Nicaragua

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INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Iglesias deben respetar decisiones de las mujeres: OSC
Bien la sentencia por asesinato de Vilma pero ¿y la prevención de la violencia?
CIMACFoto: Nelson Rodríguez
Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
Cimacnoticias | Managua, Nic .- 11/05/2017

Diferentes organizaciones de mujeres se manifestaron satisfechas con la sentencia en contra de los asesinos de la joven Vilma Trujillo, quien fue quemada en un ritual religioso hace dos meses. Las activistas de las organizaciones, sin embargo, reiteraron en la necesidad de que se realicen acciones preventivas para no actuar hasta que las mujeres son asesinadas.
 
Enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia, Eveling Flores, dijo que la sentencia en contra de los asesinos de Vilma,  también debe servir para que algunos líderes de las iglesias respeten los derechos de las mujeres y no las sigan manipulando en nombre de la religión.
 
Flores agregó que ningún caso de femicidio debe quedar impune, pero además demandaron a los líderes religiosos a tener un trato justo e igualitarios en sus actividades religiosas, que no olviden el derecho a la libertad de decisión que tienen las mujeres.
 
Hay mucho trabajo todavía por hacer para evitar que las creencias religiosas y las prácticas de algunos líderes limiten los derechos de las mujeres, señaló Flores.
 
En tanto Virginia Meneses, representante en Nicaragua  del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres CLADEM, dijo que si bien la sentencia era determinante para castigar a los asesinos de Vilma, también se requiere de otras acciones a favor de las mujeres.
 
Hace falta implementar las campañas de sensibilización que establece la Ley 779, (Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres), dijo Meneses, quién además se preguntó “dónde está el trabajo de la comisión de lucha contra la violencia, dónde está el trabajo que el Estado está haciendo para evitar la violencia contra las mujeres”.
 
Hay mucho trabajo en materia de prevención que debe hacer el Estado en las comunidades y en las escuelas, se requiere del trabajo en conjunto y que el Estado no siga desconociendo a las organizaciones de mujeres, reiteró Meneses.
 
El juez José Alfredo Silva condenó a 30 años de cárcel por los delitos de asesinato al pastor Juan Gregorio Rocha y a los miembros de la iglesia, Pedro Rocha, Tomasa Rocha, Franklin Jarquín Hernández y  a 6 años de cárcel a Esneyda Orozco, por el delito de secuestro simple.
 
Un jurado de conciencia (integrado por personas particulares sin estudios jurídicos) ya los había encontrado culpables en el juicio realizado el pasado 2 de mayo en Managua.
 
Vilma Trujillo, de 25 años de edad y madre de dos niños,  fue quemada en un ritual religioso en la comunidad El Cortezal, en el municipio de Rosita en el Caribe Norte del país a 400 km de Managua, por el supuesto pastor evangélico y otras 4 personas el pasado 21 de febrero, cuando supuestamente le expulsarían los demonios.
 
17/NR/GG








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Lectura de sentencia, en Managua, el 9 de mayo
Condenan a pastor y religiosos que quemaron a Vilma Trujillo
CIMACFoto: Nelson Rodríguez
Por: Guadalupe Gómez Quintana
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/05/2017

En Nicaragua, el martes por la noche, un Tribunal de Jurado, integrado por dos hombres y tres mujeres, declaró culpables al pastor evangélico Juan Gregorio Rocha, y a cuatro feligreses de la Iglesia Visión Celestial, de la Asamblea de Dios, por el asesinato de Vilma Trujillo  García, quien fue quemada en una hoguera, contra su voluntad, para “curarla” de una supuesta posesión diabólica.
 
El asesinato fue cometido el 21 de febrero en la comunidad El Cortezal, municipio de Rosita, en el Triángulo Minero, luego de que la integrante de la iglesia, Esneyda Orozco Téllez, de 25 años, dijo haber tenido una visión y recibió la orden divina de quemarla, a lo cual procedieron el pastor Rocha Romero, de 23 años, apoyado por Pedro y  Tomasa Trujillo, de 26 y 24 años, respectivamente, y hermanos de la víctima; así como Franklin Jarquín, de 28 años. 
 
Dentro del proceso oral y público, el juez Alfredo Silva Chamorro, del Quinto Distrito Penal de Juicio de Managua, ratificó la decisión del jurado y el Ministerio Público pidió  la pena máxima de 30 años de prisión en el caso del delito de asesinato y la pena máxima de 6 años de prisión por el delito de secuestro simple, del que está acusada Esneyda Orozco, ya que Vilma estuvo recluida contar su voluntad del  día 15 hasta el 21 de febrero de 2017.
 
Frente al juzgado, nuevamente organizaciones de mujeres, entre ellas la Red de Mujeres contra la Violencia, y el Colectivo Gaviotas, realizaron un plantón para exigir justicia. Y, al igual que en las dos audiencias anteriores, se manifestaron con consignas como “No son revelaciones, fue femicidio”, “se acabó la paciencia, no más violencia”, “no fue revelación, fue el odio del pastor”. Reiteraron también que Vilma fue víctima de la religión, del patriarcado que la juzgó porque tenía otro compañero sentimental. 
 
LOS CRÍMENES
 
La mujer fue sometida a golpes y malos tratos, antes de ser quemada en una hoguera, a temperaturas de 400 grados Celsius, siete horas y media, en una supuesta celebración religiosa colectiva, ya que la acusaban de haber cometido adulterio, por lo que estaba “enferma” y necesitaba ser “purificada”, para expulsar al diablo que la habitaba, de acuerdo con la declaración de los inculpados en las audiencias del proceso judicial.
 
El pastor dijo que “dios dijo que le pusiéramos fueguito porque estaba endemoniada… Tenía el compañero de vida y entonces cometió error con otro hombre”. 
 
La mujer, una vez que llegó su esposo y su padre a la comunidad donde la quemaron, fue llevada al Hospital Antonio Lenín Fonseca, donde duró siete días en agonía, sin posibilidades de supervivencia porque tenía quemaduras de segundo y tercer grado en 80 por ciento de su cuerpo. Murió  el 28 de febrero, acompañada de su familia, incluidos sus dos hijos, de 2 y 7 años de edad. 
 
El único veredicto de no culpabilidad que emitió el jurado fue a favor de Esneyda Orozco por el delito de secuestro simple.
 
Además, a favor de ella, su abogado presentó como atenuante que es madre de tres menores de edad y presumiblemente presenta un embarazo de tres meses, por lo que pidió una pena de 20 y no de 30 años de prisión. 
 
Sin embargo,  la representante del Ministerio Público, la fiscal Fabiola Mendoza,  no estuvo de acuerdo, ya que la considera coautora del delito, y pidió pena máxima de 30 años de prisión en el caso del delito de asesinato y  6 años de prisión por el delito de secuestro simple.
 
La lectura de la sentencia quedó programada para el próximo 9 de mayo a las 12:30 horas en el mismo juzgado de Managua.
 
17/GG








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Estado retardó la justicia ante crimen del esposo
Primera sentencia favorable de CoIDH a una mujer nicaragüense
CIMACFoto: Nelson Rodríguez
Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
Cimacnoticias | Managua, Nic .- 04/05/2017

La activista de Derechos Humanos de la costa Caribe Sur, María Luisa Acosta, se convirtió en la primera mujer nicaragüense en recibir una sentencia favorable de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en la cual se condena al Estado nicaragüense por retardación de justicia.
 
Después de 15 años de luchar por acceder a la justicia, Acosta recibió la sentencia de la CoIDH, en donde ordenan al Estado de Nicaragua reabrir la investigación por el asesinato de su esposo, resarcir los daños a la víctima e implementar una serie de medidas correctivas para evitar que se repitan violaciones a los Derechos Humanos de las y los defensores de Derechos Humanos en Nicaragua.
 
El asesinato fue cometido el 2 de abril del año 2000, cuando María Luisa defendía los derechos de los pobladores de las comunidades indígenas de la zona de Laguna de Perlas, municipio de la costa Caribe Sur, en donde unas personas estaban vendiendo las tierras de la población indígena, lo que  le generó persecución y amenazas, las cuales derivaron en el crimen contra su esposo Francisco José García Valle, profesor universitario de 44 años.
 
Desde la fecha del asesinato, Acosta inició la batalla por acceder a la justicia, pero se encontró con una serie de obstáculos en la justicia local, que la obligaron a recurrir hasta la CoIDH.
 
Acosta dijo sentirse satisfecha con la sentencia y demandó al Estado a cumplir con la misma, aunque reconoció que, de cierta manera, se reabre la herida, pero está dispuesta a seguir luchando para que se cumpla con la sentencia y se haga justicia.
 
“Espero que se haga la investigación a como lo señalé desde un inicio”, dijo Acosta, quien lamentó que el sistema policial y judicial no hayan esclarecido el crimen a pesar de que aparecieron todas las pruebas.
 
Todas esas evidencias se presentaron ante la Corte e incluso se le dio la oportunidad al sistema judicial de corregir las malas actuaciones, sin embargo las autoridades fueron indolentes, denunció.
 
La abogada Wendy Flores, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), que fue una de las 3 organizaciones que llevaron el caso María Luisa Acosta y otros (familiares) hasta la CoIDH, explicó los alcances de la sentencia:
 
En la sentencia se establecen garantías de no repetición,  ordena que se creen mecanismos de protección y un protocolo de  investigación frente a agresiones contra defensoras y defensores de Derechos Humanos.
 
Estos protocolos son necesarios frente al contexto de hostilidad y agresiones permanentes por parte de agentes estatales en contra de los defensores. El Estado debe promover un ambiente de seguridad para los defensores de Derechos Humanos, dijo Flores.
 
Es una sentencia que trasciende el caso de María Luisa Acosta para proteger a defensoras y defensores de Derechos Humanos y es la primera vez que una sentencia en Nicaragua ordena estas medidas de protección, sostuvo Flores.
 
La presidenta del CENIDH, Vilma Núñez, dijo que la sentencia era histórica y tenía un alcance de grandes magnitudes, es una voz de  alerta al Estado nicaragüense para que revise las actuaciones del sistema judicial y le ordena cambios concretos para que no se repitan estos casos.
 
Para Fátima Millón, de la Alianza de Centros de Mujeres, la sentencia tiene un gran precedente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y espera que el Estado la cumpla.
 
La sentencia es un respaldo para el trabajo que realizan las defensoras de Derechos Humanos en Nicaragua, dijo Millón.
 
De acuerdo a la sentencia, el Estado nicaragüenses tiene seis meses a partir de esta fecha, para informar a la Corte sobre las instituciones que serán responsables de cumplir con lo ordenado en la sentencia.
 
Desde el año 1990 el Estado de  Nicaragua reconoce la competencia de la CoIDH y hasta la fecha se han emitido 4 sentencias condenatorias al Estado nicaragüense.
 
17/NR/GG








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Juicio se retomará el 2 de mayo
OSC exigen castigo a religiosos que quemaron a Vilma Trujillo
Imagen retomada del Facebook de la Red de Mujeres contra la Violencia
Por: Guadalupe Gómez Quintana
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/04/2017

Vilma Trujillo no se lanzó a la hoguera por su voluntad, fue el pastor de la iglesia evangélica Asamblea de Dios, Juan Rocha, quien ordenó su muerte porque “era el mismo diablo” y, aunque intentó defenderse con un machete, en un acto de sobrevivencia, la ataron de pies y manos y la lanzaron al fuego: 400 grados Celsius, siete horas y media. Falleció dos días después por edema pulmonar y shock séptico, 80 por ciento de su cuerpo con quemaduras de segundo y tercer grado, calcinados hígado y pulmones.   
 
Eso narraron testigos, forenses y acusados por el crimen de Vilma, durante la audiencia del juicio oral y público, realizada el martes pasado por la noche, en el Juzgado Quinto Distrito Penal de Juicio  de Managua, a cargo del juez Alfredo Silva Chamorro, de acuerdo con reportes y videos publicados en la prensa y la televisión locales.  
 
Por el asesinato, cometido el 21 de febrero en la comunidad El Cortezal, municipio de Rosita, en el Triángulo Minero, están acusados el pastor Juan Gregorio Rocha Romero, de 23 años de edad, y los integrantes de la iglesia: Pedro Trujillo, hermano de Vilma, de 26 años; su hermana Tomasa, de 24 años;  la cuñada de la víctima, Esneyda Orozco Téllez, de 25 años; y Franklin Jarquín, de 28 años.   
 
Esneyda Orozco dijo a las autoridades que había tenido una revelación y de ahí surgió la idea de quemarla. Y así lo confirmó el pastor que ordenó su muerte: “es que dios dijo que le pusiéramos fueguito porque estaba endemoniada, dios dijo que iba a sacar ese espíritu malo. Tenía el compañero de vida y entonces cometió error con otro hombre”.  
 
Franklin Jarquín, otro de los acusados, dijo que “ella cometió un error ante Dios al meterse con otro hombre teniendo su pareja. Dios la castigó de esa manera y se endemonió, fue un espíritu que se impulsó en ella y cayó sobre el fuego”.  
 
Creyente, Vilma estuvo en la Iglesia Visión Celestial, de la Asamblea de Dios desde el día 15  hasta el 21 de febrero de 2017, cuando la lanzaron a la hoguera. Estuvo prácticamente secuestrada, contra su voluntad, acusan organizaciones de mujeres. El compañero de Vilma no estaba en la comunidad, había ido a donde vive su madre, para construirle un cuarto.
 
El médico forense, Oscar Bravo, quien hizo la autopsia de Vilma, reveló que antes de quemarla fue golpeada con un objeto contuso, un palo, quizá, que le hirieron el cráneo. Organizaciones feministas creen que también fue violada. 
 
El 21 de febrero, afuera de la Iglesia, el pastor pidió que todos se arrodillaran, levantaran las manos al cielo y cerraran los ojos. Fue entonces, según los relatos ante las autoridades judiciales, que el pastor, Jarquín y Tomasa, arrojaron al fuego a Vilma. Uno de los feligreses, Miguel Zamora, abrió los ojos, se levantó y la sacó de la llamas. 
 
NO SON REVELACIONES, ES FEMINICIDIO  
 
Antes de iniciar la audiencia del juicio, el martes pasado, desde temprano organizaciones de mujeres, entre ellas la Red de Mujeres contra la Violencia, se manifestaron vestidas de morado, con pancartas, cruces, flores y consignas: “No son revelaciones, fue femicidio”, gritaban, “se acabó la paciencia, no más violencia”, “no fue revelación, fue el odio del pastor”.
 
La integrante de la Red de Mujeres contra la Violencia, Elia Palacios, dijo que Vilma fue víctima de la religión, del patriarcado que la juzgó porque tenía otro marido”.
 
Afirmó en entrevista con una televisora local que el Colectivo Gaviotas, organización feminista con presencia en la zona donde murió Vilma, acompañó a la familia y se pronunció. Criticó que la iglesia estuviera más interesada en deslindarse del hecho que por la muerte de la señora.  
 
Explicó la importancia que adquirió la iglesia en un lugar donde prácticamente no hay instituciones del gobierno y, por lo mismo, es el ministro religioso quien se constituye en autoridad. Seguramente, dijo Palacios, la familia fue manipulada, creyó que el pastor sanaría las dolencias de la mujer, pero no sabían que impediría que la vieran.
 
Cuando Catalino, el padre de Vilma, se enteró de los hechos, intentó ir a donde estaba su hija, pero el pastor de su comunidad se lo negó. Fue a ver a otro pastor y le informaron que ya la habían quemado. Y luego el pastor Rocha Romero le aseguró que ella fue quien se lanzó, ya que estaba enferma (de la mente).
 
Ahora, dijo Elia Palacios en la entrevista televisiva, la iglesia pide misericordia para las y los acusados, pero eso no puede ser porque el Estado es laico. “Que se haga justicia y se siente un precedente”, el hecho fue grave, el médico dijo que las lesiones, incompatibles con la vida, generaban un dolor inimaginable y vivió en agonía con 80 por ciento de su cuerpo calcinado, con el hígado y los riñones calcinados.
 
Me molesta, agregó la feminista, que insistan en que fue un procedimiento correcto, que “una voz” lo ordenó. Pero la secuestraron y planificaron su muerte, la lanzaron al fuego amarrada, desnuda, con daño a su integridad, la golpearon, incluso su hermana participó. 
 
El daño que le hicieron a Vilma, consideró la enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, Evelyn Flores Mayorga, fue por su condición de mujer, ya que no lo habrían hecho a un hombre en una situación similar. Se aprovecharon de su condición de mujer, de su situación educativa. Hubo partícipes y co-facilitadores del delito y el Estado debe castigarlo. Su práctica religiosa los llevó a actuar sin raciocinio, hasta los límites. Se pierde el pensamiento crítico y se sigue al espiritual.
 
Acusa que el Estado debió actuar, sin esperar que la denuncia fuera puesta por el compañero de Vilma, quien estaba trabajando lejos, porque son pobres.
 
En el caso de Vilma, explicó Flores Mayorga, era pobre, atendía su casa y su familia, era ama de casa. Le tocaba hacer rendir el dinero. Y el trabajo de cuidados muchas veces significa gran carga emocional para las mujeres. Puede ser que no guste, porque nos toca, porque no hay nadie más que lo haga. Ella se ve ante una carga cotidiana de cuidado, de trabajo que no se reconoce ni se remunera, al que no le da valor la familia, donde no hay vacaciones y nunca hay dinero para una misma.
 
Las personas que estudian las religiones –detalla la activista- dicen que hay  quienes manipulan a las personas y estas cumplen con ser ovejas guiadas, depositan toda su vida en esas personas y piensan que vendrá algo mágico. Y eso es algo que contrasta con una ciudadana que toma decisiones sobre su vida espiritual, que asume una participación política, que asume responsabilidades en el ámbito social y familiar.
 
EL FIN
 
Miguel Zamora, quien sacó a Vilma de la hoguera, aseguró en el juzgado que le pidió al pastor que la pusiera en su cama y le dieran atención médica,  pero este amenazó con irse si la acostaban ahí.
 
Don Catalino, padre de la víctima, contó a las autoridades judiciales que “cuando me le acerqué a Vilma, ella estaba solita con una camisita nada más, todo el cuerpo quemado, acostada en un brasero de ceniza y me dijo: “Papá, deme agua”, y se tomó dos vasos de agua y se quedó sin hablar”.
 
Luego la llevaron a una hamaca, en su casa y al día siguiente, en la madrugada, la trasladaron al  centro de salud que quedaba más cerca, en donde murió, acompañada de su madre, su padre, su compañero y rodeada de sus hijos.
 
INSEGURIDAD EN COSTA CARIBE Y NORTE
 
Evelin Flores Mayorga advierte que en las regiones Costa Caribe y Norte, “están sucediendo muchas inseguridades ciudadanas para las mujeres y no hay sanciones”, lo que preocupa a la Red de Mujeres contra la Violencia. “No hay reparación del daño ni justicia”.
 
La Red contabiliza al menos 11 mujeres asesinadas en Nicaragua en lo que va de 2017, pese a que hay una ley que condena el feminicidio. Murieron por la violencia extrema machista, dijo Elia Palacios en una entrevista.  En 2016, más de 70 mujeres fueron asesinadas por varones.
 
Y los más recientes, explicó, ocurrieron el pasado fin de semana en las ciudades norteñas de Condega y Somoto, cerca de la frontera con Honduras, donde dos mujeres murieron a manos de sus cónyuges.
 
La dirigente de la Red, Reyna Rodríguez, sintetiza: Nicaragua adolece de políticas públicas adecuadas para prevenir este flagelo, pese a que desde hace 4 años existe la Ley 779, que penaliza la violencia contra la mujer.
 
“Esto es alarmante, dice,  y estamos cansadas de demandarle a Estado que atienda el problema, porque esos asesinatos podría evitarse con una política de Estado de prevención. Sin embargo, en muchas ocasiones, la policía promueve trámites conciliatorios entre el agresor y su víctima.   
 
El juicio por el asesinato de Vilma continuará el 2 de mayo a la una de la tarde y estará convocada otra presunta implicada, Maritza Ramos, quien fue testigo del hecho, de acuerdo con lo narrado a las autoridades por la hermana menor de Vilma.  
 
17/GGQ
 








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Campaña de donación busca recaudar 5 mil dólares
Urge reactivar Observatorio Nacional de Feminicidios de Nicaragua
Imagen retomada del portal hipgive.org
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/04/2017
En Nicaragua, 126 mujeres fueron víctimas de femicidio/feminicidio entre 2014 y el 2015. Juana era una de ellas: era madre, trabajadora, tenía tres hijos, sueños y una vida por delante, pero fue asesinada por su ex pareja, pese a que lo había denunciado a la policía por maltratos y golpes, sin que le hicieran caso ni le dieran protección.  
 
Su historia, que se repite con otras mujeres en todo el país, no quedó en el olvido, quedó registrada por el Observatorio Nacional de Feminicidios, un proyecto que sirvió para exigir justicia, acciones de prevención, políticas públicas para salvar vidas, pero que no pudo continuar sus trabajos y cerró en 2015 por falta de financiamiento. 
 
Hoy, la Red de Mujeres contra la Violencia, integrada desde hace 25 años por organizaciones de varios municipios y departamentos de Nicaragua y creadora del Observatorio Nacional de Feminicidos en 2005, busca reactivar este instrumento, porque el problema de la violencia contra las mujeres “va de mal en peor” y porque en el país siguen sin existir programas ni políticas de apoyo para las familias de las mujeres asesinadas.  
 
La vida de cada mujer cuenta: conociendo las historias y circunstancias de sus muertes, podemos ayudar a salvar la vida de miles de mujeres en Nicaragua, señala el texto de la campaña impulsada por la Red de Mujeres contra la Violencia, cuya meta es recaudar 5 mil dólares, antes del 17 de mayo de 2017, para reactivar y renovar el Observatorio con el personal mínimo requerido.  
 
EL NUEVO OBSERVATORIO  
 
Explica la Red que el nuevo Observatorio no solo brindará cifras o datos estadísticos sobre los casos de feminicidio, ya que hará también investigación para difundir historias de vida de las víctimas, como Juana, y de los feminicidas. 
 
Analizaremos los casos, dice la Red, las circunstancias del delito, los factores sociales y culturales que intervinieron en el problema, y brindaremos pistas para que las personas puedan reconocer actitudes, comportamientos y circunstancias que representan luces de alerta.
 
Además el Observatorio brindará insumos para incidir en los operadores de justicia, para demandar políticas públicas y la aplicación correcta de la ley, para apoyar a las sobrevivientes y a los familiares de las víctimas, y para poder sensibilizar y educar a la población. 
 
El Observatorio será manejado por un equipo de personas expertas en registro y monitoreo de medios, con especialización en derechos humanos, con una amplia experiencia en producción de materiales educativos y con la sensibilidad para rescatar la dimensión humana tanto de la víctima como del criminal, y así poder mostrar las circunstancias de vida que están detrás de los datos estadísticos. 
 
Además, señala, contaremos con el trabajo voluntario de expertas en atención y prevención de las violencias contra las mujeres, quienes revisarán y aprobarán las publicaciones de los datos obtenidos a través del Observatorio
 
CÓMO DONAR
 
Las y los donantes al Observatorio, podrán acceder a reportes, en formato digital y su nombre aparecerá en los créditos de la publicación como personas comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres en Nicaragua. 
 
Para realizar la donación, está disponible el sitio: https://hipgive.org/es/project/help-us-to-reactivate-the-national-femici...
 
Los 5 mil dólares recaudados permitirán la operación del Observatorio durante un año, para producir tres reportes trimestrales y uno anual.  
  
17/RED
 







INTERNACIONAL
Aborto
   OSC denunciarán ante instancias internacionales
Parlamento nicaragüense archiva proyecto de ILE por causas de salud
CIMACFoto: Nelson Rodríguez
Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
Cimacnoticias | Managua, Nic .- 27/04/2017

La Junta Directiva del Parlamento nicaragüense ordenó archivar la iniciativa de Ley especial para la interrupción del embarazo por causas de salud, la cual era una propuesta de varias organizaciones ciudadanas.
 
El diputado oficialista Wilfredo Navarro dijo que en el Parlamento estaban a favor de la vida por lo cual la posición siempre ha sido en contra del aborto, y esto en concordancia con las encuestas nacionales que reflejan que el pueblo está en contra del aborto, defendió el legislador.
 
“El legislador Navarro no lee bien las encuestas o no sé a cuáles sondeos se refiere”, dijo la integrante de IPAS Centroamérica y del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico (GEDAT), Martha María Blandón.
 
Una reciente encuesta dice lo contrario, refirió Blandón, quien señaló que no era extraña la posición de los legisladores y agregó que continuarán la lucha ante el Poder Judicial para que respondan a los recursos a favor del aborto terapéutico.
 
En 2006, los legisladores nicaragüenses en plena campaña política y atendiendo compromisos con grupos conservadores y con las iglesias, reformaron el Código Penal para penalizar el aborto terapéutico el cual estaba permitido por más de 100 años.
 
Esta año, en el marco de la jornada por los 10 años de lucha por la despenalización del aborto terapéutico,  el GEDAT continuará exigiendo ante la Corte Suprema de Justicia una respuesta sentenció Blandón.
 

Imagen: Nelson Rodríguez.

 
La actitud de los diputados al mandar a caducar esta iniciativa demuestra una vez más el desprecio a los derechos humanos de las mujeres y al sentir de la ciudadanía, dijo Blandón.
 
Leslie Briseño, representante legal de la iniciativa ciudadana, la cual fue presentada ante el Parlamento en octubre de 2015, respaldada por más de 6 mil firmas, lamentó esta decisión.
De esta manera los diputados están desatendiendo una demanda ciudadana y genera realmente mucho pesar ver lo ocurrido, dijo Briseño.
 
La feminista Mirna Blandón dijo sentirse muy molesta por lo actuado por los diputados que demuestran nuevamente el desprecio por la vida de las mujeres y la falta de cumplimiento con los compromisos internacionales.
 
Las y los diputados en la Asamblea Nacional están para hacer leyes a favor de la ciudadanía, no para atender asuntos religiosos, eso es personal y cada quien lo vive, dijo la dirigente feminista.
 
Con este nuevo golpe a los derechos humanos de las mujeres nicaragüenses, a quienes afectan es a la gran mayoría de las mujeres empobrecidas económicamente, con esto aumenta el riesgo de muerte de las mujeres, dijo Mirna.
 
Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres acudirán nuevamente a los órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los comités de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y todos los foros internacionales para denunciar esta violación a los derechos de las mujeres.
 
Aunque no hay datos estadísticos oficiales sobre las verdaderas causas de las muertes maternas, es una realidad que hay mujeres que pierden la vida por razones de salud durante el embarazo, dijo Martha María Blandón.
 
Al problema se suma la violencia sexual, se estima que cada año dan a luz en los hospitales públicos un mil 600 niñas menores de 14 años, muchas de ellas exponen sus vidas en los embarazos y se desconoce cuántas pierden la vida por la misma causa, denunció Martha María Blandón.
 
17/NR/GG








INTERNACIONAL
POBLACIÓN Y DESARROLLO
   Propaganda sobre igualdad de género no acaba con machismo
Cooperativas, alternativa para mujeres rurales en Nicaragua
Imagen de Nelson Rodríguez
Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
Cimacnoticias | Managua, Nic .- 21/04/2017

Pese a la existencia de una serie de leyes aprobadas en los últimos 10 años, que promueven las relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, la cultura machista persiste en Nicaragua especialmente en las zonas rurales del país, donde las mujeres en su mayoría son sometidas a las decisiones de sus parejas.
 
De los seis millones de habitantes que tiene Nicaragua, más de la mitad son mujeres y de éstas aproximadamente un millón son mujeres rurales, las que se las ingenian para poder lograr una verdadera independencia de los hombres, sostiene la directora de la Coordinadora de Mujeres Rurales, María Teresa Fernández.
 
Una de las alternativas que han encontrado las mujeres rurales para lograr cierta independencia en sus comunidades ha sido la de organizarse en cooperativas de diferentes ramas, especialmente de granos básicos, café, producción de miel y otros rubros agrícolas.
 
Organizarse en cooperativa fue una de las alternativas que encontró Lisseth Escalante, una joven de 28 años de edad y madre de dos hijos, habitante de la comarca San Juan de la Penca, en el occidental departamento de Chinandega, a 2 horas y media de Managua.
 
La joven narra que antes de ingresar a la cooperativa se levantaba desde las 2:00 de la mañana para poder hacer las labores del hogar y luego otras tareas, sin embargo, al entrar a la cooperativa multisectorial “Mujeres en Acción”, logró abrir los ojos, debido a que vivía con el modelo machista y  su madre le decía “las mujeres tienen que trabajar solo para servir al hombre”.
 
En en la cooperativa, Lisseth se ha capacitado y animado a otras mujeres a que deben de empoderarse sobre la igualdad de los derechos humanos entre hombres y mujeres, y desprenderse de antivalores machistas.
 
A pesar de toda la propaganda gubernamental sobre la igualdad de género en Nicaragua, la mayoría de las mujeres no han salido del ciclo de la violencia y en las zonas rurales lamentablemente se sigue viendo normal que el hombre las maltrate y las controle, denuncia Lisseth.
 
POBREZA AFECTA MÁS A LAS MUJERES
 
En las comunidades donde las familias viven en condiciones de pobreza, con menos de dos dólares al día, son las mujeres las más afectadas, dice Lisseth, son las últimas en alimentarse en la casa, primero le sirven al hombre, luego a los hijos e hijas y si alcanza comen ellas.
 
Cuando los hombres se van del hogar y las dejan con las hijas e hijos, son ellas las que tienen que cargar con dobles o triples jornadas para salir adelante, primero con las labores del hogar sin remuneración, segundo con la búsqueda de empleo en donde muchas veces lo único que encuentran son labores del hogar, en donde generalmente no les pagan ni el salario mínimo, que en Nicaragua es de 3 mil 200 córdobas, equivalentes a unos 107 dólares al mes.
 
Si la mujer es campesina y quiere sembrar una parcela de tierra, se enfrenta a muchas dificultades porque tiene que pagar el alquiler de la tierra y buscar financiamiento, en la cual encuentra muchas puertas cerradas en las instituciones financieras, es el caso de Esperanza Chávez, madre de tres hijas y tres nietas.
 
Esperanza de 65 años de edad, es originaria de una comunidad rural de Masaya, a una hora al oriente de Managua, y cuenta que no volvió a ir a un banco porque se sintió discriminada cuando preguntó por financiamiento y lo primero que le pidieron fue la escritura de su casa, (la cual no tenía), de lo contrario no era candidata para recibir un solo córdoba.
 
La experiencia amarga que tuvo Esperanza la llevó a integrarse en la cooperativa Dios y Amor de Masaya, en donde recibe apoyo de un fondo revolvente para cultivar granos básicos en una parcela, a la cual sus hijas le ayudan y así obtienen los alimentos y la subsistencia.
 
Para Calixta Martínez, originaria de Ciudad Darío, a hora y media al norte de Managua, socia de la cooperativa La Dariana, que la integran 105 mujeres, esta es la mejor opción para enfrentar la pobreza que afecta a las mujeres.
 
“Si la mujer no está organizada, se expone a todo tipo de discriminación y desigualdad”, dice Calixta de 45 años de edad, quien agrega que personalmente no ha sufrido ningún tipo de desigualdad, pero conoce casos de otras compañeras que no están organizadas y que  sufren por las relaciones desiguales de género existentes en el país.
 
CARGOS PÚBLICOS  NO GARANTIZAN IGUALDAD
 
El gobierno de Daniel Ortega, quien ostenta el poder por segunda vez desde el 2006, ha promovido leyes que favorecen los derechos de las mujeres, “sin exagerar, tenemos el país de América Latina con el mayor gabinete ocupado por mujeres”, dice el diputado sandinista Douglas Alemán, miembro de la Comisión Económica del Parlamento Nacional.
 
El Estado nicaragüense ha hecho su mayor esfuerzo por acabar con la desigualdad de género, sin embargo, tenemos una herencia patriarcal muy arraigada, por lo cual ha sido muy difícil, reconoce el diputado sandinista.
 
El diputado además es un reconocido ganadero del país y asegura que lamentablemente en el sector ganadero no conoce una sola mujer mandadora (administradora operativa) en una finca.
 
El machismo en las fincas ganaderas predomina, a los trabajadores no les agrada la idea de que una mujer sea quien los dirija y sobre esos comportamientos machistas también hay que trabajar, dice el diputado sandinista.
 
Para la dirigente feminista Haydeé Castillo, la existencia de un marco legal a favor de las mujeres no garantiza relaciones equitativas en el país, pues lamentablemente las leyes no se aplican o se reforman a favor de conveniencias políticas que a la larga responden a intereses machistas.
 
Muchas de las mujeres en cargo públicos no tienen autonomía en sus decisiones, tienen que responder a un partido político que les permitió llegar al cargo y esos partidos políticos son dominados por hombres, lamenta Castillo.
 
Ante esta situación, se requiere de políticas públicas que garanticen las relaciones igualitarias en el país y la autonomía de las mujeres en cargos públicos, que esas funcionarias se empoderen de los derechos de las mujeres, propone Castillo.
 
La diputada opositora Adilia Salinas, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), reconoció la situación difícil que viven muchas mujeres, especialmente en el campo y aunque señaló la existencia de varias leyes favorables para las mujeres que se han aprobado en este parlamento, hace falta su aplicación efectiva, por lo cual las mujeres deben seguir luchando por sus derechos.
 
17/NR/GG
 








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Paro Mundial de Mujeres 8M
Nicaragua contra la violencia; Granada, España por las migrantes
Imagen de Nelson Rodríguez
Por: Nelson Rodríguez y Lizbeth Ortiz Acevedo
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/03/2017

El movimiento amplio de mujeres de Nicaragua se manifestó en Managua y en las principales cabeceras departamentales de todo el país, en demanda de un alto a la violencia machista que en los últimos 5 años le ha quitado la vida a más de 300 mujeres, según reportes del observatorio de la organización Católicas por el Derecho a Decidir
 
En Managua más de mil personas participaron de la marcha que recorrió aproximadamente un kilómetro, desde la carretera a Masaya, y concluyó en la céntrica avenida universitaria, en donde manifestaron su condena a las políticas neoliberales y al desmantelamiento de la ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las mujeres por parte del Estado.
 
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), dijo que todos los derechos humanos se han violentado a las mujeres en Nicaragua, esencialmente el derecho a vivir una vida libre de violencia.
 
“Las mujeres constantemente son víctimas de violencia física, violencia económica y acoso en las calles”, denunció la activista del CENIDH.
 
El Estado también ha violentado los derechos de las mujeres al negarles el acceso a la justicia, al no aplicar la ley 779, al quitar las Comisarias de la Mujer de la Policía Nacional que atendían las denuncias de las mujeres, señaló Núñez.
 
El derecho a la tierra también ha sido violentado, dijo la  Coordinadora de Mujeres Rurales, María Teresa Fernández, quien denunció que desde hace 6 años se aprobó la ley 717 creadora de un fondo para la compra de tierra a favor de las mujeres del campo que no tienen tierra para producir, sin embargo el gobierno no ha destinado un solo córdoba.
 
“Ayer vine del campo, y las mujeres están pasando una situación muy difícil, como en una comunidad de León (departamento al occidente de Managua) en donde un productor cortó los árboles de su finca y todo el polvo está llegando a la comunidad, afectando la salud de estas mujeres”, denunció Fernández.
 
Las participantes de la marcha de este 8 de marzo manifestaron que la violencia sigue siendo el principal problema que las afecta y por eso reiteraron su compromiso de seguir luchando por la igualdad y el respeto a los derechos humanos.
 
Según la organización Católicas por el Derecho a Decidir, en lo que va del año se han registrado 10 femicidios/feminicidios y 13 femicidios/feminicidios frustrados, se estima que 3  femicidas/feminicidas permanecen prófugos de la justicia.
 
En el acto de cierre de la marcha, las mujeres condenaron la violencia machista, la violencia institucional  que afecta principalmente a las mujeres, la falta de rendición de cuenta del uso de los recursos públicos y se solidarizaron con el movimiento campesino que exige la derogación de la ley 840 creadora del proyecto canalero.
 
El gobierno celebró por separado el día internacional de la mujer, con un mensaje televisivo de la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, en donde resaltó los logros de su gobierno a favor de las mujeres. También se realizaron actos en las instituciones estatales.
 
En el Parlamento nacional se realizó también un homenaje por el Día Internacional de la Mujer, en el cual solo intervino la oficialista  presidenta de la Comisión de la Mujer y luego se realizó un acto cultural, lo que generó el rechazo de las diputadas opositoras como María Fernanda Flores, quien criticó la falta de espacios y oportunidades para las mujeres que no piensan igual al gobierno.
 
ESPAÑA, MOVILIZACIÓN POR LAS MIGRANTES
 
Dignas, diversas, insumisas y juntas contra todas las violencias!, así fue el lema que acompañó este 8 de marzo la manifestación que reunió a una multitud de mujeres y colectivos en el centro de Granada en España.
 
Esta ciudad ubicada al sur de la península ibérica en los últimos años se ha consolidado como un referente para el movimiento feminista luego de la labor desempeñada a través del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género pero también por un potente activismo de colectivos, asociaciones y agrupaciones que trabajan temas con perspectiva de género en esta comunidad andaluza y que se hizo presente en la manifestación.
 
Este evento político que recuerda los feminicidios de más de 140 mujeres obreras en la ciudad de Nueva York mientras estaban en pie de lucha por su dignidad laboral, hizo un llamado para concentrarse a las 18 horas y en punto de la hora ya se podían observar colectivos y personas quienes se sumaban a los diversos contingentes convocados para reivindicar los feminismos y luchar contra la violencia machista.
 
Con consignas que eran acompañadas por mujeres de la batucada Bembé, “la mani” como le llamaban las asistentes partió de la Plaza Mariana Pineda, donde los diversos contingentes al ritmo de las percusiones entonaban a través de ritmos brasileños y africanos frases como: ¡Alerta, alerta, alerta que camina, la lucha feminista por las calles granaínas! ¡Ninguna agresión sin respuesta! ¡De noche y de día, la calle es mía!
 
Los colectivos se agrupaban y se dispersaban entre la multitud, coreaban, reían, bailaban, saltaban y compartían el mismo propósito: exigir un alto a la violencia machista. Algunas pancartas a lo largo del recorrido se desplegaban con leyendas como: “sin feminismo no habrá revolución” o “para la mayor parte de la historia. Anónimo era una mujer”.
 
Las mujeres salieron a celebrar también la diversidad y combatir el odio. Se exigía frenar las agresiones a lesbianas, trans, intersexuales, gays y bisexuales, así como el racismo y la islamofobia de género. Se exigía reivindicar una accesibilidad universal a las mujeres con capacidades diferentes.
 
Cabe señalar que la ciudad de Granada, considerada una de las ciudades más bellas de toda España por sus construcciones históricas como la Alhambra y declarada Patrimonio de la Humanidad, tiene un importante flujo migratorio por la cercanía geográfica que tiene con el continente africano lo que ha sensibilizado a diversos colectivos con esta situación.
 
Es por eso que ya en el templete, durante la lectura del Manifiesto pronunciado por integrantes de la Plataforma 8 de Marzo exigieron detener la violencia hacia las mujeres inmigrantes en España. Se pidió un alto al antigitanismo y discriminación hacia mujeres tanto gitanas como romaníes en toda Europa quienes llevan una década siendo esterilizadas, expulsadas y marginadas.
 
Detallaron que debido a la actual situación de guerra por la que atraviesa Siria, Irak y Afganistán, son 32 millones las mujeres quienes tuvieron que huir de sus hogares para encontrarse con una situación “inhumana” en los campos de refugiados.
 
Las mujeres de la Plataforma 8 de Marzo visibilizaron la situación de estas mujeres en las zonas de conflicto al señalar que se enfrentan a la violencia sexual, a la trata de personas y al uso de su cuerpo como pasaporte. Asimismo denunciaron la falta de compromiso y solidaridad en las políticas de refugio por los recortes de hasta un 70 por ciento en materia de cooperación.
 
Con vitoreos y aplausos constantes tras cada punto leído del Manifiesto tocó el turno para hablar de la violencia económica, tema por el que externaron la exigencia de un cambio radical al ser las mujeres quienes reciben 30 por ciento menos salario por realizar el mismo trabajo que los hombres y además son ellas quienes lo hacen con contratos a tiempo parcial lo que les genera peores pensiones.
 
Luego, al llegar a casa tras jornadas laborales poco equitativas, enfrentar abusos y violencias, son las mujeres quienes llevan a cabo el trabajo de cuidados, el cual recae en ellas en un 70 por ciento.
 
Por eso se situaron contra las últimas reformas laborales las cuales dijeron solo “han aumentado la precariedad” de las mujeres no obstante reconocieron el trabajo de camareras, cuidadoras, trabajadoras de telemarketing, investigadoras y las empleadas del hogar a quienes calificaron como “trabajadoras en lucha”.
 
Mientras la lectura del Manifiesto continuaba se pidió elevar la luz de los teléfonos móviles para recordar a las víctimas de la violencia machista. Momento preciso en el que se informó que hasta el momento se contabilizan en los últimos dos meses en España 21 feminicidios.
 
En este marco de exigencia, lucha, resistencia y fulgor mujeres tomaron las calles “granaínas” para exigir el cese a la cultura machista y rodeadas de una fuerza colectiva se siguieron pronunciando: ¡“dignas, diversas, insumisas y juntas contra todas las violencias! Mientras los bailes y performance fueron transcurriendo para concluir el histórico día.
 
17/NR/LOA/GG
 








INTERNACIONAL
Aborto
   Revela informe de OSC
Criminalización del aborto: exclusión, persecución y cárcel para salvadoreñas
CIMACFoto: Gladis Torres
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 21/02/2017

El Salvador tiene una de las legislaciones de aborto más restrictivas en el mundo. El 20 de abril de 1998, entró en vigor un nuevo Código Penal en El Salvador, que eliminó las causas en las que el aborto se encontraba despenalizado hasta ese momento: en caso de riesgo para la vida de la mujer; en casos de violación o estupro; y en caso de graves malformaciones en el feto.
 
Además, en enero de 1999, se reformó el Artículo 1 de la Constitución Política de El Salvador, en el que se estableció el reconocimiento de la persona humana desde el momento de la concepción. Este cambio hacia una legislación más restrictiva va en contra de la tendencia global de liberalización que se ha dado desde 1994, año en que se celebró la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, y a partir de la cual más de veinticinco países en el mundo han liberalizado sus leyes sobre aborto.
 
El Salvador, junto con unos pocos países como Polonia y Nicaragua, restringió las condiciones en las cuales el aborto está permitido. A pesar de la legislación restrictiva de El Salvador, se calcula que para el periodo entre 1995 y 2000, hubo un total de 246 mil 275 abortos con una incidencia del 11.1 por ciento en la mortalidad materna. De acuerdo con datos de la Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Salud, entre enero de 2005 y diciembre de 2008, se registraron en el país 19 mil 290 abortos, de los cuales el 27.6 por ciento ocurrieron en adolescentes.
 
En febrero de 2011, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, reiteró que la prohibición absoluta del aborto pone en riesgo a las mujeres y jóvenes, pues ante la necesidad de interrumpir el embarazo, muchas acuden a abortos clandestinos Estos datos sobre aborto son estimaciones, pues dada la ilegalidad de la práctica, no es posible tener datos confiables.
 
VULNERACIÓN ABSOLUTA
 
La situación en El Salvador es una manifestación clara de cómo la criminalización absoluta del aborto viola las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esta criminalización absoluta vulnera los derechos a la vida, a la salud y a la autonomía de las mujeres. Igualmente, la aplicación de esta normativa genera violaciones a los derechos al debido proceso, a la privacidad, a estar libre de violencia, y de trato cruel e inhumano.
 
El informe “Excluidas, perseguidas, encarceladas. El impacto de la criminalización absoluta del aborto en El Salvador”, publicado por el Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico,  documenta y denuncia las consecuencias de la penalización total del aborto en el país, desde una perspectiva de derechos humanos desde dos ángulos.
 
Primero, el análisis da voz a cinco mujeres que fueron procesadas injustamente por los delitos de aborto u homicidio agravado por el parentesco, tras sufrir emergencias obstétricas sin haber recibido atención médica. Sus experiencias son evidencia de cómo el Estado salvadoreño traspasa el límite del irrespeto a los derechos humanos y a la dignidad de sus mujeres mediante el ejercicio de su poder sancionador y las consecuencias que ello genera en el sistema de salud, judicial y penitenciario, con consecuencias tan graves como condenas infundadas de hasta 35 años de cárcel. Igualmente, muestra cómo la criminalización tiene un impacto desproporcionado en las mujeres en situación de más vulnerabilidad, por encontrarse en situación de pobreza, sin acceso a educación, y por ser mujeres jóvenes.
 
Segundo, el informe aborda la penalización total del aborto desde un estudio cualitativo que revisa los perfiles de las mujeres que han sido procesadas por aborto y delitos conexos entre los años 2000 y 2011. El análisis usa las distintas variables como la edad, la escolaridad, la ocupación y el nivel de ingresos, entre otras, para ilustrar cómo las consecuencias de una legislación tan restrictiva crea patrones de violación a los derechos humanos, que afectan sobre todo a las mujeres en situación de más vulnerabilidad en El Salvador.
 
El estudio también analiza las condiciones de los procesos judiciales, como el origen de la denuncia, el tipo penal por el que fueron acusadas y luego juzgadas y las resoluciones judiciales dictadas en los procesos. El estudio revela cómo los profesionales de la salud que atienden a las mujeres por complicaciones derivadas de abortos inseguros o por emergencias obstétricas que nada tienen que ver con abortos provocados, entienden que tienen la obligación legal de denunciar a las pacientes ante la policía para evitar ser involucrados en un eventual proceso judicial.
 
Estas denuncias resultan problemáticas, no sólo por la violación al secreto profesional que suponen, sino también porque las mujeres dejan de buscar los servicios de salud que necesitan si no se garantiza la confidencialidad. Esto es particularmente preocupante en los casos de las mujeres que tienen emergencias obstétricas o requieren cuidado post aborto.
 
LOS PROCESOS JUDICIALES
 
En el periodo comprendido entre enero de 2000 y el primer trimestre de 2011, la Agrupación Ciudadana para la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador realizó una investigación en todos los juzgados de instrucción y tribunales de sentencia de El Salvador y analizó los expedientes de mujeres procesadas por aborto o delitos conexos. Se identificaron 129 mujeres que fueron procesadas por aborto o por homicidio agravado. De estas, 49 fueron condenadas: 23 por aborto y 26 por homicidio en distintos grados. La investigación cuantitativa muestra que las mujeres más afectadas por la criminalización absoluta del aborto son las mujeres jóvenes y de bajo nivel socioeconómico:
 
– El 68.22 por ciento de las mujeres se encuentran entre los 18 y 25 años.
 
– De las mujeres procesadas, 6.98 por ciento eran analfabetas, 40.31 por ciento tenían algún tipo de educación primaria, 11.63 por ciento tenían estudios de bachiller y 4.65 por ciento tenían educación superior (estudios técnicos o universitarios).
 
– El 73.64 por ciento de las mujeres son solteras y sin pareja.
 
– El 51.16 por ciento de las mujeres no recibían remuneración económica por su trabajo y 31.78 por ciento contaban con empleos de remuneraciones muy bajas.
 
– El 57.36 por ciento de las denuncias surge de los profesionales de la salud que atienden a las mujeres y el 22.48 por ciento de las denuncias proviene de los familiares y vecinos.
 
– El 49 por ciento de los casos las denuncias no tienen fundamento y son archivadas.
 
– En el 46.51 por ciento de los casos el delito se tipifica como homicidio, lo que tiene serias consecuencias frente al respeto del principio de proporcionalidad de la pena, pues se puede condenar a las mujeres con penas de hasta 50 años de prisión.
 
– En el 43.41 por ciento de los casos se aplica la detención provisional, en donde las mujeres deben ir a la cárcel durante el proceso.
 
– En el 51.94 por ciento de los casos las mujeres son defendidas por defensores públicos.
 
Los datos muestran que las 129 mujeres procesadas se encontraban, en su mayoría, en situación de pobreza. Ellas han sido excluidas de la educación, del acceso a servicios esenciales de salud y de condiciones que brinden herramientas para cambiar su posición social. Los determinantes sociales hacen que se encuentren en situaciones de alta vulnerabilidad y que no tengan herramientas para enfrentar el poder sancionador del Estado.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 
17/RED/GG
 








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