Instituto Veracruzano de las Mujeres

Militante panista y política en contra de la despenalización del aborto, Yolanda Olivares Pérez, fue designada por el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, como directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), cargo desde el que, dijo, asumirá el compromiso de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las veracruzanas.

Olivares Pérez asumió el cargo este jueves 4 de enero en medio de polémicas por su militancia panista y por ser asesora de la presidenta de la Comisión de Igualdad y Género del Congreso local, Teresita Zuccolotto Feito, una de las diputadas que rechazó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en septiembre del año pasado.

La nueva directora, según dijeron defensoras de Derechos Humanos a Cimacnoticias, tiene dos retos ante la crisis de violencia que viven las veracruzanas: fortalecer el trabajo del Instituto y atener las dos Alertas de Violencia de Género (AVG) vigentes en la entidad, una por feminicidio (decretada en noviembre de 2016) y la otra, por los obstáculos que tiene las mujeres para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, emitida en diciembre pasado.

La nueva directora del IVM fue designada por el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, entre una terna de aspirantes integrada por los dos Consejos Social y Consultivo del Instituto, y que incluía a la ex secretaría del Ayuntamiento de Veracruz, Diana Álvarez Salas y a la académica en Derecho, Rosa Hilda Rojas Pérez.

Finalmente, el gobernador otorgó a Olivares Pérez la responsabilidad de liderar el Instituto Veracruzano, a pesar de la polémica sobre la militancia panista de la candidata.

En su toma de protesta, Yolanda Olivares, aseveró que como parte de su agenda busca coordinar esfuerzos con los poderes legislativo y judicial para “garantizar los Derechos Humanos de las mujeres”, y sin dar detalles, aseveró que emprenderán acciones estratégicas para beneficiar a “todas las mujeres que viven en Veracruz”, reportaron medios locales.

RETOS: ATENDER DOS ALERTAS

La directora de la agrupación Equifonía AC y peticionara de las dos Alertas de Género en Veracruz, Aracely González Saavedra, dijo en entrevista telefónica que la funcionaria ahora tiene como principal desafío atender los altos números de asesinatos de mujeres, la violencia sexual y el contexto de violencia generalizada que afecta a las veracruzanas.

González Saavedra dijo que no deben existir conflictos de intereses por la afiliación partidaria de la directora ya que la obligación de Yolanda Olivares es cumplir con el objetivo por el cual fue creado este Instituto, señaló. “Prevenir, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten una cultura de equidad de género e implementar políticas públicas que favorezcan el desarrollo integral de las mujeres”, precisa la ley de creación de la institución.

“El instituto juega un papel fundamental para incorporar los derechos de las mujeres en las políticas públicas que diseñan las diferentes dependencias”, indicó la directora de Equifonía, por ello Olivares Pérez debe buscar fortalecerlo y retomar las acciones a favor de los derechos de las mujeres en Veracruz.

Por su parte, la representante del Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres, Alma Celia San Martín Cruz, hizo hincapié en la obligación de cumplir con las dos Alerta de Género. Las medidas que se desprenden de este mecanismo incluyen generar políticas públicas para prevenir, atender y sancionar los casos de asesinatos de mujeres por razones de género.

En el decreto de Alerta por agravio comparado, es decir, por tener disposiciones que limitan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, emitido el 13 de diciembre de 2017, se llama a despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, añadir a la legislación que en casos donde corra peligro la salud de la mujer gestante ella podrá solicitar la interrupción del embarazo y derogar el límite de 90 días para que una víctima de violación solicite la interrupción del embarazo.

Otras acciones recomendadas por medio de esta Alerta son asegurar que los servicios médicos implementen la Norma Oficial Mexicana 046, que establece los criterios para permitir el acceso al aborto en casos de violación sexual sin interponer una demanda penal y garantizando la atención integral a las víctimas de este delito.

Estas acciones, demandas por la Secretaría de Gobernación (Segob), recordó la representante del Frente Veracruzano, son avaladas por instrumentos y organismos internaciones en materia de derechos de las mujeres, como el Comité de Expertas para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

San Martín Cruz dijo que en próximos días esperan tener una reunión con la directora para trabajar a favor de las veracruzanas. En tanto, Araceli González, señaló que siguen pendientes las reuniones con la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) para diseñar el plan de trabajo que seguirá el gobierno estatal tras la emisión de la AVG por agravio comparado.

Olivares Pérez sustituyó a Sara Gabriela Palacios Hernández que estuvo al frente del Instituto por un año y quien fue severamente crítica por la sociedad civil por la inacción ante la problemática del feminicidio y los derechos sexuales y reproductivos. La gestión de la nueva directora será de un periodo de tres años (2018-2020).

17/HZM

Yolanda Olivares Pérez, Diana Álvarez Salas y Rosa Hilda Rojas Pérez, son la terna seleccionada por las integrantes del Consejo Consulto y del Consejo Social para dirigir el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM); ahora será turno del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares decidir quién ocupará el puesto.

Después de un proceso plagado de críticas y la salida de dos consejeras del IVM, Mónica Robles Barajas y Ana Irene Muro Lagunes, quienes denunciaron “anomalías en el proceso”, el pasado 22 de diciembre los dos Consejos concluyeron la selección de tres aspirantes para liderar el Instituto Veracruzano de 2018 a 2020.

Los nombres de las candidatas ya fueron entregados al gobernador, aunque no tienen feche establecida para elegir a la nueva directora del IVM se espera su pronta respuesta. Quien asuma el cargo, además de generar política pública para asegurar una vida libre de violencia para las veracruzanas, debe hacer frente a la dos Alerta de Violencia de Género que ha sumado el estado, una por agravio comparado y otra por el feminicidio.

ASPIRANTES CON PERFIL DE DERECHA

Entre la terna esta la militante del Partido Acción Nacional (PAN), Yolanda Olivares Pérez, quien funge como asesora de la diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad y Género del Congreso local, Teresita Zuccolotto Feito, una de las legisladoras que frenó la reforma para la despenalización del aborto el pasado septiembre de 2017.

Olivares Pérez imparte pláticas de violencia contra las mujeres y se desempeñó como consejera del Instituto Electoral Veracruzano, indica el perfil que presentó.

Otra de las mujeres que busca dirigir el IVM es la vicepresidenta del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en Veracruz (OCEG), Diana Fabiola Álvarez Salas. Ella fue Secretaria del Ayuntamiento de Veracruz y ha defendido la reforma al Artículo 4 de la Constitución local que protege la vida desde la “concepción”.

Dicha reforma entró en vigor en agosto de 2016 y fue impulsada por el ex gobernador y hoy preso, Javier Duarte, junto con jerarcas de la Iglesia Católica.

Además, el OCEG donde Álvarez es vicepresidenta, es dirigido por la actual presidenta del Consejo Consultivo del IVM, Minerva Cobos Lucero, una de las encargadas en la selección.

La tercera candidata es Rosa Hilda Rojas Pérez, actualmente académica de la Facultad de derecho de la Universidad Veracruzana (UV) y quien el año pasado fue aspirante para ser titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, pero no fue seleccionada por su falta de experiencia en tema. Actualmente es integrante del grupo multidisciplinario para definir acciones contra la violencia de género en Veracruz.

Esta terna fue resultado de un proceso de evaluación de 11 aspirantes registradas a la convocatoria publicada el 28 de noviembre en la Gaceta Oficial local. Dos de ellas no cumplieron con los requisitos y otras dos desistieron.

Sin embargo, en esta terna destaca el perfil de mujeres que han ido en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas. Otras de las aspirantes que figuraban era: Denisse Guadalupe Castán, Martha Emilia Rodríguez, Trinidad López Herrera, Itzel Jurado Ortiz, Rosalba Hernández Hernández, Guadalupe Martínez Hernández e Irma del Carmen Guerra Osorno.

Incluso la actual directora del IVM, Sara Gabriela Palacios Hernández, buscó su reelección pero no fue seleccionada para continuar en el cargo.

Días antes de que se conformará la terna, las consejeras Robles Barajas e Irene Muro, informaron en un comunicado que saldrían del proceso de selección pues no estaban dispuestas a avalar las candidatas, “por ser un proceso descuidado, poco transparente y equitativo, sin imparcialidad y uniformidad en los criterios de selección”, dijeron.

LO QUE DEJÓ SARA PALACIOS

La crisis en el IVM ha sido criticada por las organizaciones civiles desde la administración de Sara Gabriela Palacios. Desde su llegada se le acusó del despido masivo de trabajadoras en el Instituto para poner en su lugar a personal sin experiencia en el tema de derechos de las mujeres.

El año pasado también grupos feministas pidieron la renuncia de Palacios Hernández cuando manifestó que era necesario consultar a la iglesia católica sobre la propuesta para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, que se estaba discutiendo en septiembre en el Congreso como parte de las acciones de la solitud de la Alerta de Género por agravio comparado.

Por esos comentarios la Comisión Nacional de Para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, dependencia de la Secretaría de Gobernación (Segob), pidió que se retirará a Sara Palacios del Grupo de Trabajo encargado de atender la segunda Alerta.

Según el informe de labores del IVM, en 2017 bajo la administración de Sara Palacios, se han emprendido acciones para prevenir y atender la violencia familiar, a víctimas de violencia sexual en trasporte público; impartido talleres de empoderamiento económico para las mujeres y perspectiva de género a instituciones del estado.

Pero no se hace referencia a las acciones sobre las víctimas de violencia sexual y el acceso a la interrupción del embarazo y los asesinatos de mujeres, omisiones que le han costado dos Alertas de Violencia de Género a Veracruz.

La primera que responde a la urgente atención de los casos de feminicidio en 11 municipios de Veracruz y la segunda, por  agravio comparado, que se decretó en diciembre de 2017 y que busca garantizar a las mujeres víctimas de violación su derecho a interrumpir un embarazo, así como la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, reforma que sea presentada y aprobada este año.

17/HZM

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron el Dictamen de reforma a diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz que incorpora la Fiscalía General del Estado (FGE) al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, dotándole de atribuciones en la materia.
 
Con 42 votos a favor de diputados de los partidos  Acción Nacional (PAN), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), del grupo legislativo Juntos por Veracruz y del legislador del Partido Verde (PVEM), el pleno avaló esta reforma con la también se establecen atribuciones al Tribunal Superior de Justicia, dado que el Poder Judicial es la instancia donde las mujeres requieren de mecanismos que faciliten su acceso a la justicia y de resoluciones con pleno apego a sus Derechos Humanos.
 
Esta reforma es resultado de la iniciativa que presentó el pasado 24 de enero la diputada Teresita Zuccolotto Feito a nombre del grupo legislativo del PAN.
 
Conforme a la reforma, corresponde a la Fiscalía General del Estado garantizar mecanismos expeditos en la procuración de justicia para asegurar el acceso de las mujeres a la justicia plena y promover la formación y especialización con perspectiva de género de las y los Fiscales y de todo el personal encargado de atender a las y los denunciantes.
 
También brindar a las mujeres víctimas de violencia la asistencia y orientación jurídica adecuada, de conformidad con los ordenamientos aplicables y evitar la conciliación en los casos de violencia contra las mujeres, en tanto dure la situación de violencia.
 
Alimentar el Banco Estatal de Datos en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres; elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género y brindar protección a las mujeres víctimas de violencia y a quienes denuncien cualquier tipo de violencia contra las mujeres.
 
Instrumentar, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, acciones para prevenir la violencia contra las mujeres y desarrollar campañas de difusión sobre los derechos de las mujeres víctimas de violencia.
 
Por lo que respeta al Tribunal Superior de Justicia del Estado,  le corresponde formar, actualizar y especializar a su personal en materia de Derechos Humanos de las mujeres y crear sistemas de registro que incorporen indicadores que faciliten el monitoreo de las tendencias socio­jurídicas de la violencia contra las mujeres y de su acceso a la justicia.
 
También promover una cultura libre de estereotipos de género, de roles y lenguaje sexista; informar sobre los procedimientos judiciales en materia de violencia de género contra las mujeres; coordinar, dirigir y administrar las órdenes y medidas de protección e informar sobre las circunstancias en cómo se ejecutan y alimentar el Banco Estatal de Datos en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres.
 
Emitir sus resoluciones con base en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de las mujeres y generar mecanismos, y promover su implementación para la detección de violencia contra las mujeres.
 
Las comisiones dictaminadoras coinciden en que ante la Alerta de
Violencia de Género emitida por la Secretaría de Gobernación a Veracruz en noviembre de 2016, donde existen obligaciones que deben cumplir tanto el Poder Judicial como la Fiscalía General del estado, es importante incorporar sus atribuciones en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

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En lugar de abrir nuevos espacios para atender a las mujeres víctimas de violencia de género, tal como lo mandata la Alerta de Género, el actual gobierno los ha cerrado, entorpeciendo el apoyo que se les brinda, aseguró Norma Ramírez, consejera fundadora del Instituto Veracruzano de las Mujeres.
 
Afirmó que la delegación del Instituto en Veracruz en el municipio porteño permaneció cerrada durante varias semanas y, aunque la abrieron, solamente destinaron a una persona, lo que resulta insuficiente para poder atender a las mujeres violentadas que llegan por ayuda.
 
Señaló que en el caso de Veracruz, el centro atendía a cerca de 400 mujeres al año, lo que provoca que el personal que pretenden ahora colocar sea insuficiente.
 
“También otra de las medidas que se piden es que los centros de atención a la mujer se fortalezcan y se creen y, al contrario, el de aquí a Veracruz que atendía a 400 mujeres al año está cerrado, apenas acaban de abrir de nuevo porque hemos estado nosotros pidiéndolo, pero solamente está una persona; cómo puede ser que una persona atienda a 400 mujeres”, aseguró.
 
Detalló que el Instituto Municipal de las Mujeres puede apoyar a las personas que sufran violencia de género, pero resulta insuficiente ya que no se da abasto. Indicó que por ello es importante que se encuentren funcionando los sitios pertenecientes el Instituto Estatal, que pretenden desaparecer.
 
Ramírez señaló que no sólo se debe reactivar el de Veracruz sino que además es necesario abrir otros en los otros 10 municipios que están contemplados  en la Alerta de Género, como son Boca del Río, Orizaba, entre otros.
 
Afirmó que las consecuencias, de no tomar estas medidas, son el incremento de casos de feminicidio, dado que no se estaría protegiendo a las mujeres.
 
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