Campesinas

Las mujeres de las comunidades campesinas e indígenas, a quienes el sistema económico, político y social ubica en el último escalón, por su condición de género y pobreza, no se conforman, nunca se han conformado, con un presente así, ni con que sea ese el futuro para sus hijas e hijos. Por eso convierten esta sociedad doliente, sociedad de carencias, en una de resistencia y trabajo.
 
Es el caso de Margarita Amalia Cruz, a quien no le gusta que la vean como víctima y evita llamar “ataques” a los obstáculos que encuentra cuando defiende los derechos de las jornaleras de San Quintín; prefiere describir cómo viven 12 horas bajo el sol por un pago de 120 pesos diarios.
 
Desde los 8 años de edad hasta los 37 ella fue jornalera en aquel valle de Baja California, donde ahora dirige Mujeres en Defensa de la Mujer (Naxihi na xinxe na xih), que participó en el movimiento de jornaleros agrícolas iniciado en 2015.
 
Desde los años 80, cuando Margarita llegó de la zona mixteca de Oaxaca a San Quintín, la situación ha cambiado poco. Hoy, como entonces, trabajan ahí migrantes, mixtecos, zapotecas, triquis y nahuas de Oaxaca, Guerrero y Veracruz.
 
En 1985 Margarita y los otros 30 niños que trabajaban para la compañía ABC soñaban “con un futuro mejor”, pero terminaban viendo como normales los maltratos, el bajo salario, la fumigación con agroquímicos.
 
Hoy las cosas cambiaron, se modernizaron, hay invernaderos… “pero para proteger el cultivo, no a las personas”, ironiza, porque las trabajadoras, de una temperatura muy alta, salen súbitamente al frío de la tarde y enferman, mientras otras pasan horas en cuclillas, en la fresa, la coliflor y el brócoli, lo que les provoca intensos dolores musculares. 
 
De esa realidad surgió en 1997 un grupo de mujeres artesanas y en 2004 exigieron afiliación al Seguro Social. Ahora, Mujeres en Defensa de la Mujer trabaja por los derechos laborales y el rescate de la medicina tradicional, a través de la Casa de la Mujer Indígena, enfocada a la prevención de la violencia de género y promoción de la salud sexual y reproductiva. Tiene además un programa en la radio indigenista XEQUIN, la Voz del Valle.
 
Y busca vincularse con organizaciones que defienden la tierra y el territorio, porque “cuando una empresa internacional entra a nuestros territorios no solo llega a explotar las manos jornaleras, también a explotar la tierra, a destruir la naturaleza; luego se van y dejan tierras infértiles”.
 
LA PARTERÍA, ALIVIO A LA INJUSTICIA 
 
Ayudar a una mujer a parir es un oficio que fascina, “es querer ayudar, decir basta de tanta injusticia hacia las mujeres”, dice María de la Luz Díaz Hernández, indígena y partera tradicional de la ranchería San Rafael, en Comitán, Chiapas, entidad con mayor número de parteras en el país.
 
Es una de las casi 3 mil parteras en el estado, que trabajan sobre todo en comunidades rurales e indígenas y atienden 9 por ciento de los casi 90 mil partos al año (Sinais, 2014). Hace un mes, Luz fundó, con otras cuatro parteras, Camati, “Mujeres construyendo desde abajo”.
 
Desde los 17 años de edad, Luz camina montañas hasta donde la necesita una mujer embarazada, pese a las secuelas que le dejó la poliomielitis. Supo que sería partera porque soñó, durante un mes, que una mujer le pedía ayuda para parir, un oficio que era también el de su abuelo.
 
La labor de Luz es indispensable en un estado donde hay apenas 2 mil 240 camas de hospital (Dirección General de Información en Salud, 2014), lo que explica por qué en 2014 hubo 68.1 muertes de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos (Observatorio de Mortalidad Materna).
 
Camati también consigue fondos para llevar a un hospital a las mujeres que lo requieren, da talleres de sexualidad a adolescentes y tiene una casa donde trabajan con herbolaria.
 
POR LA MADRE TIERRA
 
Rosenda Maldonado Godínez, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Indígenas Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio (Renamitt), dice que las indígenas trabajan la tierra, viven de ella, pero sin derechos ni reconocimiento.
 
Nació en la sierra norte de Veracruz y promueve con Renamitt el derecho de las mujeres a la tenencia de la tierra, que “no es propiedad porque para las indígenas la tierra no es propiedad de nadie, decimos que nosotras somos de la tierra”, explica.
 
Renamitt se fundó en 2013 con integrantes de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Jalisco y Chihuahua, pero desde 2008 representa jurídicamente a mujeres y capacita sobre uso y aprovechamiento de los bienes comunes.
 
La también presidenta de Agrupación de Derechos Humanos Xochitépetl dice que muchas mujeres solas, debido a la migración, van a las asambleas porque están a cargo de parcelas y solares, pero no tienen poder de decisión. Un caso frecuente, ya que de los 12.3 millones de mujeres en el medio rural, sólo 5 por ciento tienen derechos reconocidos sobre sus tierras, según Inegi. 
 
Por eso, Renamitt busca que sean reconocidas como ejidatarias, además de que podrían ser comisarias de bienes ejidales o comunales y participar en las decisiones, ahora que la Ley Agraria garantiza la equidad en esos organismos. 
 
Renamitt trabaja también sobre el impacto de empresas y megaproyectos, como mineras e hidroeléctricas, en tierras ejidales, que ignoran la opinión de los pueblos indígenas. 
 
“MUJERES MILENARIAS”, AL RESCATE DEL MAGUEY
 
En 2014, recién egresada de Ingeniería Forestal, en el Instituto Tecnológico de Los Valles de Oaxaca, Bibiana Bautista Gaytán, mixteca de 30 años, involucró a las mujeres de Santa María Apazco en el rescate de la producción del pulque y en el aprovechamiento de productos del maguey, como gusanos, pencas y azúcar para personas con diabetes.  
 
Fundaron “Mujeres Milenarias”, en donde trabajan 30 mujeres y 10 hombres, entre ellas adultas mayores que quedaron solas por la migración y madres que mantienen a sus hijos. 
 
Aprovechan la Feria Regional y la fiesta de la Concepción para vender sus productos. Además, “Las pulqueras”, como se hacen llamar, recolectan y separan basura, apoyan la participación política y derechos de las mujeres, y su meta es una microempresa para aprovechar todas las cualidades de la planta.
 
17/AGM/GGG/GGQ
 

La agricultura campesina produce hasta un 80 por ciento del alimento en los países no industrializados, siendo las mujeres quienes producen entre el 60 y el 80 por ciento del mismo, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
 
Un comunicado de la FAO señala que el trabajo realizado por las mujeres campesinas es fundamental, no solamente para la reproducción de la vida en términos de la erradicación del hambre, sino también en la preservación de la biodiversidad, la conservación de semillas, así como en la recuperación de prácticas agroecológicas para la producción de alimentos.
 
La relación de las mujeres con la tierra trasciende su uso como mera mercancía para su explotación y generación de “riqueza”; la tierra es vivida como un espacio de emancipación y preservación de la vida, como centro de la espiritualidad, incluso, materializándose en expresiones como la de Madre Tierra y similares, en diversidad de cosmovisiones a lo largo y ancho del planeta.
 
Sin embargo, en Latinoamérica las mujeres, sin excepción, las mujeres poseen y manejan menos tierra que los hombres; desde un 8 por ciento en Guatemala, el menor de América Latina, hasta un 30 por ciento en Perú, tratándose siempre de fincas de menor tamaño.
 
Las mujeres representan, además, menos del 12 por ciento de la población beneficiada en procesos de reforma agraria, siendo incluidas dentro de las políticas de acceso a tierra a través del mercado, de forma subordinada y minoritaria, en función de su estado civil y condición de madres y no como mujeres productoras, contando además, con menor acceso a créditos y asistencia técnica que los hombres.
 
El porcentaje de mujeres que participan en Guatemala en programas de acceso a la tierra ha sido escaso a través de la tierra, desde la condición de servidumbre durante la Colonia, que les impedía el acceso a la tierra por derecho propio, constituyéndose en un 8 por ciento de las beneficiadas de los programas del Instituto de Transformación Agraria (INTA) (1962-1996); en el uno por ciento de los programas de la Fundación del Centavo (1984); y el 10.76 por ciento del Programa de Acceso a Tierras del Fondo de Tierras (1998-2014).
 
Actualmente, la Ley del Fondo de Tierras reconoce y promueve en sus artículos 20 y 21, la inclusión formal de las mujeres como beneficiarias, en igualdad de condiciones que los hombres, en el reparto de tierras como co-propietarias, junto con sus cónyuges, con excepción de los casos cuando la familia beneficiaria tenga padre soltero o madre soltera, ocasiones en las cuales los títulos pueden ser emitidos a favor de los jefes de la familia beneficiada, sean mujeres u hombres.
 
El Artículo 21, por su parte, en los criterios de elegibilidad, lista una serie de requisitos que deben ser aplicados a campesinos y campesinas por igual. Cabe decir que dicho reconocimiento formal, ha sido producto de la participación y lucha incansable de mujeres campesinas, indígenas y mestizas en el impulso del reconocimiento de los derechos de las mujeres en el acceso a la tierra.
 
Finalmente, la FAO destaca que la tierra es un derecho para las mujeres del campo, quienes además, como mujeres que viven y trabajan la tierra realizan una labor primordial en el cuidado, reproducción y garantía de la vida, no solamente de sus familias y de sus comunidades, sino de las sociedades enteras, creando junto con la Madre Tierra las posibilidades y realidades de otro mundo frente a un sistema disfuncional que poco a poco está apagando la vida del planeta.
 
17/RED/GG