Derecho a decidir

A más de una década de que la Ciudad de México despenalizara la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación se comprobó que implementar una política pública integral salva la vida de las mujeres, garantiza el derecho a decidir sobre la maternidad y fomenta la anticoncepción informada. 

El 24 de abril de 2007 la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal aprobó reformar los Artículos 144 al 147 del Código Penal y el Artículo 16 Bis de la Ley de Salud para impedir que las capitalinas fueran acusadas penalmente por tener un aborto y evitar que aquellas sin recursos económicos se atendieran en servicios inseguros.

A 11 años de este cambio normativo la ginecóloga e integrante de la organización Ipas México, Claudia Martínez López, sostiene que la reforma se convirtió en una política pública integral para atender a las capitalinas. Hoy, además, hay evidencia para echar abajo los mitos sobre este proceso: que obliga a las mujeres a abortar y que provoca que tengan abortos continuos.

La especialista destaca los beneficios que está reforma trajo a las mujeres: la oportunidad de acceder a procedimientos seguros, redujo la tendencia a criminalizar la interrupción del embarazo y llevó a reconocer la libertad y autonomía de las mujeres y su derecho a decidir sobre su maternidad.

MITOS DEL ABORTO

Un mes después de aprobadas y promulgadas, las reformas fueron impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por medio de dos acciones de inconstitucionalidad. El debate llevó a escuchar las posiciones de expertos en Bioética, feministas, académicas, juristas y grupos religiosos.

Estas discusiones y el hecho de que el aborto en sí mismo sea un tema tabú provocaron que grupos conservadores alertaran del peligro de una política que permitiera la interrupción de la gestación. Entre los argumentos de esta postura estaba que las mujeres serían obligadas a abortar y que una vez que lo hicieran se convertiría en una práctica recurrente.

No obstante, desde que una mujer llega a solicitar el servicio en alguna de las clínicas especializadas habilitadas en 2007, se le explica el proceso, se confirma el embarazo y las semanas de gestación a través de estudios de laboratorio y se le da consejería, es decir, se le explican todas las opciones aun cuando es probable que ya se decidió por la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). A este procedimiento se le llama consentimiento informado.

Una vez que la persona toma una decisión, se le brinda consejería anticonceptiva a fin de que opte por un método anticonceptivo. El personal médico debe identificar  si la mujer necesita  un tipo de atención extra para referirla a otro centro de atención, por ejemplo, si requiere de análisis como Papanicolaou  o colposcopia o si debe ser atendida por violencia de género.

En conclusión, de acuerdo con Claudia Martínez esta reforma a la Ley de Salud y al Código Penal capitalino permitió ver a las mujeres como sujetas de derechos y garantizar su derecho a la libre autodeterminación reproductiva, respetar su derecho a la dignidad, al acceso a la información, el respeto a la libertad de creencias y religión y procurar su salud.

De acuerdo con los registro del Programa ILE, a 11 años de vigencia (abril 2007 – de abril 2018) un total de 194 mil 153 mujeres han accedido al servicio; un 30 por ciento de ellas vienen de diversos estados de la República; y la mayoría (73 por ciento) acude en las primeras 8 semanas de gestación.

Los datos también indican que 65.3 por ciento de las mujeres ya tenían hijos, lo que también demuestra que es falso que el aborto provoque que las mujeres no quieran ser madres, sino que les da oportunidad de decidir sobre su reproducción. Así, 93.7 por ciento eran mayores de edad a la hora solicitar el servicio. 

En este tema, destaca la ginecóloga, hay una red de clínicas que cuenta con personal multidisciplinario que tiene capacitación y sensibilidad para atender a las mujeres y que usa tecnología adecuada para realizar el procedimiento, ya sea con medicamentos o con el método de aspiración manual endouterina.

Si este servicio es uno de los mejores que presta la capital del país, en parte se debe al acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil que están vigilantes del funcionamiento.

RETOS

Las mujeres que accedieron a la ILE, explica Laura Andrade Campos, también integrante de Ipas, ejercieron su libertad de conciencia sin poner en riesgo su vida y su salud; sin embargo de acuerdo con organizaciones como Ipas aún falta eliminar los obstáculos que enfrentan quienes buscan un aborto legal en otras entidades.

Por ejemplo, las estadísticas de la Secretaría de Salud de la capital indican que de las mujeres que se atendieron en las clínicas especializadas en estos 11 años, 50 mil 284 eran del Estado de México, mil163 de Puebla, 716 de Morelos y otras llegaron desde entidades más lejanas o incluso desde el extranjero.

La despenalización, afirma Andrade Campos, también evidenció las diferencias entre las mujeres que viven en la Ciudad de México o que pueden acceder a los servicios de la capital y las que no tienen este derecho por residir en otros estados de la República donde solo se puede tener un aborto por ciertas causales.

Hasta antes de 2007 en la capital del país las mujeres que tenían la necesidad de interrumpir la gestación eran estigmatizadas, criminalizadas, enjuiciadas y enviadas a prisión; ahora, uno de los retos es hacer llevar esta información a más mujeres y que conozcan que en caso de requerir el servicio tienen opciones.

También deben saber que pueden acceder a servicios seguros, públicos o privados, como las clínicas del recién creado Colectivo de Asociaciones Mexicanas para la Interrupción del Embarazo, integrada por servicios privados como Marie Stopes y Medieg; y que en caso de no tener recursos económicos para viajar a la capital pueden buscar apoyo en iniciativas civiles como el Fondo María.

Para otras agrupaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, el desafío es garantizar este derecho a todas las mexicanas, pues consideran fundamental que el Estado cumpla con la legislación nacional vigente que permite el aborto por diversas circunstancias y garantice que todas accedan a la ILE.

Esto porque a pesar de que en todo el país las mujeres pueden acceder a un aborto si fue producto de violación, la norma no siempre se cumple, como lo demuestran dos casos que en abril llegaron a la SCJN.

18/AGM

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) actualizó los Lineamientos de operación del servicio de interrupción del embarazo para asegurar una atención eficiente, eficaz, de calidad y calidez a las capitalinas que lo soliciten.

En estos lineamientos publicados en la Gaceta Oficial a propósito de los 11 años de la reforma que despenalizó la interrupción del embarazo en la Ciudad de México, la Sedesa definió los “tipos de aborto” a los que pueden acceder las mujeres en la capital del país.

Con base en evidencia científica y en la experiencia que ha dejado esta reforma a lo largo de estos 11 años, la Sedesa definió ahora como “Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)” aquella “que es consecuencia de una violación sexual sin que la mujer haya realizado una denuncia formal” y que podrá realizarse dentro de las 20 semanas y seis días de gestación, como lo establece la Norma Oficial Mexicana 046 en todo el país.

La Sedesa precisa que en estos casos el personal médico tiene la obligación de informar a las mujeres sobre su derecho a denunciar los hechos de violencia sexual y aunque ellas deben decidir si continúan o no el proceso ante la Procuraduría General de Justicia, el personal médico debe llenar un formato para dar aviso al Ministerio Público.

En caso de que la IVE sea solicitada por una menor de 12 años de edad –acompañada de su madre, padre, o en ausencia de éstos o de un tutor– la Sedesa indica que el personal médico debe hacer del conocimiento de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes local el caso.

Estos lineamientos publicados ayer y que entran en vigor este 26 de abril nombran como “Interrupción del embarazo como consecuencia de alguna excluyente de responsabilidad penal del delito de aborto” a las otras cuatro causales establecidas en el Código Penal, estas son: por violación denunciada ante la autoridad competente, inseminación artificial no consentida, por encontrase en riesgo la vida de la mujer, y porque el producto presenta alternaciones genéticas o congénitas.

Respecto al embarazo producto de una violación que fue denunciada en la Procuraduría de Justicia se establece que si la edad gestacional rebasa las 20 semanas y seis días, las mujeres deberán ser referidas, sin dilación, por el personal médico a alguna unidad médica de tercer nivel que cuente con especialidad en gineco-obstetricia.

Con ello, la “Interrupción Legal del Embarazo (ILE)” queda definida como aquella que es por deseo de la mujer y que podrá realizarse hasta las 12 semanas y seis días de gestación

De acuerdo con los registro del Programa ILE a 11 años de vigencia (abril 2007 – 18 de abril 2018) un total de 194 mil 153 mujeres han accedido al servicio; un 30 por ciento de ellas vienen de diversos estados de la República; y la mayoría (73 por ciento) acude en las primeras 8 semanas de gestación.

Por último, los lineamientos dejan en claro que el personal médico no puede invocar la “objeción de conciencia” cuando la interrupción del embarazo sea de carácter urgente, por lo que están obligados a realizar el procedimiento.

Se reafirma también que el personal sanitario debe prestar este servicio con una actitud empática, respetuosa, digna, informada, vigilando la confidencialidad y el procedimiento seguro, además de garantizar los servicios de planificación familiar y acompañamiento social a las mujeres que acudan a las instancias de salud.

18/HZM

En medio del proceso de democratización en México y la celebración de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, China, en 1995, las organizaciones feministas mexicanas aprovecharon la coyuntura  internacional para impulsar la adopción de una agenda política de género.

De este proceso en Beijing nació la primera agenda nacional de género en el país llamada “Agenda de las mujeres para las elecciones de 1997”, realizada por la Asamblea Nacional de las Mujeres para la Transición a la Democracia, conformada en 1996 por organizaciones civiles y legisladoras feministas que destacaba 4 puntos:

1) la partición activa de las mujeres en la reforma de Estado; 2) la aplicación de los Convenios, Acuerdos y Pactos Internacionales signados por México en políticas públicas a favor de las mujeres; 3) el fortalecimiento del Programa Nacional de la Mujer (creado en la presidencia de Ernesto Zedillo) y 4) adoptar medidas para eliminar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres.

La agenda fue signada por 26 organizaciones civiles entre las que se encontraban: la Asociación de Mujeres para la Defensa de los Derechos Civiles, Balance, Ciudadanas en Movimiento por la Democracia, Grupo de Información en Reproducción Elegida y el Grupo Interdisciplinario sobre Mujeres, Trabajo y Pobreza.

Sin embargo para que las demandas de las mujeres fueran plasmadas en la política pública se necesitaba que las mujeres estuvieran en puestos de decisión. De ahí que la Asamblea Nacional de Mujeres promovió la Campaña “Si la mujer no está, la democracia no va” para presionar a líderes de los partidos políticos para que no postularan más de 70 por ciento de candidatos varones a puestos de elección popular.  

En 1998 se conformó el primer espacio de interlocución para debatir una agenda política de género desde la administración legislativa. Se concretó en marzo el Parlamento de Mujeres de México (PMM), participaron mil 600 mujeres, entre legisladoras federales, estatales, académicas y representantes de organizaciones civiles.

Se leyeron 211 ponencias que abarcaron y profundizaron en temas para las mujeres como la educación, seguridad social, trabajo, participación política y salud con el objetivo de trabajar en una agenda que ampliara el marco jurídico en el reconocimiento de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.

De este Parlamento se desprendieron reformas legislativas sustantivas para el beneficio de las mujeres, tales como la instauración de comisiones de Equidad de Género en los Congresos estatales, la estipulación en los Códigos penales de la violencia familiar, el hostigamiento sexual y protección a víctimas de delitos sexuales.

PACTOS ENTRE ORGANIZACIONES Y PARTIDOS

En años posteriores las organizaciones de mujeres mantuvieron la construcción de alianzas entre los partidos políticos para el avance de una agenda de género. En las elecciones del 2000 impulsaron que las candidatas políticas refrendaran su compromiso para trabajar en una política enfocada en los derechos de la población femenina a través de la firma de pactos.

Como lo documentó Cimacnoticias, en junio de ese año más de 100 organizaciones no gubernamentales lograron convocar a 400 candidatas de partidos políticos, con excepción del PAN, para firmar el “Pacto entre Mujeres: hacia una agenda legislativa y de gobierno por la equidad”.

Éste contenía 13 compromisos a defender -si las favorecían los votos populares- fincados en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos; del trabajo, en la promoción de una vida libre de violencia y no discriminación; en participación política; un presupuesto público e institucionalización del enfoque de género; en defensa de un Estado laido y el cumplimiento de los compromisos internacionales signados por México.

Algunas de las agrupaciones convocantes fueron Mujeres y Punto, Mujeres en Lucha por la Democracia, Ciudadanas en Lucha y DIVERSA, organizaciones nacidas en los años noventa y fundamentales en vigilar, promover y negociar con partidos políticos para ganar espacios de representación popular para las mujeres.

Al ganar el panista Vicente Fox la presidencia en el 2000, las organizaciones mantendrían el dedo en el reglón para obtener una agenda de género. En septiembre del 2000 se llevó acabo el Congreso Nacional de Mujeres –acudieron mil 300 mujeres de todo el país entre legisladoras, organizaciones y académicas- “para impulsar la agenda feminista y el movimiento amplio de mujeres frente a los tres poderes de gobierno”.

El encuentro tuvo como resultado la  “Agenda del Congreso Nacional de Mujeres: hacia la reforma del Estado con equidad de género”, sin embargo en los resolutivos se desecharía un tema fundamental dentro de la agenda feminista: el aborto, debido a que las militantes panistas y su afín, la Asociación Nacional Cívica Femenina, se manifestaron en contra.

Estas diferencias entre las organizaciones feministas forjadoras de la agenda de género y grupos conservadores, continuarían en los siguientes años a tal punto que la interrupción legal del embarazo continúa siendo un tema de debate de la agenda para las mujeres.

Para este periodo electoral se presenta una nueva oportunidad para que quienes aspiran a cargos de elección popular, coloquen de nuevo una agenda de género con los temas pendientes y que miren las necesidades reales del 52 por ciento de la población.

18/HZM/LGL

El pasado 23 de enero se anunció la designación de Isabel Plá como la nueva Ministra de la Mujer y la Equidad de Género en Chile, en el gobierno que encabezará Sebastián Piñera, cargo del que tomará posesión en marzo próximo y que provocó reacciones negativas en el movimiento feminista chileno, y de otras agrupaciones que defienden los Derechos Humanos de las mujeres puesto que Plá se ha caracterizado por sus posturas conservadoras y su oposición a la despenalización del aborto.

Isabel Plá es diplomada en Comunicación de la Universidad Alberto Hurtado. Durante 20 años se desempeñó como asesora parlamentaria y trabajó también como concejala de Peñalolén, una comuna ubicada al oriente de la Ciudad de Santiago. Fue coordinadora de la Unidad de Coyuntura de la Secretaría General de la Presidencia entre 2010 y 2014, vicepresidenta de la Unión Demócrata General Independiente, panelista de radio y televisión, a la par de ser columnista de la Fundación “Avanza Chile”, entre otros medios.

En ésta última se caracterizó por su postura conservadora respecto al tema del aborto cuando se publicó el proyecto de ley para su despenalización, lo que la llevó a emitir diversas declaraciones polémicas como la publicada el 23 de junio de 2017 en el portal “El Líbero” en una columna de opinión donde escribió lo siguiente:

“Rechazo el aborto, con la absoluta convicción de que es una de las mayores injusticias de la humanidad (como fue antes la esclavitud, considerada legítima durante siglos; y como sigue siendo, a mi juicio, la pena de muerte). Admito, no obstante, el derecho a pensar distinto, a estimar que la voluntad de la madre debe prevalecer por sobre el derecho a nacer del hijo, e incluso, a negar la condición de persona a quien aún no ha nacido”.

Colectivos feministas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en Chile, ya se pronunciaron sobre la necesidad de conjuntar esfuerzos y trabajo en conjunto para evitar retrocesos e impulsar legislaciones que quedaron pendientes de la administración anterior en materia de equidad de género como la Ley Integral de Violencia de Género.

El día de su nombramiento, Isabel Plá publicó un tuit donde dijo que impulsará una ruta que garantice la igualdad, la autonomía y una lucha en contra de la violencia contra las mujeres, ante lo que las feministas chilenas señalaron que aguardarán atentamente a marzo para vigilar que sus ideas personales no afecten su desempeño como una trabajadora del Estado que representará a las mujeres.

El gobierno militar de Augusto Pinochet prohibió en 1989 el aborto en todas sus formas y fue hasta el 14 de septiembre de 2017 cuando la firma de la presidenta Michelle Bachelet cerró un lapso de dos años de tramitación para obtener la aprobación de una de sus promesas de campaña en su segundo mandato. El aborto fue legalizado por tres causales para su ejecución: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y/o violación.

A 2015 la organización Amnistía Internacional- Chile estimaba que al año se practicaban, en promedio, 160 mil abortos, la mayor parte de forma insegura.

18/SRC/LGL

Pese a que en la Ciudad de México el derecho a interrumpir un embarazo es legal en 4 causales: cuando el embarazo afecta la salud de la mujer; el producto presenta malformaciones congénitas; el embarazo es producto de inseminación artificial; si el aborto es provocado de manera imprudencial (accidente) y está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, en 3 años se abrieron 310 carpetas de investigación por del delito de aborto.

Lo anterior se desprende de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el cual mide los delitos considerados de “alto impacto” como homicidio, violación, robo, corrupción de menores, extorsión, entre otros, con lo que coloca al aborto en la misma categoría de estos delitos.

El registro de “aborto” inició en diciembre pasado y reveló que en tres años en el territorio nacional (2015-2017) se abrieron mil 524 carpetas de investigación por el delito de aborto, y la Ciudad de México se colocó a la cabeza de las entidades que criminalizan a quienes acceden o practican una interrupción del embarazo.

Cabe destacar que la nueva metodología del SESNSP no detalla si estas carpetas corresponden a mujeres que interrumpieron un embarazo o a las personas que ayudaron a practicarlo, lo que sí indica es que en 2015 en la capital del país 131 personas fueron acusadas del delito de aborto (42 por ciento del total registrado en tres años).

En años posteriores poco han disminuido las cifras; en 2016 se contabilizaron 105 y hasta noviembre de 2017 la ciudad ya sumaba otras 74 carpetas de investigación por aborto.

En la Ciudad de México el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación desde hace una década, cuando el 24 de abril de 2010, en un triunfo histórico para las mujeres y el movimiento feminista, la Asamblea Legislativa aprobó modificar la Ley de Salud y el Artículo 144 del Código Penal local para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

Aunque después de estos tres meses permitidos el aborto se considera un delito que alcanza penas de tres a seis meses de prisión o una sanción de 100 a 300 días de trabajo comunitario para las mujeres -precisa el Artículo 145 del Código Penal local- existen otras razones legales por las cuales las mujeres pueden abortar.

En todo el territorio la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM 046) establece como un derecho la interrupción del embarazo cuando es producto de una violación sexual.

Las víctimas pueden solicitarlo en las instancias públicas de salud sin necesidad de presentar una demanda, solo en caso de que la mujer sea menor de 12 años de edad, la normativa señala que es necesario que acudan con un tutor.

OTROS ESTADOS

En el resto del país la criminalización por aborto es similar a la Ciudad. El sistema del Secretariado Ejecutivo muestra que en 2017, a nivel nacional se registraron 479 carpetas de investigación por esta razón.

Después de la capital, el estado de Baja California concentró 15 por ciento de estas denuncias (72 casos en total) y en el Estado de México 38 personas fueron señaladas de cometer este delito.

También en Tamaulipas se iniciaron 30 investigaciones, Nuevo León contó 29 casos, Guanajuato y Jalisco registraron 27 casos respectivamente, y Veracruz contó 20.

ABORTO, UN DERECHO

Organismos internacionales como el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés ha urgido al Estado mexicano a armonizar las leyes estatales relativas al aborto y permitirlo por lo menos hasta las 12 semanas de gestación.

Esta fue una de las recomendaciones que hizo CEDAW a México en 2012 (número 33), asimismo pidió eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que desean interrumpir un embarazo y como recurso se ven  orilladas a acudir a métodos inseguros que colocan su vida en riesgo.

Por ello, el Comité insistió –además de la despenalización- en asegurar que todos los proveedores de servicios médicos apliquen debidamente la NOM 046, sean capacitados y se tenga personal no objetor de conciencia. Esta atención adecuada debe incluir la atención integral que debe revisar una víctima de violación como es la prevención de infecciones de transmisión sexual.

Para este año México será evaluado por este Comité quien determinará si el Estado cumplió con esta recomendación en materia de derechos sexuales y reproductivos, entre otras temáticas correspondientes a la violencia cometida contra las mujeres.

INTERRUPCIONES LEGALES EN CDMX

En tanto, en los servicios de interrupción legal del embarazo (ILE) de la Ciudad se han practicado 188 mil 224 abortos seguros de abril 2007 a diciembre de 2017.

De estos, 132 mil 843 corresponden a mujeres habitantes de la urbe, el otro 28 por ciento, son mujeres que se trasladan de otros estados de la república debido a las leyes restrictivas que enfrentan.

Principalmente provienen de entidades cercanas. Del Estado de México acudieron 48 mil 458 mujeres al servicio de ILE, de Puebla mil 119 mujeres, de Hidalgo 959, Morelos (685), Jalisco (486) y de Veracruz (415).

Un 46 por ciento de las mexicanas que abortaron de forma legal en la capital tenían entre 18 y 14 años de edad por lo que cursan estudios de secundaria y preparatoria. Asimismo las estadísticas del programa indican que 28 por ciento acudió en las primeras cuatro semanas de gestación, únicamente uno por ciento lo hizo en la doceava semana.

Etiquetas

Aborto, derecho a decidir, criminalización de mujeres por aborto, Derechos sexuales y reproductivos,

17/HZM/LGL

La organización internacional defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch, llamó a las y los legisladores de Brasil a rechazar la reforma constitucional que prohíbe totalmente el aborto, incluso cuando es producto de violación sexual.

El pasado 9 de noviembre 18 hombres de la Cámara de Diputados de Brasil emitieron su voto a favor de prohibir el aborto en el país, solo hubo un voto en contra, el de una mujer, Erika Kokay.

La legislación brasileña permite el aborto en caso de que la vida de la mujer esté en riesgo, si el embarazo fue resultado de una violación o si el feto se está desarrollando sin cerebro (anencefalia). Por alguna otra circunstancia, las mujeres y niñas que interrumpan un embarazo enfrentan tres años de cárcel.

La organización internacional alertó en un comunicado que el texto final de este proyecto se podría votar esta semana en comisiones, antes de que pase a votación en el pleno de la Cámara de Diputados (mayoría conservadora), en donde para convertirse en ley, debe recibir mínimo tres quintas partes de los votos y ser refrendada por el presidente de aquél país.

Por ello, el director para las Américas de Human Rights, José Miguel Vivanco, pidió a los integrantes de la comisión legislativa rechazar “esta peligrosa prohibición del aborto” pues “las mujeres y niñas brasileñas necesitan con urgencia un mayor acceso a opciones reproductivas, y no que les quiten incluso las pocas alternativas con las que cuentan”, dijo.

REVES A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Brasil comenzaba a marcar un precedente importante en la ampliación de los derechos reproductivos de las mujeres. En abril de 2012 el Supremo Tribunal aprobó la causal de aborto en caso anencefalia.

Para 2016 el Tribunal emitió un fallo en el que consideró inconstitucional criminalizar el aborto voluntario en el primer trimestre de gestación. Aunque la decisión sólo tuvo validez para un caso ocurrido en Río de Janeiro, significó un avance en el acceso al aborto.

Así, mientras la Cámara de Diputados brasileña busca la criminalización total del aborto, el Supremo Tribunal tiene pendientes de analizar dos casos de aborto. En un caso se discute la obligación del Estado por garantizar la interrupción del embarazo para las mujeres infectadas con el virus del Zika.

El otro, busca despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. Human Rights Watch acompaña ambos casos y presentó recientemente dos amicus curiae ante el Supremo Tribunal.

De acuerdo con información de la organización, en Brasil, 900 mujeres han muerto a causa de un aborto inseguro desde 2005, y tan solo en 2014, al menos 33 mujeres fueron detenidas por un aborto; a siete de ellas las denunció un médico luego de acudir a hospitales por atención médica de urgencia al someterse a métodos inseguros.

En el caso de las mujeres embarazas infectadas por el virus del Zika, en 2015 el Ministerio de Salud de Brasil alarmó sobre la relación entre el incremento de microcefalia en el país y la infección de este virus.

BRASILEÑAS SALEN A LAS CALLES

Las mujeres en Brasil han salido a las calles para protestar en contra de las decisiones de los legisladores. Con las consigas “Todos contra 18”, “Vientre libre” y “Por las vidas de las mujeres”, han manifestado su rechazo por la prohibición rotunda del aborto.

En tanto, otros países de Latinoamérica muestran avances significativos en el tema: en Chile se puso fin al régimen de prohibición del aborto y se amplió a tres causales. El 6 de diciembre se aprobó en Bolivia la realización de abortos en los hospitales públicos del país por cinco causales.

Por lo pronto, en el caso mexicano, el aborto sólo se permite en todo el territorio cuando es resultado de una violación y exclusivamente en la capital del país, de forma voluntaria hasta las 12 semanas de gestación.

17/HZM/LGL

El intento por despenalizar el aborto en Coahuila, fue desechado por las fracciones legislativas en el congreso del estado, debido a la presión de organizaciones sociales y actores políticos que estaban en contra de la propuesta del gobernador Rubén Moreira Valdés.

La “Asociación de Mujeres de la Laguna”, se pronunció en contra de la decisión de la legislatura saliente, que tuvo la oportunidad de cambiar la criminalización a la que se somete a las mujeres que incurren en esta práctica.

Se trata de alrededor de 10 organismos integrados en esta causa y a favor  de la despenalización del aborto en Coahuila. Aseguraron que la actual penalización es inoperante, pues desde hace 20 años que se tipificó el delito no ha habido ni una condena absolutoria o condenatoria por este delito.

El proyecto de reforma integral al Código Penal de Coahuila, buscaba despenalizar el aborto para que se pudiera practicar después de las 12 semanas de embarazo, sin límite para llevarse a cabo la interrupción, siempre y cuando el producto tuviera malformaciones graves, cuando estuviera en riesgo la vida de la madre o cuando el embarazo fuera producto de una violación.

El Ejecutivo estatal hizo llegar al Poder Legislativo un documento de más de 2 mil páginas con la propuesta del nuevo Código Penal y su exposición de motivos. El tema más polémico fue la flexibilización del aborto consentido.

Pero los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Unión Democrática de Coahuila, Partido Social Demócrata, Nueva Alianza y Primero Coahuila, acordaron que la LX Legislatura no haría ese cambio a pesar de que la propuesta estaba sustentada en brindar mejores condiciones para las mujeres que decidieran poner fin a su embarazo, en cualesquiera de las causales permitidas en la legislación.

“El mero remedio penal para el aborto ha sido inútil y además, una fuente inextinguible de innumerables abortos clandestinos: los que muchas veces realizan gente impreparada y en circunstancias de insalubridad o desatención que originan muertes, lesiones y graves peligros para la mujer”, justificaba la propuesta del Ejecutivo estatal, enviada al congreso estatal en septiembre pasado.

La integrante de la “Red de Mujeres de La Laguna”, Adriana Romo, indicó que con lo anterior se demuestra la doble moral, tanto del Ejecutivo, como de los diputados, ya que el primero manda una propuesta a favor de los derechos de las mujeres y los segundos la rechazan por cuestiones ideológicas y de partido.

Indicó que precisamente el derecho a decidir por parte de las mujeres es fundamental para protegerlas y en cambio en el legislativo, se prefiere anteponer la ideología de un partido o creencias personales.

“Por un lado, en el discurso hablan de estar a favor de los derechos de las mujeres, de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero en algo que es primordial, básico e indispensable para que las mujeres, están en contra”.

Dijo que al igual que en otros casos quedó en evidencia la pobre discusión que tuvieron para decidir que debería quedarse igual el Código Penal en el tema del aborto, porque no tomaron en cuenta la opinión de asociaciones que conocen el tema y que representan a las mujeres.

En tanto, los diputados locales del PAN celebraron el acuerdo logrado entre todas las bancadas del congreso local para “defender la vida del ser humano desde la concepción”, al decidir la no despenalización del aborto en Coahuila y mantener las consideraciones sobre el tema vigentes en el Código Penal, informó la legisladora Lariza Montiel.

La legisladora del PAN resaltó que se manda un mensaje a la sociedad de Coahuila, que en el caso del congreso local están a favor de la vida, asimismo se conservan las causales bajo las cuales no se va a criminalizar a la mujer que decida interrumpir un embarazo, como el caso de violación.

EN CONCORDANCIA CON NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Ante los ataques por parte de grupos conservadores y de derecha, el gobernador aseguró que la propuesta no era la legalización del aborto, sino evitar que las mujeres sean procesadas en el sistema penal.

En la reciente reforma al sistema penal acusatorio, el aborto dejó de ser considerado un delito grave, por lo que no es necesario aplicar la pena de prisión, sino que se puede acceder a “penas alternativas”.

Apuntó que nunca buscará la legalización del aborto en la entidad y que solamente está respaldando lo que ya se encuentra en la actual legislación en la materia.

17/SN/LGL

Además de ser uno de los cuatro países del continente americano donde la interrupción del embarazo está totalmente prohibida y penalizada en todas sus formas, República Dominicana se encuentra entre los países de la región con mayor número de embarazos adolescentes; para los 19 años, casi la mitad de las dominicanas (43,9 por ciento) han tenido por lo menos un parto.
 
“La tasa de mortalidad materna es de 106 casos por cada 100 mil nacidos vivos” una alarmante cifra que supera la media de la región (77), indica la directora del Centro de Estudios de Género (CEG-INTEC), Lourdes Contreras. Las hemorragias y abortos son unas de las principales causas de muertes maternas, “en el caso de las menores de edad, cerca del 13 por ciento de las muertes son a causa de abortos inseguros”, señala Contreras. En este punto, como dice la consigna del movimiento de mujeres dominicanas, “el Aborto es Por La Vida”.
 
Desde hace veinte años se lleva debatiendo en el país sobre la necesidad de cambiar el actual Código Penal (que data de principios del siglo XIX). En el año 2014 se logró ratificar una ley que permitía la interrupción del embarazo en tres causales: en los casos de violación o incesto, cuando está en riesgo la vida de la gestante y cuando una malformación del embrión es incompatible con la vida, pero esta realidad nunca llegó a materializarse y el 15 de diciembre de 2016 volvió a quedar totalmente penalizado el aborto en el país.
 
Por ello, feministas dominicanas salieron a manifestarse frente al Congreso Nacional de Santo Domingo, la capital del país, cuando se discutió en mayo pasado, en el Senado, el derecho de las mujeres a decidir y donde una vez más, el hemiciclo compuesto principalmente por hombres se otorgaba el privilegio de dictar sentencia contra el derecho a la vida de las mujeres; rechazar el aborto por causales manteniendo la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo en todas sus formas.
 
“Esto solo demuestra la misoginia de Estado”, lamentaba una de las mujeres allí presentes. “Vamos a acudir a todas las instancias necesarias, está en nuestra historia la lucha por la libertad y la justicia, no vamos a permitir que sustraigan nuestros derechos”, aseguró la representante del Foro Feminista Katherine Jaime.
 
“No es casualidad que ahora el Senado rechace las tres causales, están aprovechando que el Gobierno está involucrado en un escándalo de corrupción”, sentenció la activista. Y no. No es casualidad que en un país con unos índices de desigualdad alarmantes donde la pobreza tiene rostro de mujer todavía no se pueda ejercer el derecho al aborto ni siquiera cuando la vida de la gestante está en peligro. No es casualidad porque, en realidad, las únicas que están en peligro son las mujeres que no tienen recursos para costearse un aborto seguro en una clínica privada: una mayoría invisibilizada.
 
Han pasado cuatro años desde que Rosaura Almonte, más conocida como Esperancita, enfermó de leucemia y falleció en el mismo hospital que le negó el tratamiento por estar embarazada de un mes. Tenía 16 años. “Este tipo de casos siguen sucediendo”, explica la abogada del caso, Indiana J. Jiménez, “la impunidad en el país salpica a procesos como este en el que llevamos cuatro años solicitando el expediente al que todavía no hemos tenido acceso”. El asesinato legal de Esperancita es uno de tantos ejemplos que evidencian que las mujeres jóvenes con menos recursos son las más afectadas por la penalización del aborto; por lo que las feministas exclamaban frente al Hemiciclo: “¡Congreso Nacional, asesino de mujeres!”.
 
CONSPIRAR CON LA NATURALEZA
 
Ajena a todo el ajetreo de la ciudad, en el pequeño pueblo de la Ciénaga en la provincia de Barahona, vive María Esther. Ella tiene 28 años y tres hijos de 6, 5 y 3 años, respectivamente. Trabaja como secretaria de la única cooperativa de mujeres que existe en la localidad. “Aquí hay muchas mujeres que abortan pero de eso no se habla porque es un pecado mortal”, asegura antes de cambiar de tema cuando un hombre entra por la puerta de la cooperativa. “Mi prima abortó”, continua Esther, “ella se metió varias pastillas de Citek por ahí abajo y se tomó un jugo rojo. Pero si quieres votar un embarazo también hay gente que prepara botellas”.
 
“Las botellas generalmente se preparan de simples hierbas que todo el mundo sabe pa’ que son, ahora bien, pocas se atreven a reconocerlo en público, pero la utilizan”, explica Minerva Reyes, quien se define “como mujer, como Negra, como campesina y como abogada constitucionalista”. Ella vive en la capital de Barahona y conoce bien este tipo de remedios abortivos naturales: “Yo creo que el aborto es una opción ancestral que nos ha brindado la madre naturaleza en una forma de conspiración directa con ella. El aborto es una opción que debe existir, la posibilidad de traer o no una nueva vida a costa de nuestros cuerpos”.
 
Según el Código Penal vigente, la mujer que por cualquier medio cause la interrupción del embarazo será sancionada de 2 a 3 años de prisión. En el caso del personal médico, parteras y demás profesionales, la pena es mayor: de 4 a 10 años, siendo en ambos casos la pena máxima de 30 a 40 años de cárcel.
 
FRENTE A LA MORAL CRISTIANA DOMINANTE, 28 LUNAS
 
Cansadas de un Estado que no las representa, un grupo de mujeres decidieron que no iban a obedecer leyes que vulneran sus derechos. Bajo el nombre de “28 Lunas” un grupo de activistas creó a finales de 2016 una línea telefónica (o hotline) para informar sobre “aborto seguro”. Según explica a través de esa misma línea Marina, una de las integrantes de la organización, ellas ofrecen a las mujeres información sobre cómo interrumpir un embarazo con misoprostol, un medicamento que en República Dominicana se vende bajo el nombre comercial de Citek.
 
 “Les damos las indicaciones médicas necesarias (basadas en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS) y, sobre todo, apoyo emocional. De hecho, hay mujeres que ya conocen el proceso pero que igualmente nos llaman porque necesitan acompañamiento”. Marina explica que el apoyo que ofrecen a las mujeres es vital ya que a veces el sentimiento de culpa les duele más que el sangrado que provocan las pastillas.
 
Cuando Amanda (pseudónimo utilizado para proteger la identidad de la entrevistada) se enteró de su embarazo, sintió cómo el futuro que estaba construyendo se tambaleaba. Habitante de una comunidad empobrecida de Monte Plata, al este del país, ella es estudiante y madre de una niña de dos años. Amanda sabía que no quería tener ese bebé pero ¿cómo? ¿en quién confiar para realizar algo en contra de la moral cristiana dominante?
 
En una pared de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) encontró una posible solución: un grafiti que rezaba “Aborto seguro” y un número de teléfono. “Necesitaba hacerlo y decidí escribirles por Whatsapp”. Al otro lado de la línea la misma Marina recibió la llamada y le aportó la información necesaria para que Amanda pudiera decidir sobre su cuerpo y su futuro.
 
Las 28 lunas recomiendan el uso del Citek porque sus efectos son “exactamente iguales a los de un aborto natural”. Según asegura Marina, hasta ahora las mujeres atendidas por las 28 lunas han realizado el proceso sin complicaciones pero, teniendo en cuenta que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo se arriesgan a penas de cárcel, tienen un protocolo para que sepan cómo actuar en caso de que, por ejemplo, un médico trate de interrogarlas: “Es importante que no se pongan nerviosas y que sepan que solo pueden ser descubiertas si declaran haberse inducido un aborto o si se encuentran restos del medicamento, de ahí que recomendemos el método sublingual ya que de este modo es más fácil eliminar los restos”.
 
SERMONES VS. DERECHOS
 
“Esas sucias lenguas quieren embaucar a nuestros jóvenes en la cultura de la fornicación”, ladra uno de tantos predicadores que lanzan sus discursos en las horas pico del metro de Santo Domingo. Con una temperatura media anual de 25 grados, la República Dominicana es un país caliente en todos los sentidos: la bachata, el merengue, el reguetón y el dembow, marcan los ritmos del ambiente caribeño.
 
A pesar de que la juventud dominicana comienza su vida sexual para los 12 ó 13 años, en las escuelas no se trata el tema de la salud sexual y reproductiva y esa es, según estudios sobre género y juventud, la causa fundamental por la que se perpetúa un imaginario de futuro desigual entre adolescentes. Mientras que las niñas enfocan su vida a la maternidad, los niños tienen otros referentes menos dependientes.
 
Esta realidad está tan naturalizada e interiorizada que “un artículo reveló que una de las abuelas más jóvenes del mundo era una dominicana de 26 años”, apunta la directora del CEG.
 
Hasta ahora la medida de prevenir el embarazo adolescente se limita a reforzar la conservadora idea de mantenerse virgen hasta el matrimonio, tratando de alejar a la juventud de su vida sexual con campañas superficiales que les dicen “Tú No Ta’ Pa’ Eso”.
 
Convencida del problema estructural que conlleva la falta de educación sexual, la ginecóloga obstetra Liliam Fondeur asegura que las dominicanas “queremos educación sexual basada en los derechos y no en el miedo”.
 
17/AM/IM

La reciente condena de Evelyn, una joven que acaba de cumplir los 19 años, pone de nuevo en evidencia que en El Salvador, las mujeres se enfrentan a graves situaciones de misoginia, y que, en determinadas circunstancias, son sometidas a procesos de estigmatización que cierran sus proyectos de vida, debido a severas condenas y criminalización.
 
Evelyn era una adolescente que estudiaba y vivía con su familia en una comunidad rural en el centro del país. Una zona con fuerte presencia de pandillas, donde el Estado no logra garantizar la seguridad de la población en general y menos la de las mujeres, sobre todo si son adolescentes y jóvenes. En este contexto las frecuentes relaciones sexuales forzadas a las que las jóvenes son sometidas, ocurren en el silencio, debido al miedo por las amenazas a muerte y la extorsión. Evelyn nunca denunció una violación, sin embargo el miedo que manifiesta al hablar de ello, permite pensar que ese fue el contexto que vivió.
 
En abril del 2016, Evelyn sufrió una complicación obstétrica: un parto precipitado, prematuro y extrahospitalario en su vivienda, con un desgarro y una fuerte hemorragia vaginal, por lo que su madre y vecinos la llevaron al Hospital Nacional de Cojutepeque, en la Cabecera del Departamento de Cuscatlán. Allí, en la misma sala de emergencia donde recibía asistencia sanitaria, fue acusada de haberse provocado un aborto y trasladada directamente a prisión, siendo acusada semanas más tarde de homicidio agravado.
 
Pese a que Evelyn ha reiterado que no sabía que estaba embarazada y que no hizo nada para provocar la muerte de su hijo, la Fiscalía General de la República y la Jueza se niegan a aceptar su versión, le han condenado, sin pruebas directas, a una pena de 30 años de cárcel.
 
En El Salvador desde hace 20 años existe una de las leyes de mayor rigor en materia de aborto en el mundo, sin excepción alguna considera el aborto como un delito, y aunque el aborto tiene penas que van de 2 a 8 años de cárcel, la estigmatización, el ambiente punitivo y de persecución que provoca, tiene otras graves consecuencias.
 
El personal sanitario en hospitales públicos se ve presionado a denunciar cualquier sospecha de aborto y a violentar su deber de secreto profesional con sus pacientes, ya que aún sin tener suficiente evidencia y una investigación previa les denuncian para no ser acusados de complicidad de delito. Esta situación ha generado que más de la mitad de mujeres acusadas de aborto y la mayoría de mujeres condenadas por homicidio agravado en sus hijos e hijas recién nacidos, hayan sido denunciadas en las salas de emergencia de hospitales del sistema público de salud.
 
Una consecuencia todavía más grave, es la pérdida de la presunción de inocencia que las mujeres enfrentan cuando se les considera sospechosas de haberse provocado un aborto, pues de inmediato son consideradas asesinas. Son criminalizadas independientemente que no existan pruebas de su actuación, se les acusa y condena de la muerte de sus criaturas. Incluso cuando los peritajes científicos explican causas de muerte indeterminada o no provocada como en el caso de Evelyn.
 
La experiencia de defensa de “Las 17 y más” (Campaña por la Libertad de Mujeres impulsada por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador) ha mostrado que son numerosas las sentencias contra mujeres que reflejan el alto grado de misoginia y el estigma que provoca la penalización absoluta del aborto. El caso de Evelyn es similar al de otras mujeres que han tenido que pasar años en la cárcel hasta que los Tribunales, después de revisar sus sentencias o mediante otros recursos como el indulto, han debido reconocer que sus condenas estuvieron basadas en errores judiciales.
 
Las luchas de organizaciones sociales y estrategias de defensa jurídica a nivel nacional e internacional, han permitido que algunas mujeres recuperen su libertad, pero a pesar de que instancias como la Corte Suprema de Justicia han reconocido el error al condenarlas, ninguna institución pública se ha comprometido hasta ahora a reparar nada del daño que les han causado.
 
Evelyn al igual que otras mujeres, ha sufrido una cadena de desprotección estatal y violación a sus Derechos Humanos. No se le protegió debidamente frente a un ambiente de amenazas y violencia sexual, no tuvo información y educación integral en sexualidad pues el sistema público de educación no la incluye, acudió a un establecimiento de salud en búsqueda de atención médica y fue denunciada y encarcelada, no se le respetó el debido proceso y la presunción de inocencia, finalmente ha sido condenada, sin pruebas directas, que demuestren el dolo o su intención de matar.
 
Lo paradójico es que El Salvador ahora se presenta en foros internacionales como un Estado que respeta los derechos de las mujeres dando a conocer la Ley Especial, Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Pero la vida cotidiana que enfrenta la mayoría de mujeres, especialmente si son jóvenes y viven en situación de pobreza, es aún muy lejana de los propósitos que se plantea esta moderna legislación.
 
Múltiples factores de marginación y discriminación marcan las distancias entre ese país seguro del que habla la ley, con las realidades concretas que enfrentan las mujeres. Uno de estos obstáculos, es la persistencia de estereotipos sexistas en el razonamiento jurídico y la argumentación de sentencias judiciales basadas en indicios que condenan a las mujeres por crímenes que no cometieron.
 
Por otro lado, desde hace unos años, El Salvador también aprobó la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia (Lepina), y las instituciones reiteran su especial preocupación por la protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Evelyn cuando empezó a vivir esta cadena de violaciones aún era una adolescente, pero su vida y su integridad no han sido protegidas, pese al reconocimiento de la “obligación del Estado, a brindar la seguridad y certeza jurídica que toda niña, niño y adolescente necesita para su pleno desarrollo”.
 
Evelyn tiene ahora 19 años y enfrenta desde el 5 de julio una condena de 30 años de cárcel, pero su situación no se considera violencia estatal, pese a que el Estado de El Salvador reconoce como “Violencia Institucional: Es toda acción u omisión abusiva de cualquier servidor público, que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres; así como, la que pretenda obstaculizar u obstaculice el acceso de las mujeres al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones, tipos y modalidades de violencia conceptualizadas en esta ley”.
 
La injusta condena de Evelyn ha impactado a la sociedad salvadoreña y a la comunidad internacional que de nuevo señala a El Salvador como un país que no respeta plenamente los derechos de las mujeres. Por ello, Evelyn es un nombre que ahora va unido a la indignación, a la lucha por la justicia y la libertad para las mujeres.
 
* Este artículo fue retomado del boletín de la Fundación Heinrich Böll Stiftung
 
17/MH

Apenas tomó posesión al frente del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump mostró cuál es una de las obsesiones y franquicias del ejercicio del control y poder que el sistema patriarcal otorga a un hombre: la tutela y el dominio sobre el cuerpo de las mujeres, empezando por el derecho a decidir sobre la maternidad.
 
En lo que parecía una mesa de la Edad Media o de los países donde las mujeres viven un sistema de control y opresión impuesto por medio de la religión, el presidente de los Estados Unidos firmó uno de sus ya famosos acuerdos en el que el Gobierno retira el apoyo a las organizaciones no gubernamentales que realicen o den información sobre el aborto.
 
De acuerdo con los medios, la medida “prohíbe financiar con dinero oficial a cualquier entidad extranjera que realice abortos y difunda información sobre esa práctica como un método anticonceptivo aceptable”. En el acto, que recibió gran cobertura,  Trump aparece firmando rodeado de varios hombres. 
 
Retirar el apoyo a las organizaciones fue su respuesta a la marcha multitudinaria encabezada y convocada por las mujeres en forma de protestas a los absurdos anuncios de Trump en materia de migración y otras libertades en contra de la propia población del vecino país.
 
Silvia Federici, en su excelente libro “Calibán y la bruja”, nos da la respuesta de este gesto que se vuelve un mecanismo de control y es a la vez una expresión de la violencia contra las mujeres: es el mecanismo del sistema capitalista sobre el cuerpo de la mujer como sobre la población, una equivalencia a la “fábrica de los obreros”.
 
La demócrata Rosa de Lauro dice que es “una forma que tienen los conservadores para apaciguar a los contrarios al aborto, a expensas de las mujeres en situaciones difíciles en muchos países”.
 
Eso explica por qué Trump  --conocido en el mundo por no tener un ápice de moral para sus negocios, que ha ido de uno a otro matrimonio adquiriendo guapas esposas bajo ese mecanismo de “comprar los genes”; dispuesto a la especulación, a la mentira y al fraude como algo “lícito” para seguir haciendo dinero, incluyendo la explotación de sus trabajos—quiere ahora hacernos creer que tiene una “alta moral”, que en realidad enmascara su deseo de complacer a los conservadores y sumarlos a su favor ante la evidente falta de simpatías.
 
Más aún, Trump entra en el escenario con el mismo perfil que los hombres de medio oriente y los países que siguen resolviendo asuntos relativos al cuerpo de las mujeres sin dejar que nosotras opinemos y decidamos. S e arrebata el control sobre la maternidad poniendo en riesgo la vida de las mujeres que decidan abortar.
 
Frente a ese escenario, las organizaciones que realizan acompañamientos para la interrupción del embarazo, el aborto seguro, afrontan un difícil escenario en Estados Unidos. Sin embargo, Trump, el más anti moral, es quien adquiere el liderazgo hipócrita de los “provida”, amparados en un dogma que no entienden ni les interesa quién lo sostiene.
 
Hitler o Trump no tienen nada de diferente, pero los “provida” enarbolarán sus posturas como discursos humanistas y de protección a la vida. Mientras defiende a los “fetos” lanza “al horno”, abandonándolos en medio del mar, a los sirios, iraníes, iraquíes y, por supuesto, asume igual que todos los dictadores una postura pública misógina que jamás ha sido parte del cristianismo de Cristo, pero sí de los cristianos patriarcales que han tomado el cuerpo de la mujer como rehén y extensión del pudor, que no poseen, para obligarlo a ser lo que ellos mismos no pueden ser.
 
Lo más grave es que haya personas cristianas o de cualquier fe que se dejen engañar por Trump, y crean que su postura es movida por la “fe”, porque dicen que “está mal abortar”, mientras que miles de personas en Estados Unidos o en otras partes del mundo están preocupadas sobre lo que ocurrirá con sus familias por la prohibición de entrar al territorio de esa nación a las personas de procedencia de países musulmanes o en conflicto bélico.
 
No hay cabida para “dobles discursos”. Defender el argumento “a favor de la vida” de Trump, sin mirar la amenaza a la vida y la integridad de miles de trabajadores migrantes, muchos de ellos mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos, y contribuyen con su trabajo diariamente para sostener esa nación, habla de esa cómoda ignorancia que asumen desde la “falta de conocimiento que ha perdido a los pueblos”.
 
Es además de vergonzoso, falta de lógica y congruencia discursiva que se acepte el mensaje de Trump como una “defensa a la vida”, mientras que está condenando a la muerte a miles de migrantes sirios que tenían la esperanza de ingresar a ese territorio.
 
Por otro lado, abrir la frontera a los “cristianos” solo evidencia el odio exacerbado contra la población musulmana, “prójimos” desde esa óptica cristiana que están siendo masacrados desde hace años por armas de países “católicos”.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GGQ