Toluca

Organizaciones civiles que integran la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (ANDAR) iniciaron este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la campaña “Tú puedes elegir un aborto legal”, lanzada de manera simultánea en las ciudades de Chilpancingo, Guadalajara, Pachuca, Toluca y Querétaro.
 
La campaña está dirigida a informar que las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual tienen garantizado el acceso al aborto legal y seguro, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046), que fue armonizada con la Ley General de Víctimas, para que las mujeres o niñas mayores de 12 años que hayan sufrido una agresión sexual y presenten un embarazo tengan el derecho a que un centro de salud pública interrumpa el embarazo o que su padre, madre o tutor lo solicite. 
 
A partir de este mes, ANDAR  apoyará el acceso de las mujeres a procedimientos de aborto legal, mediante un acompañamiento gratuito y confidencial a través del chat, dentro de su página web (andar.org.mx/puedeselegir), y a través de la línea telefónica 01 800 800 88 21, de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas.
 
La campaña incluye también anuncios espectaculares, repartición de utilitarios e información en colonias y comunidades en donde la información sobre el derecho al aborto legal tenga menos difusión. 
 
UNA RESPUESTA
 
La Norma responde a la evidencia que ofrecen los datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: en el país se cometen al menos 600 mil delitos sexuales cada año, de estos nueve de cada 10 víctimas son mujeres; cuatro de cada diez tienen menos de 15 años de edad, y la mitad de estos delitos sexuales se desarrollan en sus hogares, en 60 por ciento de las veces, sus agresores son familiares o personas conocidas.
 
Responde también al escaso acceso que tienen estas víctimas al aborto legal, como señala Lluvia Cervantes Contreras, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), con base en datos de la Dirección de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ).
 
En esa entidad, dice, para el periodo de 2009 a junio de 2016, la SESEQ notificó haber realizado solo una interrupción legal del embarazo por la causal de violación. Detrás de esa mínima cifra está, señala la activista, el enorme rezago en la difusión de ese derecho por parte las autoridades.
 
Un panorama similar se vive en Guerrero, en donde se cometieron  2 mil 095 violaciones sexuales de 2011 a 2016, en su mayoría a mujeres menores de 17 años, de acuerdo con datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, informó María de la Luz Estrada de ANDAR.
 
Particular atención merece la situación que viven mujeres y niñas en las regiones indígenas, destaca la activista por los Derechos Humanos de las Mujeres indígenas en Guerrero, y Presidenta del Grupo Plural, Martha Sánchez Néstor, porque la atención para ellas en las instituciones públicas no siempre se les da, como sucedió en la comunidad de Ecatepec, donde una niña de 12 años, embarazada tras una violación, fue expulsada de su escuela, para que no diera “mal ejemplo” a sus compañeras, además de que se e encarceló y multó con 10 mil pesos por no revelar quién fue el agresor. 
 
Sánchez Néstor considera que para estas zonas indígenas se necesita una atención específica, integral, “donde se involucren las diferentes instituciones, como la educativa, que tengan incidencia en la violación de derechos”, para que no se tenga que buscar a médicos o médicas aliadas, ante la falta de una respuesta institucional. 
 
En igual sentido se manifiesta el abogado del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Saúl Hernández Martínez, quien señala la necesidad de que el personal del Sector Salud esté capacitado para dar atención cuando una mujer lo requiera, sin necesidad de que presente una denuncia por violación. Debe también contar con personal médico, agrega, que no aleguen “objeción de conciencia” para evitar practicar la interrupción legal del embarazo.
 
 *Integrantes de la Red Nacional de Periodistas
 
17/JE/GC/GG
 

Adriana Rodríguez Hernández corre el riesgo de que su tratamiento contra el cáncer de mama (CaMa) se suspenda, porque la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex) se negó a garantizarle el servicio médico, pese a que fue subdirectora de Información Delictiva y Coyuntural y a que un juez ordenó restituirlo antes del 17 de enero.
 
Por el contrario, dijo Rodríguez Hernández a Cimacnoticias, la dependencia la denunció por robo de un vehículo oficial y es continuamente hostigada por dos hombres, presuntamente ligados a la entidad.  
 
La orden judicial para garantizarle el servicio de salud a la ex funcionaria fue emitida la semana pasada por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México, luego de que, junto con su abogado,  Pedro Ayala Espinosa, promovieran un amparo. 
 
El juez otorgó tres días hábiles para que la Unidad de Análisis Criminal de la CES Edomex dijera, por medio de documentación, al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) y a la Secretaría de Contabilidad y Pago del Estado de México, en qué forma garantizaría la seguridad social de Adriana Rodríguez.  
 
En los próximos días, Adriana necesita un estudio que cuesta 15 mil pesos, pero es “imposible que logre pagarlo”, dijo, ya que se terminaron los dos meses que otorga el ISSEMyM para que una persona que pierda su empleo pueda ser atendida y, por otro lado,  no hay respuesta de las instituciones para que reciba dicha atención. 
 
ACUSACIONES
 
Sobre las acusaciones en su contra, Adriana Rodríguez explicó que  recibió un citatorio para presentarse ante el Ministerio Público (MP) de Tlalnepantla el 17 de enero pasado. Acudió, acompañada de un abogado de oficio, y le informaron que la CES Edomex la denunció por robo de un vehículo oficial.
 
Explicó que había intentado en múltiples ocasiones devolver el vehículo, pero en las instalaciones nunca se lo recibieron, como quedó dicho  en la demanda laboral interpuesta por su abogado el 19 de diciembre de 2016.
 
El próximo lunes 27 de enero, Rodríguez Hernández tendrá otra audiencia en el MP para informar cuándo se entregará el vehículo, “tengo miedo que por el poder que tiene la Comisión, puedan asignarse un delito”, comentó Adriana.
 
Adriana Rodríguez cree que esta acusación es en represalia por las denuncias que ella presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) por abuso de autoridad, discriminación y acoso laboral. “Creo que es como venganza o revancha, porque no he desistido de denunciar todos estos hechos”, dijo.
 
Adriana Rodríguez recordó que  es la primera vez que recibe malos tratos en la dependencia donde laboró, ya que en octubre de 2014, cuando fue diagnosticada con CaMa y tuvo que separarse de su trabajo por un año, al presentar su licencia de incapacidad, fue víctima de burlas, hostigamientos y discriminación derivadas de su enfermedad por parte de sus compañeros de trabajo y de su jefe en la Unidad de Análisis Criminal, David Alberto Izquierdo Sánchez.
 
Este la obligó a laborar un día antes de ser operada de una mastectomía radical donde le fue extirpado el seno izquierdo y 26 ganglios.
 
HOSTIGADA
 
Desde finales de enero pasado, relató Adriana Rodríguez, notó la presencia continua de un vehículo fuera de su casa, pero no le dio  importancia hasta que comenzaron a seguirla en ese vehículo  cuando salía o asistía a sus citas médicas, desde la Ciudad de México hasta el Centro Oncológico del ISSEMyM en Toluca.
 
Adriana informó que el vehículo lo manejan siempre los mismos dos sujetos, quienes también han seguido a sus familiares. Este hostigamiento lo reportó ante la Delegación Gustavo A. Madero pero le respondieron que no podía levantar una denuncia hasta el momento que existiera un agravio.
 
“He buscado ayuda en varias organizaciones e instituciones, como Inmujeres, pero nadie me ha respondido, todo se queda en discursos, nadie atiende a las mujeres”, dijo Adriana, quien está hoy en busca de trabajo, mientras su salud decae. 
 
17/HZM/GG