Hostigamiento sexual

VIOLENCIA
   Insuficiente Protocolo para atender casos en la UNAM
Universitarias sin mecanismos eficientes para denunciar acoso sexual
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Hazel Zamora Mendieta y Aline Espinosa Gutierrez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/05/2018

La universidad tendría que ser uno de los espacios más seguros para las mujeres pero para las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en realidad es un continuo de la violencia de género que día a día viven. Las universitarias no están exentas del hostigamiento y acoso sexual e incluso del feminicidio.

El 3 mayo de 2017 el asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio sacudió Ciudad Universitaria. El cuerpo de la joven de 22 años de edad fue hallado en una caseta telefónica ubicada al lado del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El cable del teléfono estaba enredado en su cuello.

La escena suponía un suicidio. Ante las especulaciones, de inmediato la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) divulgó en su cuenta oficial de Twitter una serie de publicaciones en las que estigmatizó a la joven, dijo que consumía drogas, alcohol y no estudiaba. Meses después reafirmó: Lesvy cometió suicidio.

A un año del suceso la familia de Lesvy Rivera Osorio, acompañada solidariamente por estudiantes y académicas del campus y con la defensa legal del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, se abocó a develar la verdad y obtener justicia para Lesvy.

Luego de reclamos públicos y de presentar pruebas ante las autoridades la familia de la joven logró que la PGJDF reclasificara el caso como feminicidio y declarara que la entonces pareja sentimental de Lesvy, el trabajador de intendencia de la UNAM, Jorge Luis González Hernández, tomó el cable del teléfono y la asfixió. Ese fue último acto de una violencia que ejerció contra ella durante los cuatro meses que duró su relación.

A propósito del aniversario luctuoso de Lesvy, Cimacnoticias se acercó a las estudiantes, académicas y trabajadoras de la máxima casa de estudios para conocer el impacto de este feminicidio en la comunidad universitaria y la experiencia de aquellas que buscan no callar más la violencia de género que viven en las instalaciones.

Hoy, muchas estudiantes deciden ejercer su derecho a la denuncia como lo establece el “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM”, un instrumento implementado hace más de un año pero que todavía replica los mismos procesos burocráticos, de criminalización, revictimización e impunidad del sistema de justicia mexicano.

Esta agencia trató de consultar a las autoridades de la Universidad encargadas de hacer funcionar el Protocolo y atender casos de violencia para evitar asesinatos como el de Lesvy. Sin embargo, la Oficina de la Abogada General (OAG) de la UNAM, a cargo de la doctora Mónica González Contró, guardó silencio. Hasta el cierre de esta edición la abogada general, por medio de su secretaría, se negó a la entrevista argumentando que su agenda estaba llena de pendientes.

LABERINTO A  LA IMPUNIDAD

En reacción a la violencia de género, el 29 de agosto de 2016 el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, anunció la implementación del “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM”. Este instrumento se creó para sumarse a la campaña de ONU Mujeres “HeForShe” por la igualdad de género.

Con la adhesión a esta plataforma la universidad además se comprometió a promover que los sistemas nacionales de evaluación reconocieran los estudios de género y a incluir la igualdad de género en los planes y programas de estudio. Con el Protocolo la casa de estudios buscó tener una herramienta que diera certidumbre a la comunidad universitaria sobre el procedimiento a seguir para atender y sancionar los casos de violencia de género.

A más de un año del decreto de este Protocolo, en septiembre 2017, la Oficina de la Abogada General publicó los primeros resultados. De agosto de 2016 al 12 de junio de 2017, 234 personas, de las cuales 97 por ciento fueron mujeres y 4 por ciento hombres, presentaron una queja por hechos de violencia de género tanto en la Oficina de la Abogada General como en el Subsistema Jurídico, que depende la OAG.

De estas denuncias, se identificaron 203 personas presuntamente agresoras pero de éstas sólo se inició proceso administrativo interno contra 150 agresores (73 por ciento).

Sin embargo, reiteradamente las universitarias señalan que al intentar interponer una denuncia se enfrentan a desestimaciones de sus dichos o pruebas, se encubre a los agresores y las sanciones no son suficientes.

En este laberinto, el primer obstáculo es la falta de orientación para quienes buscan presentar una denuncia, explicó en entrevista con Cimacnoticias la estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Ingrid Vázquez Sánchez, quien también es integrante del Tribunal Universitario, un órgano institucional integrado por estudiantes que se encargan de conocer y sancionar las faltas a la legislación universitaria cometidas por el personal académico y el alumnado.

Cabe resaltar que el Tribunal Universitario no sólo se enfoca en sancionar acciones de violencia de género, sino cualquier falta en contra de la legislación universitaria cometida por el alumnado o académicos como: alteración del orden, daño del patrimonio, extorsión, robo, falsificación de documentos, portación de armas, entre otras.

Vázquez Sánchez afirmó que las universitarias no cuentan con orientación necesaria para conocer las etapas del proceso, ya que las autoridades no dan servicio en los horarios de atención, establecidos para cada instancia, o no se les informa adecuadamente sobre los pasos a seguir, mucho menos se les brinda medidas de protección inmediata en caso de necesitarlas.

Quienes alcanzan a presentar la queja en los horarios marcados, se ven obligadas a respetar “los principios que rigen el Protocolo”, uno de ellos es la exigencia de la “firma de confidencialidad”, es decir, que tanto el agresor, como la víctima, no pueden hacer pública la denuncia.

La integrante de la Red No Están Solas, un colectivo que acompañan casos de violencia de género en la UNAM, Ana Jiménez –nombre ficticio para evitar ser identificada ante posibles represalias– subrayó que este acuerdo limita el derecho de las víctimas a la libre expresión y, sobre todo, las coloca en una situación de aislamiento y vulnerabilidad, al no verse acompañadas.

Adentradas en el proceso de denuncia las víctimas se enfrentan a más violaciones, continuó Ana Jiménez,  por ejemplo, se les pregunta “¿por qué estaban ahí?” al momento de la agresión, situación que demuestra la falta de sensibilización de quienes atienden las denuncias de violencia de género.

En suma, piden a las denunciantes pruebas de un tipo de violencia que generalmente se realiza en secrecía y sin testigos. Las estudiantes que cuentan con pruebas de los hechos son desestimadas, como le ocurrió a la estudiante de la Facultad de Derecho Brenda Nathalie Padro Sánchez, víctima de hostigamiento sexual por parte de un profesor y compañeros de la carrera.

En redes sociales de Internet los agresores la llamaban constantemente, enviaban mensajes de contenido sexual e invitaciones a tener relaciones sexuales, además hacían publicaciones de desprestigio de su imagen.

La ahora integrante de Alza La Voz, colectivo feminista de la Facultad de Derecho de CU, Padro Sánchez declaró que recurrió a la Comisión Especial de Equidad de Género (instancia dependiente de la Oficina de la Abogada General).

El primer filtro fue encontrar al personal en el horario adecuado y después presentar fotos de las conversaciones o publicaciones en redes sociales, los correos y el registro de las llamadas, donde se evidenciaba el asedio y la violencia que vivía. La respuesta de las autoridades de esta Comisión fue que “sus pruebas no eran suficientes”, argumento repetido en los Ministerios Públicos.

Cuando una denuncia de acoso sexual se denuncia y logra pasar lo primeros obstáculos, el caso se presenta ante el Tribunal Universitario y ante la Abogada General y el director o directora de Facultad donde hayan ocurrido los hechos. El estudiantado que conforma el Tribunal tienen la facultad de votar por una sanción y esta resolución debe ser aprobada por la Abogada General y quien encabece la Facultad, explicó Ingrid Vázquez integrante del Tribunal Universitario.

Quien además detalló que las sanciones se establecen en función de los perfiles de los agresores, varía si son profesores, estudiantes o personal administrativo, no por el grado de la violencia cometida.

Para los alumnos, el castigo puede ir desde una amonestación hasta la expulsión definitiva, mientras que para el personal académico o administrativo abarcan amonestaciones, suspensión o restricción del contrato de trabajador. Finalmente si el castigo es una reprimenda, ésta queda en la intimidad entre el Tribunal y el agresor, pues la “sentencia” se lee en privado, se le notifica por teléfono o por correo electrónico.

De los 150 procedimientos iniciados por la Oficina de la Abogada General, 67 por ciento fueron resueltos por un procedimiento alternativo, es decir las dos partes llegaron a un acuerdo, 21 por ciento están pendientes de una sanción, en 6 por ciento no se encontraron elementos para emitir una resolución, 1 por ciento fue declarado improcedente por el Tribunal Universitario y en 5 por ciento no se concluyó el procedimiento porque los trabajadores solicitaron su baja o jubilación.

Ingrid Vázquez indicó que hasta ahora la “mediación”  es la vía a la que más recurren las autoridades de la UNAM para resolver los casos de acoso sexual. Una “solución” que se le plantea a la víctima desde la etapa inicial. Según el informe del Protocolo en seis casos se firmó un acuerdo reparatorio entre el agresor y la víctima, que dio fin al proceso de la queja, otras dos están en la “preparación de diálogo” y en un caso no se concretó un acuerdo.

Asimismo el informe indica que de las 234 quejas presentadas por violencia de género, se identificó que en 41 por ciento de los casos se trató de una relación académica (profesor/alumna), en 24 por ciento de éstos no se estableció ninguna relación entre la denunciante y el agresor, en 14 por ciento la relación fue personal (tenían relación sentimental o bien, académica).

Ante las trabas en el proceso y la falta de sanciones justas, las alumnas se han valido de las denuncias públicas en redes sociales donde cuentan sus casos. Otra forma de hacer pública la violencia es realizando “tendederos del acoso”, donde las estudiantes cuelgan hojas de papel donde escribieron sus experiencias de acoso para visibilizar y denunciar el nombres de los agresores sin importar si son profesores, alumnos o personal administrativo.

Las estudiantes incluso han llegado a “tomar” simbólicamente las unidades de estudios para detener actividades, realizar conversatorios, foros o asambleas entre el alumnado, esto como  forma de protesta a la deficiente respuesta de las autoridades universitaria  ante la violencia de género.

Un ejemplo de ello fueron las acciones llevadas a cabo, en marzo de este año en el denominado “Paro Feminista de 48 horas”, de la Facultad de Filosofías y Letras y la marcha realizada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hacia el edificio de Rectoría, así como las Asambleas Interuniversitarias realizadas en diversas facultades para analizar el contenido del Protocolo.

FES, OLVIDADAS DE LA UNAM

Al indagar sobre la violencia de género en las universidades, las miradas se vuelcan en Ciudad Universitaria y prácticamente quedan en el olvido las estudiantes que acuden a los otros campus que conforman la UNAM, las cinco Facultades de Estudios Superiores (FES), Aragón, Iztacala, Zaragoza, Cuautitlán y Acatlán, que se ubican en las periferias entre la Ciudad de México y el Estado de México.

A casi dos años de la publicación del Protocolo, las estudiantes, académicas y profesoras de las FES desconocen qué se considera como violencia de género y la existencia de un instrumento para denunciar, así lo aseguró la consejera universitaria de la FES Cuautitlán, Pamela Hernández Hernández, quien funge como representante de su facultad en el Consejo Universitario, máximo órgano de autoridad que emite normas y disposiciones generales para el funcionamiento de la UNAM. 

Por ello, indicó la también estudiante, ante el desconocimiento las víctimas acuden a los Servicios Escolares o a la coordinación de cada carrera para presentar su queja, donde les informan que hay una instancia a la que deben acudir ya que aún las autoridades de las FES no aplican el Protocolo y la figura el abogado general de su facultad es prácticamente inexistente.

Ante el vacío de instancias de orientación, la comunidad estudiantil socorre a las víctimas por medio de redes de apoyo como el colectivo Representación Estudiantil. Sin embargo, las quejas se siguen quedando en el proceso de investigación, indicó la consejera universitaria y agregó que como resultado de su cargo hasta el momento conoce de 4 casos de violencia de género y uno por violación, que no han sido denunciados formalmente, y donde los agresores pertenecen al personal académico de la FES Cuautitlán.

En suma, cotidianamente la comunidad de las FES se enfrentan en mayor medida a los asaltos y robos, las estudiantes al acoso callejero en el transporte público debido a que están localizadas en zonas inseguras,  expuso Hernández Hernández. No obstante, continúa la deficiente respuesta de las autoridades para atender las demandas del alumnado como: transporte seguro, patrullaje fuera de las instalaciones, y alumbrado público.

Además, para las académicas e investigadoras de la UNAM denunciar la violencia de la que son víctimas o simplemente dar su apoyo a las estudiantes viene con un doble costo: Significa exponerse, correr el riesgo de perder su trabajo, ser víctimas de aislamiento por parte de otros compañeros de trabajo o perder la oportunidad de ascender a un mejor puesto laboral, así lo señaló a esta agencia la profesora de Antropología, Claudia, quien solicitó el anonimato por miedo a represalias.

Según las cifras del informe del Protocolo, de las 234 personas que presentaron una denuncia por violencia de género únicamente 3 por ciento era de personal académico.

NI UNA MÁS: DEMANDAN UNIVERSITARIAS

En medio de este panorama el feminicidio de Lesvy fue el punto un punto de quiebre para la comunidad de CU, las estudiantes ya no estaban dispuesta a tolerar más la violencia de género o que la vida de otra compañera fuera arrebatada. En cambio para las FES, explicó Pamela Hernández Hernández  no tuvo ninguna repercusión.

El 6 de mayo de 2017 el campus de la UNAM vivió la movilización de cientos de mujeres en repudió a la criminalización de Lesvy por parte de la PGJDF y la negativa del rector de la UNAM, Enrique Graue, de reconocer a la joven como parte de la comunidad universitaria, a pesar de que Lesvy estudió en una de las instituciones dependientes a la universidad, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), Plantel Sur, y su madre y padre son trabajadores de Ciudad Universitaria.

Encabezada por la madre de Lesvy, Araceli Osorio Martínez, las estudiantes, académicas y sociedad civil se apropiaron del campus y convirtieron la caseta telefónica en un altar en memoria de Lesvy. Colocaron una cruz rosa, flores y una placa de madera con el nombre de la joven, el altar aún permanece, para recordar a quien cruce por el “Camino Verde”, llamado así por la comunidad universitaria, que en la UNAM , la violencia contra las mujeres también ha impacto.

Aunque la violencia de género siempre ha existido en Ciudad Universitaria, después del feminicidio de Lesvy las estudiantes le ponen nombre, lo visibilizan y no lo callan, reflexionó la integrante del Tribunal Universitario, Ingrid Vázquez, quien dijo, han comenzado a formar un “movimiento feminista estudiantil” cada vez más fuerte.

“Fue un acontecimiento que nos dolió muchísimo, sobre todo por cómo se llevó el proceso. Esta red de sororidad y red de mujeres ha crecido muchísimo. Nos ha hecho reflexionar y al mismo tiempo, ser conscientes de la violencia que vivimos diariamente en la universidad. Muchas veces se piensa que la academia o la universidad es un espacio que no nos toca, finalmente no es así, la universidad es un reflejo de lo que ocurre fuera en sociedad, lo podemos ver con un feminicidio que pasa dentro de nuestras instalaciones”.

No obstante esta toma de conciencia entorno a la violencia contra las mujeres no impactó por igual a la comunidad, añadió Ingrid, están los varones que reafirmaron su posición contra el feminismo y descalifican cada denuncia de las universitarias contra la violencia sexual. En el otro extremo, están aquellos que buscan convertirse en aliados y cambian actitudes, por ejemplo, “ya no dicen comentarios machistas”, dijo la también estudiante.

Con los videos de vigilancia que proporcionó la Universidad se pudo conocer que previó a la defunción de Lesvy, su entonces pareja, la golpeó en repetidas ocasiones la madrugada del 3 mayo de 2017, hasta que su cuerpo apareció en la cabina telefónica. Los testigos de personas cercanas a los jóvenes lograron también corroborar que Lesvy era víctima de violencia por parte de Jorge Luis González.

Actualmente, el caso atraviesa el proceso intermedio en el que la defensa de víctimas y victimarios presentarán las pruebas y peritajes incluidos en la carpeta de investigación.

A un año del asesinato de Lesvy, la UNAM accedió a colocar una placa con su nombre en la caseta telefónica, en la memoria de la joven y las víctimas de feminicidio en este país.

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) presentó este 2 de mayo la Recomendación 1/2018 dirigida a la PGJDF por las violaciones al debido proceso en la investigación del feminicidio de Lesvy y la estigmatización de la que fue víctima ella y su familia. Estas 18 recomendaciones aún están en espera de ser aceptadas.

18/HZM/AEG

 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Solo 11 carpetas fueron consignadas ante un juez
En tres años 404 mujeres denunciaron acoso sexual en Veracruz
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Flavia Morales
Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver. .- 25/04/2018

Desde 2015 en Veracruz 404 mujeres han interpuesto denuncias ante la Fiscalía General de Estado (FGE) por acoso sexual, sin embargo apenas 11 carpetas han sido consignadas ante un juez para su investigación, según datos del Sistema de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía.

Las agresiones se concentran en mujeres de 21 a 30 años de edad quienes han presentado 96 denuncias, pero también en menores de 11 a 20  años quienes han presentado 95 denuncias en total.

De acuerdo a datos de la fiscalía, en 2015 se presentaron 133 denuncias, en 2016 fueron 140 y hasta octubre del 2017 se tenía un reporte de 131 denuncias.

El delito de abuso, acoso y hostigamiento sexual se contempla en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal estatal, que señala una condena de 6 meses hasta 3 años de prisión, o multa de hasta 300 días de salarios mínimo, a quien cometa el delito de acoso sexual, es decir, a quien con fines lascivos acose a una persona de cualquier sexo.

Sin embargo, de las 404 denuncias interpuestas, solo 11 carpetas de investigación fueron consignadas ante un juez, 7 en 2015, 4 en 2016 y ninguna en 2017.

Los municipios con mayor número de casos y denuncias de acoso sexual son: Coatzacoalcos, Córdoba, Tuxpan, Veracruz, Xalapa, Misantla y Tierra Blanca.

Apenas este martes 24 de abril, una joven de Coatzacoalcos denunció vía redes sociales que un hombre la atacó cuando caminaba en la calle. Ante la denuncia pública que fue transmitida en video, varias personas reaccionaron y golpearon al joven, quien finalmente se disculpó.

En opinión de Aracely González Saavedra, integrante de la asociación Equifonía AC, es importante hacer públicas las denuncias de agresión hacia las mujeres para que se genere indignación, pero se debe evitar hacer justicia por propia mano.

“Es importante que haya una indignación de la sociedad a estas agresiones, pero las medidas al respecto no deben ser por la vía de la violencia en un contexto donde hay inseguridad y acciones de más violencia”, opinó.

A su consideración son las instituciones las que deben hacerse cargo de esta situación: “De lo contrario estamos arriesgándonos a que ocurra esta problemática y la solución quede a criterio de las personas que hagan frente”.

Insistió en que la vía para frenar el acoso sexual contra las mujeres debe ser institucional y de trabajo de la sociedad civil hacia la prevención y la educación para lograr el respeto a las mujeres.

Por su parte, Estela Casados, académica de la Universidad Veracruzana (UV) e integrante del Centro de Estudios de Género, lamentó la situación y dijo que Coatzacoalcos vive una gran problemática de violencia hacia la población en general, pero contra las mujeres es más grave aún.

Alertó que el municipio es uno de los incluidos en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género por violencia feminicida, y es grave que un hombre en la calle se sienta con la libertad de tocar a una mujer en impunidad.

Advirtió que se debe tomar con cuidado de la reacción de la sociedad civil, hacia este tipo de hechos, aunque dijo que la misma impunidad deriva en estas conductas.

“Cuando una mujer va a denunciar que hay manoseo o tocamiento, o agresión física en la calle, no tiene mayor repercusión, aun cuando está tipificado como un delito”, dijo.

En su opinión la gente está cansada de que la seguridad de la población y de las mujeres se vulnere en las calles, por lo que toman la justicia en sus manos aun cuando no es la solución adecuada.

18/AVC








LENGUANTES
VIOLENCIA
   Lenguantes
   
Por cielo, metro y tierra ¡Estamos hartas del hostigamiento sexual!
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Cynthia Híjar Juárez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/08/2017

A los 12 años escuché por primera vez la opinión que un par de desconocidos tenían sobre mi cuerpo y descubrí cómo el hecho de ser una niña parecía permitirles emitir esta opinión de la forma más cobarde y violenta. Era un par de hombres que, envalentonados por el camión que conducían, me lanzaron uno de esos mal llamados piropos. Ese día grité todas las groserías que podía enunciar. Grité con todas mis fuerzas y mi madre, que caminaba conmigo en ese momento, me dijo que le preocupaba que después de defenderme los agresores volvieran a atacar con mayor intensidad.

Han pasado 17 años y aún ahora que mi madre se ha asumido feminista, sé que tiene miedo de que algo me suceda. Ella y yo sabemos que la autodefensa es necesaria, pero que sería mejor vivir en un lugar donde, como dice la sabiduría feminista, no necesitáramos ser valientes sino libres de violencia. A veces también me llaman amigas, primos, o cualquier persona que me ha querido y me pide que me cuide. Yo sé que sabes defenderte, me dicen, pero no sé qué haría si algo te pasa.

Gracias al feminismo sé que no soy la única a la que se le pide cuidarse en un mundo donde no se pide a los hombres que dejen de agredir, de violar, de matar, de creer que su opinión es necesaria.

El transitar de las mujeres está siempre sometido a descargas de violencia que, podamos o no verlo, condicionan nuestro estar en los espacios. Pienso, por ejemplo, en el acoso sexual callejero, que te sorprende a los 12 años y en cómo nadie nos enseña que estamos en riesgo y cómo podemos actuar en una situación de peligro o de hostilidad normalizada para salir avante de todas las cosas que condicionan nuestro estar en el mundo.

El piropo es el eufemismo de la violencia sexual que los hombres ejercen en cualquier lugar que una mujer transita, pero mi ejemplo de piropo es quizás muy corto ante lo que leo todos los días en mi transitar y el de otras. Me refiero, desde luego, las mujeres. A nosotras, a nuestros cuerpos leídos con la carga de debilidad y despojos que se nos han impuesto.

Pienso en mis sobrinas, en mis amigas trans agredidas y excluidas de los espacios como baños públicos incluso por otras mujeres, en las desconocidas que veo caminar por la calle y con quienes me enseñaron que debía competir. Pienso en todas las disidentes de la heteronorma y en les otres, que han rechazado la categoría de hombre. ¿Cómo se sobrevive en este mundo? ¿Cómo se sobrevive a transitar en él?

La semana pasada, por ejemplo, escuché en una cena que había que boicotear a UBER por los casos de agresión sexual difundidos en redes sociales. Una chica decía que ella no tenía aún una mejor forma o más segura que usar este servicio para volver a casa cuando es de noche o ha bebido. Pienso entonces en las agresiones a ciclistas, que se realizan desde una profunda idea patriarcal de quién merece el espacio en la calle (quien tenga más lámina y pueda pagarla) y en el riesgo que implica para una mujer caminar sola de noche por cualquier calle este país podrido de machismo.

Pienso en Lesvy, que no pudo estar a salvo del machismo feminicida ni siquiera en la Ciudad Universitaria que tanto se jacta de ser un lugar seguro. Pienso en lo injusto que ha sido su caso y tengo una desconfianza terca ante las medidas que puedan tomar las autoridades universitarias para criminalizar estudiantes en lugar de generar estrategias de cuidado colectivo y respetar los derechos de las mujeres que transitamos CU.

Pienso también en las agresiones a las automovilistas, el terror de cuando se te poncha una llanta de noche. Pienso en Isabel Otero que vuela a lado de violadores en potencia en Interjet. Ruedas, aire, tierra: ¿acaso todos son para nosotras espacios de riesgo potencial?

Hace un par de semanas Renata Villareal denunció mediante un video que el conductor del UBER en el que se trasladaba hacia su casa miraba pornografía en su teléfono mientras conducía. No tenemos tregua. Nuestro derecho de ocupar el espacio público se ve obstaculizado con cada agresión. Pareciera que a cada paso que damos, vamos confrontando una situación de riesgo, incluso en los servicios que pagamos para estar seguras.

Por otra parte, viene a la discusión el tema de la seguridad. Queremos estar seguras pero ¿qué significa eso para nosotras? Pienso esta vez en Atenco. La policía, llena de criminales y violadores definitivamente no es una opción.

Necesitamos hablar de nuestra situación, de los riesgos reiterados, de las estrategias de autodefensa y huida. Necesitamos comenzar a plantearnos la posibilidad de formular cuadros de autodefensa en los espacios cotidianos, con nuestras amigas, familiares, con las compañeras del trabajo y de la escuela. Necesitamos hablar con las niñas de nuestra situación. No estamos solas, pero es seguro que contamos solamente con nosotras mismas.

*Cynthia Híjar Juárez es educadora popular feminista. Actualmente realiza estudios sobre creación e investigación dancística en el Centro de Investigación Coreográfica del Instituto Nacional de Bellas Artes.

17/CHJ








NACIONAL
POLÍTICA
   El 8M en el Congreso
Diputadas en tribuna proponen igualdad y respeto a DH
Imagen retomada del twitter de la Cámara de Diputados
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/03/2017

Promover presupuestos con perspectiva de género en los estados, un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, incorporar en la ley la violencia simbólica y mediática, promover los derechos de las mexicanas en el extranjero y sancionar la discriminación en el trabajo fueron algunas de las propuestas de reformas que ayer presentaron las legisladoras en la Cámara de Diputados.
 
Como pocas ocasiones y a propósito del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, este miércoles en San Lázaro sólo las diputadas subieron a tribuna a exponer sus propuestas de reformas legislativas, todas relacionadas con la igualdad de género y los Derechos Humanos de las mexicanas. 
 
En una sesión que inició con la presencia de 283 diputadas y diputados de un total de 500, las diputadas de los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza (Panal), Encuentro Social (PES) y Movimiento Regeneración Nacional (Monrena) tomaron la palabra.
 
LAS PROPUESTAS
 
La legisladora del PRI, Yulma Rocha Aguilar, comenzó la presentación de iniciativas y propuso crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos que sea público y contenga los datos de las personas que no cumplen con sus obligaciones alimentarias con sus hijas e hijos.
 
De acuerdo con la diputada ya existen estados que tienen registros de este tipo, sin embargo dijo que se deben homologar los criterios de estas bases de datos para que este derecho sea más fácilmente exigible en todo el país.
 
Rocha Aguilar dijo que, de acuerdo con la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, y el 67 por ciento de los hogares sostenidos por madres solteras, tampoco reciben algún tipo de pensión alimenticia.
 
Al hablar frente a los legisladores, la panista Guadalupe González Suástegui propuso que los estados promuevan los presupuestos con perspectiva de género toda vez que a las fecha sólo 16 de las 32 entidades incluyen en sus leyes presupuestales algún artículo relacionado con la perspectiva de género.
 
González Suástegui dijo que no tener recursos etiquetados dificulta alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres y destacó que sólo 8 de los 32 estados incluyen indicadores vinculados con el género.
 
Otra de las propuestas fue presentada por la perredista Maricela Contreras quien habló de los piropos, las prácticas, gestos, silbidos, sonidos de besos, tocamientos, masturbaciones públicas, exhibicionismo, persecución a pie o en carro que realizan los hombres con una clara intención sexual.
 
La también presidenta de la Comisión especial de Delitos Cometidos por Razones de Género propuso introducir en el Código Penal Federal el tipo penal de “acoso sexual” en espacios públicos para hacer frente y no normalizar al acoso en la calle que cotidianamente viven las mujeres.
 
El acoso sexual se definiría como “aquellas conductas de tipo sexual que, sin llegar a la agresión física, generan hostigamiento, intimidación o un ambiente hostil, que limita las oportunidades de participación, tránsito y recreación en los espacios públicos de las personas en contra de las que son cometidas”.
 
En tribuna también se presentaron iniciativas de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y reformas constitucionales que fueron turnadas a Comisiones para su análisis y dictamen respectivo.
 
17/AGM/GG
 








CRISTAL DE ROCA
DERECHOS HUMANOS
   CRISTAL DE ROCA
La llaga
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Cecilia Lavalle*
Cimacnoticias | Chetumal, QR.- 07/03/2017

Ahí están las llagas. Supuran. Duelen. Hieden. Y, sin embargo, en general, a lo mucho se mueve la cabeza en señal de consternación o, a lo poco, se voltea a otro lado para mirar “cosas más importantes”.
 
Las violencias contra las mujeres suponen llagas enormes a nuestro sentido de humanidad. O, más precisamente, a lo que hemos supuesto o queremos suponer que significa nuestra humanidad.
 
Son muchas las violencias que se infligen a las mujeres de todo el mundo. Y se les infligen porque son mujeres. Nacer mujer implica en los hechos –y a menudo en el derecho también- no tener garantizados distintos derechos humanos o simplemente no tener derecho a tener derechos.
 
Y a menudo se justificará: Es que hizo tal cosa que estaba prohibida (claro, prohibida por ser mujer, porque de ser hombre no estaría prohibida). Es que estaba en tal lugar a tales horas (porque hay lugares y horas vedados para las mujeres).
 
En el fondo, y sin rebuscar mucho, el tema es que nacer humana no te garantiza los mismos derechos que nacer humano.
 
Y, lo que es peor, a media humanidad le parece bien que así sea, y a buena parte de la otra mitad le parece que es una barbaridad, pero qué se le va a hacer, ni modo.
 
Entonces, a tres cuartas partes de la humanidad le parece bien o poca cosa, lo mismo que mujeres ganen menos que hombres por el mismo trabajo, o que el “Club de Tobi” esté instalado en el poder político, económico, académico, cultural o religioso; y apenas si respinga con el acoso y el hostigamiento sexual, las violaciones sexuales, la prostitución, la Trata o los feminicidios.
 
Porque no veo indignaciones colectivas cuando el 95 por ciento de las personas víctimas de Trata son mujeres y niñas. No hay indignación nacional –en casi ningún país- cuando aparece una mujer tumultuariamente violada, asesinada y su cuerpo tirado a la basura. Vamos, no veo exigencia colectiva en México porque una de cada dos mujeres es víctima de violencia en su hogar, hay decenas de miles de mujeres y niñas desaparecidas, y hay pueblos enteros dedicados a la Trata.
 
¿Acaso no se nos considera humanas? O, más bien, deberíamos preguntarnos, ¿qué clase de humanidad somos?
 
Al parecer y por lo pronto, la emergencia en la que nos encontramos nos aconseja dejar esa pregunta para después. Y por eso los movimientos de mujeres han organizado para este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una huelga masiva de mujeres.
 
Con el lema “Nosotras paramos”, se invita a que las mujeres paren sus labores, cualesquiera que estos sean, al menos durante media hora. Y en más de 40 países habrá marchas para exigir la garantía a nuestros derechos, empezando por el derecho a una vida libre de violencia. “Si nuestras vidas no valen, nosotras paramos”, es la consigna.
 
Se busca hacer evidente lo que aportamos cotidianamente; hacer patente que sin nosotras el mundo no funciona: ni el hogar ni la política ni la economía. Nada.
 
Y con todo y que me parece una buena idea –probada con enorme éxito en Islandia en 1975- y con todo con que estoy absolutamente segura que tarde o temprano esta estrategia tendrá éxito y, por supuesto, deseo que lo tenga, no dejo de tener un mal sabor de boca.
Porque no basta ser la mitad de la humanidad, no basta ser humanas, sino que hay que demostrar que valemos por lo que hacemos.
 
De modo que no será un elemental sentido de justicia o de solidaridad, o de cualquier otro considerado esencialmente humano, el que sea motor para que se detengan las violencias contra las mujeres; sino el pragmatismo.violencias contra las mujeres, acoso, hostigamiento sexual, violaciones sexuales, prostitución, Trata, feminicidios, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, huelga masiva de mujeres, “Nosotras paramos” 

 
Entonces quedará pendiente ganar la humanidad. Y acaso esa sea la gran llaga que hoy nos debe doler.
 
Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com
 
*Periodista de Quintana Roo, feminista e integrante de la Red Internacional de periodistas con visión de género.
 
17/CL/GG
 








NACIONAL
VIOLENCIA
   Determinó la SCJN
Declaración de víctimas de hostigamiento sexual sí tiene valor probatorio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/03/2017

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció cinco criterios para que los jueces valoren los testimonios de víctimas de hostigamiento sexual, delito que no necesariamente incluye  contacto físico entre la víctima y que pocas veces deja pruebas para acreditarlo.
 
En estos casos, el testimonio de la víctima tiene valor probatorio y el derecho de protección judicial tiene implicaciones especiales, concluyeron la ministra Norma Lucía Piña Hernández y los ministros José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
 
Los ministros llegaron a esta conclusión al resolver este miércoles el amparo directo en revisión 3186/2016 donde confirmaron la sentencia de un quejoso que fue declarado penalmente responsable de hostigamiento sexual, delito previsto y sancionado en el Artículo 259 bis, primer párrafo del Código Penal Federal.
 
Este caso es el de una servidora pública víctima del constante acoso sexual de su superior jerárquico, quien hizo constantes insinuaciones y comentarios sobre su apariencia e invitaciones. La mujer denunció y el agresor fue destituido de su cargo, se le suspendieron sus derechos políticos, recibió una amonestación y se le condenó a la reparación del daño.
 
La Primera Sala determinó que este tipo de actos de hostigamiento atentan de manera especial contra la libertad, dignidad e integridad física y psicológica de las mujeres y constituyen una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre las mujeres, al denigrarlas y concebirlas como objetos.
 
Con base en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Primera Sala determinó que las mujeres víctimas de violencia, en especial de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan acceder a la justicia, incluyendo algunas relacionadas con la acreditación del delito y la responsabilidad penal del imputado.
 
Es por ello que la y los ministros decidieron establecer reglas para que los jueces valoren, con perspectiva de género, los testimonios de las víctimas de delitos que involucren actos de violencia sexual contra las mujeres.
 
Este modelo se basó principalmente en las dos sentencias que en 2010 emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por su responsabilidad en los casos de violación sexual de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas en 2002 por militares en el estado de Guerrero.
 
Las reglas propuestas incluyen los siguientes elementos:
 
a) Considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que en general se produce en ausencia de otras personas, por lo que se requieren medios de prueba distintos a los tradicionales  --como pruebas gráficas y documentales- por lo que la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Y tomar en cuenta que usualmente, por la naturaleza de esos delitos, la víctima no suele denunciarlos por el estigma que implica.
 
b) Dada la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual, puede ser usual que el recuento de los hechos presente algunas inconsistencias o variaciones cuando se hace, lo que no debe restar valor probatorio a la declaración de la víctima.
 
c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros.
 
d) Se debe analizar la declaración de la víctima, que es la prueba fundamental, en conjunto con otros medios de convicción como dictámenes médicos, testimonios, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones.
 
e) Las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones se utilizarán siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes con los hechos.
 
Este modelo probatorio permitiría el respeto al derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia.
 
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
   Patricia Mercado
En la CDMX, feminicidio sucede en casa, no por crimen organizado
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/02/2017

La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, dijo que en la capital del país el feminicidio es un fenómeno que ocurre al interior de los hogares y no en las calles, ni como producto del crimen organizado.
 
Después de participar en el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que se realiza del 22 al 24 de febrero en esta capital, la funcionaria comentó que en el país pueden subir las cifras de asesinatos de mujeres, pero no en la Ciudad de México. 
 
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) de 2015 a 2016 la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la capital ha registrado 195 asesinatos de mujeres, pero de acuerdo con el Instituto de las Mujeres local (Inmujeres CDMX) en 2016 hubo 40 casos de feminicidio.
 
Sobre este tema, Patricia Mercado destacó que la capital es la entidad con menos mujeres asesinadas en toda la República y aseguró que el Gobierno capitalino está atendiendo el tema e incluso “ha encontrado a algunos de los culpables” de estos crímenes.
 
A decir de la Secretaria de Gobierno, estos delitos en la capital del país son un fenómeno que se da al interior de los hogares, es decir, se trata de “políticas estructurales y culturales”, pero aclaró que lo importante es que la Ciudad está atacando el feminicidio.
 
“Puede haber cifras aumentadas en el país pero en la Ciudad seguimos siendo uno de los estados, de las ciudades, con menos asesinatos de mujeres en el país”, dijo.
 

Participantes de diferentes países acudieron al Foro Global: Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas. CIMACFoto: César Martínez López.

SILBATOS SÍ FUNCIONAN
 
Sobre el acoso sexual en el transporte público y la Estrategia 30-100 contra la violencia hacia las Mujeres en el Transporte y Espacios Públicos, que se implementó desde el 25 de abril de 2016, Mercado destacó que ha funcionado la política de entregar silbatos a las usuarias para prevenir agresiones sexuales.
 
El Inmujeres CDMX y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, dijo la funcionaria, están en comunicación con las usuarias a través de correo electrónico para revisar cómo ha funcionado la entrega del silbato, principalmente en el Metro.
 
De acuerdo con el informe, a 100 días de implementar la Estrategia, hasta agosto pasado se entregaron 39 mil 313 silbatos en diferentes dependencias del Gobierno y además tras los operativos se detuvieron a 158 personas acusadas de abuso sexual y 20 de acoso sexual, la mayoría en el Metro.
 
La funcionaria dijo que el Gobierno capitalino ya difunde unos videos con testimonios de mujeres que muestran su experiencia. Son mujeres que agradecen el silbato y han señalado que tenerlo les da seguridad a la hora de subir al transporte público. “No queremos que lo usen, sino que se sientan más seguras”, dijo sobre esta política pública.
 
17/AGM/GGQ








ESTADOS
   Que se persiga de oficio
Proponen en Tamaulipas cárcel para acosadores sexuales
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Salvador Valadez C.
Cimacnoticias/RedTamaulipas | Ciudad Victoria, Tamps .- 16/02/2017

El Congreso de Tamaulipas recibió una propuesta para castigar con cárcel el delito de acoso sexual, una de las forma de violencia contra las mujeres en donde prevalece la impunidad, ya que es cometido por personas con poder jerárquico, en su mayoría funcionarios públicos y de empresas privadas.
 
La legislación vigente, dijo el diputado José Ciro Hernández Arteaga al presentar la iniciativa esta semana, no da tratamiento igualitario a las sanciones que se imponen en los delitos de acoso y hostigamiento sexual, incluidos los cometido contra menores de edad.
 
Es por eso que se pretende incluir el acoso en el Artículo 276 sexto del ordenamiento local, con el objeto de que al responsable de este delito se le impongan de tres a cinco años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como se hace actualmente con el ilícito de hostigamiento, fijado en este apartado.
 
Se propone también que el delito de acoso sexual se persiga de oficio. Y, en el caso de menores de edad, dijo el diputado, “tenemos la obligación de proteger en todo momento el interés superior del menor, por ende este delito debe seguirse de oficio, cuando se trate de menores edad, sobre todo, cuando la mayoría de estos ilícitos se cometen en el entorno familiar”, manifestó.
 
En Tamaulipas, ante la opinión pública se han presentado denuncias contra funcionarios por acoso sexual, pero estos han sido protegidos por sus superiores y las mujeres contra quienes se cometen no recurren a la denuncia penal porque desconfían de las autoridades.
 
El acoso sexual se comete también en el transporte público y, al igual que en otros espacios, en la mayoría de los casos, prevalece la impunidad. 
 
17/SVC/GG
 








REPORTAJE
   Violencia política, violencia obstétrica y acoso callejero
Faltan leyes para otros “focos rojos” de la violencia contra mujeres
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/02/2017

El maltrato y desatención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio; las agresiones que reciben en la calle y el transporte público; y las amenazas hacia aquellas que ejercen la política son nuevas formas de violencia que se deben legislar en todo el país.
 
Por esta razón el martes 14 de febrero la Cámara de Diputados instalará la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, organismo parlamentario que promoverá la inclusión de la violencia política, obstétrica y el acoso callejero en las leyes federales y estatales, durante el año y medio que resta de la 63 Legislatura.
 
La Comisión Especial propuesta en noviembre de 2015 por la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Maricela Contreras Julián, fue desde entonces aceptada,  pero tardó más de un año en concretarse.
 
OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA
 
El feminicidio, dijo en entrevista Contreras Julián, no es el único tema que se debe considerar, porque la violencia contra las mujeres no se refleja sólo en el asesinato, también hay un foco rojo por los casos de la violencia política por razones de género, la violencia obstétrica y el caso callejero, por lo que el espectro de atención debe ser más completo.
 
Son conocidos los casos de mujeres embarazadas, en su mayoría indígenas, que acuden a hospitales públicos y no reciben atención, por lo que dan a luz en la calle o, cuando las atienden, son maltratadas y agredidas por el personal de salud. Pese a ello sólo Guerrero, Veracruz y Chiapas consideran la violencia obstétrica como un delito en sus Códigos Penales.
 
Respecto a la violencia política, a partir de 2014, tras la inclusión de la paridad (50-50) de género en candidaturas como principio constitucional, se registró un aumento agresiones a mujeres que participan en política. De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) hay 52 casos registrados con características de género.
 
Esta violencia va desde insultos y amenazas para impedir que las mujeres sean candidatas o ejerzan las funciones para las cuales fueron electas, obligarlas a renunciar o hasta el asesinato, como ocurrió en 2015 con la precandidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, la perredista Aidé Nava González; y en 2016 con la alcaldesa de Temixco, Morelos, la perredista Gisela Mota Ocampo.
 
Respecto a la violencia sexual, la legisladora señala que únicamente en la Ciudad de México 72 por ciento de las capitalinas reportaron haber vivido algún tipo de violencia sexual, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), a lo que se suman los casos de violencia en el transporte y los testimonios de acoso callejero que, dice, deben ser atendidos.
 
LEGISLATURA RETRASADA
 
Desde hace más de 17 años las legisladoras han trabajado en San Lázaro para crear comisiones que coadyuven a crear políticas para prevenir y sancionar los asesinatos contra las mujeres, primero en Ciudad Juárez y luego a nivel nacional.
 
En 2004 se instaló por primera vez la Comisión Especial de Feminicidio, presidida por legisladora del PRD y antropóloga Marcela Lagarde, quien realizó un diagnóstico sobre asesinatos de mujeres e impulsó la expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
Ahora, en la 63 Legislatura (que cuenta con 42.4 por ciento de diputadas) iniciada en septiembre de 2015 y que concluye en abril de 2018, no se instaló un organismo enfocado en los crímenes de feminicidio, sino en delitos por razones de género. Amplía su objetivo de trabajo, sí, pero llega cuando transcurrió la mitad de la Legislatura y a pelear recursos económicos.
 
La diputada federal señala que esta Legislatura “ha sido muy retardada en algunos procesos y esta Comisión es uno de ellos. Aunque tuvimos la asignación de la presidencia desde hace meses, hubo un retardo por parte de las fracciones parlamentarias para la integración de sus miembros”.
 
La propuesta de crear organismos parlamentarios para revisar la legislación en materia de violencia de género surgió en 2015, pero apenas el 7 de diciembre del año pasado la Junta de Coordinación Política informó que se había integrado; y también anunció que se conformó la Comisión Especial de Alerta de Género, presidida por la perredista Karen Hurtado Arana.
 
El objetivo de esta segunda Comisión Especial –aún no instalada– será dar seguimiento a las medidas implementadas en los estados con  Alerta de Violencia de Género, aunque en la iniciativa de creación se hizo mención expresa de los casos de feminicidio en el Estado de México, donde este mecanismo se activó en julio de 2015 para once municipios.
 
PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
 
Maricela Contreras, ex asambleísta y ex jefa delegacional de Tlalpan, asegura que, por la austeridad, no hay presupuesto específico para las Comisiones Especiales, pero sí recursos para proyectos, por lo que presentará una propuesta financiera para crear protocolos de actuación en torno a los crímenes que estará trabajando.
 
“Obviamente cuando la estructura es sin recursos se vuelve muy difícil incluso podríamos decir que podría haber desinterés, pero tendremos que multiplicarnos para concluir la tarea que se nos encomendó”, dice.
 
Integrada por 12 diputadas, esta Comisión tendrá prácticamente un año y medio para trabajar aunque la legisladora indica que habrán logrado visibilizar estos problemas si por lo menos logran uno de los objetivos, entre ellos crear protocolos para estos tipos de violencia e incluir las definiciones en las leyes federales y estatales.
 
En México ya existe el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, creado en marzo de 2016 por autoridades electorales como el Instituto Nacional Electoral, la FEPADE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) difundió en 2015 un Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio.
 
Contreras Julián asegura que el interés en estos instrumentos es revisar lo que existe a nivel federal y estatal a fin de indagar si están armonizados.
 
Otro objetivo es hacer un frente de legisladoras para lograr la tipificación de la violencia política de género porque “es urgente definir este delito, sus alcances, los elementos que hay que considerar para acreditarlo y el castigo para los responsables”.

17/AGM/GGQ
 
 








OPINIÓN
VIOLENCIA
   Lydia Cacho Plan b*
Enfrentar el ciberacoso
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lydia Cacho
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/11/2016

Ana de 19 años, alumna de una universidad privada, comenzó a recibir mensajes de Whatsapp de su profesor de psicología de 40 años; los innuendos eran sexuales, pero incluían temas de tareas y siempre comenzaban con frases falsas como “ahora que te me acercaste después de clase”. Acompañada de sus amigas que eran testigas, Ana buscó a las autoridades escolares después de sufrir un ataque de pánico luego de 6 meses de hostigamiento sexual diario.
 
La confrontaron con el profesor, quien aseguró haber borrado por error todos los mensajes con la alumna y por tanto no podía demostrar que ella lo quería seducir. La chica, devastada frente a la mentira y el ejercicio de poder abusivo del profesor, abandonó la escuela. Sus amigas recibieron la lección: las autoridades universitarias no saben resolver problemas de hostigamiento sexual. Miles de casos idénticos suceden también en secundarias y preparatorias.
 
Catalina es una joven feminista muy activa en redes sociales, de vez en cuando sus opiniones han irritado a hombres que se sienten directamente aludidos (sin que ella siquiera les conozca o los mencione) por el activismo en contra de las violencias contra las mujeres. Claramente son agresores de mujeres que se sienten exhibidos por razonamientos impecables.
 
Los ataques a Catalina siempre tienen amenazas, insultos con una fuerte carga sexual, burlas relacionadas con violaciones tumultuarias (insinúan que la chica critica la violencia machista porque quiere que la violen). Estos ataques son persistentes en todo el mundo. La gran mayoría se ocultan bajo pseudónimos en sus redes, en particular en Twitter, pero otros lo hacen abiertamente formando grupos de estudiantes hartos del feminismo. Hay casos, como uno colombiano, en que los alumnos han amenazado de muerte a una profesora feminista enviándole sus propias fotografías donde la dibujan golpeada o incluso muerta. En estos casos sólo a las mujeres y a activistas gays los amedrentan con amenazas de violación en lenguaje gráfico.
 
Vale la pena detenernos a diferenciar el acoso del hostigamiento. Según leyes internacionales y nacionales, el acoso consiste en hacer insinuaciones indeseables, en un comportamiento verbal o físico, en general de índole sexual, que pretende interferir de manera directa en el comportamiento de la víctima acosada, acallarla, controlar sus actividades usando técnicas de intimidación, hostilidad y ofensas.
 
El hostigamiento ** se refiere a una manifestación de poder de una persona sobre otra mediante una coacción, en general de contenido sexual, que proviene de un superior dirigida a alguien de menor rango que, al denunciar, corre peligro de perder su trabajo.
 
Todos los días encontramos casos de acoso en el ciberespacio, y cada vez se documentan de mejor manera los casos de hostigamiento sexual que pasan por las redes sociales. En general los acosadores pretenden amedrentar a sus víctimas por ejercer su libertad de expresión, pero llegado el momento de confrontarles, basan su defensa justamente en su propio derecho a expresarse libremente y compartir su opinión.
 
En México, 47 por ciento de usuarios de Internet tienen entre 12 y 18 años. El ciberacoso surge a partir de desacuerdos, celos, envidias y rompimientos amorosos para los cuales chicos y chicas encuentran en el ciberespacio una zona protegida para destruir la reputación de alguien de su entorno sin enfrentar consecuencias.
 
Por eso, 80 por ciento de los casos de acoso que busca denigrar a un niño o niña ocurre en Internet. Las herramientas tecnológicas han creado un espacio para potenciar la violencia omnipresente. La ignorancia del 90 por ciento de usuarios de redes sobre seguridad y privacidad nos impide educar adecuadamente, y las leyes de Libertad de Expresión son utilizadas para defender los ataques que persiguen silenciar opiniones. Melva Sangri, creadora de Mamá Digital, ha creado herramientas interesantes en español para enfrentar este fenómeno. Las leyes por otro lado, gracias a la ignorancia de legisladores, insisten en al punibilidad en lugar de en la educación y prevención. Entre en www.mamadigital.com.mx para aprender más.
 
** Haydée Méndez Illueca Guía de la Red de Mujeres Sindicalistas. Acoso Sexual: un problema laboral.
 
* Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
 
16/LCR/LGL








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