Secretaría del Trabajo y Previsión Social

La  Secretaría del Trabajo y Previsión Social firmó ayer un acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, con el fin de “impulsar propuestas para incrementar de 12 a 14 semanas las licencias de maternidad” y  “fomentar la instalación de lactarios en los centros laborales”, con el fin de  “alcanzar, por lo menos, lo mínimo que establece el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad”, que México no ha querido ratificar.
 
El representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), subsecretario Ignacio Rubí Salazar, explicó, tras su reunión con el representante de Unicef en México, Christian Skoog, que en coordinación con instituciones de seguridad social, “se pretende” integrar una iniciativa de ley para subir a 14 semanas la licencia y realizar acciones de sensibilización con los sectores de la producción.    
 
El Convenio 183 de la OIT, cuyos postulados mínimos se pretenden empezar a cubrir con el acuerdo entre la dependencia y Unicef, pero sin que el Estado lo ratifique, se refiere a la protección de la maternidad y entró en vigor el 7 de febrero de 2002.
 
La ratificación del Convenio, recomendada por la OIT a México, también ha sido sugerida por organismos civiles e incluso por senadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes en 2015 presentaron un punto de acuerdo para que Enrique Peña enviara su ratificación a la Cámara alta.  
 
LO QUE DICE EL CONVENIO
 
En su Artículo 4, donde habla sobre  la Licencia de Maternidad, el Convenio 183 señala que toda mujer bajo el Convenio “tendrá derecho, mediante presentación de un certificado médico o de cualquier otro certificado apropiado, según lo determinen la legislación y la práctica nacionales, en el que se indique la fecha presunta del parto, a una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce semanas”.
 
El país miembro, dice el texto, “deberá indicar en una declaración anexa a su ratificación del presente Convenio la duración de la licencia antes mencionada”.
 
Y detalla que “teniendo debidamente en cuenta la necesidad de proteger la salud de la madre y del hijo, la licencia de maternidad incluirá un período de seis semanas de licencia obligatoria posterior al parto, a menos que se acuerde de otra forma a nivel nacional por los gobiernos y las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores”.
 
 “El período prenatal de la licencia de maternidad, dice el Convenio, deberá prolongarse por un período equivalente al transcurrido entre la fecha presunta del parto y la fecha en que el parto tiene lugar efectivamente, sin reducir la duración de cualquier período de licencia obligatoria después del parto”.
 
Y sobre las madres lactantes, en su Artículo 10 el Convenio de la OIT dice: “La mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo”.
 
“El período en que se autorizan las interrupciones para la lactancia o la reducción diaria del tiempo de trabajo, el número y la duración de esas interrupciones y las modalidades relativas a la reducción diaria del tiempo de trabajo serán fijados por la legislación y la práctica nacionales. Estas interrupciones o la reducción diaria del tiempo de trabajo deben contabilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse en consecuencia”.
 
La ratificación del Convenio 183 de la OIT por parte del Gobierno mexicano haría innecesaria la búsqueda de una iniciativa legislativa que alcance “los mínimos” de dicho instrumento, iniciativa que podría no ser aprobada, si no alcanza la mayoría de votos en el Congreso mexicano.
 
17/GG

La mayoría de mujeres de Topolobampo, Sinaloa, que migran a Estados Unidos, a la industria del marisco o al sector servicios, utiliza visas para trabajo “no calificado” y temporal (H2-A y H2-B) que emite, regula y controla únicamente el país del norte. Hoy, en la “era Trump”, el gobierno prefiere esa forma de contratación porque implica casi nulas obligaciones para empleadores, aunque significa violación a los derechos de las trabajadoras.
 
Migran, porque hay pobreza y violencia contra las mujeres y porque, según los indicadores de bienestar del Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (Inegi) Sinaloa tiene una tasa de informalidad laboral de 50.27 por ciento, es decir, menos de la mitad de habitantes tiene un empleo fijo.
 
La mitad de los 6 mil habitantes de Topolobampo son mujeres y cada año migran alrededor de 2 mil personas, pero no se sabe cuántas de estas personas migrantes son mujeres porque el Gobierno mexicano no tiene cifras actualizadas y desagregadas por sexo y, por tanto, no se sabe cuántas mujeres reciben  visas para trabajo no calificado.
 
Las mujeres de Topolobampo cuentan a Cimacnoticias que tienen dos opciones: emplearse desde muy jóvenes en ocupaciones precarias de sus localidades, como la pesca o el trabajo del hogar, o migrar temporalmente a EU para trabajar en la industria del marisco y en el sector servicios, con los salarios mínimos de ese país.
 
Sin embargo, dicen que lo que se anuncia como una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida puede convertirse también en  abusos y violaciones a sus derechos humanos laborales, con fraudes durante la contratación, abusos en los centros de trabajo, violencia sexual, acceso diferenciado al empleo, condiciones de alojamiento injustas, discriminación, represalias y hostigamiento.
 
Este sistema de visas tiene su antecedente en el “Programa Bracero” que inició en 1942 para que trabajadores mexicanos fueran a la industria agrícola en EU. El sistema de visas que impera actualmente tiene algunos cambios en las regulaciones laborales, pero sigue sin tener injerencia del Gobierno mexicano, subsiste bajo el argumento de que es una forma de controlar la migración irregular y garantiza la flexibilidad laboral y bajos costos de producción para los empleadores de ese país.
 
La directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC A.C.), que desde 2007 acompaña a migrantes temporales en Sinaloa, Alejandra Ancheita Pagaza, explicó en entrevista que cada vez más mujeres están siendo incorporadas a este sistema de visas porque su condición de pobreza las lleva a aceptar con mayor facilidad más trabajo por menos paga, lo que conviene a las empresas estadounidenses.
 
Agregó que en Topolobampo difícilmente pueden conseguir una vida digna, derecho al salario digno y un empleo estable; por el contrario, aunque aún hay industrias en Sinaloa éstas ya no están contratando con todos los derechos, lo que mantiene a las mujeres en una “eterna subcontratación que no les permite ampliar el derecho a la salud o la vivienda para ellas y su familia”.
 
La también galardonada en 2014 con el premio Martin Ennals por su labor a favor de los DH dijo que “por ser un trabajo temporal y ser una visa de trabajo no dentro de un programa bilateral que establezca estándares mínimos de protección, estas visas de trabajo dan la posibilidad de empleo pero ninguna certeza ni en EU ni en México, lo que implica que las trabajadoras sean vistas como desechables.”
 
Estas visas, señaló, son socorridas por las industrias porque es trabajo barato y que en realidad sí es calificado, pero no proporciona a la trabajadora el mismo pago que daría si se tratara de un trabajo estable y con trabajadores de su propio país, lo que “ayuda en la lógica de la flexibilidad laboral, y ayudan a obtener mayores recursos”.
 
Estas condiciones impiden muchas veces que las personas denuncien ante su empleador o las autoridades estadounidenses. “Trabajadoras y trabajadores que son reclutados y contratadas en condiciones de respeto de sus DH, son trabajadores que llegarán a trabajar a EU en condiciones de certeza y seguridad para negociar sus condiciones laborales”, observó.
 
Frente a este panorama, en 2013 se conformó –con el acompañamiento de ProDESC- la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Temporales Sinaloenses,  actualmente integrad por 28 mujeres, de un total de 51 personas, cuyo objetivo es buscar que las y los trabajadores conozcan sus derechos. Es ahí donde las mujeres de Topolobampo han encontrado salidas ante contrataciones de este tipo.
 
MIGRAR, COMO ECHAR UNA MONEDA AL AIRE
 
Al respecto, las trabajadoras migrantes temporales entrevistadas por Cimacnoticias coincidieron en que cada temporada es como echar una moneda al aire, ya que no tienen ninguna certeza de cómo les irá una vez que inicie el reclutamiento, ni siquiera si tienen garantizado el trabajo.
 
Por ejemplo, los reclutadores -muchos que son de la misma comunidad- ofrecen trabajo a cambio de cobros ilegales que llevan a las familias a adquirir grandes deudas. Las listas de trabajo de los reclutadores están encabezadas por familiares y amigos. A veces estos reclutadores cometen fraudes y engaños. En algunos casos, incluso, piden favores sexuales a las mujeres.
 
Durante muchos años, el Gobierno mexicano se negó a reconocer su responsabilidad de erradicar estos abusos bajo el argumento de que los derechos de estas trabajadoras y trabajadores sólo eran justiciables en EU.
 
No obstante, fue gracias al empuje y la organización de las y los trabajadores migrantes de Sinaloa que se consiguió que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llevara a cabo, por primera, vez una inspección laboral a las agencias de reclutamiento. Actualmente, las y los trabajadores buscan que las empresas también se hagan responsables sobre los abusos que cometen sus reclutadores.
 
JOSEFA, JOVA…
 
Las historias de las trabajadoras demuestran en hechos cómo funciona en realidad este sistema de visas que las aleja por largas temporadas de sus familias. Por ejemplo,  “Josefa”, quien viaja a EU desde que tenía 28 años, aseguró que la migración es la única vía para no condenar a la pobreza a sus hijas e hijos, a quienes sólo podía garantizar una educación si viajaba a la industria del marisco.
 
En su experiencia como trabajadora migrante puede constatar muchos abusos, por ejemplo, que tiene que pagar 40 dólares de renta para el alojamiento (que generalmente es en “trailas” donde duermen hasta 12 mujeres, a veces sin gas ni aire acondicionado) y comprar el material de trabajo.
 
“Jova”, otra trabajadora migrante, explicó que ellas ganan por destajo y no por hora (como los hombres), lo que las orilla a evitar lavarse las manos y quitarse el ácido de los mariscos con tal de no perder tiempo de trabajo.
 
Muchas de ellas relatan que una vez que llegan a EU no saben exactamente en qué se van a emplear, no reciben capacitación, y a veces ni siquiera tienen garantizado el trabajo que se les promete, por lo que pasan varios días en otro país y sin poder laborar.
 
Una vez allá, algunas mujeres son acosadas por los reclutadores que se convierten en sus compañeros o mayordomos, quienes las someten a nuevas agresiones sexuales bajo la amenaza de ponerlas en listas negras o impedir que sigan trabajando. Se ven obligadas a trabajar horas extras para ganar más y poder pagar los gastos del transporte y de la visa.
 
Un diagnóstico del ProDESC A.C. recoge algunos testimonios de mujeres de Topolobampo, la Ciudad de los Mochis y El Colorado, del municipio Ahome y Gabriel Leyva de Solano, todas en Sinaloa, quienes aseguran que “trabajan como hombres pero ganan como mujeres”; “las mujeres trabajamos más fuerte que lo hombres, y nos cuesta más trabajo conseguir la chamba” o “es más difícil que se emplee a una mujer”.
 
DERECHOS INCUMPLIDOS
 
De acuerdo con las leyes laborales de ambos países, las y los trabajadores migrantes deben tener asegurado los siguientes derechos: vivienda, salario hasta terminar la temporada independientemente de si se puede asegurar el trabajo, pago de horas extras, jornadas de ocho horas, descansos, y ambiente libre de acoso y discriminación.
 
Sin embargo, la mayoría de las trabajadoras no denuncian ni expresan que viven malos tratos en los centros de trabajo por temor a vivir represalias o por ser incluidas en listas negras, y es que las visas de trabajo están vinculadas directamente con el empleador que las contratan, por lo que si éste las despide, ellas ya no tienen oportunidad de emplearse en otra empresa y se les cancela el permiso.
 
ProDESC destaca que “desde hace varios años diversos actores se han beneficiado de este sistema, tales como: las empresas que demandan mano de obra barata, autoridades estadounidenses y mexicanas que relegan su responsabilidad en el cuidado y protección de los derechos de sus  trabajadores, y los reclutadores de ambas naciones (de origen y destino), que abusan de la necesidad de las personas migrantes y actúan, en ocasiones, en la informalidad e ilegalidad dejando una serie de acciones en total impunidad”
 
COALICIÓN, MÁS QUE NUNCA NECESARIA
  
La directora de ProDESC, Alejandra Ancheita Pagaza, explica que la única vía por la que las y los trabajadores han podido hacer frente a estos abusos es a través de la organización, sin embargo la posibilidad de ejercer su derecho a la libertad de asociación es muy pequeña en México y en EU ya que hay una tendencia de reducir los espacios de organización colectiva, a pesar de que éste es un derecho humano, y los Estados tienen que garantizar ese derecho en condiciones de libertad y sin coerción.
 
Frente a este panorama, en 2013 se conformó –con el acompañamiento de ProDESC- la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Temporales Sinaloenses, que es un esfuerzo colectivo único en todo el país y que busca que cada vez más personas conozcan sus derechos humano. Actualmente, la Coalición está integrada por 51 personas, 28 de ellas mujeres, quienes además participan en la Coordinadora Nacional de Defensoras de DH Laborales.
 
Al respeto, la activista observó que “las posibilidades de que las y los trabajadores se organicen colectivamente se ven difíciles pero no imposibles, y eso es lo que ha demostrado la Coalición. Esta posibilidad hace que se reconozcan en un ejercicio real y concreto de avanzar frente a las violaciones a sus DH y de tener una voz sólida y con impacto concreto frente a las instancias de gobierno”
 
Y frente a la nueva administración del mandatario Donald Trump, Alejandra Ancheita agregó que una de las pocas certezas que se logran vislumbrar es que frente a la amenaza de deportación masiva de personas en situación irregular, los empleadores y la parte del Congreso más conservadora en EU ven como una alternativa ampliar el número de visas con trabajo temporal, ya que consideran que estos sistemas de trabajo son un control y son una fuente de trabajo barato y sin obligaciones para los empleadores.
 
Por eso, la organización de las trabajadoras migrantes temporales sigue siendo una prioridad, ya que –dijo la defensora- “lo que demuestra la lucha de las y los trabajadores organizados es que los sindicatos son figuras con poder de negociación y poder de representación y en ese posible contexto el trabajo de la Coalición es más que nunca necesario, vigente y visionario”.
 
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La mayoría de las mujeres migrantes que se emplean en el sector agrícola de Estados Unidos (EU) podrían ser deportadas, ya que se encuentran en situación migratoria irregular debido, sobre todo, a que al intentar obtener sus papeles sufren una clara discriminación en el acceso a visas temporales de trabajo en el campo, la H2A. Sólo 4 por ciento de estas visas fueron asignadas a mujeres, de acuerdo con las estimaciones del Departamento de Trabajo de EU.
 
Al respecto, la directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim), Fabienne Venet, declaró en entrevista con Cimacnoticias que existe una severa discriminación de género en la adjudicación de las visas H2A, por lo que no existe rastro o estadísticas exactas de la cantidad de mujeres migrantes que están sin documentación y trabajan en el campo del país vecino.
 
Lo que estamos viendo, aseveró Venet, “es una violación a la legislación en la no discriminación del empleo, las mujeres están sistemáticamente excluidas de las visas H2A”. Por ejemplo, en 2010 “datos oficiales estiman que en general 20 por ciento de la fuerza de trabajo agrícola son mujeres”, sin embargo consideró que aún resta un gran esfuerzo por visibilizarlas.  
 
Las especialista en temas migratorios destacó que sería responsabilidad de los reclutadores, empleadores, pero también del gobierno de EU y México, regular esta situación, ya que “deben garantizar el acceso de igualdades para los hombres y las mujeres”, pues que la mayoría de las visas son entregadas a las personas migrantes mexicanas. Hasta 2012, el Departamento de Trabajo de EU informó que otorgaron  60 mil 365 visas H2A, el 90 por ciento fueron adjudicadas a personas migrantes de México.
 
 
DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN
 
La directora del Inedim, expuso algunos casos de la discriminación y exclusión que viven las migrantes mexicanas para acceder a la visa H2A.
 
En 2012, “una migrante proveniente San Luis Potosí trabajaba en la industria del cangrejo en EU, por sus habilidades calificaba para obtener una visa H2A” (que brinda mayores prestaciones y protección laboral). Sin embargo, “la agencia que la reclutó no abrió ninguna oferta de trabajo con visa H2A para mujeres, por lo cual se le negó su cambio”, comentó Venet.
 
FEMINIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN
 
La participación de las mujeres en los procesos migratorios ha aumentado en las últimas décadas. La directora del Inedim explicó que a partir de los años 90, estudios etnográficos demuestran una fuerte feminización de la migración mexicana, perteneciente sobre todo a comunidades rurales. Asimismo la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) acentuó la pobreza en el campo y contribuyó a este  fenómeno migratorio.
 
Las jornaleras de la globalización -como llaman a las migrantes en el sector agrícola- “son parte del proceso de feminización de la pobreza y la necesidad de las mujeres en insertarse en diferentes sectores ocupacionales”, por el momento, 44 por ciento de la población mexicana migrante en EU son mujeres, agregó Venet.
 
CON RIESGO DE SER DEPORTADAS
 
Al no contar con documentación, las migrantes empleadas en el sector agrícola de EU corren mayores riesgos de ser deportadas con la nueva administración del presidente de EU, Donald Trump, consideró Fabienne Venete.
 
Aunque no se ha hablado de la revocación de las visas H2A, dijo la especialista, “la orden ejecutiva para proteger trabajadores estadounidenses que dio Trump nos dice un poco por dónde va la situación”.
 
Durante la primera semana de febrero se registraron diversas redadas, que concluyeron con la deportación de 90 personas mexicanas, según cifras oficiales.
 
Sin embargo, Venet recordó lo ocurrido en la pasada administración de Barack Obama, quien al reforzar la política de control y deportación de personas migrantes se enfrentó con las empresas del sector agrícola: “los dueños del campo dijeron que no podía ser, porque no podrían levantar las cosechas, también ahí hay sectores que van a negociar con la organización pública”.
 
“Las trabajadoras son esenciales en los sectores de producción de la economía de EU”, destacó la directora del Inedim, y comentó que confía que eventualmente se entreguen mayores visas de trabajo temporal en los próximos años.
 
Fabienne Venet señaló que las medidas de inserción por parte del Gobierno mexicano hacia la población mexicana deportada son poco claras.
 
Respecto a la atención jurídica que el Gobierno mexicano aseguró que brindaría a través de los consulados, Fabienne Venet comentó que  “deberán informar y proteger con enfoque de género a las trabajadoras migrantes temporales”, así como estrechar un mayor diálogo bilateral para evidenciar situaciones de abusos y posible deportación.
 
INICIATIVAS PARA SU PROTECCIÓN  
 
También han existido avances en la lucha por parte de las organizaciones sociales para erradicar la discriminación de género en la obtención de visas, trabajos, atención a casos de abusos y garantías de los Derechos Humanos (DH) y laborales de las personas migrantes en EU, dijo Venet.
 
“Hay una situación de vulnerabilidad muy clara y una falta de protección” aseguró la especialista, “me parece que en términos de reclutamiento, en México la Secretaría de Trabajo necesita ampliar en sus actividades de inspección y supervisión de las agencias reclutadoras con perspectiva de género”, agregó que se requiere tener un registro de denuncias de discriminación por género en él.
 
La directora Inedim informó que, el año pasado, la institución y el Centro de los Derechos del Migrante (CDM) presentaron una queja ante el Consejo Nacional de Prevenir la Discriminación (Conapred) por discriminación de género en la contratación de trabajadoras migrantes temporales en EU. Pero hasta el momento no han obtenido respuestas.
 
Por otra parte en 2014 en Canadá la agrupación United Food and Commercial Workers (UFCW) presentó una denuncia ante el Conapred (CONAPRED/DGAQR/405/14/DQ/I/DF/Q303) por las mismas razones.
 
En este caso la denuncia fue aceptada y tramitada, y propició que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se comprometiera a: solicitar al empleador que defina perfiles detallados excluyendo el criterio de género; tras un periodo de cinco años, rechazar solicitudes de mano de obra de empleadores que continúen integrando criterio de género en sus pedidos; impulsar con autoridades y empleadores canadienses ajustes a previsiones de vivienda que respondan a contrataciones mixtas; e informar a las autoridades canadienses de este proceso.
 
Asimismo, añadió que desde 2013 en el Senado estadounidense se encuentra detenida una iniciativa de ley, la cual  busca dar a los y las trabajadores agrícolas temporales la permanencia en EU tras cinco años de trabajo.
 
Además, se tendría la obligación de entregar, el primer año de su aprobación, cerca de 12 mil visas H2A para personas migrantes, y obligaría a los empleadores registrar, pagar los sueldos y costes de transporte y alojamiento de las personas migrantes. Esta iniciativa podría estar en riesgo por el nuevo mandatario, concluyó Venet.
 
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