Instituto Nacional de las Mujeres

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) presentó una propuesta para reformar el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en la que se facultaría al Grupo de Trabajo la decisión de procedencia o improcedencia de la Alerta de Violencia de Género (AVG).

La propuesta, presentada hace unos días ante organizaciones de la sociedad civil, incluye también la reducción del tiempo para declararla en máximo dos meses.

Según la reforma al Artículo 36 Ter del proyecto de Inmujeres que consultó Cimacnoticias, una vez aceptada la solicitud de Alerta y conformado el Grupo de Trabajo, éste tendría 45 días hábiles para realizar el estudio sobre el contexto de violencia contra las mujeres en el territorio solicitado.

La investigación que resulte ya no sería un “informe”, sino un “dictamen” pues el grupo de expertas además de entregar el estudio y las recomendaciones sobre la política pública que los gobiernos estatales deben cumplir, tendrían que incluir su decisión de procedencia o improcedencia de la emisión de la AVG.

Por ello el Inmujeres plantea añadir un Artículo 36 Cuáter, en el que se indica que “el Grupo de Trabajo votará sobre la declaración de la AVG; si las académicas resuelven que no hay elementos suficientes de violencia para declarar la Alerta el proceso terminaría y las organizaciones civiles no podrían presentar otra solicitud por los mismos motivos sin que hubieran transcurrido por los menores tres meses”, puntualiza el documento de reforma.

En caso de que exista un empate en la votación del Grupo de Trabajo conformado por 8 personas, quien coordine el grupo de expertas decidiría por el resto del equipo.

Cabe resaltar que Inmujeres propone que la coordinación del Grupo de Trabajo la realice una persona de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) dependencia de la Secretaría de Gobernación (Segob).

GRUPO DE TRABAJO DEBE SER AUTÓNOMO

Al ser consultadas por esta agencia, integrantes de OSC expertas en violencia de género, denunciaron que si el Grupo de Trabajo no cuenta con la experticia y autonomía las Alertas terminarán por frenarse.

Para la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada Mendoza, la imparcialidad, autonomía y especialización de los Grupos de Trabajo es una demanda que han exigido en reiteradas ocasiones las organizaciones peticionarias de las AVG.

Recordó que la no politización de la AVG es un logro de las organizaciones civiles. Desde la última reforma publicada en 2013 al reglamento de la Alerta, la Secretaría Ejecutiva conformada por las titulares de los institutos de las mujeres dejó de decidir la declaración del mecanismo, la decisión pasó a manos de Segob con base en las pruebas que entreguen las expertas.

Sin embargo se ha visto que estos Grupos de Trabajo no están conformados por personas especializadas en temas de violencia de género: como violencia feminicida, desaparición de mujeres, trata de mujeres o violencia sexual, por el contrario son “grupos a modo”, denunció la coordinada del OCNF, organización que ha tramitado la AVG de entidades como el Estado de México y la Ciudad de México.

En ello coincidió la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, “No tenemos especialistas sobre este tema en el país, si te fijas en todos los informes de los Grupos de Trabajo las recomendaciones para los gobiernos son una copia, no contextualizan la situación de cada estado. Ahora el Grupo de Trabajo va a tener esa posibilidad de decidir pero desde el desconocimiento y los juegos políticos”, señaló.

Inmujeres insiste que en el Grupo de Trabajo deben seguir participando una representante del Instituto y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); dos académicas de carácter nacional y dos que radiquen dentro del territorio donde se solicitó el mecanismo.

En la experiencia que ha tenido como peticionaria de la AVG en Guanajuato, Sánchez Cruz cuestionó los aportes que han tenido en el proceso de investigación estas tres instituciones (CNDH, Inmujeres y Conavim):

“La CNDH no ha hecho alguna aportación sustantiva en la investigación, Inmujeres debería salirse del grupo porque fue creado para vigilar la transversalidad de la política pública en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres”.

En el caso de Conavim, la directora del Centro las Libres indicó que le corresponde no sólo vigilar las Alertas sino aportar personal profesionalizado en género. “Si Conavim tuviera este equipo técnico de especialistas no tendría que hacer las convocatorias, el problema es que no tiene la capacidad y lo que hace son negociaciones políticas discrecionales”, sentenció.  

Esta ha sido una crítica reiterada a Conavim recientemente, al no decretar la Alerta en estados como Puebla y Tlaxcala donde las organizaciones han documentado el aumento de los casos de feminicidio y la desaparición de mujeres.

La asesora jurídica de la asociación Equifonía, peticionaria de las dos Alerta de Veracruz (violencia feminicida y agravio comparado), Adriana Fuentes Mazo, aportó otro factor determinante para que los Grupos de Trabajo tengan mejores condiciones para funcionar: no tienen el tiempo suficiente para hacer una investigación de campo profunda y no se les entregan recursos económicos para que lo realicen, su participación es voluntaria.

Con estas modificaciones al reglamento, las autoridades de los estados ya no contarían con un plazo de seis meses para atender las observaciones de los Grupos de Trabajo; la Conavim remitiría directamente el dictamen de las académicas a la Segob, quien con estos elementos tendría 10 días para informar la decisión final sobre la declaratoria de la Alerta.

Por lo tanto, el proceso se reduce a dos meses, un avance importante coinciden las defensoras de los derechos de las mujeres, ya que la burocracia y negativa de las instituciones ha hecho que las Alertas tarden años de emitirse, por ejemplo, en el Estado de México se tardó 5 años.

Otra facultad que se le daría al grupo de expertas es que tras reunirse tendrían la posibilidad en un periodo de tres días de solicitar a Segob que dicte una serie de medidas de emergencia a los gobiernos locales con el fin de que las implementen de inmediato en los municipios en los que se solicitó la AVG.

La Secretaría vigilaría que estas medidas se cumplan por medio de un informe que entregarían los estados mientras se decide en los dos meses la procedencia de la AVG.

AVG CON CADUCIDAD

En este sentido Inmujeres también precisa en el Artículo 37 que las académicas deben incluir en el dictamen “la vigencia que tendría la declaratoria”, con ello la AVG se reduce a un “instrumento de intervención gubernamental de emergencia”, se describe.

La actual normativa indica que “la declaratoria de Alerta de Violencia de Género tendrá como finalidad detenerla y erradicarla, a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios”.

Asimismo la reforma plantea incorporar un Artículo 30 Bis en el que se indican dos motivos por los cuales procedería una solicitud de Alerta de Género: “cuando exista en un lugar determinado un contexto de violencia feminicida contra las mujeres”, y/o, “cuando exista un agravio comparado”.

Luz Estrada señaló que es necesario revisar la redacción de este Artículo porque podría generar trabas al momento de la solicitud y condicionar a las organizaciones civiles a presentar pruebas de que existe violencia de género en el territorio en el que piden el mecanismo, una tarea que actualmente es responsabilidad del Grupo de Trabajo por medio de la investigación exhaustiva. Las asociaciones civiles sólo deben presentar a la Secretaría Ejecutiva los documentos del trámite y el motivo de la solicitud.

Las agrupaciones que recibieron por parte de Inmujeres esta propuesta ya enviaron sus observaciones, por lo que esperan que éstas sean escuchadas. La principal demanda es que se les integre dentro del proceso de AVG no sólo como peticionarias y fortalecer la actuación del Grupo de Trabajo con la participación de personal especializado en investigación criminal, política pública en género y derechos de las mujeres.

Actualmente son 28 solicitudes de Alerta de Violencia de Género que se han hecho en el país. En 12 entidades el mecanismo se decretó y está vigente: Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit.

En tanto, en 7 entidades Segob decidió no declararla: Querétaro, Tlaxcala, Sonora, Puebla, Tabasco, Baja California y Guanajuato. 

17/HZM/LGL

En un proceso plagado de irregularidades, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió el pasado 4 de agosto la resolución para liberar a Sonora de la posibilidad de declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG).
 
En el documento publicado en la página de internet del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) la dependencia resolvió que no se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar la Alerta en el estado de Sonora.
 
No obstante, recomendó al gobierno del Estado fortalecer las capacidades institucionales para atender esa problemática, particularmente aquella que se suscita en razón de la violencia generalizada en el municipio de Cajeme.
 
Asimismo señala algunas medidas que deberá tomar la administración para impulsar políticas públicas que permitan garantizar los Derechos Humanos de las mujeres, primordialmente el derecho a una vida libre de violencia.
 
Una de las medidas es la implementación del Protocolo Alba con la finalidad de atender los casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en Cajeme.
 
Otra medida es crear un mecanismo interinstitucional con un enfoque operativo y un marco regulatorio suficiente para establecer, mediante análisis de riesgos sustentados en criterios objetivos y en una metodología replicable que considere el contexto particular de las víctimas, así como la situación de violencia generalizada en el territorio en el que éstas desarrollan su vida.
 
Una medida más es la necesidad de implementar esquemas y medidas de protección individuales y colectivas para atender los casos de  violencia contra las mujeres, con un enfoque diferenciado en razón de género y de las especificidades culturales de las personas beneficiarias de las mismas.

Según la resolución de Segob es indispensable una metodología para dar seguimiento a reportes de violencias contra las mujeres, así como los casos de emisión de órdenes de protección para el resguardo de la integridad y vida de las víctimas de violencia.
 
En el documento no aparece el voto razonado a favor de la declaratoria de Aleta de Género de dos de las integrantes del Grupo de Trabajo: de la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Norma Inés Aguilar León y de la profesora investigadora de El Colegio de Sonora, Mercedes Zúñiga Elizalde.  
 
En sus razonamientos, Aguilar León explicó que para la CNDH la interpretación de los avances de la entidad deben llevarse a cabo teniendo en cuenta “la adecuada atención al cumplimiento de los indicadores de cumplimiento, no solo en términos cuantitativos, sino cualitativos, así como el contexto de violencia contra las mujeres en la entidad, bajo una perspectiva de derechos humanos que incluya un análisis multidisciplinario y de integralidad”.
 
Consideró que algunas de las recomendaciones mostraron avances, y que en otras los mismos no son suficientes para la no emisión de la declaratoria de AVG en la entidad.
 
Esto en función de la complejidad y el dinamismo del entorno social en el que se ejerce la violencia feminicida en Sonora. Es por ello que la CNDH consideró que si bien han existido avances, no resultan ser suficientes para el cumplimiento satisfactorio en torno a las medidas propuestas por el Grupo de Trabajo, por lo que se pronunció a favor de que se emita la Alerta.
 
Por su parte, Mercedes Zúñiga criticó a la informalidad y falta de responsabilidad con la cual sesionó el Grupo de Trabajo, pues dijo que prevaleció la superficialidad y la presión por parte de representantes del estado, quienes asistieron a la reunión de dictaminación a pesar de que sólo debería estar una representante del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM).
 
Al emitir su voto la investigadora se dirigió a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) aludiendo a que en Cajeme y otros municipios de Sonora “existen elementos que permiten asegurar la necesidad de declarar la AVGM (Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres)”.
 
Su voto fue en virtud de disentir tanto de los procedimientos que se llevaron a cabo para el debate y la toma de acuerdos sobre las conclusiones del documento; y con diversos puntos fundamentales del dictamen de implementación respecto del nivel de cumplimiento de las propuestas por parte del Gobierno del estado.
 
También explicó el grado de cumplimiento de las doce recomendaciones, y cuáles ya estaban cumplidas cuando se entregó el dictamen, por lo que esta administración sólo las reportó, así como la insuficiencia de otras.
 
Además de haber pospuesto la reunión por varias ocasiones, el Grupo no fue consultado sobre la fecha de celebración, ni de la presencia de cinco representantes del gobierno del Estado por lo que no hubo libertad ni tiempo para discutir a profundidad los indicadores.
 
Todo esto aunado a que el grupo sufrió múltiples cambios de representantes  institucionales: Uno del Instituto Nacvional de las Mujeres;  dos de la CNDH; dos del ISM y cuatro de Conavim. La última representante de esta institución fue designada el 29 de mayo de 2017. Estos cambios afectaron la coordinación y la calidad del seguimiento de los trabajos del Grupo.
 
La Resolución de la Segob para el municipio de Cajeme, Sonora se puede consultar aquí.
 
17/SNE

En 2018 habrá elecciones en México para renovar la Presidencia de la República y elegir 3 mil 326 cargos legislativos, lo que supone  gran cantidad de mujeres participando, aunque las analistas presagian que las virtuales candidatas podrían enfrentar violencia para desalentar su incursión en la política.
 
La buena noticia –dicen las expertas– es que todos los partidos políticos estarán obligados a postular igual número de mujeres y varones a los cargos electivos (principio de paridad de género) pero la mala es que todavía no hay suficientes herramientas para que   compitan en condiciones de igualdad.
 
A la fecha el principio de paridad en candidaturas aplica para integrar la Cámara de Diputados federal, el Senado y los 32 Congresos locales. Sin embargo, hay casos, como el de Oaxaca, donde la paridad es constitucional aunque su ley electoral establece solo una cuota de género del 40 por ciento en candidaturas al Poder Legislativo.  
 
Entre los problemas que enfrentarán las aspirantes a una candidatura y a un cargo de elección están: no tener un piso parejo en la competencia, por ejemplo, que los partidos elijan a mujeres para gobernar a través de ellas; falta recursos para hacer campaña y de espacios en medios de comunicación; acompañamiento de los líderes del partido y, en particular, acoso, amenazas, descalificación o intromisión en su vida privada.
 
MÁS ASPIRACIÓN, MÁS VIOLENCIA
 
Ante la falta de una legislación que defina el término violencia política, en 2014 instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de las Mujeres crearon el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres para crear una ruta de atención a estos casos. 
 
De acuerdo con el Protocolo, la violencia política contra las mujeres “comprende todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia– que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
La consultora e integrante de la comisión que está actualizando este instrumento, Teresa Hevia Rocha, señala que en los últimos dos procesos electorales en los estados se ha visto recrudecer la violencia contra las mujeres; en especial cuando compiten por obtener un cargo en los ayuntamientos.
 
Están los casos de mujeres que ganaron la elección y que fueron violentadas para obligarlas a abandonar el cargo: Samantha Caballero, en el municipio de San Juan Bautista lo de Soto, en Jamiltepec, Oaxaca; Felicitas Muñiz, en el municipio de Cuilapan, en Guerrero; y Rosa Pérez, en el municipio de San Pedro Chenalhó, en Chiapas, entre muchos otros.
 
Dice Hevia Rocha que hay menos casos de violencia cuando se busca una diputación pero se incrementa en los municipios porque todavía hay un rechazo a que las mujeres tengan posiciones de autoridad y porque los municipios son los más condicionados porque allí están los programas, los recursos, la posibilidad de influir y porque al ser cargos unipersonales concentran el poder.
 
Para la experta es importante que a nivel federal y en los estados se legisle y que estas conductas contra las mujeres en la política se sancionen. Según un análisis que realiza sobre la normatividad en la materia, hay 17 estados que han incorporado la figura de violencia política de género, pero destaca Oaxaca que incluyó el término en el Artículo 401 bis de su Código Penal y Nayarit que lo tienen como una infracción en su ley electoral.
 
LEYES SIN ARMONIZAR
 
Después de la reforma político electoral de 2014 que elevó a rango constitucional la paridad de género, algunos estados han legislado también para incorporar la violencia política, pero aún hay una diversidad de criterios. En el Cuarto Encuentro Nacional de Armonización Legislativa, que se realizó esta semana, el tema apenas fue mencionado por la senadora Diva Hadamira Gastélum.
 
La normatividad indica que hasta julio de este año, nueve de las 32 entidades (Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala, Sonora, Yucatán, y Zacatecas) tenían una definición de este concepto en su Ley Electoral; y cuatro (Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Sinaloa) mencionaban la violencia política sin profundizar o acotándola a propaganda electoral. 
 
Además nueve entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán y Morelos) tienen el concepto en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En total, en México tres entidades (Aguascalientes, Campeche y Morelos) definen la violencia política de género en su norma electoral y en su ley para una vida libre de violencia.
 
Al respecto, la ex senadora independiente y fundadora de la organización Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación, Martha Tagle Martínez, dice que es necesario empezar a hablar de la violencia y visibilizarla como un delito electoral porque estas formas de intimidación buscan que las mujeres no puedan ejercer de manera plena sus derechos políticos.
 
A decir de la ex legisladora, esta violencia siempre ha existido pero nunca se ha conceptualizado como tal y es a raíz del aumento de las mujeres violentadas en política que se ha dado esta discusión, justo cuando surge la necesidad de contar con herramientas legales para hacerle frente.
 
Por ello, en febrero pasado la entonces senadora propuso citar a comparecer ante el Senado al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, para que expusiera las acciones en la materia. Según esta instancia, de 2013 a 2016 se iniciaron 416 expedientes por violencia política contra mujeres; de los cuales 53.1 por ciento se presentaron en 2016. 
 
Tagle Martínez explicó que en dos ocasiones el Senado aprobó una minuta en la materia para definir el término en las leyes electorales, primero en febrero de 2013 y luego en marzo de 2017. En ambos casos la reforma no fue avalada por la Cámara de Diputados por lo que a nivel federal el tema sigue atorado.  
 
Pese a ello, el tema poco a poco se ventila y, por ejemplo, en 2016, el Instituto Electoral del estado de Zacatecas hizo un estudio con 45 síndicas, presidentas municipales y diputadas electas de 2016 a 2018 en la entidad y 29 (65 por ciento) dijeron haber sido víctimas de violencia durante la precampaña o campaña.
 
17/AGM/GG

Son 22 estados del país quienes han presentado la solicitud para la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), pero es común que no se respeten los tiempos del mecanismo, que las acciones recomendadas por los grupos de trabajo no garanticen la seguridad de las mujeres y que haya un desconocimiento general sobre el proceso en que se encuentra cada alerta.
                                                                                                        
Así lo expusieron promotoras y solicitantes de la AVG de los estados de Sonora, Quintana Roo, Sinaloa, Querétaro, Tlaxcala, Nayarit, Guerrero y Campeche, en una reunión con representantes del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
 
La reunión -solicitada por las organizaciones- se realizó en el Senado de la República, el 29 y 30 de abril, y ahí se discutieron los avances, obstáculos y resultados que observan luego de presentar la solicitud, la experiencia que tienen durante el proceso de la declaratoria, y los resultados que visualizan después de que se aplica o niega el mecanismo.
 
Hasta ahora, la AVG se decretó en 7 estados del país: 11 municipios del Estado de México, 8 municipios de Morelos, 14 de Michoacán, 7 de Chiapas, 5 municipios de Nuevo León, 11 municipios de Veracruz y en Sinaloa en 5 municipios.
 
Entre los puntos discutidos, las representantes de organizaciones como la Asociación Guerréense contra la Violencia AC, el Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo AC, la Red Feminista Sonorense, entre otras, reprocharon a las instituciones encargadas del seguimiento de las Alertas no contar con un reporte sobre el estado en el que se encuentran las solicitudes y de no ser informadas sobre los avances de éstas, al ser las organizaciones civiles las principales solicitantes, y parte clave de la vigilar que se cumplan con las recomendaciones emitidas por los grupos de trabajo.
 
De acuerdo con información del portal web de Inmujeres, hasta el 5 de abril, casi la mitad de los estados del país (13 en total) cuenta con procedimientos de AVG en trámite: Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz (por agravio comparado) y Zacatecas. 
 
Estos obstáculos, precisaron, también se presentan porque no se siguen los plazos para decretar o rechazar la AVG. En el Estado de México tardó 5 años la declaratoria, en Veracruz y Sinaloa un año, en tanto Sonora sigue en proceso, a pesar de contar con características similares la última entidad -presencia de crimen organizado, desaparición de mujeres y violencia feminicida-, aseveraron las presentes.
 
Tras estos ejemplos, la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, presente en la reunión, refirió la importancia de la reforma aprobada por la Cámara de Diputados al Artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para puntualizar el procedimiento y los plazos para decretar la Alerta de Violencia de Género.
 
Estos son: 5 días para conformar el grupo de trabajo, 30 días para que este dicte una resolución; 30 días para rechazar o aceptar la solicitud de AVG, y un plazo de 6 meses para que el gobierno de la entidad implemente acciones de prevención y atención reflejadas en el informe.
 
“ALERTA” CON PRÓRROGAS
 
“El mecanismo no es expedito ni está dando garantías, debe ser mucho más ágil la actuación de las autoridades, no puede llevarse años, porque esa ya no es un alerta”, comentó en entrevista con Cimacnoticias Leticia Burgos.
 
Este último proceso es donde se presentan mayores conflictos, concordaron las organizaciones, ya que en diversas ocasiones –como en Quintana Roo y Sonora- se da a los gobiernos prórrogas para cumplir con las recomendaciones, a pesar de no estar previstas en la Ley General de Acceso.
 
En la reunión, la promovente de la AVG en Querétaro, Angélica Reyes Servín, señaló que sería obligación de los gobiernos locales generar planes de acción de emergencia una vez que se hizo la investigación del grupo de trabajo, para garantizar a las mujeres vivir una vida libre de violencia con o sin declaratoria.
 
Lo anterior, porque en los estados donde se negó la Alerta, se interpuso en principio la “cantidad de casos de feminicidio” que se contabilizaron y, en los casos donde sí se decretó la AVG, “las recomendaciones no aterrizan en los planes de acción de emergencia que deberían de estarse implementando para evitar el asesinato de las mujeres”, añadió Leticia Burgos.
 
En dos ocasiones Segob determinó no declarar la AVG; en Guanajuato (30 de junio de 2015) y Baja California (19 de mayo de 2016) al considerar que los gobiernos locales cumplieron con las recomendaciones determinadas en los informes de los Grupos de Trabajo, indica información del portal de Inmujeres.
 
En el caso más reciente, Querétaro (9 de febrero de 2017), se concluyó no declarar la AVG porque no existían elementos que acreditarán la violencia feminicida en la entidad, recordó Reyes Servín.
 
SE LLEVAN “LAS INQUIETUDES”
 
Los representantes de Inmujeres, Conavim y CNDH acordaron remitir estas observaciones a sus autoridades correspondientes: “nos parece como si no tuvieran en la materia la responsabilidad completa, porque todos dejaron en claro que se llevarían todas las inquietudes”, dijo la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos.
 
Por su parte, la CNDH adelantó que está preparando un informe especial sobre las alertas de violencia a nivel nacional, y la actuación de las autoridades encargadas del debido funcionamiento y seguimiento del mecanismo de la AVG.
 
De esta reunión también se desprendió la creación de una red conformada por las organizaciones que impulse y dé seguimiento a las declaratorias de AVG en todo el territorio, asimismo, buscarán tramitar la AVG a nivel nacional.
 
17/HZM/GG

Tres años es el tiempo promedio que tardó la Secretaría de Gobernación (Segob) en emitir las alertas de género en seis estados del país, aunque no hay ninguna garantía: en el Estado de México tardó cinco años; para Veracruz un año y un mes; en Colima y Sonora, donde se solicitó antes que en Veracruz, el proceso sigue en trámite.
 
Considerando el tiempo promedio, en Puebla podría decretarse hasta marzo de 2019, lo que significa que el costo político no recaerá en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, ni en el de Antonio Gali.
 
En marzo de 2016, el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización Todos para Todos solicitaron la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) para Puebla y actualmente el proceso está en la fase de revisión del informe que presentó el gobierno de Puebla, en respuesta a las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
La vocera de la organización Todos para Todos, Violeta Lagunes Viveros, comentó que los procesos se han agilizado, por lo cual confía en que, en no más de seis meses, se dé a conocer si se decreta la alerta en Puebla. “Cada proceso tiene una vida muy diferente, dijo, creo que en menos de seis meses se echan esa segunda etapa” de revisión del informe de trabajo.
 
CONAVIM DELEGA RESPONSABILIDAD
 
Sin embargo, la agilización de los procesos no se debería a una voluntad por parte del Gobierno federal, agregó Lagunes, sino a que ni la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), ni el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) tienen el personal para analizar a profundidad cada uno de los casos y están dejando el problema en manos de los estados.
 
En el mismo sentido habló la coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF), María de la Luz Estrada Mendoza, en el marco del VI Encuentro de la Red Nacional de Periodistas en febrero del año pasado, al advertir que la Conavim ya no quiere investigar los casos, por ello traslada la responsabilidad a los estados.
 
“Como la Conavim ya está harta de que todas nosotras estemos pidiendo la declaratoria, le regresaron la bolita al estado. Lo que quieren es que los gobiernos lo asuman y ellos tomen las recomendaciones que quieran”, afirmó Estrada Mendoza.
 
QUE NO SUCEDA COMO EN QUERÉTARO
 
La vocera de Todos para Todos dijo que aunque ocurra algo como en Querétaro, donde no se decretó la AVG porque la Conavim consideró que el Gobierno estatal dio cumplimiento a todas las propuestas hechas por el grupo de trabajo, como promoventes insistirán en que se emita la alerta para Puebla, aun si eso significa llevar el caso a instancias internacionales.
 
En Querétaro --documentó ladobe.com.mx en el mes de noviembre--  para el Gobierno estatal el cumplimiento de las 11 recomendaciones sólo consistió en firmar convenios o anunciar intenciones.
 
RECOMENDACIONES A PUEBLA
 
Entre las acciones que se recomendaron al gobierno poblano, incluidas en el informe que se dio a conocer el 28 de junio de 2016, están: elaborar un diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres; implementar y diseñar campañas permanentes que visibilicen el problema de la violencia de género; publicar y mantener actualizada la información sobre la violencia contra las mujeres en la entidad; modificar el protocolo de investigación de feminicidio y trata de personas, y garantizar que las personas responsables de la aplicación del protocolo lo apliquen.
 
De acuerdo con el Gobierno estatal, aún encabezado por Moreno Valle Rosas, el informe que acreditó el cumplimiento de todas las propuestas se entregó el 29 de diciembre, pero la Conavim confirmó a ladobe.com.mx que fue hasta el 17 de enero que recibió el documento.
 
No hay, por tanto, un plazo definido para que el grupo de trabajo analice si se cubrieron las 11 recomendaciones, ni para declarar o no la AVG.
 
*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx
 
17/SM/GGQ

Las legisladoras federales buscarán alianza con los gobiernos estatales y las instancias de impartición y procuración de justicia para que se investiguen y castiguen los crímenes contra las mujeres, informaron las integrantes de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por razón de género de la Cámara de Diputados.
 
Con este organismo parlamentario se dará continuidad al trabajo que en Legislaturas anteriores realizó la Comisión Especial de Feminicidio porque continúa “la lucha para derribar esa barrera de violación de derechos que tanto ha cegado a nuestra sociedad”, dijo la diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidenta de esta Comisión, Maricela Contreras Julián.
 
Al instalar los trabajos de este organismo parlamentario, la diputada dijo que uno de las metas será crear un Protocolo Nacional de Actuación Ministerial, Pericial y Policial para la Atención de Delitos Cometidos por Razones de Género, así como fortalecer el trabajo con las instancias para mujeres estatales, municipales y con los Congresos locales.
 
En la sesión de instalación, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Martínez Neri, dijo que México aún no cuenta con un marco jurídico sólido en materia de igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres, a pesar de los avances en este tema.
 
El también coordinador del PRD en la Cámara baja, recordó que al día en promedio se asesina a siete mujeres, lo que al año suma más de dos mil 600 homicidios, por lo que este problema no se debe soslayar sino atender con medidas de prevención, atención, sanción y erradicación.
 
EXPEDIENTES ARCHIVADOS
 
En su participación, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, dijo que la tarea de esta Comisión será primordial, porque se ha constatado la negligencia de las instituciones de procuración de justicia en la investigación y atención de los delitos cometidos contra las mujeres.
 
La funcionaria dijo que esta falta de las autoridades se evidencia con el gran porcentaje de expedientes donde no hay líneas de investigación ni peritajes, ni seguimiento porque simplemente se archivan; también en el irrisorio número de agresores sujetos a proceso y en la ridícula cifra de sentencias dictadas.
 
Por su parte, el magistrado y presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, Edgar Elías Azar, dijo que la igualdad de género es una verdad jurídica, pero no en los hechos porque en la práctica hay acciones discriminatorias hacia la población femenina.
 
Elías Azar dijo que, siendo autocritico, faltan pasos firmes para lograr esa igualdad y destacó que esta Comisión debe logar que los gobiernos estatales hagan que sus procuradurías trabajen y alienten la denuncia para combatir los delitos de género como la trata de personas.
 
17/AGM/GGQ