Alerta de Violencia de Género (AVG)

Es evidente que Sonora no se encuentra entre las prioridades para la Secretaría de Gobernación. Tal vez no vea a Sonora, como al Estado de México ni como a Veracruz, en relación con la violencia extrema y feminicida. Sin duda pesa la pluma que se desliza describiendo a Sonora como en el país de las maravillas.
 
Resulta ilegal como grave la dilación de la Secretaría de Gobernación frente a dos años que han transcurrido desde que se formuló y admitió la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Cajeme, Sonora. En la Ley (LGAMVLV) y en su Reglamento no hay sustento para la demora. 
 
Las motivaciones de las organizaciones solicitantes fueron claras en mayo de 2015: “no existe paz social en Cajeme, las estrategias de seguridad no han impactado en la protección de la vida y la libertad de las mujeres, la violencia extrema y feminicida agrava el tejido social, colocando a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres en mayores riesgos para preservar sus vidas”. 
 
A la vuelta de dos años, siguen presentes las motivaciones sin ser atendidas a cabalidad. La impunidad, el desdén de servidores públicos y las garantías para el acceso efectivo de las mujeres a la justicia sigue siendo deuda pendiente. El doble de hechos feminicidas, sólo en lo que va de la prórroga –en seis meses- con respecto al año anterior, lo demuestran.  Los 23 hechos que pudieron ser evitables ponen en entredicho las acciones que el Gobierno emprende en respuesta para evitar que se declare la Alerta en Cajeme.
 
El Congreso Local ha respondido al reclamo ciudadano al respaldar la petición de Alerta de Violencia de Género para todo Sonora, no solo para Cajeme, acordado por unanimidad el pasado 2 de abril. Además le pide a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que realice el trámite para su solicitud. 
 
En tanto, el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dirige un comunicado el 28 de mayo pasado a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, declarando: “La exigencia del cese de la violencia feminicida contra las mujeres y las niñas de Sonora, desde hace 24 meses, hace necesaria la declaración urgente de la Alerta de Violencia de Género en el estado”.
 
Señala además que “Han sido marcadamente insuficientes las acciones implementadas por el gobierno del Estado de Sonora para prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia y garantizar la seguridad y el acceso a la justica para las mujeres y, por lo tanto, de dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)”.
 
Así mismo, el Consejo Social del Inmujeres en torno a las prórrogas cuestiona indicando que: “…viola la normativa vigente, ya que, de conformidad con el Artículo 38 de la LGAMVLV, son 6 meses para que el Ejecutivo Estatal dé cumplimiento de las observaciones -12 recomendaciones- del grupo de trabajo”.
 
Abunda el Consejo Social: “que de nueva cuenta el gobierno del Estado de Sonora, omitiendo la obligatoriedad de preservar la vida de las mujeres, anuncia acciones desvinculadas de los 134 hechos de extrema violencia y feminicida registrados en lo que va del proceso de solicitud a la fecha”.
 
Continúa en su comunicado, “Para las Consejeras Sociales, así como para la Sociedad Civil, esta situación nos resulta inaceptable, no podemos permitir que los diferentes órdenes Gobierno incumplan, obstaculicen y violenten el mecanismo de la AVGM”.
 
Finaliza marcando que de inmediato de declare la Alerta de Violencia de Género en Sonora y se adopte las acciones necesarias para preservar la vida y la seguridad de mujeres y niñas en la entidad, implementando medidas de seguridad específica en las zonas de riesgo, medidas de prevención, justicia y reparación, así como el cumplimiento integral de las propuestas del grupo de trabajo”.
 
El tratamiento político que la Secretaría de Gobernación instrumenta ante las Alertas de Género, coloca al mecanismo de la AVGM como un instrumento de intereses ajenos a la responsabilidad y a la obligación que le dicta la ley. Lo evidencia en entidades como Sonora, Colima, Nayarit, Quintana Roo y Guerrero, por señalar algunos.  El grupo de trabajo y, sobre todo, el cuerpo académico y la sociedad analítica tiene la palabra.     
 
* Ex legisladora federal e integrante de la Red Feminista Sonorense
 
17/LB/GG

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) pidieron a las autoridades de Sonora que impida el certamen de belleza adolescente “Teen Universe”, al que se convocó en redes sociales desde inicio de este mes.
 
Señalan REDIM y OSC, en un comunicado, que se deben realizar acciones que garanticen el derecho de las niñas y las adolescentes a una vida sin violencia, y no fomentar estos concursos que “atentan contra su integridad y seguridad al fomentar estereotipos de género”.
 
“Este tipo de concursos, señalan, reproducen el exhibicionismo de las adolescentes y mujeres como objetos con una connotación sexual, amplían las brechas de género y exaltan los estereotipos en un país donde la violencia en contra de la mujer está cada vez es más normalizada y se expresa en contra de mujeres cada vez jóvenes”.
 
En Sonora, por ejemplo, en 2014, el 60.2 por ciento del total de víctimas de delitos sexuales  fueron niñas y adolescentes, y la Red Feminista Sonorense insistió en la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG), pues entre 2006 y 2014, se han reportado un total de 55 niñas y mujeres adolescentes de 10 a 17 años desaparecidas.
 
Por tanto, invitan también a las propias niñas y adolescentes y a sus familias  a reconsiderar el riesgo que implican este tipo de concursos y exhortan a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado a asumir su responsabilidad de revisar las prácticas que atentan en contra de la igualdad de género desde la infancia y realizar las acciones pertinentes para eliminarlas.
 
Recuerdan que el Estado mexicano tiene un compromiso con la niñez, ya que firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y en 2015 el Comité por los Derechos del Niño, destacó  su preocupación ante la violencia vinculada con los estereotipos de género.

LAS RAZONES
 
Explica la RED y las OSC que la protección de los derechos de las infancias implica el reconocimiento de sus identidades y el desarrollo pleno de la personalidad, ámbitos que no deben estar sometidos a la aprobación de otras personas, ni a cánones que prestablecen la “belleza” o los “talentos”, como sucede con estos concursos.
 
Estos certámenes para la infancia y adolescencia “atentan contra la integridad y seguridad de las niñas y las adolescentes al fomentar estereotipos de género”, señalan, y destacan la preocupación expresada por el Comité por los Derechos del Niño  ante la violencia vinculada con los estereotipos de género, que son discriminatorios frente a las niñas y las mujeres, y que traen como resultado una alta prevalencia de violencia contra mujeres y niñas.
 
El Comité, ante esto, instó a los Estado parte a otorgar la máxima prioridad a la eliminación de las actitudes patriarcales y de los estereotipos de género que discriminan a niñas y mujeres, incluyendo programas de educación y de sensibilización.
 
Por su parte,  REDIM y OSC instan a las autoridades responsables a promover acciones concretas en beneficio de las mujeres en todo su ciclo de vida, en particular las niñas y las adolescentes.
 
Y a realizar programas en beneficio de ejercicio de sus derechos como el derecho a una vida libre de violencia y la integridad personal, y el derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano y pleno desarrollo.
 
Les pide también atender el exhorto que envío la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el pasado 14 de marzo de 2017, donde señala que las Procuradurías Estatales deben “emitir medidas especiales de protección en favor de las niñas y adolescentes, cuyos derechos pueden verse vulnerados al participar en este tipo de concursos”.
 
EN HIDALGO, CONCURSO NO PASÓ
 
Recuerda el comunicado que “hace unos meses en el estado de Hidalgo, frente a la exigencia de la sociedad civil y con el respaldo de diversas autoridades, entre ellas la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se logró prohibir un evento similar”.
 
17/RED

A casi dos años y medio de que fue solicitada la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el estado de Colima, la Secretaría de Gobernación (Segob) no ha dado respuesta, a pesar de que desde hace tiempo venció todo plazo legal, advirtió la diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local.
 
La solicitud fue realizada el 22 de diciembre de 2014 por el Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez”, la fundación IUS Género y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, cuando se registraban en la entidad alrededor de 25 asesinatos de mujeres anualmente, pero en la actualidad se duplicó la incidencia de este delito, pues en 2016 fueron 50 las víctimas y en lo que va de 2017 ya suman 15 mujeres privadas de la vida.
 
La legisladora explicó que la petición de la AVG tiene la finalidad de terminar con la violencia contra las mujeres que ha venido creciendo en Colima, así como responder al llamado de las organizaciones sociales solicitantes, que piden acciones urgentes, concretas y necesarias para erradicar la violencia hacia las mujeres y niñas.
 
Sevilla recordó que el pasado 26 de abril presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de exhorto a los titulares de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, así como a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta, a fin de que ofrezcan información sobre las razones por las que la AVG en Colima no ha sido emitida, así como la dilación del proceso.
 
Aprobado por unanimidad, el punto de acuerdo instó a las autoridades federales a dar cabal cumplimiento a los artículos del 21 al 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, referentes al proceso de solicitud, estudio, dictamen y emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, así como a los artículos del 30 al 39 del Reglamento, en los que se establecen claramente los plazos legales impostergables con los que se cuenta en cada etapa de un proceso de alerta de género.
 
Ante el incremento de los actos violentos contra las mujeres, la legisladora consideró urgente que la Secretaría de Gobernación fije un posicionamiento con relación a la petición de AVG, dado que las agresiones se han hecho “tan recurrentes como abominables”, dijo.
 
“Este lacerante fenómeno ha ido crecido de manera imparable, muestra de ello es que de 2011 a 2014 se reportaron al menos 60 casos de feminicidio en el Estado, para el 2016 se registraron 50   y 40 tentativas de este ilícito, mientras que el Banco Colimense de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres señala que hasta mayo de 2016 en Colima hubo un total de mil 216 casos registrados de violencia contra las mujeres”, concluyó.
 
17/PZB/GG

Frente al Palacio Municipal de Ecatepec, uno de los 11 municipios del Estado de México donde está declarada la Alerta de Violencia de Género (AVG) desde 2015, se dieron cita diversas agrupaciones feministas, que forman parte  del movimiento #24A, contra todas las violencias de género.
 
Las mujeres decidieron reunirse ayer en ese municipio,  por ser el  más peligroso en la entidad, ya que, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano en Contra de las Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México (Mexfem) en 2016 registraron 263 casos de mujeres asesinadas, de los cuales 39 ocurrieron en Ecatepec.
 
A partir de las 16:30 horas, comenzaron  a llegar a la explanada diversos grupos organizaciones, a mujeres, jóvenes y niñas, vestidas de morado, con banderas, pancartas de sus agresores y tambores. Algunas habían emprendido la marcha desde Ciudad Universitaria en la capital hasta Ecatepec, para recordar que las mexiquenses tienen que hacer estos largos recorridos para ir a trabajar, acceder a servicios de educación y salud, por la falta de estos en su entidad.
 

Mujeres se manifiestan en la explanada del Palacio Municipal de Ecatepec | CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta.

 
Ante la presencia de las agrupaciones, las autoridades del Palacio Municipal decidieron cerrar las puertas, acto que no detuvo la exigencia de las mexiquenses contra los casos de feminicidio, agresiones sexuales, desapariciones de mujeres y niñas, y víctimas de violencia familiar.
 
Actualmente el Estado de México se encuentra atravesando periodo de campañas electorales, por lo que la promotora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México de  la localidad, Adriana Cristina Vega Soriano, hizo un llamado para que se dejara de ver a las mujeres como botín político y botín de guerra.
 
Asimismo, indicó en entrevista con Cimacnoticias, que dentro de la agenda de las y los competidores por la gubernatura, no existe una agenda clara dedica a los derechos de las mujeres, sobre todo, enfocada a los servicios de salud y la interrupción legal del embarazo (ILE), que celebró este lunes una década de su despenalización en la Ciudad de México, recordó.
 

CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

 
De 2011 a 2012 el número de muertes violentas documentadas fue de 563 y al menos mil 258 niñas y adolescentes fueron reportadas como desaparecidas.
 
Los 11 municipios que quedaron bajo la AVG fueron: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.
 
Los cánticos y música con tambores continuaron por dos horas, sin ninguna respuesta de las autoridades.
 
17/HZM/GG
 

Con la tarea pendiente de definir una agenda de trabajo y de concretar acciones, hoy se instaló la Comisión Especial de Alerta de Género de la Cámara de Diputados que dará seguimiento al funcionamiento de este mecanismo para proteger a las mujeres en todo el país.
 
En un acto al que sólo asistieron seis de las 12 diputadas que integran este órgano parlamentario, las legisladoras se comprometieron ante agrupaciones de la sociedad civil a revisar cómo se implementa la Alerta de Violencia de Género (AVG).
 
A la fecha, grupos de mujeres han solicitado activar la alerta en 21 estados y han conseguido que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), la decrete en seis estados.
 
La alerta es un mecanismo que se prevé en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer acciones de emergencia para proteger la vida de las mujeres pero, de acuerdo con la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Karen Hurtado Arana, ha sido letra muerta.
 
La alerta se emitió para 11 municipios del Estado de México, 8 de Morelos, 14 de Michoacán, 7 de Chiapas, 5 de Nuevo León y 11 de Veracruz; sin embargo las agrupaciones ciudadanas han señalado que no hay resultados sobre la implementación y funcionamiento de este mecanismo.
 
Como respuesta a estas denuncias, la 63 Legislatura de la Cámara de Diputados, la primera con 43 por ciento de mujeres, creó la Comisión Especial de Alerta de Género aunque en su reunión de instalación las legisladoras señalaron que harán un plan de trabajo después de escuchar a la sociedad civil.
 
Hurtado Arana dijo que cada día crece el miedo de que las hijas, hermanas o mujeres estén solas en la calle porque están inseguras, de ahí la necesidad de revisar este mecanismo.  
 
La diputada perredista señaló que esta Comisión revisará los protocolos que la alerta contempla y el seguimiento puntual en los municipios donde se decretó; además hará análisis y documentos, diagnósticos y estadísticas sobre temas relacionados con la violencia de género.
 
Al acto asistieron las diputadas Melissa Torres Sandoval, de Encuentro Social; Erika Rodríguez Hernández y Arlet Mólgora Glover, del Revolucionario Institucional; Guadalupe González Suástegui, de Acción Nacional, y Olga Catalán Padilla, del Partido de la Revolución Democrática.
 
ESTRATEGIAS CERTERAS
 
Al respecto, integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Asociación de Justicia, Derechos Humanos y Género, que acompañan casos de feminicidio y han sido solicitantes de la alerta, señalaron que este organismo parlamentario debe tomar acciones concretas.
 
La coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada, dijo que esta Comisión no debe analizar si la alerta es viable o no, sino entender su naturaleza y revisar el impacto, porque los diagnósticos ya existen y ya se sabe qué funciona y qué no sirve.
 
Expuso que las Comisiones especiales son limitadas, porque no se sabe qué tanto podrán incidir para que los gobiernos cumplan con las recomendaciones de los expertos, por lo que pidió que las diputadas se acerquen a las agrupaciones que han solicitado este mecanismo y concreten estrategias más certeras.
 
La activista señaló que el objetivo de un organismo parlamentario como este no debería ser la revisión sobre cómo funciona un protocolo sino revisar cómo un gobierno implementa las recomendaciones y detectar deficiencias, pues sólo así el Congreso ayudará a lograr cambios en la materia.
 
Hasta ahora no se prevé fecha para la próxima sesión de la Comisión, aunque se tiene planeada una reunión con sociedad civil para escuchar a profundidad los argumentos y plantear una ruta de trabajo
 
17/AGM/GG