Alerta de Violencia de Género.

De cara a la 9ª evaluación de México ante el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), las expertas de la ONU requirieron al Estado mexicano información complementaria sobre impartición de justicia en casos de feminicidio y los resultados de la Alerta de Violencia de Género (AVG), a lo que el gobierno respondió que “no existe un mecanismo para evaluar el impacto de la AVG” y que de 2013 a 2016 se han dado solo 335 sentencias por dicho delito.

Estas aclaraciones e información adicional –entre otra sobre datos de aborto, acceso a la información, migración de mujeres- que pidieron las expertas que integran el Comité de CEDAW son dudas surgidas del informe que como cada cuatro años entregó el Estado mexicano en diciembre de 2016, y fueron solicitadas luego de una sesión de trabajo que mantuvieron en noviembre de 2017 en Ginebra, Suiza.

El pasado 26 de marzo el Estado mexicano respondió al Comité a través de un informe -sin desglosar la información de las víctimas, victimarios, las condiciones y entidades donde ocurrieron tal como lo pidió CEDAW- que en cuatro años (2013 a 2016) se abrieron 2 mil 157 carpetas de investigación o averiguaciones previas por feminicidio.

De estos casos, destaca que un 34 por ciento ocurrieron en 2015 (730 en total), colocándose como el año con mayor número de carpetas o averiguaciones registradas por feminicidio.

Sin embargo, al hablar del avance de impartición de justicia, en el mismo periodo, el número de personas procesadas por feminicidio se reduce alrededor de la mitad, a mil 207; al llegar a las sentencias disminuye aún más, solo se reportan 335.

A pesar de que el Estado mexicano indicó en el documento dirigido al Comité de CEDAW que las entidades federativas “no tienen instituciones capaces de enfrentar la violencia de género”, no detalló las barreras que impiden al mecanismo de la Alerta de Género tener resultados como se requirió. Esto se debe a que “no existe aún un mecanismo para evaluar el impacto de la AVG”, indicó el Estado.

Respecto al bajo número de sentencias por feminicidio, el Estado mexicano argumentó que “el proceso de procuración e impartición de justicia en México es largo” y los casos que tienen una sentencia es porque “ya han recorrido un largo camino”; y aceptó que “todavía se tiene un registro incompleto sobre el número de casos de feminicidio”.

Otras cuestiones en materia de violencia contra las mujeres que el Comité de CEDAW pidió que fueran aclaradas por el Estado mexicano antes de la evaluación prevista del 2 al 20 de julio, quedaron sin respuesta, como las medidas que se han tomado para erradicar la mala investigación de los asesinatos de mujeres específicamente en los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, el Estado de México, Veracruz y Quintana Roo, así como en la Ciudad de México y Ciudad Juárez.

El Estado mexicano únicamente describió en el informe complementario los sistemas de recolección de datos sobre casos de violencia de género que han implementado algunas de estas entidades, pero que se han hecho como parte de las acciones que deben cumplir por una solicitud de AVG.

Ahora, en julio próximo toca a las expertas de CEDAW evaluar y emitir una serie  recomendaciones al Estado mexicano las cuales deberá atender de forma obligatoria.

Para contrastar la información oficial sobre la situación de los derechos de las mexicanas hasta ahora tres organizaciones civiles han presentado informes alternativos a CEDAW, en temas como derechos sexuales y reproductivos, acceso a la justicia y violencia familiar.

18/HZM/LGL

En demanda por justicia para Mara Fernanda Castilla Miranda, joven desaparecida el 8 de septiembre de 2017 en el municipio de Cholula, Puebla, tras abordar un servicio de taxi y ser encontrada asesinada siete días después en una barranca en San Miguel Xonacatepec en los límites de Tlaxcala, mujeres de seis estados se manifestaron en las calles este fin de semana para exigir un alto al feminicidio en el país.

El 8 de septiembre Mara Castilla abordó un taxi de la empresa privada Cabify conducido por Ricardo Alexis N. para llegar a su domicilio, sin embargo, la joven nunca llegó por lo que su familia presentó una denuncia por su desaparición (carpeta de investigación 14652/2017/ZC).

El chofer se presentó a declarar ante la Fiscalía y dijo que dio el servicio a la joven, quien había solicitado bajar en un punto cercano a su domicilio, pero las cámaras de seguridad constataron que la joven de 19 años de edad nunca bajo de la unidad de transporte.

Ricardo N. fue detenido el 12 de septiembre, y el cuerpo de Mara localizado tres días después de la detención del chofer, el 15 de septiembre, cuando la Fiscalía General de Justicia de Puebla informó que Mara había sido asesinada por el conductor del taxi y su cuerpo con signos de violencia sexual fue arrojado en una barranca cercana a los límites con el estado de Tlaxcala.

El feminicidio de Mara Castilla, subrayó en un comunicado el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) fue resultado de la omisión, dilación, colusión y complicidad de las autoridades de Puebla y Tlaxcala, regiones en las que a falta de una articulación interestatal para frenar la violencia hacia las mujeres, ya ha cobrado la vida de 82 poblanas este año, según los registros de organizaciones civiles.

El OCNF exigió al gobernador del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad y a las autoridades estatales de justicia, que el asesinato de Mara Castilla sea investigado como feminicidio y juzgado con perspectiva de género, e indagar a fondo al transporte privado de taxis utilizado por la adolescente para deslindar si participó o no en el crimen.

El Observatorio indicó que los protocolos de búsqueda de mujeres, niñas y adolescentes (como la Alerta Amber y el Protocolo Alba) no están operando de manera efectiva en una zona conocida por tener el principal corredor de trata de personas en México (Puebla-Tlaxcala), ya que en los protocolos se indica explícitamente que las primeras 72 horas de investigación son vitales para hallar con vida a las mujeres.

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de 2012 a 2015 desaparecieron 780 mujeres tan sólo en Puebla, con un perfil muy concreto, son mujeres entre los 15 y 29 años de edad.

Por ello, la organización urgió a ambos gobiernos a investigar el patrón sistemático y modus operandi de los grupos de trata de mujeres con fines de explotación sexual que existen en la región de Puebla y Tlaxcala.

El Observatorio recordó que el feminicidio de Mara Castilla no es un caso aislado sino parte de la problemática estructural de violencia perpetrada contra las mujeres y por ello es que se ha solicitado en dos ocasiones la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Tlaxcala. La primera fue desechada y la segunda sigue en espera de ser aceptada o no, por la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Las mujeres estamos hartas de vivir con miedo, inseguras, del machismo, de la institucionalización de la impunidad, de la complicidad de las autoridades responsables de procurar y administrar la justicia. Hoy más que nunca nos negamos a continuar viendo cómo nos matan y cómo matan a nuestras jóvenes”, se pronunció en el documento el OCNF conformado por 40 asociaciones civiles.

Al llamado y repudio por el feminicidio de Fernanda Castilla, también se unió el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem) que demandó al Estado mexicano generar mecanismos adecuados para erradicar la violencia contra la población femenina, como lo dispone la Constitución mexicana, los tratados internaciones y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

MUJERES, PROTESTAN PÓR FEMINICIDIO EN ESTADOS

Tras la noticia del feminicidio de Mara, organizaciones civiles convocaron a protestar en varios puntos y ciudades del país el 17 de septiembre. En Puebla, la Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guadalajara, se realizaron marchas simultáneas.

En Puebla se convocó a iniciar la protesta desde la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) institución donde estudiaba Mara Castilla, para dirigirse a la explana central del municipio, donde organizaciones civiles pidieron declarar en Alerta de Violencia de Género a Puebla.

Mientras, en la Ciudad de México mujeres, adolescentes y familias acompañas de niñas, vestidas de morado, con banderas y pancartas en las que expresaban su rechazo a la violencia que enfrentan en su cotidianidad, caminaron a partir de las 12 de la tarde desde la explanada del Zócalo al edificio de la Procuraduría General de la República (PGR) donde concluyeron con llamados a impartir justicia y la protección de sus vidas.

De acuerdo con las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Puebla, Ricardo Alexis N. será juzgado por el delito de feminicidio y actualmente se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas periciales.

17/HZM/LGL

El estado de Tlaxcala, colocado en la mirada internacional como una de las regiones con los más altos índices del delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual comercial, tiene avances mínimos a seis años de que inició la aplicación e implementación de la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas y del Plan Sexenal contra la Trata de Personas. 
 
Así lo denunciaron en un comunicado las agrupaciones civiles  Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local AC, el Centro de Atención a la Familia Migrante e Indígena (Cafami), en donde señalan la actitud simuladora e impune del actual gobierno de la entidad y de anteriores administraciones, lo que ha acrecentado el delito.
 
Tan grave es la situación, indican las organizaciones, que el estado es el único en el país para que el que hay solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) por el delito de trata de personas.
 
De acuerdo con datos del Centro Fray Julián Garcés, el gobierno de Tlaxcala recibió 200 denuncias por trata de personas en el periodo de 2011 a mayo de 2016 de las cuales sólo 13 derivaron en sentencia condenatoria, lo que representa un 93 por ciento de impunidad.
 
Las organizaciones se dijeron preocupadas por la persistencia de esta problemática y recordaron al gobierno que es su obligación garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y de explotación sexual, responsabilidades que están establecidas en el marco jurídico local, nacional e internacional.
 
Recordaron que en el ámbito internacional los gobiernos están obligados por el Protocolo para Prevenir, Reprimir, y Sancionar la Trata de Personas de Naciones Unidas, y en el ámbito federal por la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (2012), así como por la Ley para la Prevención de la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala (2009), la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas (2011), y el Plan Estatal Sexenal contra la Trata de Personas (2012).
 
CAPÍTULO ESPECÍFICO
 
Por lo anterior, señalan las organizaciones, la comunidad tlaxcalteca demanda al actual gobierno que incluya en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 –que deberá estar listo este mes- un capítulo específico sobre la situación actual del delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y destinar anualmente recursos económicos suficientes a las instituciones públicas encargadas de dar cumplimiento a la Estrategia Estatal contra la Trata.
 
Estas acciones, indicaron, deberán estar sustentadas en los marcos normativos ya mencionados, además de hacer las adecuaciones pertinentes para asegurar la prevención, atención y protección integral de las víctimas, también la adecuada investigación y judicialización y la coordinación interinstitucional entre los diferentes órdenes de la administración pública.
 
PREVENCIÓN
 
Asimismo, las organizaciones resaltaron que la prevención es el método más efectivo para disminuir el delito, por lo que es fundamental impulsar una estrategia educativa permanentes con perspectiva de género y masculinidades no violentas, que enseñe a la población estudiantil y docente a identificar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual comercial,  entre otras formas de violencia.
 
El estudio de 2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México” reveló las diversas rutas de trata de personas que se han detectado e implican a la entidad: Tlaxcala-Puebla, Veracruz-Tlaxcala-Puebla, Guanajuato-Tlaxcala-Puebla, Morelos-Tlaxcala-Puebla y Puebla-Tlaxcala-Arizona-Nueva York.
 
En cuanto a los lugares de origen, el estudio de la CNDH señala los municipios de donde pertenecen las niñas y mujeres víctimas de trata en Tlaxcala: Apizaco, Acuamanala, Zacatelco, Ayometla, San Cosme Mazatecoxco, Santa Ana Chiautempan, Papalotla de Xicohtencatl, San Pablo del Monte, San Miguel Tenancingo, Contla de Juan Cuamatzi y Panzacola.
 
Por último, las organizaciones dijeron que esta petición fue entregada al despacho del gobernador del estado, Marco Mena Rodríguez, y a la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas de la LXII Legislatura del Congreso Local, Guadalupe Sánchez Santiago.
 
17/HZM/GG

En el Estado de México, ante el vacío institucional y la inoperancia del sistema jurídico y del Estado de derecho, que lo convirtieron en la entidad más peligrosa para las mujeres, familiares de víctimas de feminicidio y organizaciones civiles crearon el primer Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México (Mexfem).
 
Fundado el 28 de enero de 2016, Mexfem es el primer esfuerzo de ese tipo en la entidad, donde entre 2005 y 2010 fueron asesinadas 922 mujeres, de acuerdo con cifras oficiales, un problema que rebasa incluso lo sucedido en los años 90 en Ciudad Juárez.
 
Mexfem nació de la experiencia de las familias que han vivido un feminicidio -la pérdida de una hermana, hija, de una amiga, vecina o conocida- y que no encontraron el apoyo en las instituciones del Gobierno estatal o un lugar a dónde acudir.
 
“Al ver a estas familias, que no se cansan de exigir justicia, que tienen que recurrir a otros espacio e instancias que los apoyen, nos juntamos muchas mujeres feministas, entre ellas familiares de víctimas de feminicidio”, relató la coordinadora institucional del Observatorio, Yuritzi Hernández, en entrevista con Cimacnoticias.
 
Como parte de su primer aniversario, el Mexfem presentó su primer informe preliminar: En 2016, registró los siguientes casos de feminicidio; Ecatepec 39 casos, Naucalpan 17, Chilmahuacán 15 casos, Chalco 13 casos, Nezahualcóyotl con 12 casos y Tultitlán con 11. En los municipios de Nicolás Romero y Tlalnepantla se contabilizaron nueve casos y siete en Cuatitlán Izcalli.
 
Además, brindaron atención a 200 mujeres quienes han parecido algún tipo de violencia, como la física y sexual (130 casos). “No creí que fueran tantas mujeres, pero 200 atenciones en un año de todas las formas de violencia, se me hace terrible y es increíble que no exista nadie que las quiera auxiliar”, señaló Yuritzi Hernández.

Mexfem también aportó 50 apoyos jurídicos mediante el acompañamiento de la víctima al Ministerio Público (MP), y está hoy acompañando 13 casos de desaparición forzada.
 
“HACER ALGO, QUE NO SE REPITA”
 
La vida de Viviana Muciño, hoy integrante de Mexfem, dio un cambio radical en 2004, cuando su hermana Nadia Muciño Márquez fue asesinada por su pareja en Cuautitlán Izcalli, su caso es un ejemplo emblemático de la corrupción que persiste en la entidad.
 
Viviana conoce perfectamente el camino de obstáculos e impunidad que enfrentan las familias, trece años de lucha le han dado la experiencia, por ello decidió que se necesitaba hacer algo, para que su caso no volviera a ocurrir en otro hogar. “Teníamos esa inquietud de hacer algo en el Estado de México porque no se les estaba dando  seguimiento a los casos y persistía la impunidad”, contó Muciño.
 
Muciño dejó su pasión por la gastronomía y se dedicó a cuidar a los hijos de su hermana. Ahora es una de las integrantes de Mexfem, en donde coordina el área de Atención a Víctimas. Desde ahí sigue la lucha por su hermana y piensa en especializarse para ser perito.
 
El Observatorio lo conforma un grupo interdisciplinario de 10 personas, en el que hay familiares de víctimas, feministas, personas defensoras de los Derechos Humanos (DH) y profesionales de las ciencias sociales con experiencia en defensoría, acompañamiento jurídico, prevención e intervención psicosocial de la violencia de género. Todas y todos vinculados con historias que condujeron al camino del activismo y la defensa de los derechos de las mujeres.
 
¿POR QUÉ UN OBSERVATORIO?
 
Antes del Mexfem, en el Estado de México sólo había organizaciones dispersas que buscaban erradicar la violencia de género, pero que no lograban constituirse como un movimiento, explicó Viviana Muciño a Cimacnoticias. Era el Observatorio Nacional de Feminicidio el que llevaba los registros de casos en la entidad mexiquense, pero era necesario que en el estado hubiera organización, denuncias, que se visibilizara la violencia que ocurre a diario.
 
Por eso, consideró Yuritzi Hernández, “más que una organización, era necesario plantear un observatorio”  para atender e incidir de manera real en el problema, debido al contexto de la entidad que se configura “con 125 municipios, zona conurbada con Toluca y Distrito Federal”.
 
Las integrantes de la organización se conocieron en el proceso de solicitud y aceptación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Edomex, proceso que inició en 2010. En ese año, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNAPASEVM) negó la alerta.   
 
Tras años de presión social, en 2015, el gobernador Eruviel Ávila Villegas hizo finalmente la declaratoria de AVG. Decidimos entonces, contó Viviana, que era el momento de hacer un Observatorio. Sin embargo, notamos “que a pesar de una alerta de género, siguen pasando las mismas cosas, siguen actuando bajo la impunidad, no hay avances.”
 
Por eso, cuando recorremos el estado, “nos dicen que somos la luz en medio del camino”, relató Yuritzi, pues aunque diferentes, con contrastes, todos los municipios tienen en común la violencia contra las mujeres, 
 
NO HABÍA REGISTRO
 
Cuando Ciudad Juárez se convirtió en referencia de la violencia feminicida, en el Estado de México esa violencia dejaba 10 veces más mujeres asesinada, pero nadie documentaba esos crímenes, señala la investigación periodística de Humberto Padgett, “Las muertas del Estado”. 
 
En el año 2000, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) elaboró el informe “Violencia contra las mujeres en el Estado de México”, con el que inició el registro sistemático de la violencia de género en la entidad.
 
Casi a la par, un documento elaborado por la Cámara de Diputados logró establecer un precedente importante en el posicionamiento social de esa problemática: “Violencia Feminicida en 10 Entidades de la República Mexicana”. Ahí se asienta que en el período 2000 a 2003, mil 288 mujeres fueron asesinadas en Edomex, siendo la entidad con la mayor cifra a nivel nacional.
 
El OCNF comenzó a contabilizar a partir de 2007 los casos de feminicidio: durante ese año hasta 2009 documentó 542 asesinatos de niñas y mujeres mexiquenses.
 
En los siguientes años las cifras presentadas por las organizaciones civiles contrastan con las oficiales. Es así, señalan las y los activistas, porque desde el gobierno se intenta minimizar la situación. 
 
El Mexfem reportó en 2015, 79 casos de feminicidio, para el año siguiente, 2016, la cifra aumentó: 269 casos de feminicidio registrados. Y la cuenta de ese delito continúa: el día que presentó su informe preliminar, a finales de enero de 2017, el Observatorio contaba ya 17 casos.
 
17/HZM/GGQ