jornaleras

A Margarita Amalia Cruz Cruz no le gusta que la vean como víctima, por eso cada vez que habla de su trabajo en defensa de los derechos de las jornaleras de San Quintín evita hablar de “ataques” a su labor y prefiere destacar las condiciones laborales de quienes trabajan 12 horas diarias a pleno rayo de sol por un pago ínfimo de 120 pesos diarios.
 
Margarita conoce muy bien del significado de trabajar horas extenuantes sin tener dinero suficiente para vivir. Lo sabe porque desde los 8 años de edad hasta los 37 trabajó como jornalera en aquel valle de Baja California, lugar a donde llegó de niña y donde ahora dirige la organización Mujeres en Defensa de la Mujer (Naxihi na xinxe na xih).
 
“Sabemos que en el Valle de San Quintín hay mucho que hacer. Si seguimos unidas y trabajando en colectivo va a ser más fácil transformar esas injusticias que hemos vivido durante mucho tiempo por ser jornaleras. Tenemos que decirle a las mujeres que tenemos derechos, hay que exigirlos, nunca quedarnos callados porque el miedo no nos deja avanzar”, dice.
 
La asociación de las mujeres comenzó a gestarse hace 20 años: en 1997 se creó un grupo de mujeres artesanas, en 2004 este colectivo se formalizó y empezó a defender derechos laborales, principalmente demandando la afiliación al Seguro Social, porque trabajar en los campos agrícolas, expuestas a químicos y sólo con una gorra o sombrero para protegerse del sol, implicaba riesgos a la salud que las más de las veces no podían costear.
 
Desde la década de 1980, cuando Margarita llegó a San Quintín, la situación ha cambiado poco. En aquellos años una jornalera ganaba entre 23 y 25 nuevos pesos al día (el sueldo mínimo en la época era de 27 pesos); algunas contaban con el beneficio de un pase para ir al médico y en los campos se veía a mujeres embarazadas y niños trabajando.
 
En ese entonces, como ahora, la mayoría de las y los trabajadores eran migrantes, mixtecos, zapotecas y triquis de Oaxaca; mixtecos y nahuas de Guerrero; nahuas de Veracruz; y mixtecos y nahuas de Veracruz, de acuerdo con el extinto Instituto Nacional Indigenista, hoy Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 
 
A su llegada a San Quintín, en 1985, junto con sus dos hermanos mayores y su madre, Margarita entró como niña jornalera a la compañía ABC, empresa de capital nacional con vínculos con capital extranjero para comercializar sus productos. La cuadrilla en la que estaba era de unos 30 niños que vivían en un campamento y trabajan para ayudar al sustento económico porque, rememora, “soñábamos con un futuro mejor”.
 
Desde hace 7 años Margarita ya no labora en la pisca de fresa, frambuesa y mora, pero las escenas que miró cuando era niña son muy similares a las que observa como adulta. “Pude mirar los maltratos; el salario, no te pagaban horas extras; la aplicación de químicos, en aquellos tiempos fumigaban ya sea con máquinas que pasaban por los surcos o con avionetas; había un sinfín de violaciones a nuestros derechos”, recuerda.
 
“Ves normal todo lo que pasa. Te levantas, vas a trabajar, oyes de repente cómo los mayordomos se enojan contigo, te insultan porque no te apuras; tomaban muchas personas de un solo vaso, no sabíamos si había enfermedades”.
 
CAMBIOS PROTEGEN EL CULTIVO NO A ELLAS
 
¿La situación ha cambiado? se le pregunta a Margarita y ella reflexiona y responde, “hoy en día se ha modernizado mucho, hay invernaderos, ya no trabajas tanto tiempo agachado, ya no hay tanto trabajo donde tengas que estar todo el tiempo de espalda… claro, está la fresa que aun te mantienes doblado todo el tiempo. Se han modernizado para cuidar las plantas, para proteger el cultivo, pero no a las personas”.
 
Ahora con las medidas “de certificación”, reitera, las empresas meten medidas de calidad para el cultivo, pero no para las personas. “Dicen unas: sí, nos dan guantes, nos dan equipo, pero para proteger el cultivo no para proteger a la trabajadora o al trabajador” y es que la prioridad es tener fresas, frambuesas, moras, arándanos relucientes, frescos, coloridos, que se vendan.
 
Por temporada se cosecha tomate, pepino, calabaza y hay compañeras que producen verduras como coliflor o brócoli, que implican, como en el pasado, trabajo cansado, dolor de cuello, nuca, espalada, columna, manos, en realidad prácticamente en todos estos trabajos las mujeres deben estar largas horas agachadas y en cuclillas.
 
“Ahorita por las altas temperaturas que se manejen en los invernaderos tenemos casos de personas que al salir en la tarde les causa embolia o parálisis en el rostro, son medidas para que el   cultivo se aclimate dentro del invernadero, pero no están considerando la salud y las consecuencias que le causa a una persona, de pasar de un lugar caliente a temperaturas frías”.
 
EN DEFENSA DE TRABAJO DIGNO
 
Cuando las mujeres se hicieron conscientes de las condiciones de trabajo y de la insalubridad de los asentamientos donde vivían, comenzaron a tomar capacitaciones y exigir garantías mínimas para trabajar, dice, “es un gran orgullo, es importante ser la voz de todas aquellas mujeres que se acercan a nosotras para poder exigir sus derechos. Me siento contenta pero sé que es un gran compromiso para las jornaleras y jornaleros”.
 
Como defensora, Margarita habla con muchas mujeres que llegan del sur del país rumbo a Estados Unidos, algunas van a trabajar por temporada en los campos agrícolas del país vecino, donde no hay mucha diferencia con las condiciones laborales de Baja California, “desafortunadamente en ambos países hay una falta de seguridad social, de conciencia en cuestión del salario, de lo que se debe pagar a la trabajadora”, dice.
 

CIMACFoto: César Martínez López.

 
A través de estos diálogos se ha vuelto experta en las necesidades de las mujeres, migrantes, trabajadoras e indígenas como ella, mixteca oriunda de Oaxaca.
 
CASA DE LA MUJER INDÍGENA
 
Con esa información, la organización decidió dividir su labor en dos vertientes: una sobre derechos laborales de las jornaleras y otra sobre el rescate de la medicina tradicional a través de la Casa de la Mujer Indígena donde hacen acciones de prevención de la violencia de género y promoción de la salud sexual y productiva.
 
Al respecto dice, “para mi quedó atrás el tiempo de decir que sufrí tanto en el campo. Sí se sufre, efectivamente, se viven muchas injusticias, pasas insultos, discriminación, humillaciones, te pagan muy poco, sufres de enfermedades, intoxicaciones, accidentes que no son pagados… y al final así te despiden y no creaste nunca ningún derecho”.
 
Pero recalca que cuando una jornalera indígena aprende a defenderse es diferente, porque puede exigir un salario digno y prestaciones, además tiene claro cuáles son sus obligaciones como trabajadoras y cuáles las de la empresa. “Cuando tú conoces todo eso, es muy difícil que el patrón te violente, tal vez no te contrate, ¿verdad?, no quiere personas así, pero es muy difícil que alguien te violente, y es muy difícil que alguien te vuelva a victimizar”.
 
Una persona que exige sus derechos corre el riesgo de no ser contratada, pero Margarita afirma que es mejor demandar lo que les corresponde cuando son despedidas de manera injustificada, cuando piden licencia de maternidad, afiliación al Seguro Social, o un intérprete porque hablan una lengua indígena y no dominan el español. Más, si el día de mañana las trabajadoras, como si fueran máquinas, van a ser obsoletas para las empresas.
 
Mujeres en Defensa de la Mujer, agrupación integrada por mujeres mixtecas y triquis da talleres en las comunidades del Valle de San Quintín, hace difusión en su programa radial “Entre mujeres tejiendo caminos” en la radio indigenista XEQUIN (La Voz del Valle), en donde colabora con la Secretaría del Trabajo y el sector Salud y busca que las jornaleras también se adueñen de sus cuerpos.
 
Para fortalecerse busca también conocer el trabajo de otras organizaciones que hacen difusión de los derechos de las mujeres, o de las que defienden la tierra y el territorio. “Sabemos que cuando una empresa internacional entra a nuestros territorios no nada más llega a explotar las manos jornaleras, también llegan a explotar la tierra, a destruir la naturaleza, luego de terminar sus objetivos se van y dejan tierras infértiles”.
 
Estas mujeres que viven de la fuerza de su cuerpo y de la bondad de la tierra, las mismas que todavía salen de madrugadas de sus casas improvisadas para subir en grupos a camiones destartalados y llegar a los puntos donde la suerte dirá si el capataz las escoge para emplearlas, dicen que seguirán denunciando cuando sea necesario.
 
La idea de un futuro mejor sigue viva y por eso desde 2015 el movimiento de jornaleros ha hecho fuerza y un eco tan grande que ha sido reprimido: “Creo que el movimiento de este año era un grito desesperado que ya tiene desde hace mucho tiempo la población jornalera. Por parte de Mujeres en Defensa de la Mujer seguimos de pie y aquí estamos”, dice Margarita.
 
17/AGM/GGG/GG

La mayoría de las mujeres migrantes que se emplean en el sector agrícola de Estados Unidos (EU) podrían ser deportadas, ya que se encuentran en situación migratoria irregular debido, sobre todo, a que al intentar obtener sus papeles sufren una clara discriminación en el acceso a visas temporales de trabajo en el campo, la H2A. Sólo 4 por ciento de estas visas fueron asignadas a mujeres, de acuerdo con las estimaciones del Departamento de Trabajo de EU.
 
Al respecto, la directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim), Fabienne Venet, declaró en entrevista con Cimacnoticias que existe una severa discriminación de género en la adjudicación de las visas H2A, por lo que no existe rastro o estadísticas exactas de la cantidad de mujeres migrantes que están sin documentación y trabajan en el campo del país vecino.
 
Lo que estamos viendo, aseveró Venet, “es una violación a la legislación en la no discriminación del empleo, las mujeres están sistemáticamente excluidas de las visas H2A”. Por ejemplo, en 2010 “datos oficiales estiman que en general 20 por ciento de la fuerza de trabajo agrícola son mujeres”, sin embargo consideró que aún resta un gran esfuerzo por visibilizarlas.  
 
Las especialista en temas migratorios destacó que sería responsabilidad de los reclutadores, empleadores, pero también del gobierno de EU y México, regular esta situación, ya que “deben garantizar el acceso de igualdades para los hombres y las mujeres”, pues que la mayoría de las visas son entregadas a las personas migrantes mexicanas. Hasta 2012, el Departamento de Trabajo de EU informó que otorgaron  60 mil 365 visas H2A, el 90 por ciento fueron adjudicadas a personas migrantes de México.
 
 
DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN
 
La directora del Inedim, expuso algunos casos de la discriminación y exclusión que viven las migrantes mexicanas para acceder a la visa H2A.
 
En 2012, “una migrante proveniente San Luis Potosí trabajaba en la industria del cangrejo en EU, por sus habilidades calificaba para obtener una visa H2A” (que brinda mayores prestaciones y protección laboral). Sin embargo, “la agencia que la reclutó no abrió ninguna oferta de trabajo con visa H2A para mujeres, por lo cual se le negó su cambio”, comentó Venet.
 
FEMINIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN
 
La participación de las mujeres en los procesos migratorios ha aumentado en las últimas décadas. La directora del Inedim explicó que a partir de los años 90, estudios etnográficos demuestran una fuerte feminización de la migración mexicana, perteneciente sobre todo a comunidades rurales. Asimismo la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) acentuó la pobreza en el campo y contribuyó a este  fenómeno migratorio.
 
Las jornaleras de la globalización -como llaman a las migrantes en el sector agrícola- “son parte del proceso de feminización de la pobreza y la necesidad de las mujeres en insertarse en diferentes sectores ocupacionales”, por el momento, 44 por ciento de la población mexicana migrante en EU son mujeres, agregó Venet.
 
CON RIESGO DE SER DEPORTADAS
 
Al no contar con documentación, las migrantes empleadas en el sector agrícola de EU corren mayores riesgos de ser deportadas con la nueva administración del presidente de EU, Donald Trump, consideró Fabienne Venete.
 
Aunque no se ha hablado de la revocación de las visas H2A, dijo la especialista, “la orden ejecutiva para proteger trabajadores estadounidenses que dio Trump nos dice un poco por dónde va la situación”.
 
Durante la primera semana de febrero se registraron diversas redadas, que concluyeron con la deportación de 90 personas mexicanas, según cifras oficiales.
 
Sin embargo, Venet recordó lo ocurrido en la pasada administración de Barack Obama, quien al reforzar la política de control y deportación de personas migrantes se enfrentó con las empresas del sector agrícola: “los dueños del campo dijeron que no podía ser, porque no podrían levantar las cosechas, también ahí hay sectores que van a negociar con la organización pública”.
 
“Las trabajadoras son esenciales en los sectores de producción de la economía de EU”, destacó la directora del Inedim, y comentó que confía que eventualmente se entreguen mayores visas de trabajo temporal en los próximos años.
 
Fabienne Venet señaló que las medidas de inserción por parte del Gobierno mexicano hacia la población mexicana deportada son poco claras.
 
Respecto a la atención jurídica que el Gobierno mexicano aseguró que brindaría a través de los consulados, Fabienne Venet comentó que  “deberán informar y proteger con enfoque de género a las trabajadoras migrantes temporales”, así como estrechar un mayor diálogo bilateral para evidenciar situaciones de abusos y posible deportación.
 
INICIATIVAS PARA SU PROTECCIÓN  
 
También han existido avances en la lucha por parte de las organizaciones sociales para erradicar la discriminación de género en la obtención de visas, trabajos, atención a casos de abusos y garantías de los Derechos Humanos (DH) y laborales de las personas migrantes en EU, dijo Venet.
 
“Hay una situación de vulnerabilidad muy clara y una falta de protección” aseguró la especialista, “me parece que en términos de reclutamiento, en México la Secretaría de Trabajo necesita ampliar en sus actividades de inspección y supervisión de las agencias reclutadoras con perspectiva de género”, agregó que se requiere tener un registro de denuncias de discriminación por género en él.
 
La directora Inedim informó que, el año pasado, la institución y el Centro de los Derechos del Migrante (CDM) presentaron una queja ante el Consejo Nacional de Prevenir la Discriminación (Conapred) por discriminación de género en la contratación de trabajadoras migrantes temporales en EU. Pero hasta el momento no han obtenido respuestas.
 
Por otra parte en 2014 en Canadá la agrupación United Food and Commercial Workers (UFCW) presentó una denuncia ante el Conapred (CONAPRED/DGAQR/405/14/DQ/I/DF/Q303) por las mismas razones.
 
En este caso la denuncia fue aceptada y tramitada, y propició que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se comprometiera a: solicitar al empleador que defina perfiles detallados excluyendo el criterio de género; tras un periodo de cinco años, rechazar solicitudes de mano de obra de empleadores que continúen integrando criterio de género en sus pedidos; impulsar con autoridades y empleadores canadienses ajustes a previsiones de vivienda que respondan a contrataciones mixtas; e informar a las autoridades canadienses de este proceso.
 
Asimismo, añadió que desde 2013 en el Senado estadounidense se encuentra detenida una iniciativa de ley, la cual  busca dar a los y las trabajadores agrícolas temporales la permanencia en EU tras cinco años de trabajo.
 
Además, se tendría la obligación de entregar, el primer año de su aprobación, cerca de 12 mil visas H2A para personas migrantes, y obligaría a los empleadores registrar, pagar los sueldos y costes de transporte y alojamiento de las personas migrantes. Esta iniciativa podría estar en riesgo por el nuevo mandatario, concluyó Venet.
 
17/HZM/GGQ