Estado de México.
DERECHOS HUMANOS
El plazo venció hace un mes
Estado mexicano incumple informar a CIDH sobre pérdida de evidencias en feminicidio de Nadia Muciño

Hace un mes que venció el plazo para que el Estado mexicano informara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por qué “se perdió” la evidencia y material probatorio durante la investigación del feminicidio de Nadia Alejandra Muciño Márquez, ocurrido en el Estado de México, pero no ha habido respuesta, advirtió la abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Carolina Hernández Nieto.
Durante la presentación de la campaña “Siempre por ellas”-realizada ayer- la abogada informó que esta petición de la CIDH obedece a las observaciones hechas por familiares de la víctima y la CMDPDH, al informe que entregó sobre el caso el Estado mexicano en enero del año pasado donde pidió a la Comisión Interamericana que no lo aceptara porque la familia de la víctima “no agotó todos los recursos legales dentro del país” –como se debe hacer antes de llegar a la CIDH- y las autoridades realizaron “todas las diligencias” para atender el caso.
Al conocer la respuesta, la defensa legal de la familia de Nadia exigió que el Estado mexicano aclarara lo sucedido en la pérdida de evidencias por parte de la Procuraduría General de Justicia del Edomex (PGJEM), pues ello dio pie a que uno de los asesinos, “El Matute”, fuera puesto en libertad en febrero de 2010.
En este sentido, el 8 de diciembre de 2017 la CIDH dio un plazo de un mes al Estado mexicano para aclarar estas demandas, pero éste ya venció y no ha habido respuesta, reprochó la litigante de la Comisión Mexicana, quien recordó que el eje principal de la denuncia ante la Comisión Interamericana, es la falta de debida diligencia por parte de la PGJEM en la investigación del feminicidio.
Cabe recordar que desde el levantamiento del cuerpo de Nadia las autoridades omitieron resguardar la escena del crimen y pruebas. Al intentar ampliar la investigación, un “extraño” ya había quemados todas las evidencias: un colchón individual, ropa, zapatos, objetos y la soga con la que supuestamente se suicidó Nadia.
Tampoco se tomaron pruebas para su estudio como la sangre encontrada en el lavadero de la casa de Nadia y manchas de sangre que tenía la camiseta de su hija de dos años de edad.
La abogada de la Comisión Mexicana añadió que también manifestaron a la CIDH su inconformidad con las declaraciones del Estado mexicano relativas a la dilación del proceso penal, pues el gobierno dijo “que se tardó 14 años por los 13 recursos de apelación interpuestos por la madre de Nadia”, María Antonia Márquez.
Al respecto, la abogada Carolina Hernández refutó “cómo no va a haber inconformidades si las resoluciones que emite el poder judicial son totalmente injustificadas, no se hace un análisis de las pruebas que se ofrecen y por eso se ha prolongado todo”.
Nadia Muciño fue asesinada el 12 de febrero de 2004 enfrente de sus tres hijos en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por su entonces esposo, Bernardo López Gutiérrez y su cuñado, Isidro López, alias “El Matute”. Debido a las negligencias en la investigación y obstáculos para obtener justicia, la familia de Nadia y las representantes legales de la CMDPDH, presentaron el caso ante la CIDH el 5 de octubre de 2010.
Como parte del proceso de admisión, en mayo de 2016 el organismo internacional pidió al Estado mexicano un informe sobre la etapa que guarda el caso del feminicidio de Nadia Muciño.
Apenas el 13 de octubre de 2017, en medio de la presión ante la inminente atracción del caso por parte de la CIDH, el Juzgado Penal de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli condenó a Bernardo López a 42 años de prisión 6 meses por el delito de “homicidio” en agravio de Nadia Alejandra; y en diciembre, el Ministerio Público local apeló la sentencia por la baja penalidad.
Ante esta situación, la madre de Nadia, Antonia Márquez, dijo en entrevista con Cimacnoticias que teme que el feminicida pueda ser puesto en libertad, ya que la decisión está a cargo de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, misma que en 2010 revocó la sentencia condenatoria a “El Matute” por considerar que los testimonios de los hijos de Nadia eran insuficientes y no aptos para incluirlos como pruebas, y porque la necropsia, acta médica y pericial en criminalística, no acreditaban al “Matute” como participante del feminicidio.
Actualmente la familia de Nadia en conjunto con Norma Andrade, también activista y madre de Lilia Alejandra García Andrade, víctima de feminicidio en febrero de 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuyo caso sólo espera el pronunciamiento de fondo de la CIDH, impulsan una campaña con el objetivo que en el próximo período de sesiones de la Comisión Interamericana a celebrarse del 3 al 11 de mayo en República Dominicana, ambos casos tengan una audiencia.
18/HZM/LGL
VIOLENCIA
Ecatepec con el mayor número de niñas-madres
En 2016 en Edomex, mil 46 niñas se convirtieron en madres

En 2016 en el Estado de México se registraron mil 046 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años de edad, lo que significa un promedio mensual de 87 embarazos de niñas en estas edades, lo que coloca a la entidad en el segundo lugar del país con el mayor número de niñas madre, de acuerdo con datos del Subsistema de Información sobre Nacimiento de la Secretaría de Salud.
El dato ha sido una constante en los últimos cuatro años, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) quien reveló que en el periodo de 2012 a 2015 se registraron 3 mil 025 nacimientos en niñas de estas edades.
Las niñas de 14 años de edad representan 88 por ciento del total de nacimientos durante estos cuatro años; es decir, 2 mil 652 casos. Las de 13 años un 11 por ciento (333 casos); y los casos de niñas entre 10 y 12 años fueron 40. De ellas, tres tenían apenas 10 años de edad, pero no se tiene un registro de si estos embarazos fueron producto de violencia sexual.
Los datos del Inegi revelan que la maternidad en niñas no ha logrado reducirse en el Edomex. Para 2015 en comparación con 2012, apenas disminuyeron un 10 por ciento los nacimientos en menores de 14 años de edad en la entidad: se pasó de 798 casos a 711. En tanto, en 2013 se contaron 780 casos y en 2014 un total de 736.
ECATEPEC FOCO ROJO DE EMBARAZO INFATIL
De acuerdo con las cifras de Inegi en seis municipios del Edomex se concentran un 35 por ciento del total de embarazos infantiles: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Chimalhuacán, Toluca y Chalco, son las zonas con el mayor número de casos.
Entre ellos destaca Ecatepec que en el periodo de 2012-2015 registró 314 nacimientos, la madre tenía menos de 14 años de edad. A este municipio le sigue Nezahualcóyotl y Naucalpan, ambos suman 361 casos.
En tanto en Chimalhuacán contó 140 casos, Toluca 130 y el municipio de Chalco un total de 128. Con ello el Edomex se coloca entre los estados con mayor número de embarazos de niñas como Chiapas y Veracruz.
17/HZM/LGL
VIOLENCIA
En 26 de cada 100 tíos y padres los agresores: Endireh
4.4 millones de mexicanas vivió violencia sexual en la infancia

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) reveló que cerca de 4.4 millones de mexicanas fueron víctimas de violencia sexual en la infancia e identificaron que en 26 de cada 100 casos el agresor fue su tío o su padre.
Entre los incidentes de violencia sexual de los cuales fueron víctimas las mexicanas cuando tenían menos de 15 años de edad –que pudo ser más de uno-, 68 por ciento denunció que las obligaron a tocar sus partes íntimas o las de otra persona. En tanto, 42 por ciento dijo que la forzaron a tener relaciones sexuales.
El Estado de México se colocó como la entidad federativa con la mayor cantidad de casos de violencia sexual en la infancia de las mujeres (16 por ciento del total), seguida de la Ciudad de México (9 por ciento), Jalisco (8 por ciento), Veracruz (6.8 por ciento) y Puebla con un 4.9 por ciento de incidencia.
Por primera ocasión el Instituto de Estadística y Geografía (Inegi), encargado de realizar el censo, integró la violencia experimentada en la infancia de las mujeres como una de sus categorías, y la violencia obstétrica.
VIOLENCIA SEXUAL EN EL HOGAR
Con ello la Endireh expuso que la violencia sexual contra las mujeres en su infancia ocurrió con frecuencia dentro de su entorno familiar o por personas conocidas; además de los tíos y padres, un 24 por ciento señaló al hermano y al primo como el agresor (8.4 por ciento y 15.7 por ciento respectivamente).
En el resto de los casos, 6.3 por ciento dijo que fue el padrastro, 3.7 por ciento refirió que fue el abuelo, y 16 por ciento indicó que fue un vecino quien las agredió sexualmente.
Otra de las situaciones de violencia sexual que experimentaron las mujeres cuando eran niñas por parte de estos agresores, fue que las obligaron a mostrar sus partes íntimas o mirar a otra persona.
También denunciaron que las sometieron a mirar escenas o actos sexuales (a través de fotos, revistas, videos, o películas de pornografía).
De estas agresiones que reportaron las mexicanas, 2.2 millones ocurrieron en zonas urbanas, el resto 2 millones, sucedió en zonas rurales como una ranchería, pueblo o comunidad pequeña, estima el Inegi.
Cabe recordar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en su diagnóstico sobre violencia sexual calcula que en el país se cometen 600 mil delitos sexuales al año, en 40 por ciento de los casos la víctima es menor de edad.
VIOLENCIA EMOCIONAL Y FÍSICA EN LA INFANCIA
Además de los incidentes de violencia sexual en la infancia, el Inegi contempla también la violencia emocional y física dentro los indicadores.
A partir de ello, reporta que aproximadamente 15 millones de mujeres vivieron violencia física cuando eran menores de 15 años y 8.3 millones indicó que fue víctima de violencia emocional; los mismo estados (Edomex, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Puebla) se mantuvieron con la mayor cantidad de denuncias.
17/HZM
LABORAL
Van dos semanas de incumplimiento, reclamó hoy al juez
CES Edomex no restituyó a trabajadora despedida por CaMa

A partir del 25 de mayo de 2017, la Unidad de Análisis Criminal de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex), tenía 24 horas para reinstalar a Adriana Rodríguez Hernández en su puesto como subdirectora de Información Delictiva y Coyuntural, luego de que la despidieran por padecer cáncer de mama (CaMa). Sin embargo, han pasado dos semanas y la Comisión no ha cumplido la orden.
Este fue el mandato que dio el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México, para que Adriana Rodríguez fuera reinstalada en su anterior puesto, bajo las condiciones de mantener su derecho a la seguridad social y desempeñar las mismas labores (con el mismo salario y horario).
Con esto se daría cumplimiento al fallo en su favor que dio en abril el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativo del Segundo Circuito, por considerar que no había elementos que avalaran su despido y por estar “de por medio su salud y su vida”.
Al no obtener respuesta, este 6 de junio Adriana Rodríguez presentó una promoción ante el Juez para recordar que no se ha gestionado la restitución a su puesto, informó en entrevista a Cimacnoticias. Con ello, indicó, espera que en los próximos días se determine cuáles van a ser las nuevas condiciones de su reinstalación laboral y la multa que podría enfrentar la Comisión.
De acuerdo con la orden, (con número 1919/2016 que proporcionó Rodríguez a esta agencia) en caso de que la Unidad de Análisis Criminal no atienda esta resolución, “se le impondrá a la persona física que represente a las autoridades requeridas una multa de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo”.
EL CASO
En octubre de 2014, en el Edomex, donde en promedio al año el Instituto de Salud estatal detecta cáncer de mama (CaMa) a 250 mujeres, a Adriana le fue diagnosticado dicho padecimiento, pero un tipo muy poco común y escasamente investigado en el país, Her 2 Positivo. Está en un tratamiento médico de 5 años con un costo de 12 millones de pesos, que no puede solventar si no cuenta con seguridad social.
Esto la obligó a ausentarse por un año de su trabajo, bajo la licencia de incapacidad que le otorgó el Centro Oncológico Estatal de Toluca del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), donde es atendida.
Durante este lapso, al presentar su licencia en las oficinas, fue víctima de malas tratos y burlas a su aspecto físico por el personal de la institución, tras la mastectomía radical en el seno izquierdo que le fue realizada. Asimismo, el jefe de la Unidad, David Alberto Izquierdo Sánchez, exigió en repetidas ocasiones su inmediata renuncia. Al incorporarse a su puesto, fue en principio relegada a otra área de trabajo y el 19 de diciembre de 2016, sin darle razón o justificación, fue despedida.
Ese mismo día, Adriana Rodríguez presentó un amparo para conocer las razones de su despido y pedir que continuará su relación laboral y su derecho a la seguridad médica, ya que argumentó que esta decisión fue mediada por padecer CaMa, no por su desempeño laboral. Ganó la seguridad social en enero de 2017 y fue el Juez Quinto quien determinó que la CES Edomex debía otorgarle la seguridad médica porque, de no continuar con el tratamiento, estaba en riesgo su vida.
+CES EDOMEX, NO RESPONDE
Ante la tardanza de su restitución, Adriana Rodríguez recordó que la decisión del Tribunal Colegiado no puede ser evadida o revocada con algún recurso legal. Y expresó que, a pesar de la dilación en la respuesta de la CES Edomex, está satisfecha de los resultados tras “la búsqueda de sus derechos que emprendió”, pues con su trabajo de vuelta y la seguridad social, podrá “costear los tratamientos para mantener su salud”.
Rodríguez señaló que quedó pendiente cuidar que el personal no incurra en malos tratos o discriminación en su contra, como lo denunció. Ya que a pesar de que el juez tiene conocimiento de los antecedentes de burlas en su contra, no se le otorgaron medidas de protección ni se emitió alguna recomendación por las posibles condiciones adversas que se puedan presentar, pues el amparo se enfoca únicamente en las condiciones laborales.
DESATENCION A MUJERES CON CAMA
A pesar de que Adriana podrá continuar con su tratamiento, insistió que su caso no es aislado, que esas son las condiciones a las que se enfrentan las mexiquenses con ese padecimiento y que buscan acceder a algún trabajo, o que necesitan servicios médicos básicos para atenderlo, medicinas o cirugía.
“Mis compañeras de causa en el Centro Oncológico, si acaso tienen Seguro Popular, sólo les cubren las consulta, porque las medicinas y los estudios ellas lo tienen que pagar. Eso es imposible, porque todo es muy caro, prácticamente están condenando a las personas a morir si no les dan el servicio”, dijo.
Actualmente el Estado de México cuenta con tres Unidades de Especialidad Médica en la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama (Uneme-Dedicam) en los municipios de Toluca, Cuautitlán Izcalli y Huixquilucan. Estas unidades atienden a mujeres que no cuentan con seguridad social y, en caso de tener un diagnóstico positivo, son canalizadas al ISSEMYM, al Centro Oncológico Internacional (COI), al Hospital General de México y al Hospital Juárez, estos dos últimos ubicados en la Ciudad de México.
En tanto, en su Quinto informe de gobierno, Eruviel Ávila, aseguró que de 2012 a 2016, en las diferentes instituciones públicas de salud del Edomex, se atendieron a 2 millones 219 mil mujeres para la detección de cáncer de mama, de las cuales, 503 mil 905 consultas corresponden al último año.
17/RED/GG
VIOLENCIA
Peritajes confirman que fue víctima de violación
Quita Edomex seguridad a Carmen Zamora, sobreviviente de feminicidio

La Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex) retiró de manera arbitraria las medidas de seguridad otorgadas a la víctima de violación sexual y sobreviviente de feminicidio, Carmen Zamora Villedas, a pesar de que el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que emitió las medidas, consideró que está en peligro extremo.
Así lo denunció en entrevista con Cimacnoticias, la propia Carmen, defensora por los derechos de las mujeres, quien alertó que estas medidas ponen en riesgo su vida, pues el 29 de noviembre de 2016 su agresor, Claudio Baruch Alarcón Muñoz, fue puesto en libertad por el Cuarto Tribunal Colegiado Penal de Toluca, bajo el argumento de que no existían pruebas suficientes para acreditar el delito de violación agravada.
Ahora, Zamora no sólo se tiene que enfrentar a la falta de protección y seguridad por parte de las autoridades mexiquenses, también debe comprobar que fue víctima de violación sexual y tentativa de feminicidio para revocar la sentencia de libertad que otorgaron a su agresor.
Zamora recibió ayer el dictamen pericial en medicina forense y psicológico, que corrobora la denuncia que interpuso desde marzo de 2007: fue víctima de violación sexual y violencia de género por parte de su entonces esposo, Claudio Alarcón Muñoz.
A la defensora sólo le resta el peritaje en victimología para determinar los daños que le causó el ataque e iniciar el proceso para revocar la sentencia. Con ello presentará el próximo 21 de abril la carpeta de investigación perfeccionada ante el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec-Chiconautla.
SÓLO RONDINES
La defensora indicó que a este hecho se añade otro elemento de riesgo, su trabajo de acompañamiento solidario a mujeres víctimas de violencia sexual y casos de feminicidio en el Edomex, los cuales lleva a través de la Fundación Carmen Zamora.
Ante esta situación, el Mecanismo de Protección brindó a Carmen Zamora las medidas de seguridad que constan de traslados en unidades policiales y un botón de pánico, pero el primero le fue retirado por las autoridades del Edomex.
De acuerdo con Zamora Villedas, el 11 de abril el oficial encargado de trasladarla le notificó que sería el último día de su servicio, pues la CES Edomex determinó que hacía mal uso de las unidades de la policía estatal y en los traslados iban “otras mujeres”, quienes son las víctimas a las cuales asesora, señaló.
“Seguiré en mi defensa, acompañando a mis compañeras en el camino de su búsqueda por justicia, un trabajo que deberían de realizar las autoridades”, indicó la defensora.
La orden con número 202LG0000/DGAJ/04449/2017 está firmada por el director general de Seguridad Pública y Tránsito en el Estado de México, Rogelio Cortés Cruz, donde puntualiza que se le quitará el traslado y la protección se reduce a rondines policiacos en el domicilio de la víctima.
Por su parte, el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras informó a Carmen Zamora que desconocía de esta decisión y le parecía “muy extraño”, por lo que acordó con la víctima de revisar su caso y tomar en brevedad las acciones necesarias.
Zamora Villedas aún espera la respuesta de la Fiscalía Especializada en Feminicidio del Estado de México, que desde junio de 2016 integra otra carpeta de averiguación, para que su caso sea investigado como tentativa de feminicidio y no como violencia sexual agravada.
17/HZM/GG
SALUD
Desacata amparo y la acusa de robo
CES Edomex niega seguridad social a ex funcionaria con CaMa

Adriana Rodríguez Hernández corre el riesgo de que su tratamiento contra el cáncer de mama (CaMa) se suspenda, porque la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex) se negó a garantizarle el servicio médico, pese a que fue subdirectora de Información Delictiva y Coyuntural y a que un juez ordenó restituirlo antes del 17 de enero.
Por el contrario, dijo Rodríguez Hernández a Cimacnoticias, la dependencia la denunció por robo de un vehículo oficial y es continuamente hostigada por dos hombres, presuntamente ligados a la entidad.
La orden judicial para garantizarle el servicio de salud a la ex funcionaria fue emitida la semana pasada por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México, luego de que, junto con su abogado, Pedro Ayala Espinosa, promovieran un amparo.
El juez otorgó tres días hábiles para que la Unidad de Análisis Criminal de la CES Edomex dijera, por medio de documentación, al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) y a la Secretaría de Contabilidad y Pago del Estado de México, en qué forma garantizaría la seguridad social de Adriana Rodríguez.
En los próximos días, Adriana necesita un estudio que cuesta 15 mil pesos, pero es “imposible que logre pagarlo”, dijo, ya que se terminaron los dos meses que otorga el ISSEMyM para que una persona que pierda su empleo pueda ser atendida y, por otro lado, no hay respuesta de las instituciones para que reciba dicha atención.
ACUSACIONES
Sobre las acusaciones en su contra, Adriana Rodríguez explicó que recibió un citatorio para presentarse ante el Ministerio Público (MP) de Tlalnepantla el 17 de enero pasado. Acudió, acompañada de un abogado de oficio, y le informaron que la CES Edomex la denunció por robo de un vehículo oficial.
Explicó que había intentado en múltiples ocasiones devolver el vehículo, pero en las instalaciones nunca se lo recibieron, como quedó dicho en la demanda laboral interpuesta por su abogado el 19 de diciembre de 2016.
El próximo lunes 27 de enero, Rodríguez Hernández tendrá otra audiencia en el MP para informar cuándo se entregará el vehículo, “tengo miedo que por el poder que tiene la Comisión, puedan asignarse un delito”, comentó Adriana.
Adriana Rodríguez cree que esta acusación es en represalia por las denuncias que ella presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) por abuso de autoridad, discriminación y acoso laboral. “Creo que es como venganza o revancha, porque no he desistido de denunciar todos estos hechos”, dijo.
Adriana Rodríguez recordó que es la primera vez que recibe malos tratos en la dependencia donde laboró, ya que en octubre de 2014, cuando fue diagnosticada con CaMa y tuvo que separarse de su trabajo por un año, al presentar su licencia de incapacidad, fue víctima de burlas, hostigamientos y discriminación derivadas de su enfermedad por parte de sus compañeros de trabajo y de su jefe en la Unidad de Análisis Criminal, David Alberto Izquierdo Sánchez.
Este la obligó a laborar un día antes de ser operada de una mastectomía radical donde le fue extirpado el seno izquierdo y 26 ganglios.
HOSTIGADA
Desde finales de enero pasado, relató Adriana Rodríguez, notó la presencia continua de un vehículo fuera de su casa, pero no le dio importancia hasta que comenzaron a seguirla en ese vehículo cuando salía o asistía a sus citas médicas, desde la Ciudad de México hasta el Centro Oncológico del ISSEMyM en Toluca.
Adriana informó que el vehículo lo manejan siempre los mismos dos sujetos, quienes también han seguido a sus familiares. Este hostigamiento lo reportó ante la Delegación Gustavo A. Madero pero le respondieron que no podía levantar una denuncia hasta el momento que existiera un agravio.
“He buscado ayuda en varias organizaciones e instituciones, como Inmujeres, pero nadie me ha respondido, todo se queda en discursos, nadie atiende a las mujeres”, dijo Adriana, quien está hoy en busca de trabajo, mientras su salud decae.
17/HZM/GG
