Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio

La coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, María de la Luz Estrada, afirmó que esperan aún resultados y modificaciones a la ley para defender la salud reproductiva de las veracruzanas, ya que en el estado, por ejemplo, aún se niega el derecho legal a interrumpir un embarazo en caso de violación.  
 
Señaló lo anterior, tras la instalación, ayer en el Word Trade Center de esta ciudad, de la Mesa de Alto Nivel para atender las recomendaciones por la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado en Veracruz, medida que fue solicitada en abril de 2016 por organizaciones civiles, entre ellas el Observatorio debido a que a las veracruzanas no se les garantiza su derecho a la salud reproductiva, en comparación con lo que sucede en otras entidades, como la capital del país, en donde, por ejemplo, está vigente desde 2007 la intervención legal del embarazo.
 
Sobre la instalación de la Mesa de alto nivel, un acto encabezado por el gobernador Miguel Ángel Yunes, y por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, la coordinadora del Observatorio señaló que “es una primera reunión y todavía el Gobernador va a revisar los cuestionamientos que hicimos”.
 
Dijo es necesario, entre las medidas para acatar las recomendaciones, que el Congreso local reforme el Código Penal para garantizar a las mujeres su salud reproductiva. 
 
Esto es necesario, explicó, porque, por ejemplo, durante el 2016, más de 400 mujeres denunciaron violaciones sexuales y, aunque muchas de ellas presentaron un embarazo, se les negó el derecho legal de interrumpir la gestación.
 
Comentó que la cifra de violaciones contra mujeres podría ser mucho mayor debido a que únicamente el 10 por ciento presenta denuncias. “Denunciadas estamos hablando de 400 denuncias de mujeres que han sido violadas, eso solo refleja el 10 por ciento de las mujeres que se atreven a denunciar, el año pasado y es importante que también son solo denuncias de violación, se dispara cuando hablamos de violencia sexual”, indicó.
 
Afirmó que en los lugares que más se ha presentado esta problemática ha sido en Poza Rica, Veracruz y Xalapa.
 
“El problema es que no implementan la atención integral a víctimas de violencia sexual, mucho menos de interrupción sexual del embarazo, teniendo a niñas con embarazos forzados en contra de su propia voluntad”, aseguró.
 
Detalló que en el estado de Veracruz se han detectado fenómenos como niñas menores de 14 años a quienes se les niega el derecho a interrumpir su embarazo aunque fueron víctimas de violación y la ley lo permite.
 
“Eso significa para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tortura, embarazos forzados, niñas que son violadas y obligadas a continuar un embarazo”, indicó.
 
BAJO VIGILANCIA
 
Cabe mencionar que en abril pasado, el titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, acordó con al menos 10 agrupaciones feministas, locales y nacionales, la creación del Frente Veracruzano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, para dar seguimiento técnico para el cumplimiento de las recomendaciones a los tres poderes del estado de Veracruz derivadas de la AVG.
 
En la reunión, las agrupaciones apelaron a la voluntad política de los tomadores de decisiones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para cumplir en las recomendaciones del agravio que buscan garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres veracruzanas.
 
17/AAO/GG
 

Tres años es el tiempo promedio que tardó la Secretaría de Gobernación (Segob) en emitir las alertas de género en seis estados del país, aunque no hay ninguna garantía: en el Estado de México tardó cinco años; para Veracruz un año y un mes; en Colima y Sonora, donde se solicitó antes que en Veracruz, el proceso sigue en trámite.
 
Considerando el tiempo promedio, en Puebla podría decretarse hasta marzo de 2019, lo que significa que el costo político no recaerá en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, ni en el de Antonio Gali.
 
En marzo de 2016, el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización Todos para Todos solicitaron la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) para Puebla y actualmente el proceso está en la fase de revisión del informe que presentó el gobierno de Puebla, en respuesta a las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
La vocera de la organización Todos para Todos, Violeta Lagunes Viveros, comentó que los procesos se han agilizado, por lo cual confía en que, en no más de seis meses, se dé a conocer si se decreta la alerta en Puebla. “Cada proceso tiene una vida muy diferente, dijo, creo que en menos de seis meses se echan esa segunda etapa” de revisión del informe de trabajo.
 
CONAVIM DELEGA RESPONSABILIDAD
 
Sin embargo, la agilización de los procesos no se debería a una voluntad por parte del Gobierno federal, agregó Lagunes, sino a que ni la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), ni el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) tienen el personal para analizar a profundidad cada uno de los casos y están dejando el problema en manos de los estados.
 
En el mismo sentido habló la coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF), María de la Luz Estrada Mendoza, en el marco del VI Encuentro de la Red Nacional de Periodistas en febrero del año pasado, al advertir que la Conavim ya no quiere investigar los casos, por ello traslada la responsabilidad a los estados.
 
“Como la Conavim ya está harta de que todas nosotras estemos pidiendo la declaratoria, le regresaron la bolita al estado. Lo que quieren es que los gobiernos lo asuman y ellos tomen las recomendaciones que quieran”, afirmó Estrada Mendoza.
 
QUE NO SUCEDA COMO EN QUERÉTARO
 
La vocera de Todos para Todos dijo que aunque ocurra algo como en Querétaro, donde no se decretó la AVG porque la Conavim consideró que el Gobierno estatal dio cumplimiento a todas las propuestas hechas por el grupo de trabajo, como promoventes insistirán en que se emita la alerta para Puebla, aun si eso significa llevar el caso a instancias internacionales.
 
En Querétaro --documentó ladobe.com.mx en el mes de noviembre--  para el Gobierno estatal el cumplimiento de las 11 recomendaciones sólo consistió en firmar convenios o anunciar intenciones.
 
RECOMENDACIONES A PUEBLA
 
Entre las acciones que se recomendaron al gobierno poblano, incluidas en el informe que se dio a conocer el 28 de junio de 2016, están: elaborar un diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres; implementar y diseñar campañas permanentes que visibilicen el problema de la violencia de género; publicar y mantener actualizada la información sobre la violencia contra las mujeres en la entidad; modificar el protocolo de investigación de feminicidio y trata de personas, y garantizar que las personas responsables de la aplicación del protocolo lo apliquen.
 
De acuerdo con el Gobierno estatal, aún encabezado por Moreno Valle Rosas, el informe que acreditó el cumplimiento de todas las propuestas se entregó el 29 de diciembre, pero la Conavim confirmó a ladobe.com.mx que fue hasta el 17 de enero que recibió el documento.
 
No hay, por tanto, un plazo definido para que el grupo de trabajo analice si se cubrieron las 11 recomendaciones, ni para declarar o no la AVG.
 
*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx
 
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