Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim)

La Alianza Feminista de Guerrero criticó que el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció antes que la Secretaría de Gobernación (Segob) el decreto de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad y que sus cifras sean inferiores a las presentadas por las organizaciones solicitantes de la medida. 
 
Por un lado, señaló la Alianza, organismo solicitante de la AVG, el Gobernador reconoce, con su anuncio anticipado, que en Guerrero tenemos un problema grave de violencia feminicida y de género y, por el otro, deja ver que su gobierno, a través de sus diferentes instancias y municipios no cumplieron con las recomendaciones que les hizo el Grupo de Trabajo y que, de hacerse efectivas, hubieran evitado la AVG.
 
Advirtió la Alianza que las organizaciones de la sociedad civil que la integran darán seguimiento a las acciones que ordena la AVG.
 
La AVG fue solicitada el 23 de junio de 2016 por organizaciones civiles integrantes de la Alianza Feminista, para ocho municipios dela entidad en donde existe un alto índice de muertes dolosas de mujeres.    
 
Astudillo Flores anunció la AVG el pasado  22 de junio, y al día siguiente, 23 de junio, el Gobierno Federal hizo pública la declaratoria (fechada un día antes) para ocho municipios, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), instancia facultada para ese fin.
 
Con esto, Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort viven desde ese día bajo la AVG.
 
En conferencia de prensa, las organizaciones civiles integrantes de la Alianza Feminista afirmaron que “si hay voluntad política (del Gobernador), debe entonces haber justicia para las mujeres a las que, de manera violenta, les arrebataron su vida”. Y recordaron que dicha voluntad fue expresada por el mandatario para trabajar de manera coordinada con los organismos civiles, peticionarios de la AVG.
 
CIFRAS DIFERENTES, MISMA GRAVEDAD
 
En su conferencia de prensa, la Alianza Feminista destacó el contraste que existe entre las cifras del Gobierno de Guerrero y las de los organismos civiles que pidieron la AVG, con base en el informe del Observatorio “Hannah Arendt”, de la Universidad Autónoma de Guerrero.
 
El Observatorio registró que, de 2005 a 2015, los homicidios dolosos contra mujeres en la entidad fueron mil 449 y Acapulco el municipio con mayor índice de asesinatos de mujeres, con 571 casos en 10 años.
 
En 2016, año de la solicitud de la AVG, registró en Coyuca de Catalán 28 casos de feminicidio, en Iguala 69, en José Azueta 47, en Ayutla 17, en Tlapa 29, en Ometepec 32, en Chilpancingo 77, y Acapulco 580 homicidios dolosos de mujeres, con lo que se colocó este municipio como el de más asesinatos de mujeres ocurridos en todo el estado. En total, en el estado registró 879 casos.
 
Para 2017 la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVIM), organización peticionaria del mecanismo de la AVG en Guerrero, a través de su presidenta, Marina Reyna Aguilar, informó que tienen documentados más de 50 casos de feminicidio en lo que va del año, 30 de ellos ocurridos en mayo.
 
En contraste, el gobernador Héctor Astudillo informó un contexto de violencia diferente, afirmó que de 2009 a 2016 se registraron 744 casos de homicidios dolosos de mujeres y niñas, en las siete regiones y desde diciembre de 2010 (fecha en que se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal de Guerrero) se han registrado 142 casos de feminicidios. 
 
RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS
 
En el texto de declaratoria de AVG de la Conavim se señala que no se cumplieron todas las recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo, como indica el procedimiento, como paso previo antes de decidir una alerta.
 
Señala el texto de Conavim: “Que del análisis de la información presentada por el gobierno del estado de Guerrero y del dictamen emitido por el grupo de trabajo, se observa que, durante el plazo de seis meses, si bien la entidad federativa realizó diversas acciones para cumplir con las propuestas del Grupo de Trabajo, no se actualizaron los elementos suficientes para alcanzar los objetivos planteados en las mismas”.
 
MEDIDAS BAJO LA AVG
 
A partir del 23 de junio, recordó la Alianza en su conferencia de prensa, se abre otra etapa de este mecanismo, y empezó a correr un plazo de 10 días hábiles, para que el gobierno de Héctor Astudillo entregue a Conavim un cronograma y un programa de trabajo que contemple el desarrollo de alrededor de 40 acciones correspondientes a una serie de medidas de seguridad, de prevención y de justicia.
 
Entre las medidas solicitadas destacan: la divulgación de la AVG; una estrategia de prevención, vigilancia y de seguridad pública, acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar diligentemente órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; una unidad especializada para el avance en la investigación de casos de feminicidio; medidas para garantizar el efectivo acceso a la justicia y la reparación integral del daño.
 
La Alianza Feminista afirmó que “la Conavim dará seguimiento puntual y coadyuvará con el gobierno estatal en la implementación de estas medidas, nosotras como organizaciones de la Sociedad Civil nos sumaremos a las mesas de trabajo, dando seguimiento del cumplimiento de las acciones solicitadas”.
 
17/GC/GG

A casi dos años y medio de que fue solicitada la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el estado de Colima, la Secretaría de Gobernación (Segob) no ha dado respuesta, a pesar de que desde hace tiempo venció todo plazo legal, advirtió la diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local.
 
La solicitud fue realizada el 22 de diciembre de 2014 por el Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez”, la fundación IUS Género y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, cuando se registraban en la entidad alrededor de 25 asesinatos de mujeres anualmente, pero en la actualidad se duplicó la incidencia de este delito, pues en 2016 fueron 50 las víctimas y en lo que va de 2017 ya suman 15 mujeres privadas de la vida.
 
La legisladora explicó que la petición de la AVG tiene la finalidad de terminar con la violencia contra las mujeres que ha venido creciendo en Colima, así como responder al llamado de las organizaciones sociales solicitantes, que piden acciones urgentes, concretas y necesarias para erradicar la violencia hacia las mujeres y niñas.
 
Sevilla recordó que el pasado 26 de abril presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de exhorto a los titulares de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, así como a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta, a fin de que ofrezcan información sobre las razones por las que la AVG en Colima no ha sido emitida, así como la dilación del proceso.
 
Aprobado por unanimidad, el punto de acuerdo instó a las autoridades federales a dar cabal cumplimiento a los artículos del 21 al 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, referentes al proceso de solicitud, estudio, dictamen y emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, así como a los artículos del 30 al 39 del Reglamento, en los que se establecen claramente los plazos legales impostergables con los que se cuenta en cada etapa de un proceso de alerta de género.
 
Ante el incremento de los actos violentos contra las mujeres, la legisladora consideró urgente que la Secretaría de Gobernación fije un posicionamiento con relación a la petición de AVG, dado que las agresiones se han hecho “tan recurrentes como abominables”, dijo.
 
“Este lacerante fenómeno ha ido crecido de manera imparable, muestra de ello es que de 2011 a 2014 se reportaron al menos 60 casos de feminicidio en el Estado, para el 2016 se registraron 50   y 40 tentativas de este ilícito, mientras que el Banco Colimense de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres señala que hasta mayo de 2016 en Colima hubo un total de mil 216 casos registrados de violencia contra las mujeres”, concluyó.
 
17/PZB/GG

Los partidos políticos en el Estado de México (Edomex) están a la caza del voto de las mujeres y para ganarlo, a sus aspirantes a la gubernatura Josefina Vázquez Mota, Delfina Gómez, Alfredo del Mazo, Juan Zepeda y Oscar González Yáñez, no les quedó de otra que “reconocer” la violencia, la impunidad y el feminicidio.
 
Como alcaldes o funcionarios, ninguno de los candidatos destacó por promover una vida libre de violencia para las mujeres pero durante la primera semana de campaña, que comenzó el pasado 3 de abril y concluye el 31 de mayo, todos voltearon a ver a las mexiquenses que les podrían representar 5 millones 755 mil 139 de votos.
 
Mujeres que han sido ignoradas en las políticas de gobierno y viven en colonias marginadas donde todavía se regatean servicios básicos como agua, luz o drenaje y viven en la pobreza. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, señalan que de 2010 a 2014 el porcentaje de pobres en la entidad gobernada por el PRI se incrementó en 6.7 por ciento al pasar de 42.9 en 2010 a 49.6 en 2014.
 
Salen de madrugada de sus hogares ubicados en alguno de los 125 municipios para ir a trabajar a la capital del país ante la falta de empleo en la entidad. Al cuarto trimestre del 2016, 38 por ciento de las mexiquenses estaban desocupadas, de acuerdo con el Inegi.
 
Expuestas a la inseguridad, las mexiquenses caminan por calles sin pavimentar, sin iluminación, por largos tramos de lotes baldíos o suben a transportes donde abundan los asaltos. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que los delitos como robo, homicidio y violación se mantuvieron constantes durante la administración del priista Eruviel Ávila.
 
En 2011, año en que asumió el poder el actual gobernador, se registraron 26 mil 611 denuncias por robo con violencia a transeúnte;  mil 512 homicidios dolosos y 2 mil 895 violaciones sexuales.  Para 2012, las denuncias por robo bajaron a 7 mil 530; los homicidios dolosos subieron a 2 mil 53; y las denuncias por violación sexual ante el Ministerio Público se mantuvieron en 2 mil 148.
 
En medio de este escenario las mujeres conforman la mitad de los votantes: 5 millones 755 mil 139 de ellas están en la lista nominal y 8.8 por ciento son jóvenes de 18 a 24 años de edad, según el Instituto Electoral estatal.
 
FEMINICIDIO: MÁS DE UNA DÉCADA IGNORADO
 
El tema que marcó el arranque de campaña fue el feminicidio, problema ignorado desde antes que las activistas comenzaran a nombrarlo así para referirse a los asesinatos de mujeres. En la década de los 80, doña Emerenciana López -quien después sería reconocida como una de las primeras defensoras de mujeres en la entidad- comenzó a dar cuenta de la realidad violenta que vivían las mexiquenses.
 
Doña Eme, como se le conocía, acompañó casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual y homicidios de mujeres cuyos cuerpos eran arrojados a los basureros de las colonias populares de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, donde gran parte de la gente se dedicaba a la recolección y reciclaje de basura.
 
Durante la administración de Enrique Peña Nieto (2005-2011), organizaciones civiles como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio denunciaron el alza en los asesinatos por razones de género en la entidad.
 
Las organizaciones señalaron que de 2005 a 2010 se registraron 922 homicidios dolosos de mujeres. Con esta evidencia el 8 de diciembre de 2010 pidieron a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Secretaría de Gobernación, emitir una Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad.
 
Aunque los funcionarios priistas siempre señalaron que no había necesidad de una Alerta porque ahí “no se asesinaba a las mujeres sólo se arrojaban sus cuerpos”, ahora el candidato del PRI y primo de Peña Nieto, Alfredo del Mazo Maza, declaró que las cifras de feminicidio son inadmisibles, por lo que hay que “hacer valer la ley”.
 
Para el priista la prioridad será atender el tema de seguridad por lo que propuso duplicar el número de cámaras de videovigilancia, depurar cuerpos policiacos e instalar un millón de luminarias, acciones que se debieron tomar desde 2015 cuando se decretó la AVG después de 5 años de litigio en tribunales pues las instituciones la obstaculizaron porque consideraron que era un golpe político para el entonces candidato a la Presidencia, Enrique Peña Nieto.
 
No obstante, la AVG se decretó para 11 municipios: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle Chalco Solidaridad, Chalco, que concentran 54 por ciento de los casos de violencia contra las mujeres.
 
Aunque esta realidad mexiquense no es nueva, en la primera semana de campaña las y los candidatos destacaron el tema de la inseguridad como uno de los problemas a atender. La abanderada del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, afirmó en uno de sus actos proselitistas que el feminicidio es producto de la impunidad y la corrupción de un sistema cultural donde se discrimina, desprecia u odia a la mujer.
 
Juan Zepeda, del Partido de la Revolución Democrática, prometió extender la AVG a toda la entidad y tomar acciones para evitar el acoso en el transporte público como pedir a los concesionarios del ramo que destinen 30 por ciento de sus unidades para uso exclusivo de las mexiquenses.
 
En tanto que el candidato del Partido del Trabajo, Oscar González Yáñez, tomó acciones más radicales y propuso la pena de muerte para los feminicidas. 
 
La candidata de Movimiento Regeneración Nacional, Delfina Gómez Álvarez, manifestó su intención de reducir los delitos, en especial del fuero común y condenó la incapacidad del gobierno local de atender el feminicidio en lo que calificó como la entidad más peligrosa para ser mujer.
 
Mientras las y los candidatos hacen promesas, en la entidad el Índice de Desigualdad de Género (que mide acceso a salud reproductiva, razón de mortalidad materna, tasa de fecundidad adolescente, empoderamiento político, educación y empleo), es de 0.429 mientras que a nivel nacional es de 0.393. Entre más se acerque a uno es mayor el nivel de desigualdad.
 
17/AGM/LGL
 
 

Luego de reunirse con el titular en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, al menos 10 agrupaciones feministas, locales y nacionales, acordaron crear el Frente Veracruzano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.
 
La reunión entre el Alto Comisionado y las organizaciones se dio en torno al reciente informe publicado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM),  a partir de la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado en Veracruz, en el cual se emiten una serie de recomendaciones que contienen los más altos estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos.
 
El Alto Comisionado, que depende directamente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cuyo trabajo es velar por el respeto y la observancia de las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en México, acordó con las agrupaciones feministas dar seguimiento técnico para el cumplimiento de las recomendaciones a los tres poderes del estado de Veracruz derivadas de la AVG.
 
Junto con Jarab, los colectivos, sindicatos, cuerpos académicos y activistas defensoras de derechos humanos de las mujeres,  abordaron diversas problemáticas que enfrentan las mujeres en el estado, como la impunidad, el desmantelamiento a las instancias de mecanismos de adelanto para las mujeres, la violencia sexual y el riesgo en que se encuentran las defensoras de derechos humanos.
 
Las agrupaciones apelaron a la voluntad política de los tomadores de decisiones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para cumplir en las recomendaciones del agravio que buscan garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres veracruzanas.
 
Respecto a la implementación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos de violación, instituida en la Norma Oficial Mexicana 46 (NOM-046), las agrupaciones coincidieron en que si bien existen capacitaciones al personal, la información no ha llegado a los cuerpos operativos generando confusión y la falta de implementación.
 
En ese contexto advirtieron que serán vigilantes de que la actuación de las autoridades se apegue a sus obligaciones constitucionales y principalmente a la laicidad del Estado.
 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas se comprometió a dar acompañamiento puntal y técnico de la AVG  y a generar interlocución entre las autoridades y la sociedad civil.
 
17/RED
 

La diferencia entre tener o no una declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) es casi imperceptible para Veracruz, porque en los últimos tres meses, 51 mujeres han sido asesinadas y en las últimas 48 horas dos mujeres fueron halladas ejecutadas en Boca del Río, tres encontradas en una fosa clandestina en la zona sur y una más en un maleta en Nogales.
 
Integrantes de organizaciones civiles advirtieron que aun cuando la AVG fue declarada el 23 de noviembre del 2016 para once municipios, fue apenas este jueves –tres meses después-, cuando se instaló el Grupo de Trabajo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), que dará seguimiento y evaluará las acciones emprendidas por el Gobierno del estado.
 
Si antes se realizaron acciones para abatir y prevenir la inseguridad y violencia contras las mujeres, fueron desarticuladas y sin un plan de trabajo definido, consideró Aracely González Saavedra, integrante de Equifonía, AC, organización firmante de la AVG.
 
Para la académica de la Universidad Veracruzana (UV), Estela Casados, también presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), el patrón de impunidad y asesinatos de mujeres sigue igual que en 2016, que cerró con 190 mujeres asesinadas.
 
“Lamentablemente estamos viendo que pese a la declaratoria de la Alerta, 2017 está repitiendo el patrón de violencia, para el mes de enero se tienen reportes de 15 asesinatos de mujeres, se han multiplicado los casos donde hay ejecuciones y vínculos con el crimen organizado”, señaló.
 
NO ES PRIORIDAD
 
Rosío Córdova, integrante del grupo de trabajo que realizó el análisis de la AVG, cuestionó la tardanza en la integración del grupo y advirtió que pareciera que no es prioritario para el gobierno lo que pase con la vida y los derechos de las mujeres.
 
Este jueves se instaló la GIM con la participación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), con las instancias federales y del Gobierno estatal, donde finalmente se informó que se aplicarán 50 millones de pesos para las acciones de la alerta, y en dos meses más se revisarán los primeros avances de las medidas implementadas.
 
De acuerdo a la AVG, el gobierno estatal debería haber iniciado de forma urgente medidas de seguridad, prevención y justicia y reparación de daño a víctimas, visibilizar la violencia de género y enviar un mensaje de cero tolerancia, sin embargo las académicas y activistas consultadas pusieron en duda la implementación de las medidas.
 
DEPENDENCIAS, SIN ARTICULACIÓN
 
La activista Aracely González Saavedra dijo que una de las ventajas de la AVG es la articulación entre las diferentes dependencias, sin embargo se observa que hay desarticulación, por lo que se ha insistido en la mesa de trabajo donde se revisen cada una de las medidas establecidas, las de seguridad, de prevención, de justicia y reparación. Y un mensaje contundente de cero tolerancia.
 
Dependencias como la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Gobierno, el Poder Judicial y el Congreso del Estado, deberían tener una estrategia articulada para la prevención de nuevos casos, y la atención urgente de los que ya han ocurrido, además de la reparación de justicia para las víctimas.
 
Señaló que si bien hay acciones, estas son insuficientes y limitadas, mientras no exista un plan para cumplir las recomendaciones en su totalidad.
 
“Han pasado tres meses del actual gobierno y la confirmación de la mesa está retardada, hay desconocimiento respecto a cómo se tendrían que articular, y el tiempo sigue pasando mientras hay más feminicidio”.
 
Consideró que para estas alturas de la alerta, se deberían tener resultados concretos, que a la fecha no existen.
 
Citó por ejemplo que la FGE debería tener un diagnostico e información actualizada de los feminicidios ocurridos, y el estatus de las investigaciones y si hay o no consignados.
 
También se debería tener lista la campaña en medios de comunicación para informar en qué consiste la AVG, y el banco estatal de datos de la violencia en Veracruz, pero nada de eso existe.
 
CONFUSIÓN EN MUNICIPIOS
 
Advirtió que también hay una confusión respecto al papel que juegan los 11 municipios que son parte de la AVG.
 
“Es una alerta general y las medidas deben hacer especial énfasis en ciertos municipios, pero la responsabilidad sigue siendo del gobierno estatal, no de los gobiernos municipales”.
 
Adelantó que Veracruz será uno de los primeros estados del país donde las organizaciones podrán tener voz y voto en el GIM y podrán vigilar los mecanismos de cumplimiento.
 
PATRÓN DE FEMINICIDIO, IGUAL QUE EN 2016
 
Estela Casados, académica de la UV y consejera del IVM, señaló que los patrones de violencia del 2016 no han cambiado para este año, a pesar de la implementación de la AVG.
 
Criticó que las carencias en los procesos de procuración de justicia continúan, no hay peritos especializados en violencia de género, ni se cumple al 100 por ciento la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, ni el Protocolo de procedimientos básicos del delito de feminicidio.
 
“Los asesinatos de mujeres nos indican que no hay diferencia entre un antes y después de la alerta”, consideró.
 
Coincidió en señalar que no hay coordinación estatal para la implementación de medidas, los municipios han desarrollado acciones aisladas para la atención de la Alerta y no se informa a la población de manera constante, oportuna, veraz y suficiente sobre el estado que guardan las acciones y estrategias de la administración gubernamental.
 
ESFUERZOS AISLADOS
 
Por su parte, la académica de la UV, Rosío Córdova, cuestionó que el gobierno estatal se ha movido con oscuridad y silencio sobre las medidas implementadas, y apenas tres meses después se ha convocado al grupo de trabajo, lo cual ha retrasado una implementación efectiva de las medidas.
 
“Pareciera que no están haciendo nada, a menos que piensen que poner una luminaria es hacer cosas”.
 
LA POLÍTICA RETRASA AVG
 
Reconoció que la transición de gobierno de un partido a otro, y la situación política de Veracruz han retrasado la activación de la alerta.
 
Reiteró que se necesitan mecanismos más eficientes de evaluación de acciones importantes como la profesionalización que trabaja en garantizar una vida libre de violencia de las mujeres, entre otras.
 
“Vemos esfuerzos aislados, el banco estatal de datos e información sobre la violencia contra las mujeres siguen sin ser alimentado por la FGE y el DIF estatal que son las dependencias que fueron señaladas desde la presentación, hace más de un año. Cuando se dieron seis meses al gobierno estatal para las recomendaciones”, señaló como ejemplo de los incumplimientos.
 
17/FM/GG
 

Con la tarea pendiente de definir una agenda de trabajo y de concretar acciones, hoy se instaló la Comisión Especial de Alerta de Género de la Cámara de Diputados que dará seguimiento al funcionamiento de este mecanismo para proteger a las mujeres en todo el país.
 
En un acto al que sólo asistieron seis de las 12 diputadas que integran este órgano parlamentario, las legisladoras se comprometieron ante agrupaciones de la sociedad civil a revisar cómo se implementa la Alerta de Violencia de Género (AVG).
 
A la fecha, grupos de mujeres han solicitado activar la alerta en 21 estados y han conseguido que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), la decrete en seis estados.
 
La alerta es un mecanismo que se prevé en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer acciones de emergencia para proteger la vida de las mujeres pero, de acuerdo con la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Karen Hurtado Arana, ha sido letra muerta.
 
La alerta se emitió para 11 municipios del Estado de México, 8 de Morelos, 14 de Michoacán, 7 de Chiapas, 5 de Nuevo León y 11 de Veracruz; sin embargo las agrupaciones ciudadanas han señalado que no hay resultados sobre la implementación y funcionamiento de este mecanismo.
 
Como respuesta a estas denuncias, la 63 Legislatura de la Cámara de Diputados, la primera con 43 por ciento de mujeres, creó la Comisión Especial de Alerta de Género aunque en su reunión de instalación las legisladoras señalaron que harán un plan de trabajo después de escuchar a la sociedad civil.
 
Hurtado Arana dijo que cada día crece el miedo de que las hijas, hermanas o mujeres estén solas en la calle porque están inseguras, de ahí la necesidad de revisar este mecanismo.  
 
La diputada perredista señaló que esta Comisión revisará los protocolos que la alerta contempla y el seguimiento puntual en los municipios donde se decretó; además hará análisis y documentos, diagnósticos y estadísticas sobre temas relacionados con la violencia de género.
 
Al acto asistieron las diputadas Melissa Torres Sandoval, de Encuentro Social; Erika Rodríguez Hernández y Arlet Mólgora Glover, del Revolucionario Institucional; Guadalupe González Suástegui, de Acción Nacional, y Olga Catalán Padilla, del Partido de la Revolución Democrática.
 
ESTRATEGIAS CERTERAS
 
Al respecto, integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Asociación de Justicia, Derechos Humanos y Género, que acompañan casos de feminicidio y han sido solicitantes de la alerta, señalaron que este organismo parlamentario debe tomar acciones concretas.
 
La coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada, dijo que esta Comisión no debe analizar si la alerta es viable o no, sino entender su naturaleza y revisar el impacto, porque los diagnósticos ya existen y ya se sabe qué funciona y qué no sirve.
 
Expuso que las Comisiones especiales son limitadas, porque no se sabe qué tanto podrán incidir para que los gobiernos cumplan con las recomendaciones de los expertos, por lo que pidió que las diputadas se acerquen a las agrupaciones que han solicitado este mecanismo y concreten estrategias más certeras.
 
La activista señaló que el objetivo de un organismo parlamentario como este no debería ser la revisión sobre cómo funciona un protocolo sino revisar cómo un gobierno implementa las recomendaciones y detectar deficiencias, pues sólo así el Congreso ayudará a lograr cambios en la materia.
 
Hasta ahora no se prevé fecha para la próxima sesión de la Comisión, aunque se tiene planeada una reunión con sociedad civil para escuchar a profundidad los argumentos y plantear una ruta de trabajo
 
17/AGM/GG