas), México sin unión temprana y matrimonio de las niñas en la ley y en la práctica”, que pretendía que los tres niveles de gobierno sumaran esfuerzos para poner fin a estas prácticas a través de: empoderar a las niñas, la promoción de cambios culturales, la protección social integral de niñas y adolescentes, garantizar su permanencia en la escuela, al menos hasta el último año de preparatoria, mejorar la información sobre este tema y realizar campañas de difusión en municipios sobre las consecuencias graves de estas uniones.

Finalmente señalaron que los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, aprobados recientemente en la ONU, establecen en su meta 5.3 la erradicación de prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la unión temprana para niñas y adolescentes.

De acuerdo con ONU Mujeres, en México, hasta 2014, una de cada cinco mujeres se casaba antes de cumplir 18 años, pero las niñas hablantes de lengua indígena presentan proporciones muy elevadas de matrimonio infantil, superiores a 40 por ciento en entidades como Chiapas, Guerrero y Veracruz.

El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/170, en la que declaraba el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y los problemas extraordinarios a los que se enfrentan en todo el mundo.

17/LGL

Dos de las más grandes dificultades para lograr la eliminación del matrimonio infantil son: la resistencia de quienes lo ven como una limitación al ejercicio de los derechos sexuales de las adolescentes, y por otro, la respuesta institucional y social que evade su responsabilidad e intervención con el argumento de una “contradicción entre el derecho a los “usos y costumbres”, lo que imposibilita la eliminación absoluta en la ley y en la práctica, de los matrimonios de niñas en comunidades indígenas.
 
Esta postura pasiva institucional ha servido como justificación en entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Campeche, Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, donde los grupos de mujeres reconocen el problema de fondo; pero el escenario se repite a lo largo y ancho del territorio nacional.
 
El argumento es que el rito del matrimonio incluye la entrega de una “dote” y que es parte de los “usos y costumbres” de los pueblos originarios y que esto impide que se erradique la práctica, pues forma parte de los rituales de boda… recibir un recurso económico que varía según la capacidad económica del “desposante” a quien es entregada la niña por la familia.
 
Y sí, así también son “enganchadas” algunas jóvenes para la trata. Y sí, también así son entregadas sin ningún miramiento a sus agresores. Y sí, también así fueron entregadas sus madres y sus abuelas.
 
Y sí, así también se entregaba a las señoritas de las sociedades con poder adquisitivo en otros países, en otros tiempos, y aún hoy en algunas regiones en las que prevalecen estas prácticas que atentan contra los derechos de las niñas.
 
¿Una coincidencia de “uso y costumbre? Por supuesto que no, no es un uso y costumbre pues no constituye ningún elemento de la identidad, y sí es una práctica patriarcal que ha permitido y alentado la apropiación del cuerpo de las mujeres, la cosificación de las mujeres convirtiéndolas en extensión del territorio y la propiedad familiar, moneda de cambio y uso del sistema capitalista-patriarcal.

Algunos de los argumentos de la autoridad para permitir que esta práctica continúe en los municipios y comunidades rurales o poblaciones indígenas, es que “sería ir contra el artículo segundo constitucional que reconoce el derecho de los pueblos a:
 
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los Derechos Humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.
 
Hay “autoridades” que reconocen que la unión de una niña con un adulto, se tutela bajo el derecho del que la familia de la “novia”, recibe un bien, o simplemente termina la manutención de la menor de edad. Y no sólo lo justifican, la comunidad lo interioriza y lo apropia, porque institucionalmente nada se hace desde la educación formal para cambiarlo y señalar que no forma parte de la identidad de los pueblos mexicanos, sino del sistema patriarcal que rige a todas las sociedades.
 
Además, México tiene el compromiso y la responsabilidad de hacer cumplir la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que establece la obligación de los Estados parte, de eliminar todas las leyes y usos y costumbres que afecten la dignidad y los derechos de las mujeres y las niñas.
 
Aún así el tema no es prioridad en ninguna agenda, sólo empieza a ser una campaña impulsada por las organizaciones defensoras de los derechos de las niñas, como el Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche, el grupo de organizaciones en Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, activistas que lo han denunciado en espacios alternativos, y medios feministas que lo difunden, pero el Estado sigue sin asumir un compromiso determinante.
 
Y no es coincidencia. Es el sistema de tráfico y control de los cuerpos de las niñas y las mujeres desde temprana edad, un sistema que rige y justifica su uso, control, sometimiento, explotación, dominio y por supuesto propiedad, para ser desechada a voluntad cuando ya no sea útil o cuando intente escapar a ese control.
 
El matrimonio infantil lo que entraña es ese sistema que oprime a las mujeres y como tal encontrará siempre resistencias y “argumentos, por irrisorios que parezcan”, en cualquier parte del mundo.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
@argentinamex
 
16/AC/LGL

Bajo el lema, “Obligar a una niña o mujer joven a unirse en  matrimonio sin que esté de acuerdo, es violencia”, el Consorcio de Organizaciones por la Vida y la Libertad de las Mujeres y las Niñas (Covimyn), dio inicio a la campaña “Por una Libre Decisión”, el pasado 30 de agosto, en diversos municipios de la entidad.
 
Conformado por cuatro organizaciones de la sociedad civil y con el apoyo de OXFAM México, Covimyn hizo un llamado a la igualdad, al respeto a la diversidad, a la no discriminación y al rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo las uniones forzadas, ya que Chiapas es uno de los estados con el mayor número de matrimonios infantiles en el país, junto con Guerrero y Veracruz.   
 
En estos estados, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del 2014, el 15.4 por ciento de las mujeres de entre 20 y 24 años de edad ya son madres y el 3.7 por ciento se unió en pareja antes de los 15 años. Algunas de las razones para que esto ocurra es que son obligadas por un sistema de usos y costumbres o por un embarazo a contraer matrimonio. 
 
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que en 2010 Chiapas ocupaba el tercer lugar a nivel nacional en embarazos adolescentes, con un total de 12 mil 400 madres menores de 15 años, mientras que para el 2016, la entidad pasó a ocupar el primer lugar.
 
Esto constituye una violación a los derechos de las niñas, consideraron representantes de las organizaciones que integran el Covimyn, porque impide su formación educativa, les cierra las oportunidades y pone en riesgo su vida frente al embarazo, parto y maternidad en la infancia, aumenta el riesgo de violencia y el contagio de infecciones de transmisión sexual.
 
Durante la presentación de la campaña, en las instalaciones de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Chiapas y con la presencia de mujeres representantes de instituciones gubernamentales y de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con el tema de derechos de las mujeres, Elvia Quintanar, del Colectivo Isitame A.C. destacó la importancia de acercar a la sociedad en su conjunto, información para construir alternativas que permitan a las mujeres y las niñas acceder a su derecho de vivir libres de violencia.
 
María Teresa Olvera Caballero, de Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud. A.C. reconoció que las uniones tempranas sin consentimiento representan una forma de violencia que atenta contra el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la salud, a la integridad física, a la educación y a la toma de decisiones libres de las niñas, adolescentes y jóvenes.
 
Olvera Caballero subrayó que existen prácticas tradicionales nocivas contra las mujeres, que están sustentadas en las relaciones desiguales de poder que prevalecen en nuestra sociedad y que se dan entre hombres y mujeres.
 
En este sentido, Verónica Madrid Sierra, representante de OXFAM México, consideró que las diferentes formas de desigualdad que enfrentan las mujeres son resultado de relaciones inequitativas de género, que asumen la superioridad de los hombres y la subordinación de las mujeres, creencia que se arraiga y genera otras formas de discriminación y desigualdad, que coloca a las mujeres en desventaja y refuerza los círculos de exclusión y pobreza.
 
OXFAM y el Consorcio, dijo, “hacemos un llamado a los medios y los invitamos a ser portadores y reproductores de este mensaje de igualdad, de no discriminación y rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo las uniones forzadas”.
 
El objetivo de OXFAM, explicó, es contribuir a eliminar la violencia contra las mujeres e influir para cambiar los imaginarios sociales, promover el empoderamiento integral de las mujeres y combatir los desequilibrios de poder apostándole al liderazgo de las mujeres.
 
“Nos importa que se tenga un enfoque intersectorial, que establezcan con claridad las distintas formas de discriminación que convergen en la vida de una mujer por motivos de origen étnico, de color de piel, por cultura, sexo, género, condición social, salud, condición económica y analizar la forma en que estos factores contribuyen a eliminar o acrecentar la desigualdad extrema”, refirió Madrid Sierra.
 
La representante de OXFAM México reiteró su compromiso con las organizaciones y redes de mujeres, para sostener y desarrollar un amplio consenso social de rechazo y tolerancia cero frente a las uniones forzadas y a la violencia en sus múltiples expresiones.
 
En la presentación también estuvieron Liliana Bellato Gil y Carlos Miranda, encargados de la investigación que llevó al  Diagnóstico de la Violencia Contra las Mujeres por Razones de Género en Chiapas (Uniones Forzadas), en la cual se puntualiza la falta de atención al tema de la campaña, aun cuando es medular desde la perspectiva de los Derechos Humanos.
 
El  Covimyn está integrado por las organizaciones Asesoría, Capacitación y Asistencia a la Salud (ACAS A.C.), Colectivo  Isitame A.C., Skolta’el Yu’un Jlumaltic A.C. (SYJAC), Nuevos Códices COMPATIA A.C. y OXFAM México.
 
16/RED/GGQ