Alda Facio

Un grupo de personas expertas de Naciones Unidas ha emplazado al Congreso de El Salvador a aprovechar la revisión de un artículo del Código Penal sobre la posible despenalización del aborto para mejorar la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
 
“Apoyamos firmemente la propuesta de reforma que actualmente considera el Congreso salvadoreño para permitir la interrupción del embarazo cuando implica un riesgo para la vida de las mujeres, cuando es el resultado de una violación y cuando el feto es inviable”, expresaron las expertas y expertos.
 
“Instamos a las y los legisladores a aprovechar esta oportunidad única para convertirla en un punto de inflexión en la historia de los derechos de la mujer en el país”, recalcaron.
 
Desde ONU indicaron que la prohibición total que rige en la actualidad es contraria a las normas del derecho internacional y viola las obligaciones internacionales del país.
 
El Salvador es uno de los pocos países del mundo que criminaliza a las mujeres por intervenciones realizadas en las situaciones citadas antes, señalaron los relatores.
 
También advirtieron que debido a la amenaza del castigo penal, las afectadas temen buscar atención médica cuando sufren complicaciones.
 
Destacaron que muchas mujeres han sido procesadas hasta 40 años de prisión bajo cargos de aborto, a veces caratulado (tipificado) como homicidio agravado. Las más afectadas son las que viven en pobreza y que no pueden acceder a la defensa legal.
 
“Reiteramos nuestro llamado a revisar las sentencias contra todas las mujeres que actualmente cumplen penas de prisión por cargos relacionados con el aborto con miras a su liberación”, agregó el grupo de Naciones Unidas.
 
Recordaron que la criminalización del aborto no reduce las tasas, tal como lo muestran los datos de la Organización Mundial de la Salud, sino que por el contrario, suele aumentar el número de mujeres que optan por practicárselo de forma clandestina, lo que las expone a tratamientos inseguros.
 
Los relatores que emitieron este comunicado son, Alda Facio, presidente del grupo de trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; Dainius Puras, relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental; Dubravka Šimonovic, relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.
 
EL ABORTO EN EL SALVADOR
 
Desde 1988 el aborto está totalmente penalizado en El Salvador, incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto o cuando la vida de la mujer o la niña embarazada corran peligro. Esta medida no solo ha cobrado las vidas de mujeres y niñas, pero también ha supuesto el encarcelamiento de decenas de mujeres.
 
La ley actual obliga a mujeres y niñas a recurrir a abortos clandestinos para salvar sus vidas, y además crea una atmósfera de sospecha hacia las mujeres que sufren un aborto espontáneo u otras emergencias obstétricas. Como consecuencia, mujeres que han tenido complicaciones durante el embarazo han sido procesadas y condenadas tras ser acusadas de “aborto inducido,” con sentencias de hasta 40 años de prisión.
 
Los datos demuestran que la total penalización del aborto no reduce el número de abortos, sino que incrementa el riesgo de que la mujer muera a causa de abortos ilegales e inseguros.
 
La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que las leyes de aborto restrictivas ponen a las mujeres y niñas que viven en la pobreza, y a las que viven en zonas rurales y más aisladas, en un riesgo especial de sufrir abortos inseguros.
 
La penalización del aborto en todas las circunstancias disuade a las mujeres de buscar atención médica y crea un “efecto amedrentador” en el personal médico, que tiene miedo de proporcionar tratamiento que podría salvar la vida a mujeres cuya vida o salud corre peligro a causa del embarazo, o que sufren complicaciones derivadas de un aborto inseguro.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 
17/RED/GG

Un grupo de expertas y expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas instó a las y los diputados de Guatemala a aprovechar la oportunidad histórica que representa la aprobación de la iniciativa  5179 que reformaría la Constitución en materia de justicia, para mejorar el acceso a la justicia para las mujeres y los pueblos indígenas.
 
Asimismo, para fortalecer la independencia e imparcialidad del Poder Judicial mediante la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia; despolitizar la selección de funcionarios judiciales; y reconocer constitucionalmente la jurisdicción indígena.
 
Las y los expertos indicaron que la reforma debe asegurar, dentro de las garantías y principios del sistema de administración de justicia, el respeto a la pluriculturalidad e igualdad de género en el acceso al sistema de justicia y a las carreras profesionales, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
 
“Guatemala tiene la obligación de exponer y eliminar las barreras sociales y culturales subyacentes, incluidos los estereotipos de género, que impiden a las mujeres ejercer y reivindicar sus derechos, y dificultan su acceso a recursos eficaces”, subrayó Alda Facio, actual presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica.
 
“La discriminación contra las mujeres, basada en los estereotipos de género, el estigma, las normas culturales perjudiciales y patriarcales, y la violencia de género, tiene un impacto negativo en la capacidad de las mujeres de acceder a la justicia en igualdad de condiciones con los hombres”, dijo.
 
Las y los expertos exhortaron al Congreso de la República a preservar el objetivo y espíritu original de la reforma constitucional, y a no menoscabar su integralidad y el carácter participativo e inclusivo del proceso que contó con los aportes de diversos sectores de la población.
 
Asimismo pidieron a las y los legisladores que en las discusiones y aprobación final de la reforma constitucional se dé una respuesta adecuada a las necesidades identificadas para el fortalecimiento efectivo del sistema de justicia”.
 
Recalcaron que cada uno de los temas planteados en la reforma constitucional debe ser aprobado conforme a las obligaciones internacionales que el Estado ha adquirido en materia de derechos humanos y a las recomendaciones de los mecanismos de protección de los derechos humanos.
 
Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, alentó de manera especial a las y los diputados “a asegurar que la disposición relativa a la jurisdicción indígena no tenga ningún efecto perjudicial sobre los pueblos indígenas.
 
“La resolución que se apruebe debe proteger, en vez de limitar o reducir, los derechos de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer su sistema de justicia”, enfatizó la Sra. Tauli-Corpuz.
 
Por su parte, el nuevo el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, afirmó que “la reforma debe contribuir a garantizar constitucionalmente la carrera profesional y establecer mecanismos de selección de funcionarios del sistema de justicia que eliminen el riesgo de politización y conflicto de intereses”.
 
“Es imprescindible que el modelo de separación de funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia que sea aprobado garantice plenamente la independencia e imparcialidad en el poder judicial”, concluyó García-Sayán.
 
La exhortación de las los expertos a las y los legisladores guatemaltecos cuenta también con el respaldo del Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, Mutuma Ruteere.
 
17/RED/GGQ