Alerta de Violencia de Género

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ESTADOS
VIOLENCIA
   ALDF aprueba iniciativa con sanción de 1 a 3 años de prisión
Será delito tomar fotos y video a mujeres sin su consentimiento
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/05/2018

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó adicionar un nuevo tipo penal que castiga, con uno hasta tres años de prisión, a quienes tomen fotografías o grabaciones con índole sexual a mujeres sin su consentimiento.

Esta reforma que adiciona los Artículos 177 Bis y 179 al Código Penal de la Ciudad de México surgió de una iniciativa propuesta por el diputado del Partido de la  Revolución Democrática (PRD), Iván Texta Solís, quien argumentó que en promedio tres mujeres al día acuden a la Procuraduría General de Justicia de la ciudad (PGJDF) para denunciar que les tomaron fotos o videos sin su consentimiento.

Con esta reforma, aprobada el 7 de mayo de 2018 a partir del dictamen que elaboró la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se establece que “a quien realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión”.

Este tipo de acoso sexual ocurre principalmente en el transporte público, por lo que la iniciativa contempla elevar a una tercera parte la sanción cuando ocurra en dicho espacio, o bien, alguna otra instalación pública. De la misma forma se elevará la pena cuando exista una relación jerárquica por relación laboral, docente, doméstica o de cualquier clase, entre el agresor y la víctima.

Por “conductas de naturaleza sexual indeseables”, la norma describe que se consideran solicitar favores sexuales para sí o una tercera persona, además de la difusión de imágenes por cualquier medio con implicaciones sexuales, ello, sin el consentimiento de las víctimas y que atente contra su dignidad. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del 2017 (Endireh) 61 por ciento de las mujeres en la Ciudad de México reportó haber sido a lo largo de su vida víctima de violencia comunitaria, en específico violencia sexual, que ocurre en la calle, transporte público, parques y otros lugares públicos.  

Con ello la Endireh ubica a la Ciudad de México en el primer lugar de violencia comunitaria contra las mujeres del país, en tanto, en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2016 (Envipe) se reportó que 79 por ciento de las capitalinas reveló sentirse insegura en la calle.

Esto sucede a pesar de que las autoridades de la Ciudad de México pusieron particular atención en campañas y programas para atender la violencia y el acoso sexual callejero y en el transporte público, por ejemplo, en 2008 inició el “Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas” de la mano de ONU Mujeres.

La aprobación de esta iniciativa al Código Penal entra en una serie de reformas legislativas que está realizando el gobierno capitalino en cumplimiento con el proceso de la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG), pedida por organizaciones civiles el 7 de septiembre de 2017.

Estas acciones gubernamentales incluyen hasta ahora el aumento de la sanción a quién cometa un feminicidio (hasta 60 años de cárcel) y la implementación del llamado “Protocolo Alba” un instrumento especializado en la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.

Asimismo, con el fin de garantizar la vida y seguridad de las capitalinas se planteó la puesta en marcha de un sistema de información que identifique a mujeres en riesgo de violencia feminicida y un programa en atención a la niñez y adolescencia que queda en orfandad por el feminicidio de sus madres.

18/HZM








ESTADOS
VIOLENCIA
   Estado no erradica violencia de género y violenta derechos sexuales y reproductivos
Organizaciones vigilarán cumplimiento de Alertas de Género en Veracruz
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/04/2018

Ante al incumplimiento de las medidas recomendadas para garantizar la seguridad de mujeres y niñas en Veracruz, y la garantía de sus derechos reproductivos, organizaciones defensoras de Derechos Humanos instalaron un Mecanismo Ciudadano de Vigilancia para revisar el cumplimiento de las dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado.

En un comunicado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) anunció que organizaciones estatales, nacionales e internacionales decidieron instalar este observatorio ya que el Estado no ha cumplido con las medidas relacionadas con la erradicación de violencia de género y la transgresión a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Veracruz es la primera entidad con dos declaratorias de AVG. La primera se solicitó el 9 de septiembre de 2015, debido a que de 2000 a 2015 se registró el asesinato de mil 214 mujeres y niñas. Luego del incumplimiento de las recomendaciones esta Alerta fue declarada el 23 de noviembre de 2016.

Posteriormente, al no garantizarse los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres veracruzanas, el 5 de abril de 2016, fue solicitada la segunda AVG por agravio comparado. Ante el incumplimiento de las recomendaciones por parte de los tres niveles de gobierno, la Segob decretó la segunda Alerta el 13 de diciembre de 2017.

INCUMPLIMIENTO

A pesar de las dos AVG, que obligan a las autoridades a contar con bases de batos específicas, la autoridad no proporcionó al OCNF información de los feminicidios ocurridos en 2016 y 2017 y tampoco ha cumplido con las recomendaciones derivadas de estos mecanismos de emergencia.

En la declaratoria de AVG por violencia feminicida se recomendó al gobierno estatal crear una Unidad de Contexto para la Investigación de Feminicidios, Homicidios Dolosos de Mujeres, Violencia Sexual y Desaparición de Mujeres que, mediante la elaboración de análisis antropológicos, sociológicos y psicosociales, permita identificar, entre otros, las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres en la entidad. Sin embargo, no se ha instalado.

En lo que va del 2018 organizaciones locales integrantes del OCNF han registrado hasta el este 26 de abril 68 asesinatos de mujeres, pese al incremento de los casos de feminicidio en el estado, Veracruz no cuenta con un Protocolo de investigación actualizado bajo el nuevo sistema de justicia penal, los estándares de debida diligencia, la perspectiva de género y los derechos humanos.

En este sentido, el OCNF hizo un llamado a las autoridades de Veracruz para que prioricen las acciones y políticas públicas que garanticen la vida e integridad física de las mujeres veracruzanas; investiguen de inicio toda muerte violenta de mujeres como feminicidio; y actualice su Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio, entre otras.

A través de este Mecanismo Ciudadano, las organizaciones, el OCNF, la Red Nacional de Organismo Civiles de Derechos Para Todos (RED TDT) y el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres, con la asesoría de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Nacional Unidas para los Derechos Humanos, darán seguimiento a las acciones que las autoridades emprendan a fin de dar cumplimiento a las dos alertas.

REFORMAS NECESARIAS

El OCNF exigió a Poder Ejecutivo implementar un programa estatal para el acceso a la Interrupción del Embarazo (ILE) desde la perspectiva integral; al Poder Legislativo reformar los artículos 148, sobre la inducción o ayuda al suicidio; y 150 y 154 del Código Penal sobre la interrupción del embrazo (con el propósito de garantizar a las mujeres veracruzanas “el derecho a decidir sobre su cuerpo”.

Asimismo, OCFN pidió al Poder Judicial que investigue y resuelva en “un placo razonable” los expedientes y carpetas de investigación iniciadas por el delito de aborto y homicidio en razón de parentesco, privación de la vida de las persona que sea ascendiente o descendente consanguíneo: hermano, cónyuge, concubina, adoptado, con conocimiento de esa relación.

Actualmente, la legislación condena a las mujeres que interrumpen su embraza de 6 a 4 años de cárcel y una multa de hasta 75 días de salario, y  permite el aborto en cuatro causales por “imprevisión de la mujer embrazada”, producto de una violación o inseminación artificial (no consentida) dentro de los 90 de gestación, de no existir peligro para la interrupción (con aprobación médica) y “trastorno físicos o mentales graves” del feto (con consentimiento de la madre y la opinión de dos médicos).

El OCNF afirmó que como organizaciones de la sociedad civil estarán en contacto con el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la evaluación que realizará al Estado mexicano en julio próximo, sobre la situación que prevalece en el Estado de Veracruz y que –explicó- hace evidente los restos y obstáculos presenten para un efectivo ejercicio y garantía de los derechos de las mujeres.

Por último, hizo un llamado a la sociedad civil y a las mujeres veracruzanas a sumarse al esfuerzo de estas organizaciones. Asimismo este jueves 26 el OCNF anunció que podría solicitar una tercera Alerta, esta vez por el numero desapariciones de mujeres, 3 millones 159 mil 899 mujeres desaparecidas 2008 a 2017, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

18/AEG








NACIONAL
VIOLENCIA
   Grupo de Trabajo documenta deficiencias de Procuraduría
Miguel Ángel Mancera deja malas cuentas en la capital por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/03/2018

El Grupo de Trabajo para la Alerta de Género en la Ciudad de México, confirmó en su informe, lo que han sostenido las organizaciones peticionarias: la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF) tiende a no clasificar e investigar con perspectiva de género los casos de feminicidio, falta de capacitación de funcionarios, desconocimiento del Protocolo y actuación tardía en caso de desapariciones y feminicidio.

De la información proporcionada por el gobierno de la Ciudad de México al grupo de Trabajo para la elaboración de su informe, destaca que durante la administración de Miguel Ángel Mancera, de enero de 2012 a septiembre de 2017, se cometieron 292 casos de feminicidio y 421 casos de homicidios dolosos contra mujeres.

Sin embargo, menos de la mitad de estos asesinatos fueron tipificados como feminicidio pese a que la Ciudad cuenta, desde 2011 con la tipificación de este delito en el Código Penal así como con el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial de Feminicidio, y la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio a Mujeres.

Y ello se explica, dice el Grupo de Trabajo, porque las normativas no se aplican en la práctica, hay un desconocimiento generalizado en las autoridades de la Procuraduría respecto al feminicidio y los protocolos que existen para atenderlo.

Este informe de trabajo que tanta polémica generó debido al atraso en su entrega, pese a que desde noviembre de 2017 estaba en manos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), se hizo público ayer, posterior a la conferencia de prensa dada por las organizaciones peticionarias de la AVG para la CDMX, quienes acusaron a esta instancia de Gobernación de retrasar los informes y obstaculizar el avance de los DH de las mujeres.

Así, en este escenario, a seis meses de la solicitud de la AVG, la presión de las organizaciones civiles encima, y cuando Miguel Ángel Mancera está a un paso de dejar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la Conavim anunció que tras las entrega del informe las autoridades de la Ciudad tienen 15 días para aceptar o rechazar las 20 recomendaciones que emitió el Grupo de Trabajo.

PGJDF IGNORA FEMINICIDIO Y SUS PROTOCOLOS

El Grupo de Trabajo estuvo conformado por académicas. De la UNAM, Aleida Hernández Cervantes; de la UAM, Iris Rocío Santillán Ramírez; y de El Colegio de México, Marta Walkyria Torres Falcón y Carlos Javier Echarri Cánovas.

Del Instituto Nacional de las Mujeres, José Luis Peña Colín; de la Conavim, Claudia Isela Alvarado Covarrubias; de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Maribel Becerril Velázquez; y del Instituto de las Mujeres de la Ciudad, Teresa Incháustegui Romero.

En la metodología el equipo de trabajo explicó que entrevistó a varios funcionarios ministeriales y policiales quienes tenían un conocimiento “superficial” del Protocolo de Investigación de Feminicidio, ya que al pedirles detalles de cómo lo aplican en las investigaciones, “se limitan a contestar generalidades y evasivas”.

El personal de la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio a Mujeres, manifestó que tiene dificultades para acreditar el feminicidio sobre todo cuando el cuerpo no presenta lesiones infamantes, mutilaciones o signos de violencia sexual.

Además de la falta de competencia del personal de la Agencia Especializada para indagar el feminicidio, éstos no intervienen de forma inmediata cuando se conoce el asesinato de una mujer, por lo que el Grupo reiteró “la necesidad de que siempre esté presente al inicio de la investigación, un representante de la Agencia Especializada a fin de coordinar la investigación y de garantizar la aplicación del Protocolo”.

REVICTIMIZACIÓN Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL, UNA CONSTANTE

El equipo de especialistas también documentó, a través de entrevistas a familiares de víctimas cómo se ha vuelto común que se pierdan indicios y pruebas en el lugar de los hechos y la venta de fotografías de las víctimas a medios, sin que haya consecuencias legales; no se investiga con perspectiva de género; las coordinaciones territoriales desconcentradas de la PGJDF inician las carpetas de investigación por suicidio u homicidio doloso, y no cuentan con personal especializado en feminicidio; además de la insensibilidad por parte del personal de la Procuraduría en el trato de las víctimas indirectas.

Otra constante es la filtración de información sesgada para desacreditar a las víctimas y justificar la violencia ejercida en su contra; se obstaculiza a las familias el acceso a la carpeta de investigación; los peritajes se elaboran “a modo” a fin de que cuadren en las hipótesis de suicidio u homicidio; los probables feminicidas son tratados como víctimas indirectas.

NO SE SABE QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS

A estos problemas se suma la sistematización de los casos de feminicidio. El Grupo de Trabajo reveló en su informe que la PGJDF no cuenta con información detallada de las víctimas.

Apenas se sabe que de estas 292 mujeres asesinadas por razón de género de 2012 a septiembre de 2017, 44 por ciento tenía entre 18 a 30 años de edad; 40 por ciento entre 31 a 60 años. 8.6 por ciento eran menores de 17 años y 6.2 por ciento tenía más de 60 años. Del uno por ciento restante se desconoce su edad.

La Procuraduría fue incapaz de aportar mayores datos sobre el estado civil de las víctimas, su ocupación, lugar origen, nivel de estudios, condición socioeconómica, lugar y causa de muerte de la víctima y por si fuera poco dijo que “carece de información sistematizada respecto de si existía alguna relación entre la víctima y el victimario”, una de las características que definen al feminicidio.

Destaca que 21 por ciento de los casos de feminicidio se concentraron en la delegación Iztapalapa (62 casos) y descienden casi a la mitad en las delegaciones Gustavo A. Madero con 32 casos, Cuauhtémoc son 27 casos, Tlalpan 25 y Coyoacán 22 casos.

La situación no es menor en el resto de las delegaciones, en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Xochimilco, suman 124 casos de feminicidio.

CAPEA: “LA DESAPARICIÓN DE MUJERES NO ES UN DELITO”

Las deficiencias en la Procuraduría para feminicidio, son similares en los casos de desapariciones, constató el Grupo de Trabajo. El personal del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea) contestó al Grupo de Trabajo que no consideran “la desaparición de una mujer como un delito”, por lo que no tiene registro de los casos, ni tampoco de cuántas mujeres reportadas como desaparecidas han sido localizadas.

Capea reportó que solo inician “carpetas de investigación especiales” e informaron que abren entre 12 a 15 investigaciones diarias, la mayoría se trata de desapariciones de menores de 17 años. No obstante, el personal de este Centro no relaciona estas desapariciones con algún ilícito (feminicidio o trata) solo refirieron a las expertas que es parte de la “violencia familiar”.

Los familiares de víctimas de mujeres desaparecidas también expresaron ante el Grupo de Trabajo los malos tratos a los que se enfrentan con el personal en Capea (dependencias de la PGJDF) quien califica la desaparición de mujeres como “extravíos” o “ausencias voluntarias”; minimiza la información que proporcionan los familiares; dejan pasar más de 24 horas para iniciar la investigación de los casos; además de que la instancia no cuenta con mecanismos de búsqueda claros.

Sin ahondar más en esta información, el Grupo de Trabajo refirió que en promedio, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas recibe mensualmente entre cinco a 10 denuncias por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, cuyas víctimas oscilan entre los ocho a 30 años de edad.

A este tipo de violencias extremas se agrega la que viven las capitalinas cotidianamente. Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2016, destacó en la Ciudad de México 61.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años de edad han sido agredidas en espacios comunitarios a lo largo de su vida (calles, parques, entre otros) y 37 por ciento lo fue en los últimos 12 meses.

En tanto, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais) muestran una tendencia creciente de los egresos hospitalarios de mujeres relacionados directamente con la violencia: mientras en 2004 se registraron 14 mil 303 casos, para 2014 la cifra subió a 20 mil 669.

LAS RECOMENDACIONES

Ante este contexto de violencia generalizada contra las capitalinas el Grupo de Trabajo presentó 20 conclusiones y recomendaciones al Gobierno de la Ciudad de México.

Entre estas destacan establecer protocolos de supervisión estricta en hoteles o moteles de la Ciudad de México, ya que en estos lugares se ha tenido conocimiento de casos de violencia extrema, incluyendo casos de feminicidio y trata de personas.

Revisar los procedimientos de investigación en criminalística y forense en los casos de feminicidio, y la operatividad del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Investigación del Feminicidio, además de revisar los expedientes de muertes violentas de mujeres para verificar si se aplicó este instrumento.

Que las Agencias de Delitos Sexuales de la PGJDF generen un protocolo de actuación y asegurar que los prestadores de los servicios de salud que tienen el primer contacto con mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, apliquen la Norma Oficial Mexicana 046 que permite el aborto en casos de violación, y que se genere un Protocolo para que se dé aviso al Ministerio Público de estos casos.

Evaluar la instauración del Protocolo Alba, un mecanismo especializado para la búsqueda de mujeres; y entregar informes públicos sobre el número de mujeres, niñas y adolescentes localizadas (con o sin vida) y no localizadas.

Fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas de violencia familiar, sobre todo en el Centro de Apoyo a la Violencia Familiar (Cavi) y los Centros de Justicia para las Mujeres. Además de garantizar la protección de la infancia que viven en estos entornos de violencia y son víctimas indirectas.

El gobierno capitalino deberá responder en el plazo indicado a estas 20 recomendaciones. Es importa señalar que estas no sustituyen a las seis medidas provisionales emitidas por Conavim anteriormente y por las cuales el gobierno creó el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para atenderlas.

18/HZM/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   OSC denuncian freno en avance a protección de DH de mujeres
Denuncian irregularidades y omisiones de Conavim en AVG
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/03/2018

Organizaciones peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), de diversos estados del país, denunciaron la existencia de irregularidades y omisiones en los procedimientos de las AVG, por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

En un comunicado, las organizaciones denunciaron que la nueva administración de la Conavim –desde enero 2018 a cargo de Ángela Quiroga Quiroga- ha frenado el avance por proteger los Derechos Humanos (DH) de las mujeres debido al “dudoso y deficiente desarrollo de sus facultades”.

Las organizaciones señalaron que tienen conocimiento que a casi tres meses de la llegada de la titular a la Conavim, ésta se ha reunido con los representantes de los gobiernos sin la participación de los Grupos de Trabajo, ni de las organizaciones peticionarias de las AVG para acordar las situaciones relacionadas con las Alertas.

Lo anterior enfatizaron, es una de las muchas irregularidades realizadas por esta instancia, ya que los gobiernos no están contemplados dentro del procedimiento de AVG y por tanto, dijeron, atenta contra el objetivo de las AVG, pues el emitir informes de recomendaciones y declarar las Alertas, “no depende de la voluntad de los estados, sino del cumplimiento de las recomendaciones y del cese de la violencia”.

Ante ello consideraron que la administración de Ángela Quiroga Quiroga pone en riesgo el avance para disminuir la violencia contra las mujeres, como en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, Puebla y la Cuidad de México, entidades donde no ha dado un seguimiento a las Alertas ya emitidas por desaparición y feminicidio de mujeres.

Reprocharon que desde hace meses Conavim ha limitado su participación en el proceso de las AVG, sigue sin aplicar los indicadores de resultado para medir el funcionamiento del impacto de las recomendaciones y ha retrasado de manera injustificada los informes sobre las AVG en las entidades donde la desaparición y el feminicidio son problemas graves, como la Cuidad de México, Tlaxcala y el estado de Puebla.

Destacaron las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública quien documentó, de 2015 a 2017, el asesinato de 8 mil 190 mujeres en todo el país, de los cuales sólo mil 640 casos fueron investigados como feminicidio, lo que demuestra, dicen las organizaciones, el desinterés por parte de las autoridades federales de desarrollar acciones para erradicar la violencia feminicida en las entidades.

En tanto, las cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de 2014 a 2017, registraron 8 mil 940 asesinatos de mujeres en todo el país, de los cuales 2 mil 188 casos han sido investigados bajo el delito de feminicidio.

Por ello demandaron a la Secretaría de Gobernación llevar a cabo acciones inmediatas y efectivas para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres, así como atender y resolver “los pendientes, vacíos y seguimientos” a las alertas emitidas en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, Puebla y la Cuidad de México, y eliminar las barreras para la implementación de la AVG como lo establece la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

“Recordamos a las autoridades, sociedad civil y a las organizaciones que... ()…que el mecanismo de Alertas de Violencia de Género contra las mujeres fue hecho para proteger a las víctimas y sus derechos, no a los gobiernos”.

18/AEG/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Jefaturas delegacionales, Salud, SSP, entre otras lo integrarán
Crean grupo de trabajo para atender medidas por AVG en CDMX
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/03/2018

Luego de seis meses de que grupos de la sociedad civil solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la Ciudad de México, el gobierno capitalino finalmente anunció la creación del “Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario” para atender las seis medidas provisionales que dictó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

El Gobierno de la Ciudad de México informó este 26 de marzo en un comunicado que este equipo lo conformarán las 16 jefaturas delegacionales, las secretarías locales de Gobierno, Salud (Sedesa), Seguridad Pública (SSP), Desarrollo Social, el DIF DF, la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), el Instituto de las Mujeres (Inmujeres DF) y la Oficialía Mayor.

Mientras el gobierno de la urbe señaló que la Conavim dictó a las autoridades las seis medidas provisionales –ante la falta del informe del Grupo de Trabajo- desde el 10 de octubre de 2017, las organizaciones peticionarias de la Alerta, Justicia Pro Personas y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, dicen que apenas se emitieron el 2 de marzo.

En todo caso, el proceso de la Alerta de Género en la Ciudad de México va retrasado, ya que las autoridades capitalinas apenas dan respuesta a las medidas provisionales desprendidas de la solicitud de AVG, y la Conavim, sigue dando largas a la entrega del informe del Grupo de Trabajo que se tiene listo desde diciembre del año pasado.

Al anunciar este grupo multidisciplinario, el secretario de Gobierno local, José Ramón Amieva Gálvez, dijo que la “Ciudad de México se distingue” por ser la entidad con “mejores políticas de protección, acompañamiento, defensa e investigación en el tema de violencia hacia las mujeres”.

Sin embargo, en una entidad donde han sido asesinadas 260 mujeres por razón de género (según datos de la Procuraduría de 2012 a 2016), las medidas provisionales han sido fuertemente criticadas por las agrupaciones solicitantes porque no responden a las demandas plasmadas petición de Alerta hecha el 7 de septiembre de 2018: falta de acceso a la justicia y debida diligencia en casos de feminicidio.

Las medidas que dictó Conavim, incluyen la creación de un “mapa de instituciones que presten servicios a víctimas de violencia de género”, iniciar la Red de Información de Violencia contra las Mujeres.

Elaborar el protocolo de “Aviso al Ministerio Público” para la implementación de la Norma Oficial Mexicana 046 que establece el derecho al aborto en caso de violación, y fortalecer la Coordinación Interinstitucional de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia local.

Las únicas medidas apegadas a la petición de AVG fueron la instalación de una Mesa de Trabajo para dar seguimiento a los casos de asesinatos de mujeres por razón de género y la creación de un Comité Técnico que formule el Protocolo Alba en la ciudad, un mecanismo de búsqueda de mujeres desaparecidas.

De acuerdo con el secretario de Gobierno “pronto” darán a conocer los resultados sobre estas acciones y las tareas específicas que realizará cada área del gobierno capitalino.

Cabe recordar que el Grupo de Trabajo terminó el informe de la AVG en la primera semana de diciembre del año pasado y tras modificaciones se aprobó en enero de 2018 para entregarlo al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Sin embargo, con el cambio de titular de la Conavim, ahora prescindida por Ángela Quiroga Quiroga, el proceso se frenó porque la Comisionada solicitó ampliar la etapa de investigación de las académicas.

En este sentido, esta mañana organizaciones que han sido peticionarias de Alertas de Género, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Personas, y el Centro Fray Francisco Vitoria, convocaron a una conferencia de prensa y criticaron que desde la llegada de Ángela Quiroga los procesos de Alerta se han estancado injustificadamente.

Por lo que exigieron el “cese de la simulación y atención a los pendientes” de las solicitudes de Alerta de la Ciudad de México, Tlaxcala (negada dos veces en 2017), Puebla (negada y tramitada nuevamente en noviembre de 2017), el Estado de México (decretada en 2015) y Veracruz (con dos AVG una por Agravio Comparado y otra por feminicidio).

18/HZM/LGL

 








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Fue denunciada por un profesor acusado de acoso sexual
Eximen a defensora Circe López del delito de ataque al honor
Imagen retomada del portal ladobe.com.mx
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/03/2018

Después de ser acusada de “ataques al honor” por informar que un profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo era acusado de acoso sexual, la defensora de Derechos Humanos, Lucero Circe López Riofrío, ganó una apelación por lo que no enfrentará un juicio por esta denuncia. 

El pasado 14 de marzo la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Michoacán revocó el auto de vinculación a proceso contra la defensora, quien fue acusada por un profesor universitario que se dijo perjudicado luego de que López Riofrío informara ante instituciones públicas que el sujeto estaba siendo acusado de acoso sexual. 

La imputación contra la defensora surgió durante el proceso de solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) que en 2014 presentó a través de la organización “Humanas Contra la Violencia”. Con esta petición se creó un grupo de trabajo para sustentar si había o no elementos para emitir la declaratoria.

El profesor, acusado de acoso sexual, fue incluido en este grupo como experto para investigar la violencia de género. Cuando se hicieron públicos los nombres de los investigadores Circe López recibió dos correos electrónicos donde dos mujeres expusieron que el profesor las acosó sexualmente.

En un caso, una estudiante afirmó que lo denunció ante la Universidad pero la casa de estudios nunca informó cuál fue la resolución.

López Riofrío consideró natural llevar el asunto ante el grupo de trabajo. En una reunión el 22 de enero de 2015 la defensora presentó una carta firmada por organizaciones y feministas que exigieron la destitución del profesor del grupo de expertos. Como resultado en diciembre de ese año ella fue denunciada por dañar la imagen del académico.

El profesor, que además labora en una institución pública atendiendo en el área de atención a la violencia intrafamiliar, acusó a la defensora de perjudicar su honra con lo que lo afectó económicamente, por lo que exigió una indemnización de un millón de pesos. Sn embargo, el señalamiento se hizo en una reunión  con personas que analizaban la AVG.

Además López Riofrío solo tuvo intención de informar que se pretendía incluir en el grupo de trabajo a una persona que en ese momento tenía denuncias de acoso sexual sin saber si había sido encontrada inocente o culpable.

El 8 de febrero de este año, el juez Ariel Montoya Romero, vinculó a un proceso penal a López Riofrío, directora de la organización “Humanas contra la Violencia”, por el delito contra el honor, el cual se castiga con penas de tres a cinco años de prisión y una multa de cien a trescientos días de salario mínimo general vigente, así como la reparación del daño.

Las acusaciones legales son una práctica que restringe el activismo, según el Registro mesoamericano de agresiones a mujeres defensoras de Derechos Humanos. En México, entre 2012 y 2014, las defensoras más agredidas fueron las que defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Asimismo es una práctica para inhibir la libertad de expresión.

Luego de ser vinculada a proceso, la defensora apeló la decisión del juez y el pasado 14 de marzo los magistrados de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán determinaron que el comentario que hizo la activista ante autoridades que trabajaban sobre la AVG era de interés para las personas involucradas, por lo que no es sancionable penalmente.

Los magistrados también consideraron que el señalamiento no fue una denuncia pública sino que informó al Grupo de Trabajo sobre la solicitud que hizo por escrito para pedir la destitución del académico.

Además el “experto en violencia de género” que haría tareas de interés general estaba presente durante la reunión por lo que tenía derecho de réplica.

En este caso, explicó en entrevista López Riofrío, no se puede limitar la libertad de expresión de las defensoras de Derechos Humanos porque el derecho penal no se puede usar para acallar la verdad en asuntos de carácter público como la violencia sexual pero además, dijo, aún falta que las mujeres que aseguraron ser víctimas de acoso sexual reciban justicia.

18/AGM/LGL








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Presentó informe “La situación de los Derechos Humanos en el mundo”
   
Deficientes las investigaciones sobre feminicidio en México: AI
CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/02/2018

La organización Amnistía Internacional (AI) alertó sobre el incremento de la violencia de género en México, la falta de estadísticas sobre feminicidio y las deficientes investigaciones en los asesinatos de mujeres y niñas y su clasificación.

Al presentar su informe “La situación de los Derechos Humanos en el mundo” en el capítulo dedicado a México, presentado esta mañana, AI señaló que el problema de la violencia de género se sigue generalizando, muestra de ello, dijo, es que los asesinatos de mujeres se investigan como homicidios, en 2016, señaló, 2 mil 668 asesinatos de mujeres se consideraron homicidio.

De acuerdo con su informe, la violencia contra mujeres y niñas sólo se registró en la encuesta 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cual estimó que dos tercios de las niñas y mujeres mayores de 15 años han vivido violencia en espacios públicos o comunitarios a lo largo de su vida; y que la violencia más frecuente es la sexual (acoso, abuso o violación).

En este sentido, AI retomó lo dicho por el Relator Especial sobre la tortura del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Juan E. Méndez quien en su última visita a México en 2014, dijo que la violencia sexual es el método de tortura más frecuente.

El informe también se refiere a la Alerta de Violencia de Género (AVG) implementada en 12 entidades federativas, sin embargo, destaca la falta de resultados en la disminución de la violencia contra las mujeres.

En el tema de desapariciones, AI destaca la falta de información sobre las 8 mil 974 mujeres desaparecidas y advirtió que esta cifra puede ser aún más alta, ya que no están contemplados en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) los casos anteriores a 2014 y los clasificados como secuestro o tráfico de personas, lo cual, dijo, ha conllevado a que persista la impunidad en estos delitos.

La organización defensora de los Derechos Humanos, también se refirió a la libertad de expresión y precisó que las amenazas, hostigamientos, agresiones y homicidios contra periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos (DH) no ha descendido a causa de las deficientes investigaciones por parte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) quien no ha esclarecido si existe una relación entre los asesinatos y la profesión de la persona, como ocurrió con el caso de la defensora de DH (cuya hija está desaparecida) Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, ocurrido en mayo de 2017 en Tamaulipas, al norte del país.

AI señaló que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de DH y Periodistas no ofrece protección a las defensoras ni a los periodistas.

Con este informe, Amnistía Internacional documentó la situación de los DH en 159 países y territorios durante 2017 así como el cumplimiento de los gobiernos en su protección y respeto.

18/AEG/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Diputada denuncia falta de datos de violencia
Segob e Inmujeres deberían evaluar municipios en Alerta de Género
Imagen de Citlalli López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/02/2018

La diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Concepción Villa González, promovió en la Cámara de Diputados una propuesta para que la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) realicen una evaluación pública sobre las acciones emprendidas por los municipios que tienen vigente la Alerta de Violencia de Género (AVG).

Mediante un punto de acuerdo presentado la semana pasada, la legisladora Concepción Villa denunció que se desconoce la eficiencia de las Alertas de Género ya que no existe información pública ni fiable sobre las acciones que han realizado las 12 entidades que tienen declarado este mecanismo.

Villa González expuso que se debe realizar una constante evaluación en los municipios donde esta decretada la AVG, esto mediante actualizaciones de datos e investigaciones promovidos por las dependencias de la administración pública federal, mismas que deben ser de carácter público.

Cabe recordar que la tarea de declarar y vigilar la AVG corresponde a la Segob por medio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependencia que ha declarado la VG en 13 ocasiones: en el Estado de México, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Chiapas, San Luis Potosí, Colima, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Quintana Roo y dos en Veracruz (una por feminicidio y otra por los obstáculos a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres).

La diputada de Morena recordó que el mecanismo de la Alerta obliga a los estados –entre otras responsabilidades – a la elaboración de reportes sobre comportamientos y estadísticas de la violencia que se ejerce contra las mujeres, sin embargo, mencionó que hasta ahora no existen datos oficiales fiables “ni pronunciamientos de las autoridades gubernamentales a nivel nacional sobre el tema”.

La legisladora cuestionó la operatividad del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres (Banavim) –cuya creación fue ordenada en 2007 por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia– para almacenar información “veraz, actualizada y accesible de las 32 entidades federativas”.

Sin embargo, esta plataforma no es alimentada por los gobiernos estatales por lo que organizaciones de mujeres locales se han dado a la tarea de documentar la violencia de género y sobre todo los casos de feminicidio, denunció la también integrante de la Comisión Especial de la AVG de la Cámara de Diputados.

La falta de un registro fidedigno del feminicidio en México, también fue criticado recientemente en el nuevo conteo que realiza la Segob a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que evidenció a las Procuradurías locales porque clasifican los casos como homicidios. Según estados datos hay  estados en Alerta de Género que tienen menos de cuatro casos de feminicidio, tales como Quintana Roo, Colima y Nayarit.

En otros estados con AVG ocurre lo mismo, Michoacán reportó 17 casos de feminicidio, San Luis Potosí 18 y Guerrero a penas 13 casos.

De la misma forma, planteó Concepción Villa en su propuesta punto de acuerdo que aún debe ser discutido por el Legislativo, es necesario plantear la posibilidad de decretar una AVG a nivel nacional debido “al número alarmante” de casos de feminicidio que ocurren en toda la República.

Según el último informe de ONU Mujeres en los 32 años, de 1985 a 2016, han sido asesinadas 52 mil 210 mujeres en México, es decir, en promedio son asesinadas siete mexicanas al día.

En tanto, Segob reportó que el 2017 culminó en 617 casos de feminicidio con lo que la tasa de feminicidio nacional se ubicó en 1.06 casos por cada 100 mil mujeres.

18/HZM








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Enero cerró con 25 asesinatos de mujeres
Guerrero, en los primeros lugares de feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Scarlett Arias, corresponsal
Cimacnoticias | Chilpancingo, Gro.- 07/02/2018

El primer mes de este año cerró con el registro de 25 casos, casi uno por día; y a siete meses  de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) decretara la Alerta de Violencia de Género (AVG) para ocho municipios de la entidad.

En 2017 Acapulco concentró la mayor parte de casos de feminicidio, seguido por la capital del estado, Chilpancingo de los Bravo, y en tercer lugar, Chilapa de Álvarez, municipio ubicado en la zona de la Montaña, de acuerdo con el registro de la  “Asociación Guerrerense Contra la Violencia Hacia las Mujeres” quien contabilizó en este periodo, un total de 156 casos.

En junio de 2017, la Conavim decretó la AVG para 8 municipios de Guerrero, luego de que ésta fuera solicitada el 23 de junio de 2016 por la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, A.C para Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.

De acuerdo con el informe presentado por la organización para la solicitud de la AVG, de 2010 a 2015 se cometieron 901 homicidios dolosos de mujeres en la entidad: en 2010 se registraron 124, al 2015 la cifra se ubicó en 225. Destaca Acapulco como el municipio que concentró el mayor número de casos (431) seguido por Chilpancingo (45), Iguala (49) José Azueta (29), Tlapa de Comonfort (12 ) Ometepec (14), Coyuca (16) Ayutla (8), y en otros municipios con 297 casos. Guerrero tiene 81 municipios.

El mismo informe refiere que del total de asesinatos registrados, 62.6 por ciento fue por arma de fuego y en todos, la víctima tenía una relación cercana con su agresor, es decir, fue asesinada por su esposo, novio, expareja sentimental.

Organizaciones civiles como la Alianza Feminista y el  Observatorio “Hannah Arendt”, señalaron que la violencia contra las mujeres se incrementó de manera considerable a partir del año 2006, cuando el panista Felipe Calderón arribó a la presidencia del país e inició su llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Análisis en el que coincide ONU Mujeres en su informe: “Violencia Feminicida en México Aproximaciones y Tendencias 1985 – 2014”, el cual constata que en el periodo de 2007 a 2013, se “observa un aumento muy importante en la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio en el estado” y que colocó a Guerrero en el primer lugar durante 2006 y 2007.

LEGISLACIÓN

Guerrero fue el primer estado en tipificar el delito de feminicidio en su Código Penal, el cual entró en vigor en diciembre de 2010 y estableció que “el feminicidio es la privación de la vida de una mujer cuando se tenga por fin ocultar una violación; por desprecio u odio a la víctima; por tortura o tratos crueles o degradantes; por la existencia de una relación de afecto entre la víctima y el agresor; por violencia familiar o cuando la víctima se encontrara en un estado de indefensión”.

El Código fue reformado en 2012 para quitar la parte relativa a la violencia sexual, pero aún así, organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) criticaron la reforma ya que para acreditarlo se condiciona la intencionalidad del agresor.

Respecto al protocolo para investigar este delito, Guerrero también fue el primer estado en presentarlo (2008), no obstante, un análisis hecho por el OCNF consideró que éste “no está elaborado a partir del tipo penal vigente y está desfasado de las circunstancias que establece el Código Penal de la entidad, de forma que no explica las circunstancias del tipo penal ni desarrolla las actuaciones con perspectiva de género y Derechos Humanos”.

IMPUNIDAD

Un protocolo deficiente y la mala clasificación de los asesinatos dolosos de mujeres derivan en que en la entidad, existan cifras dispares que realmente den cuenta de la dimensión de la violencia feminicida en el estado.

Mientras las organizaciones civiles que dan seguimiento y acompañamiento a los casos de feminicidio señalan que durante el año pasado se cometieron 217, la Fiscalía General del estado solamente reconoció 13. La dependencia no informa ni cuántos homicidios son investigados siguiendo el protocolo de feminicidio, tampoco si se da seguimiento.

Aunado a ello, la falta de capacitación y sensibilización a los funcionarios y encargados de procurar y administrar justicia contribuyen a revictimizar a las mujeres asesinadas y a sus familias.

El Grupo de Trabajo responsable de la investigación calificó como “preocupante”, que personal de la Fiscalía y las agencias del MP especializadas, en muy pocos casos, tenían conocimiento de la existencia de los protocolos que se han creado para la investigación de delitos relacionados con la violencia contra mujeres, incluso, refirió “algunas de las personas entrevistadas no conocían los tipos penales de los delitos que son competentes; en otros casos, las servidoras o servidores públicos relacionan los casos de feminicidio con la delincuencia organizada, lo que deja la impresión de la normalización de la violencia o bien su indebida justificación”.

Ejemplo de ello es que en días pasados, durante una conferencia de prensa por el caso de Azucena, una joven de 17 años que estuvo desaparecida, cuyo cuerpo encontraron degollado y abandonado junto a su hija recién nacida en el municipio de Chilapa de Álvarez, el propio fiscal general Xavier Olea Pelaéz responsabilizó a las mujeres por el aumento de la violencia en su contra al argumentar “que las mujeres están participando de una o de otra manera en el crimen organizado”.

Cabe recordar que apenas el pasado 30 de enero se informó que la AVG se extendió también para el municipio de Chilapa. 

En las regiones de la montaña, principalmente en los municipios de Tlapa de Comonfort, Alcozauca, Zapotitlan y Acatepec, las mujeres no están exentas de esta violencia.

Los Centros de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y  “José María Morelos y Pavón” han señalado en reiteradas ocasiones que las mujeres no tienen acceso a la justicia, aún cuando en el estado, existen 18 Unidades Municipales de Atención y Prevención de Violencia de Género, 15 Centros para el Desarrollo de las Mujeres, y tres Centros de Justicia que deben prestar servicios de acompañamiento jurídico y orientación a las víctimas.

De enero a abril de 2017, estas organizaciones documentaron diez casos de feminicidio en los municipios de Tlapa de Comonfort. Todos continúan impunes.

18/SA/LGL

 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Red Sonorense amplía amparo con 5 de feminicidio en 2018
   
Exhortan a Segob a revisar y decretar Alerta de Género en Sonora
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Por la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 30/01/2018

La Red Feminista Sonorense exhortó al nuevo titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, a revisar la negativa de declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, en Sonora, y decretar el mecanismo.

Cajeme, argumentaron, es el tercer municipio con la tasa más alta de casos de feminicidio del país, 5.59  por cada 100 mil mujeres, según las cifras relevadas la semana pasada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El pasado 26 de enero las integrantes de la red enviaron un oficio a Navarrete Prida, donde describen que de acuerdo con los datos del SESNSP, Cajeme quintuplicó la media nacional de 1.6 casos de feminicidio por cada 100 mil mujeres, colocándose como el tercer municipio más peligroso en 2017, sumó un total de 13 casos de feminicidio.

La violencia también ocurre en el resto de Sonora, según los datos proporcionados por la Procuraduría de Justicia estatal al Secretariado Ejecutivo, el año pasado en toda la entidad ocurrieron 32 casos de feminicidio y 37 mujeres víctimas de homicidio doloso.

Por esta razón la Red Sonorense apeló al nuevo titular de Segob a revisar el proceso de la Alerta de Género solicitada por las organizaciones civiles en mayo 2015 y negada por la Secretaría dos años después, el 4 de agosto de 2017.

En esta decisión Segob aseguró que “no había elementos objetivos suficientes de violencia” para activar el mecanismo en Cajeme y que el gobierno estatal, encabezado por Claudia Pavlovich Arellano, había atendido las recomendaciones del Grupo de Trabajo conformado para dar seguimiento a la AVG.

Sin embargo, la cifras reportados por el Secretariado Ejecutivo y las documentadas por las activistas sonorenses demuestran que la violencia contra las mujeres no ha cesado. En el documento indicaron que en lo que va de este año llevan el registro de cinco asesinatos de mujeres y otros tres intentos.

Según un comunicado emitido por la Red Feminista Sonorense como evidencia entregó al titular de Segob el registro de los casos que han documentado, esta información también fue enviada al Juzgado Séptimo de Distrito del Poder Judicial Federal para ampliar las pruebas del amparo que interpuso la asociación Alternativa Cultural por la Equidad de Género (ACEG) en contra de Segob el 7 de junio de 2017.

Este amparo indirecto presentado por ACEG, se debió a la prórroga de seis meses que otorgó en septiembre de 2016 la Segob al gobierno de Sonora para atender la Alerta de Género, a pesar de que la ampliación del tiempo para cumplir con las recomendaciones de las expertas no está establecido en el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

Las integrantes de ACEG –una de las organizaciones peticionarias de la Alerta para Cajeme– consideraron que esta decisión trasgredía la normativa de la AVG y no decretar el mecanismo incumplía con la protección de la vida y derechos de las sonorenses, sin embargo, Segob pidió en septiembre del año pasado a Juzgado Séptimo que terminará el proceso en su contra.

Aún las activistas están en espera de que el Juzgado resuelva el amparo a su favor, en caso de hacerlo, ordenaría a Segob a decretar la AVG en Cajeme, por lo que siguen aportando pruebas para demostrar que la violencia feminicida en este municipio se mantiene.

17/HZM








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