ODS

La violencia contra mujeres periodistas es un atentado contra la democracia, porque sin periodistas no hay ciudadanas informadas, señaló la investigadora sueca María Edstrom.

Al participar en el panel “Género y medios de comunicación: dimensiones de las políticas y agenda de investigación”, que se llevan a cabo como parte de las sesiones de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Estatus de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) la  académica del Departamento de Periodismo, Medios y Comunicación (JMG) de la Universidad de Gotemburgo, afirmó que la información quiere ser libre y que la violencia que actualmente enfrentan las mujeres en todo el mundo limita la información de las ciudadanas y debilita las democracias.

Especialmente en países como México en donde en los últimos siete años han sido atacadas 440 periodistas, de acuerdo a Comunicación e Información de la Mujer, (CIMAC), por lo que es urgente  priorizar la seguridad de las periodistas.

La investigadora, con tres décadas de especialización sobre medios de comunicación, periodismo, democracia, libertad de expresión y género, afirmó que no es posible hablar de desarrollo sin que los medios de comunicación estén involucrados en ello, pues ninguno de los 17 temas que incluyen los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), que buscan poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, son parte de las agendas mediáticas del mundo.

Por ejemplo -dijo- si piensas en justicia y miras a las reporteras que enfrentan la violencia basada en género y en las difíciles condiciones que están enfrentando los medios locales, situaciones que limitan la posibilidad de investigación y su capacidad de informar a las sociedades, miras su impacto en la democracia como un atentado, pues sin periodistas no hay quien informe a la sociedad.

Por ello es tan importante que se eleve el papel de las y los periodistas en el desarrollo de las sociedades y en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sustentable.

Si bien en las Naciones Unidas hay el principio de no dejar a nadie atrás, lo cierto, explicó María Edstrom, es que se está dejando atrás a las mujeres periodistas y a todas las mujeres que no están en los medios.

Pese a que hace 23 años los Estados del mundo, incluido México, se comprometieron a erradicar los estereotipos sexistas de los medios de comunicación,  hoy sólo 4 por ciento de las noticias cuestionan estos estereotipos, y desde hace ocho años las mujeres no rebasan 24 por ciento de la presencia en las noticias, ha demostrado el Proyecto de Monitoreo Mundial de Medios.

Tras su participación en el panel de discusión que se realizó en el marco del 62 periodo de sesiones de la CSW, en entrevista con Cimacnoticias, ahondó en la importancia del periodismo con el desarrollo.

- María Edstrom (ME): “No importa de lo que estés hablando: del agua, ruralidad, paz y justicia, todos son Objetivos de Desarrollo y todos están abandonados por los medios, hay gente que trabaja con género en estos diferentes objetivos que hay pero nada de ello sale en los medios”.

- Lucía Lagunes Huerta (LLH): ¿Qué tendrían que hacer los gobiernos para unir estas agendas?

- ME: “Es un gran desafío, pero hay que seguir hablando con los medios, las industrias, pero también con los sindicatos para que integren estas agendas como parte de su deber social. Por su parte, los gobiernos pueden crear un escenario distinto al que hay actualmente y  apoyar a los medios que sí tomen en serio estas agendas. A la par, financiar instituciones que no son gubernamentales para que puedan monitorear el comportamiento mediático.

Por ejemplo, los medios públicos que reciben dinero del Estado tienen un objetivo que establece que tienen que ser un espejo de la sociedad entera, no sólo de ciertos sectores como ocurre hoy.  Por ello es importante ser específico en lo que significa ser espejo de la sociedad y cómo debe ser esa representación”.

La investigadora puso como un ejemplo de buena práctica lo ocurrido en su país en 2014 cuando el gobierno sueco creó ese acuerdo para los medios.

- LLH: ¿Cómo hacerlo en países como México, donde la publicidad y los apoyos gubernamentales se han convertido en un chantaje?

- ME: “Es verdaderamente difícil en países como México. Una ruta es mantener como valor principal la libertad de expresión.  (Edstrom, advirtió que hoy en día no sólo los gobiernos son una amenaza para el periodismo libre, pues los mecanismos del mercado económico también se han convertido en amenazas).

Hay muchas nuevas maneras de influir en los medios, como puede ser por medio de los influenciadores y anunciadores, quienes están poniendo sus recursos en lugares que parecen que hacen periodismo pero no lo es.  Para el consumidor es muy difícil distinguir entre el verdadero periodismo y el que no, el que sólo responde al mercado y sus anunciantes”.

Desde hace dos años María Edstrom está involucrada en la investigación sobre la diferencia entre libertad de expresión empujada por ideales democráticos y aquella que se impulsa por  mecanismos del mercado.

18/LLH/LGL

Ahora que se aproxima la revisión periódica del Plan Global de Acción para Combatir la Trata de Personas, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, hay una serie de organizaciones que se hacen llamar “Alianza 8.7 Uniendo Fuerzas Globalmente para Poner Fin al Trabajo Forzado, la Esclavitud Moderna, la Trata de Seres Humanos y el Trabajo Infantil”. Y lo impulsan así porque creen que la Prostitución es trabajo, o a la prostitución infantil le dicen prostitución infantil o niñas prostitutas o “niñas trabajadoras sexuales”.

Nosotras esperamos que esta revisión y su declaración final reflejen un verdadero compromiso con la puesta en marcha y realización del Plan de Acción Global y la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sustentable, específicamente de las metas 5.2, 8.7 y 16.2.

En particular, varias organizaciones internacionales entre las que destacan la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres y Equality Now (Igualdad Ahora) han manifestado al Secretario General de la ONU que esperan la completa puesta en marcha del Plan de Acción contra la Trata, en concordancia con las metas de desarrollo sustentable. Y, además llamaron a los Estados Parte a incorporar y respetar la definición legal contenida en el Protocolo de Palermo para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niñas/Niños que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, conocido como el Protocolo de Palermo, que se incluye en el Plan Global de Acción, del que 170 Estados son parte:

“… La explotación incluirá, por lo menos la explotación de la prostitución de otros y otras formas de explotación sexual, trabajos y servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o la remoción de órganos...”

Las definiciones legales son importantes, son la piedra angular para poder reclamarle a los Estados Parte, entre los que se encuentra México, sus obligaciones. Es indispensable que la definición acordada y aceptada como la definición legal de la trata de personas no se modifique de ninguna manera, esa definición que fue internacionalmente acordada y aceptada, definición que debe ser apoyada e implementada totalmente.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (MDS) nos brinda lineamientos claros para que los gobiernos puedan enfrentar los retos más importantes del mundo. Es imperativo alcanzar las Metas del Desarrollo Sostenible y que todos sus objetivos se alcancen prioritariamente.

Tres Metas de las incluidas en la Agenda para el Desarrollo Sostenible, las metas 5, 8 y 16, se refieren a la trata de personas, desde sus causas y hasta sus consecuencias, más específicamente los objetivos 5.2, 8.7 y 16.2 que se refieren a combatir la trata de personas –desde la trata y explotación sexual de mujeres y niñas (Objetivo 5.2.) –el trabajo forzado y el trabajo infantil (Objetivo 8.7), hasta todas las formas de trata de niños, niñas y adolescentes (16.2).

Cada objetivo es distinto en su marco, igual en importancia e interconectados en sus respectivos panoramas. Esperamos, exigimos que la puesta en marcha de las estrategias dirigidas a cada uno de estos objetivos asegure que la trata y la explotación sexual sean igualmente prioritarias para nuestros gobiernos y las organizaciones internacionales.

Cuando debatimos sobre la trata de personas en situaciones de conflicto, se debe tomar en cuenta el acuciante riesgo de trata y explotación sexual que enfrentan, particularmente, las mujeres y las niñas. Las Naciones Unidas deben reconocer e impulsar la igualdad sustantiva de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, lo que es imposible sin erradicar la violencia feminicida y la discriminación de género, que incluyen la trata y la explotación sexual y la explotación de la prostitución.

De acuerdo al informe 2016, de UNDOC, 71 por ciento de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas, y de esas víctimas 72 por ciento son explotadas sexualmente; mientras que 96 por ciento de todas las víctimas de trata para la explotación sexual son mujeres y niñas.

Es crucial que los Estados Miembros en sus deliberaciones para combatir la trata de personas retomen la legislación internacional que incluye cuatro formas distintas de trata. Los esfuerzos para combatir la trata laboral por organismos internacionales como la OIT y la Alianza 8.7 son necesarios, pero deben reconocer que sus esfuerzos únicamente abordan una de las cuatro formas de trata. Debe quedar claro que la trata para la explotación sexual no es una forma de trata laboral. Los Estados Parte han ratificado un marco legal integral que se enfoca a la trata y la explotación sexual y la explotación de la prostitución, incluyendo el Protocolo de Palermo, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención para Erradicar la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena (el Convenio de 1949) y la Convención de los Derechos de la Niñez.

El financiamiento intersectorial nacional y global debe concentrarse en financiar los compromisos tendientes a alcanzar la igualdad de género, el empoderamiento de mujeres y niñas; y erradicar la violencia contra las mujeres, especialmente la violencia feminicida, incluyendo la trata de mujeres, niñas, adolescentes y trans y todas las formas y modalidades de explotación, en particular, la explotación de la prostitución, lo que no está sucediendo.

Priorizar la explotación sexual como una de las formas de trata, aumentará la habilidad de los Estados Parte para combatir la trata de mujeres y niñas y la explotación sexual, ya que les permitirá desarrollar planes nacionales relevantes y apropiados, indicadores, llevar a cabo investigaciones e invertir en combatir la trata de personas. Combatir la trata, la explotación sexual de mujeres, niñas, adolescentes y transexuales, requiere inversiones en investigaciones comprensivas o integrales y la recolección de datos desagregados y diferenciados de otras formas de trata y explotación.

En la revisión del Plan de Acción Global se debe tomar en cuenta la legislación internacional existente y los principios de los Derechos Humanos. Es indispensable utilizar la terminología usada para definir la trata de seres humanos. Mientras que los términos “la esclavitud moderna de nuestros días” o “la esclavitud moderna” ayuda a que el promedio de la ciudadanía pueda entender de manera más eficiente la gravedad de la trata de personas, lo cierto es que no son términos que se reflejen en la legislación internacional, en todo caso lo que encontramos es “formas contemporáneas de esclavitud”.

Finalmente, hacemos un llamado al gobierno de México y demás Estados Partes a respetar el Artículo 9.5 del Protocolo de Palermo, enfocándose en desalentar la demanda que promueve la explotación de la prostitución de mujeres y niñas, que provoca la trata y la explotación sexual. Sin demanda no hay trata de personas.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora

17/TUZ/LGL

Ahora que se aproxima la revisión periódica del Plan Global de Acción para Combatir la Trata de Personas, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, hay una serie de organizaciones que se hacen llamar “Alianza 8.7 Uniendo Fuerzas Globalmente para Poner Fin al Trabajo Forzado, la Esclavitud Moderna, la Trata de Seres Humanos y el Trabajo Infantil”. Y lo impulsan así porque creen que la Prostitución es trabajo, o a la prostitución infantil le dicen prostitución infantil o niñas prostitutas o “niñas trabajadoras sexuales”.

Nosotras esperamos que esta revisión y su declaración final reflejen un verdadero compromiso con la puesta en marcha y realización del Plan de Acción Global y la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sustentable, específicamente de las metas 5.2, 8.7 y 16.2.

En particular, varias organizaciones internacionales entre las que destacan la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres y Equality Now (Igualdad Ahora) han manifestado al Secretario General de la ONU que esperan la completa puesta en marcha del Plan de Acción contra la Trata, en concordancia con las metas de desarrollo sustentable. Y, además llamaron a los Estados Parte a incorporar y respetar la definición legal contenida en el Protocolo de Palermo para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niñas/Niños que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, conocido como el Protocolo de Palermo, que se incluye en el Plan Global de Acción, del que 170 Estados son parte:

“… La explotación incluirá, por lo menos la explotación de la prostitución de otros y otras formas de explotación sexual, trabajos y servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o la remoción de órganos...”

Las definiciones legales son importantes, son la piedra angular para poder reclamarle a los Estados Parte, entre los que se encuentra México, sus obligaciones. Es indispensable que la definición acordada y aceptada como la definición legal de la trata de personas no se modifique de ninguna manera, esa definición que fue internacionalmente acordada y aceptada, definición que debe ser apoyada e implementada totalmente.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (MDS) nos brinda lineamientos claros para que los gobiernos puedan enfrentar los retos más importantes del mundo. Es imperativo alcanzar las Metas del Desarrollo Sostenible y que todos sus objetivos se alcancen prioritariamente.

Tres Metas de las incluidas en la Agenda para el Desarrollo Sostenible, las metas 5, 8 y 16, se refieren a la trata de personas, desde sus causas y hasta sus consecuencias, más específicamente los objetivos 5.2, 8.7 y 16.2 que se refieren a combatir la trata de personas –desde la trata y explotación sexual de mujeres y niñas (Objetivo 5.2.) –el trabajo forzado y el trabajo infantil (Objetivo 8.7), hasta todas las formas de trata de niños, niñas y adolescentes (16.2).

Cada objetivo es distinto en su marco, igual en importancia e interconectados en sus respectivos panoramas. Esperamos, exigimos que la puesta en marcha de las estrategias dirigidas a cada uno de estos objetivos asegure que la trata y la explotación sexual sean igualmente prioritarias para nuestros gobiernos y las organizaciones internacionales.

Cuando debatimos sobre la trata de personas en situaciones de conflicto, se debe tomar en cuenta el acuciante riesgo de trata y explotación sexual que enfrentan, particularmente, las mujeres y las niñas. Las Naciones Unidas deben reconocer e impulsar la igualdad sustantiva de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, lo que es imposible sin erradicar la violencia feminicida y la discriminación de género, que incluyen la trata y la explotación sexual y la explotación de la prostitución.

De acuerdo al informe 2016, de UNDOC, 71 por ciento de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas, y de esas víctimas 72 por ciento son explotadas sexualmente; mientras que 96 por ciento de todas las víctimas de trata para la explotación sexual son mujeres y niñas.

Es crucial que los Estados Miembros en sus deliberaciones para combatir la trata de personas retomen la legislación internacional que incluye cuatro formas distintas de trata. Los esfuerzos para combatir la trata laboral por organismos internacionales como la OIT y la Alianza 8.7 son necesarios, pero deben reconocer que sus esfuerzos únicamente abordan una de las cuatro formas de trata. Debe quedar claro que la trata para la explotación sexual no es una forma de trata laboral. Los Estados Parte han ratificado un marco legal integral que se enfoca a la trata y la explotación sexual y la explotación de la prostitución, incluyendo el Protocolo de Palermo, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención para Erradicar la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena (el Convenio de 1949) y la Convención de los Derechos de la Niñez.

El financiamiento intersectorial nacional y global debe concentrarse en financiar los compromisos tendientes a alcanzar la igualdad de género, el empoderamiento de mujeres y niñas; y erradicar la violencia contra las mujeres, especialmente la violencia feminicida, incluyendo la trata de mujeres, niñas, adolescentes y trans y todas las formas y modalidades de explotación, en particular, la explotación de la prostitución, lo que no está sucediendo.

Priorizar la explotación sexual como una de las formas de trata, aumentará la habilidad de los Estados Parte para combatir la trata de mujeres y niñas y la explotación sexual, ya que les permitirá desarrollar planes nacionales relevantes y apropiados, indicadores, llevar a cabo investigaciones e invertir en combatir la trata de personas. Combatir la trata, la explotación sexual de mujeres, niñas, adolescentes y transexuales, requiere inversiones en investigaciones comprensivas o integrales y la recolección de datos desagregados y diferenciados de otras formas de trata y explotación.

En la revisión del Plan de Acción Global se debe tomar en cuenta la legislación internacional existente y los principios de los Derechos Humanos. Es indispensable utilizar la terminología usada para definir la trata de seres humanos. Mientras que los términos “la esclavitud moderna de nuestros días” o “la esclavitud moderna” ayuda a que el promedio de la ciudadanía pueda entender de manera más eficiente la gravedad de la trata de personas, lo cierto es que no son términos que se reflejen en la legislación internacional, en todo caso lo que encontramos es “formas contemporáneas de esclavitud”.

Finalmente, hacemos un llamado al gobierno de México y demás Estados Partes a respetar el Artículo 9.5 del Protocolo de Palermo, enfocándose en desalentar la demanda que promueve la explotación de la prostitución de mujeres y niñas, que provoca la trata y la explotación sexual. Sin demanda no hay trata de personas.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora

17/TUZ/LGL

En México, durante 2014, casi 40 por ciento de las mujeres que fallecieron por alguna causa de muerte materna tenían escolaridad básica incompleta y 10.4 no tenía escolaridad, es decir que eran analfabetas y además vivía en condiciones de pobreza, señaló la investigadora del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), Guadalupe Ramírez Rojas.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la experta advirtió que el hecho de que las mujeres cuenten con seguridad social y servicios de salud, no asegura que tengan una buena atención y orientación médica para ayudar a reducir el riesgo de Muerte Materna (MM) ya que en 2014,  un 42 por ciento de embarazadas que contaba con seguridad social, falleció por causas ligadas a la maternidad.
 
En 2014, la Razón de Muerte Materna (RMM) se ubicó en 38.9 fallecimientos, por cada 100 mil nacidos vivos, cuando la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) cuyo plazo venció en 2015, era de 22.
 
Ramírez Rojas dijo a Cimacnoticias que para lograr el nuevo compromiso establecido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en cuanto a reducción de MM, es necesario incrementar el acceso a la educación y generar más empleos para las mujeres ya que quienes fallecen por esta causa, siguen siendo las mujeres en condición de pobreza.
 
La investigadora añadió que 10 por ciento de las mujeres que fallecieron ese mismo año, eran hablantes de alguna lengua indígena pero aún las que son bilingües, no comprenden totalmente el idioma español, por lo que recomendó que este dato debería ser tomado en cuenta por el personal del sector salud a la hora de brindar atención y asesoría médica.
 
Agregó que 42 por ciento de las defunciones registradas en 2014, fueron por causas directas de muerte materna; de ellas, la causa principal fue hipertensión durante el embarazo con un 20 por ciento y las hemorragias durante en el puerperio (etapa después del parto que dura hasta 40 días) representan un 14.3 por ciento de las causas directas de los decesos.
 
El aborto es la tercera causa directa de muerte materna con un 9.2 por ciento.
 
Las causas de muerte materna indirecta, que son aquellas enfermedades crónicas que padecían las mujeres antes de embarazarse, como cáncer, diabetes, enfermedades cardiacas, lupus y otros padecimientos, representaron un 31 por ciento.
 
Por lo anterior, las mujeres que tienen una enfermedad crónica deben recibir una mejor orientación por parte del personal de salud, para que les expliquen los riesgos que representa un embarazo para su salud.
 
De acuerdo con datos del OMM, 43.3 por ciento de las mujeres acudió durante el primer trimestre de su embarazo al control prenatal, de ellas un 22.6 por ciento tuvo entre 3 a 5 consultas prenatales y el 30 por ciento tuvo más de 5 consultas. De manera que las mujeres sí cuentan con información sobre la importancia de acudir a consultas médicas durante el embarazo, precisó Ramírez Rojas.
 
La investigadora agregó que 72 por ciento fue atendida durante el parto en un servicio de salud, 42 por ciento se atendió en un hospital o clínica de salud y sólo un 5.2 por ciento tuvo su parto en el hogar con atención de parteras.
 
16/GVV/LGL

Las autoridades “obstaculizan la Alerta de Violencia de Género, como si se tratara de una agresión contra los gobiernos”, cuando en realidad es una “política de emergencia” que permite a los gobiernos articularse para enfrentar el feminicidio, la trata de personas, violencia sexual, acoso y hostigamiento”, señaló la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, diputada constituyente de la Ciudad de México.
 
La también creadora de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que incluye dicha alerta (AVG), dijo lo anterior este jueves, durante la mesa redonda “Igualdad de Género y Desarrollo en el marco de la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenido”, realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de que la Máxima Casa de Estudios se adhirió a la campaña  HeForShe, impulsada por ONU Mujeres.
 
Lagarde y de los Ríos, considerada como referencia del feminismo en México, dijo también que existe una “simulación” de parte de los gobiernos en torno a la violencia contra las mujeres y recordó que Enrique Peña Nieto declaró una “nueva estrategia” contra la violencia –tras reconocer que 50 municipios presentan “condiciones difíciles”- aunque desde que fue creada la LGAMVLV existe un diagnóstico de la situación de violencia en el país y se conocen los focos rojos o lugares con mayor número de feminicidio.
 
Dijo que las organizaciones solicitantes de la activación del mecanismo de AVG también ofrecen sus diagnósticos y aun así tienen dificultades para que dicho mecanismo de emergencia contra cinco modalidades de violencia se declare en sus municipios y estados.
 
NUEVOS PLAZOS
 
Sobre el tema de la mesa, Marcela Lagarde, quien en junio pasado fue electa como diputada Constituyente, dijo que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) –compromiso de los países para lograr la igualdad entre hombres y mujeres hasta el año 2030– son la continuación de los  Objetivos del Milenio, que no se cumplieron, por lo cual fueron replanteados con una perspectiva feminista, con  plazos y acciones para poder lograr los compromisos en la práctica.
 
Entre otros temas de la mesa, la representante de ONU Mujeres, Ana Güezmes, coincidió en que se debe trabajar la violencia contra las mujeres como un tema emergente y anunció que el próximo 25 de noviembre intensificarán las campañas que han impulsado en contra del matrimonio infantil.
 
Por su parte,  la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Cristina Martín, dijo que otros ejes que se abordan en los 17 ODS para lograr la igualdad entre mujeres y hombres son la educación, atención médica y oportunidades laborales.
 
16/GVV/GGQ