CNI

La vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), María de Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy, dijo que la violencia que se vive en Guerrero y en todo el país y señaló es una estrategia conjunta de los gobiernos para infundir miedo y temor para que la gente no se organice, es una forma de despojo, enfatizó.

En entrevista durante su primera gira por Guerrero la semana pasada, la también integrante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y aspirante a candidata independiente para la Presidencia de la República, reitero el llamado para que las mujeres se organicen y busquen formas para defenderse ante la violencia feminicida.

A pesar del clima de inseguridad Marichuy aseguró que no tuvo miedo de su llegada al estado y estuvo dispuesta a terminar el recorrido que incluía un encuentro con universitarios en la Unidad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria, en Chilpancingo, y otro con la comunidad  nahua de Tlamacazapa, en el municipio de Taxco.

Al término de su visita expuso ante los medios de comunicación: “Aquí, Guerrero, la misma situación va hacer que haya más articulación de las mujeres porque solamente nosotras mismas nos vamos a defender” es parte de este despojo, de este desprecio, expresó.

La también precandidata a la Presidencia, postulada por el CIG y representantes de la comunidad artística e intelectual puntualizó que en el proceso organizativo tienen que participar hombres y mujeres a pesar de que reconoció que falta mucho porque en las comunidades el sistema está diseñado para que el hombre participe en las asambleas, sin embargo, las mujeres aseguró que las mujeres ya van incursionando en la toma de decisiones.

María de Jesús, también puntualizó que el Concejo que encabeza ve que la aplicación móvil que diseñó el Instituto Nacional Electoral (INE), para recolectar firmas y lograr que su candidatura aparezca en la boleta electoral, no es adecuada porque es muy lenta para recabar las firmas, se tarda hasta seis horas para capturar la información, dijo.

Además explicó que en algunos estados la policía no les ha permitido mantener las mesas de firmas.

“Una firma es una persona que está consciente, que confía que éste caminar que llevamos es una forma de decirle a los de allá arriba: ya no estamos de acuerdo. Creemos que lo podemos hacer desde abajo y desde otra forma y muy a parte de los partidos políticos”, sostuvo.

También detalló que hay propuestas de nueve grupos de trabajo para la construcción de su gobierno: Tierra y Territorio, Justicia y Autonomía, Mujeres, Jóvenes y Niños, Personas con Capacidades con Capacidades Diferentes, Diversidad Sexual, Trabajo y Explotación y Migrantes.

“En una propuesta de trabajo que vamos a llevar. Se junten o no las firmas vamos a continuar, porque esto ya empezó”, finalizó.

18/SA

Lo único que María de Jesús Millán tiene es su palabra, además de eso no tiene nada, ni dinero ni estudios básicos, por eso cuando habla lo hace nerviosa, casi a susurros, cuida sus palabras porque aún está aprendiendo a hilar las frases exactas para decir que es la hora del florecimiento de los pueblos.  

Casi nadie la conoce pero María de Jesús es una de las concejalas del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) que ha caminado a lado de María de Jesús Patricio Martínez, la indígena jalisciense, llamada con familiaridad Marichuy, y quien busca ser candidata independiente a la Presidencia de la República en las elecciones de 2018.

Además del nombre, ambas mujeres comparten la esperanza de que en el contexto electoral del siguiente año el movimiento indígena del país logre que la gente se organice para hacer frente a las políticas que vengan una vez que culmine el sexenio del priista Enrique Peña Nieto quien ha priorizado los megaproyectos hídricos, eólicos y mineros por sobre los derechos de los pueblos.  

Indígena nahua originaria de San Pedro Tlanixco, en el municipio de Tenango del Valle, en el Estado de México, María de Jesús tiene un cargo honorario y de alta responsabilidad porque al ser concejala debe acompañar la campaña de una mujer indígena y sostener un proceso organizativo que tiene como principal obstáculo la discriminación y el racismo.

Desde hace tres meses María de Jesús fue electa en su comunidad como representante, y en Chiapas fue confirmada como concejala del CIG para “andar pronunciando las problemáticas de nuestra comunidad”, como dice en entrevista con Cimacnoticias; una tarea complicada porque para hablar primero debe confrontar y superar su personalidad tímida.

“Fue muy sorprendente porque jamás pensé que tenía que hacer este tipo de trabajo. Es mucho trabajo el que se tiene que hacer porque viene un cambio desde abajo y a la izquierda y todos tenemos que estar unidos. Muchos decimos que nuestra vocera es la del trabajo pero no, aquí es de todos, por todos”.

Hasta ahora sus participaciones más contundentes fueron en el municipio de Xalatlaco en el Estado de México y en Ciudad Universitaria, en la capital del país. En ambos casos tomó el micrófono para hablar del despojo del agua y la tierra, de la apuesta por la organización de las comunidades y de la necesidad de justicia.

“Ver todas esas cosas del mal gobierno que viene y nos impone porque a veces ni nos pregunta si estamos de acuerdo. Eso hace que uno se arme de valor para hablar a tanta gente porque es una injusticia lo que él hace con nosotros”. 

María de Jesús insiste en la palabra justicia porque es una demanda constante en su comunidad y que se ha enraizado desde 2003 cuando un grupo de empresarios floricultores acudieron a Tlanixco a convencer a la población de ceder el agua y revisar la zona para evaluar cómo desviar el trayecto del río Texcaltengo.

En aquella expedición un hombre resbaló en un barranco y murió en medio de la negativa de los nahuas de entregar su territorio. Desde entonces ocho indígenas están acusados de asesinato: Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González, Rómulo Arias Mireles,  Marco Antonio Pérez, Lorenzo Sánchez, Rey Pérez Martínez, Santos Alejandro Álvarez Zetina y Dominga González.  

“El gobierno no hace ninguna investigación. Él nada más manda a su gente, a sus policías, a querer encontrar al culpable. Como nuestro Comité de Agua acaba de entregarle al nuevo Comité, ellos iban contra nuestros defensores del agua. Los buscaron pero como no los encontraron, cerraron las iglesias con cadenas, candados para que no pudiéramos avisarles a la gente”, rememora.

De los acusados dos tienen orden de aprehensión y seis fueron detenidos y sentenciados a penas que van de 50 a 54 años de prisión. La única mujer acusada, Dominga González, fue detenida en 2007 y apenas el pasado 27 de noviembre fue sentenciada a 50 años de prisión.

“El mal gobierno no se toma esa obligación de investigar cómo fueron los hechos o qué fue lo que pasó, o por qué pasaron las cosas. Él simplemente juzga sin investigar, sin hacer su trabajo que le corresponde hacer. Es una injusticia que nada más imponga”, expresa María de Jesús y por eso cada vez que puede exige la libertad de sus compañeros.

Esa es una de las razones para estar en el CIG. Antes de sumarse a un recorrido debe trabajar cuidado niños para recolectar dinero. Una vez que tiene los medios para trasladarse deja su casa, sus hijos y su marido para acompañar a Marichuy, lo hace porque también es una forma construir el cambio del que hablan los pueblos indígenas.

“Vimos que sus propuestas (del Congreso Nacional Indígena), lo que ellos están haciendo está bien. Nosotros nos quisimos unir a ellos, para caminar juntos, hablar las injusticias que nos están causando porque en todos los recorridos que hemos hecho se habla de todo eso: desaparecidos, desaparecidas, presos, presas…”.

Mientras la gente de abajo –dice- vive la injusticia, los partidos políticos les ofrecen miserias: gorras, bolsas o despensas para callar al pueblo. Cuando piensa en esos regalos de campaña electoral sólo puede decir que hoy más que nunca es hora de exigir un ya basta de humillación y represión.

“Yo les digo que abramos los ojos que ya no nos dejemos engañar con todas esas malas cosas que nos da el gobierno porque aparte  nos viene engañando con cosas que ni siquiera valen la pena, por ejemplo, con las despensas, con todo lo que nos da en sus elecciones; que no estemos atenidos a lo que él nos dé, que hagamos las cosas por nosotros mismos”.

María de Jesús insiste que no tiene nada y no sabe nada pero dice que en sus caminatas con Marichuy ha aprendido a desenvolverse y a compartir sus experiencias con las otras y los otros. Con ese aprendizaje se atreve a decir que aunque su proyecto no gane las elecciones el hecho de que el pensar, los dolores y los sentimientos de mujeres como ella puedan dispersarse las hará ganadoras. 

17/AGM/LGL

Más de 80 organizaciones civiles en todo el país demandaron a la Procuraduría General de Justicia capitalina que permita a la familia de Lesvy, encontrada asesinada en mayo pasado en la UNAM, el acceso completo a la carpeta de investigación y a la Procuraduría General de la República (PGR) responder y justificar si cuenta con los originales de la primera parte de la carpeta.
 
Las organizaciones que conforman la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) suscribieron un comunicado donde solicitan a la PGR responder de “forma inmediata” si cuentan con los originales de la primera parte o con copias autenticadas de la investigación y, de ser así, que expliquen por qué las posee.
 
Además, exigieron a la PGR que responda si tiene evidencias resguardadas y en cadena de custodia y, si es el caso, que explique cuáles y qué trabajos realiza con ellas.
 
Esto porque a casi dos meses de que el cuerpo de Lesvy Berlín Rivera Osorio fue hallado en Ciudad Universitaria, la PGJDF continúa negando a la familia y defensa legal las primeras hojas de la carpeta de investigación donde están las primeras diligencias realizadas, con el argumento de que la PGR no las ha devuelto a la instancia de justicia capitalina
 
Pese a que el feminicidio, línea de investigación que la familia y el Observatorio Ciudadano del Feminicidio (OCNF) han pedido que se siga, es un delito del fuero común, la PGR tiene competencia para colaborar con la PGJDF en materia pericial y técnica cuando esta última no cuenta con peritos o tecnología necesaria.
 
Las firmantes aseguraron que “la omisión constituye una violación directa al derecho de las víctimas de acceder a la justicia” y con ello se obstaculiza su derecho de acceso de las víctimas a la justicia y a la verdad.
 
El comunicado también está firmado por las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir,  Justicia, Derechos Humanos y Género A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, quienes representan legalmente a la familia de Lesvy.
 
El Centro Vitoria ha solicitado a la PGJDF las copias y acceso a la primera parte de la carpeta de investigación en 6 comparecencias, pero al no obtener respuestas solicitaron la “expedición inmediata de copias autenticadas” de la primera hasta la hoja 324 de la carpeta CI-FCY/COY-1/UI-1 C/D/01099/05-2017, que incluye también el acceso a los videos incluidos en un disco compacto (CD).
 
Las organizaciones recalcaron la falta de “transparencia” y “lealtad” en la actuación de la Procuraduría capitalina, y reiteraron la demanda de las víctimas para que el órgano de justicia acepte la coadyuvancia institucional del OCNF y así garantizar que el caso se investigue con perspectiva de género.
 
17/MMAE/GG
 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) cuenta con todos los elementos para emitir una recomendación por el caso de Lesvy, la joven que el pasado 3 de mayo fue encontrada asesinada en el Instituto de Ingeniería en Ciudad Universitaria.
 
Así lo consideró la abogada del caso e integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Sayuri Herrera Román, quien dijo a Cimacnoticias que ya entregaron parte del expediente a la Comisión  “con la expectativa de que en el momento procesal adecuado puedan emitir una recomendación a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)” porque, consideró, “con la forma en la que se ha llevado el proceso de investigación hasta ahora hay elementos suficientes para que lo hagan”.
 
De acuerdo con información proporcionada a diversos medios en días pasados por la ombudsman capitalina Perla Gómez Gallardo al término de una conferencia de prensa, la CDHDF inició dos quejas de oficio dirigidas a la Procuraduría. Una se encuentra en la Primera Visitaduría y obedece a la filtración de información que hiciera la instancia de justicia en su cuenta de Twitter, con la que estigmatizó a la víctima. Gómez Gallardo presumió la violación de la presunción de inocencia y de la confidencialidad de la investigación.
 
La segunda queja está en la Cuarta Visitaduría y en ella solicitan a la Procuraduría que les informe por escrito qué tipo de peritajes realizaron y así corroborar si se está aplicando o no el Protocolo de Investigación del delito de Feminicidio. La ombudsman precisó que el 5 de junio es la fecha límite que tiene la Procuraduría para responder.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la mamá de Lesvy, Araceli Osorio, informó que el pasado 31 de mayo entregaron a la CDHDF las copias de la segunda parte del expediente, que contiene fotografías de la necropsia e información sobre algunas diligencias hechas por la Procuraduría capitalina.
 
“A la Procuraduría le corresponde entregar a la Comisión la información sobre qué tipo de peritajes siguieron, no es posible que ni ellos ni nosotros tengamos acceso a esa información”, denunció Araceli Osorio.
 
CARPETA DE INVESTIGACIÓN
 
Tras la entrega de esta segunda parte del expediente la mamá de Lesvy afirmó: “No quedamos satisfechas porque es sólo una parte y falta el inicio que es sumamente importante para verificar si se sigue el protocolo de feminicidio”. Y recalcó la exigencia de que el procurador Rodolfo Ríos Garza acepte la coadyuvancia del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio para que la investigación siga el curso más adecuado.
 
En tanto, la abogada Sayuri Herrera Román insistió en que necesitan acceder a todo el expediente: “la irregularidad es que vamos detrás del Ministerio Público, ya nos dieron una parte pero luego ya generan otra información que nos dan día después y eso no permite que se esclarezcan las cosas”.
 
17/MMAE/LGL
 

Irregularidades y omisiones caracterizan la investigación que hace la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) sobre el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, encontrada asesinada el 3 de mayo pasado en Ciudad Universitaria, afirma la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Luz Estrada.
 
En entrevista con Cimacnoticias, Estrada explica que se ignoraron dos elementos clave para que se investigara como feminicidio: el cuerpo fue exhibido públicamente y presentaba signos de asfixia, dos elementos suficientes para que la carpeta de investigación se consignara como feminicidio y no como “homicidio culposo por otras causas”, como actualmente se lee en las copias que la Procuraduría ha dado a la familia y que constituyen algunas partes del expediente.   
 
La defensora de Derechos Humanos explicó que con lo poco que se conoce del caso y por la forma en que ha sido tratado en los medios de comunicación, resaltan una serie de omisiones: no se resguardó el lugar donde fue hallada, ya que apenas dos días después se organizó ahí una manifestación y no estaba protegido pese a ser una escena del crimen.
 
De igual manera, señala la intervención al domicilio donde vivía Lesvy con su pareja, días después de su muerte, sin informar a su familia el por qué, lo que da muestra de un proceso irregular. “La familia tendría que saber qué se está haciendo porque también son víctimas”, dice. 
 
 “Está mal porque para hacer un plan de investigación los primeros que saben quién era Lesvy son las familias, por lo que deben construir e ir de la mano con ellos, deben sentarse para saber por dónde. Y eso no se hizo, construir con ellos. No termina de entender la autoridad que en el nuevo sistema de justicia penal no deben verse como ajenos, porque las familias también son víctimas”.
 
Frente a estas irregularidades, señala la experta, el OCNF, organismo integrante del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Feminicidio de la Ciudad, solicitó desde el 17 de mayo que el Comité atraiga el caso, ya que dentro de sus facultades está sugerir casos para revisión “por su relevancia o trascendencia social”.
 
El Comité tiene la facultad de solicitar la revisión de casos que cumplan con elementos considerados en el tipo penal de feminicidio, particularmente aquellos en donde hay duda de si las actuaciones y diligencias ministeriales fueron las idóneas para acreditar el delito. 

De aceptarse la participación del OCNF en el caso de Lesvy, sería el primer caso de feminicidio en el que la PGJDF y el Comité trabajen juntos para su esclarecimiento, desde 2012, año en el que se conformó dicho Comité.
 
El caso de Lesvy Berlín, explicó, “cumple estas características: creó enojo e indignación en la Universidad y la población. El propio jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que tendrían que revisarlo para reconocer que hubo un mal tratamiento y esto es lo que podemos hacer desde nuestras facultades como Comité”.
 
Sin embargo, señala Estrada, el OCNF propuso examinar el caso desde la reunión que tuvieron el 17 de mayo pasado con la abogada General de la UNAM, Mónica González Contró, con el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, y con otras organizaciones integrantes del Comité, así como con las académicas Alicia Pérez Duarte y Lucía Nuñez, del grupo de expertas de la UNAM que apoyarán el caso, todos convocados por la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, para exponer sus preocupaciones en el tratamiento que se le estaba dando. 
 
El lunes 29 de mayo, la familia de Lesvy y la abogada Sayuri Herrera Román, reiteraron su propuesta al Procurador para que acepte la coadyuvancia entre el OCNF y las autoridades.
 
Ahora, tanto la familia como el OCNF están en espera de que la PGJDF acepte la participación del Observatorio.
 
17/MMAE/GG

El Congreso Nacional Indígena (CNI) reconoce a las mujeres como agentes indispensables en las luchas por el cambio social y sujetas de derecho, por ello las y los integrantes elegirán a una mujer indígena como representante para postularse en las elecciones federales de 2018.
 
Así lo dijo la integrante del CNI, Magdalena García Durán, durante el “Foro debate: ¿Una candidata Indígena?”, que se realizó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien agregó que la elección de una mujer para representar al Congreso es resultado de una lucha constante porque “somos relegadas por ser mujeres, indígenas y ser pobres. Sufrimos tres veces la discriminación, el desprecio por nuestra forma de vestir y de hablar”.
 
García Durán también aseguró que esas adversidades han fortalecido a las mujeres indígenas. “El dolor de la discriminación es el que nos ha hecho más fuertes y nos hace decir que aquí estamos y estaremos con todos ustedes”, expuso.
 
El CNI es una organización fundada por representantes de los pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas de México hace 20 años, en octubre de 1996, como resultado de la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) por reivindicar sus derechos y cuyo propósito ha sido exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, firmados en 1996 durante el mandato de Ernesto Zedillo y en donde el Gobierno federal se comprometió a reconocer los derechos y autonomía de los pueblos indígenas del país.
 
EL CONGRESO NACIONAL
 
Luego de que el CNI anunció en octubre de 2016 que elegirían a una mujer para representarlos, se organizó el V Congreso Nacional Indígena, cuyas segundas sesiones fueron se realizaron del pasado 29 de diciembre al 1 de enero en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con la asistencia de representantes de 43 pueblos originarios del país. Acordaron la creación del “Concejo Indígena de Gobierno” con hombres y mujeres de los pueblos y tribus del CNI.
 
También se dijo que el CNI se regirá bajo los siguientes principios: “Obedecer y no mandar; representar y no suplantar; servir y no servirse; convencer y no vencer; bajar y no subir; proponer y no imponer; así como construir y no destruir”, recordó García Durán.
 
NO SOLO ES CANDIDATA
 
Durante el Foro, la investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, Márgara Millán, recalcó la importancia de no considerar la propuesta del CNI únicamente como la postulación de una candidata indígena. “Con esto se propone que un Congreso Indígena represente a todo el país, no solo que una persona busque la presidencia”, comentó.
 
La integrante y fundadora del seminario permanente de Antropología y Género del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, Sylvia Marcos, explicó que el CNI propone un consejo para gobernar a México y aclaró que la candidata no es propuesta por el EZLN, sino vocera del CNI.
 
Dijo que “ellos proponen una forma innovadora de gobierno y que, de acuerdo a la experiencia que ellos han tenido, se cambie el modelo de gobierno corrupto que hay. No es un consejo para los indígenas, es para las y los mexicanos, para que aprendamos de ellos y cómo se organizan”, añadió.
 
LAS MUJERES EN EL CNI
 
Magdalena García Durán dijo que el CNI impulsa la participación equitativa de hombres y mujeres. “Nosotras llevamos nuestras propuestas, nuestras demandas, debatimos. Caminamos igual, nadie es menos, nadie es más porque decimos: una lucha sin ninguna mujer no es lucha, debe de ser la mujer y el hombre”.
 
Por su parte el integrante de la comunidad purépecha e integrante del CNI, Juan Bobadilla aseguró que no hubo ninguna opinión en contra al decidir que se elegiría a una mujer como vocera del Congreso porque se les reconoce como “una base fundamental en las comunidades”. Y explicó que “ellas, por ejemplo con los yaquis, son las que llevan el mando en la comunidad. Ellas son las que tienen la fuerza mayor porque, con el fenómenos migratorio, en comunidades que se quedan sin hombres ellas han sacado adelante a las comunidades”.
 
PARTEAGUAS
 
En entrevista con Cimacnoticias Sylvia Marcos calificó a la decisión del CNI como un parteaguas que ha sido producto de todo un “proceso de cambio que ha habido dentro de las mismas mujeres indígenas. Estamos ante un movimiento de mujeres”.
 
Añadió que el movimiento refleja el crecimiento de la conciencia de las mujeres por “reclamar sus derechos a participar, a ser tomadas en cuenta” y en donde reconocen el derecho a exponer sus ideas: “Ellas lo dicen: si no hablamos, ¿cómo nos van a tomar en cuenta?”.
 
Durante el foro --al que también asistieron el integrante del Centro de Investigación y Capacitación Rural, Mauricio González, y el activista Jean Robert-- García Durán y Juan Bobadilla mencionaron que hasta mayo darán especificaciones sobre los avances y el procedimiento que llevará a cabo el CNI para elegir a la vocera.
 
17/MMAE/GG