Organización Mundial de la Salud

El compromiso del Estado mexicano de proteger la dignidad de las mujeres en la atención de la salud materna se vuelve real cuando los gobiernos asignan presupuesto público para la contratación de parteras técnicas y se les permite que desarrollen su trabajo de manera cabal.
 
Las parteras técnicas están preparadas bajo el modelo de partería, el cual entiende que el embarazo, el parto y el posparto, son procesos fisiológicos naturales, que mientras no haya complicaciones se debe acompañar a la mujer, respetar sus decisiones y no intervenir en estos tres momentos, como si fueran enfermedades a curar.
 
En muchas ocasiones, al tratarlos como padecimientos, se generan riesgos para la salud de la mujer y se ejerce violencia en momentos profundamente relevantes e íntimos. Una de las situaciones que con mayor claridad ejemplifica esto es la alta tasa de cesáreas en el país.
 
La Encuesta Nacional Demográfica del año 2014, reporta que: en el periodo de 2009 a septiembre de 2014, de cada 100 partos ocurridos, 49 son por cesáreas y 54 son partos normales. El problema es que, para la gran mayoría de esas cesáreas, no está claro si eran necesarias, pese a ser una cirugía que como tal, conlleva riesgos, y pasa por mucho el criterio de la Organización Mundial de la Salud de un 10 por ciento de cesáreas por país, es decir, de 10 de 100 partos.
 
Entre diferentes sectores de la sociedad nacional, y en la comunidad internacional, existe el reconocimiento de la necesidad de que el personal de salud, formado con ese modelo, sea parte importante de las diferentes instituciones públicas de salud del país (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena y Marina), y que los especialistas en obstetricia actúen en situaciones de emergencia o en la atención de padecimientos obstétricos.
 
Además de las parteras técnicas, otras profesiones en salud se forman apegadas al modelo de partería, tal es el caso de las enfermeras obstetras y perinatales. Por tanto, su contratación real a los servicios de salud del país es una manera concreta de incorporar el buen trato, el respeto y dignidad en la atención materna.
 
Sin embargo, a la fecha, es sumamente bajo el número de personal que estaría ejerciendo bajo el modelo de partería. Un equipo de especialistas, mediante visitas en terreno, registró la cifra de 187: 14 enfermeras generales, 81 licenciadas en enfermería y obstetricia, 49 enfermeras perinatales, 18 estudiantes de enfermería y obstetricia, 19 parteras técnicas, 6 estudiantes de partería técnica.
 
Por su parte, la Secretaría de Salud, informó en un foro público (26 de junio 2017) que, según un diagnóstico de su autoría, en los servicios de salud de los 32 estados habría 278 profesionales en partería, en el año 2017: 71 enfermeras perinatales, 11 licenciadas en enfermería y obstetricia, 40 licenciadas en enfermería, 6 enfermeras neonatales, 25 pasantes, 23 parteras técnicas y 1 parteras asistencial
 
INTERROGANTES SOBRE LA CONTRATACIÓN
 
No obstante, tales cifras (ya sea 187 ó 278) no significan que todo ese personal esté contratado en condiciones estables, ni con toda la formalidad o prestaciones de ley.
 
Una muestra clara de ellos es la información obtenida por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, sobre las contrataciones por la Secretaría de Salud para el año 2016: en total, fueron 9 enfermeras (3 perinatales en Quintana Roo y otras 3 en San Luis Potosí, 2 enfermeras obstetras en Guerrero y 1 en Quintana Roo) y 43 parteras técnicas. Todas contratadas mediante presupuesto público etiquetado exclusivamente para eso.
 
Esta información fue entregada a final del mes de mayo del 2017, e indicaba que las entidades federativas todavía no comprobaban que efectivamente se había gastado ese recurso.
 
Ante este comportamiento de las cifras, a todas luces saltan una serie de interrogantes,  si para el año 2016 se contrataron 43 parteras, y el 2017 se bajó a 23 ¿Cuáles fueron las razones para dejar de contratar a 20 parteras? ¿En cuáles entidades federativas? ¿Se consideraron, se evaluaron las afectaciones en las mujeres que no accederán a atención con parteras?
 
Por otro lado, los datos dan cuenta de un eventual aumento en la contratación de enfermeras perinatales y obstetras ¿bajo cuáles condiciones de contratación? ¿Con los salarios que les corresponden y con prestaciones sociales?
 
Por qué, si existen cinco escuelas de parteras técnicas en el país, no se mantiene o aumenta la contratación de este personal.
Por qué, tanto para parteras como para enfermeras, las dinámicas de contratación cambian radicalmente de un año a otro.
 
Asimismo, las cifras reflejan de manera contundente que la contratación todavía está en una condición de mucha fragilidad, como si pendiera de un hilo. La paradoja es que en la administración pública de México se cuenta con la plataforma administrativa y de gestión suficiente para que se lleve a cabo.
 
Esto quiere decir que existe un código de contratación –denominado Catálogo Sectorial de Puesto, por ejemplo el de las parteras técnicas es M02117– y un tabulador salarial (el salario para las parteras técnicas es de alrededor de 12 mil pesos mensuales).
 
CONTRATACIÓN EFECTIVA
 
Básicamente, una contratación efectiva en los servicios estatales de salud dirigidos a población sin seguridad social se basa en la asignación de presupuesto específico desde la Secretaría de Salud federal. También que desde los gobiernos y congresos federales y locales haya vigilancia del uso adecuado de los recursos destinados con dicho fin.
 
Que el Gobierno federal no aplique recortes durante el año, que ambos niveles de gobierno transparenten cómo se va ejerciendo el presupuesto para corregir cualquier gestión indebida.
 
Asimismo, que se asigne más presupuesto para aumentar el número de personal de partería y que haya una rendición de cuentas con participación de la sociedad civil.
 
Los requerimientos están, tanto es así, que algunos estados llevan varios años contratando parteras técnicas y enfermeras perinatales y de obstetricia, siendo una prueba fehaciente de que ello es posible.
 
Las mujeres y organizaciones, llevan una larga lucha por poner en el centro de la agenda pública que la dignidad en la atención durante el embarazo, el parto y el pos parto debe ser un principio básico en cómo se conforman los servicios de salud.
 
La Secretaría de Salud, como entidad rectora del Sector Salud, tiene la obligación de activar todos los recursos de los que dispone para que ello sea así. Más, como órgano gubernamental, debe proteger y promover los derechos humanos de las mujeres, y así cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, y salvaguardar la salud materna de las mujeres, elemento toral de tales derechos.
 
Por ende, es un deber e imperativo ético del doctor José Narro, como secretario de Salud, evitar reducciones al presupuesto para contratación de personal en partería en el año en curso, asignar presupuesto para recursos humanos comunitarios como son las parteras tradicionales y asignar más recursos para la contratación de parteras técnicas y enfermeras obstetras y perinatales en el año 2018.
 
* Responsable del proyecto de Partería y Presupuesto en
Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.
daniela@fundar.org.mx
** **Fundar, Centro de Análisis e Investigación es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 
17/DFDA/GG

Entre 2010 y 2014 se realizaron anualmente en el mundo 25 millones de abortos inseguros propiciados por las políticas y leyes que restringen el derecho de las mujeres a decidir interrumpir un embarazo señaló un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Guttmacher.

La OMS y el Instituto estadounidense de investigación sobre temas de salud sexual y reproductiva publicaron la investigación “Clasificación mundial, regional y subregional de los abortos inseguros, 2010-2014”, donde precisaron que del total de las interrupciones inseguras de embarazos, 97 por ciento ocurrieron en África, Asia y América Latina.

En América Latina, en el periodo investigado, sólo 1 de cada 4 abortos fue seguro, concluyó el estudio publicado en la revista médica británica The Lancet, como parte del Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe que se conmemora cada 28 de septiembre desde 1990 cuando se decretó la efeméride en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Argentina.

Cada vez es más frecuente que las mujeres de esta región se vean forzadas a tomar medicamentos fuera de los sistemas de salud ante los obstáculos para acceder a servicios de aborto seguro y legal.

“Esto ha conllevado a que en la región se hayan registrado menos muertes y complicaciones graves derivadas de abortos inseguros, sin embargo este tipo de aborto por autoadministración informal de medicamentos, al que las mujeres tienen que recurrir en secreto, no cumple con las normas de la OMS en materia de seguridad”, describe la principal autora de la investigación, la doctora del Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas de la OMS, Bela Ganatra.

Por ello la OMS señala en su publicación que para prevenir embarazos involuntarios y abortos peligrosos, los países deben formular políticas públicas y adquirir compromisos financieros dirigidos a una educación integral en materia de sexualidad; un amplio catálogo de métodos anticonceptivos, asesoramiento en materia de planificación familiar y servicios de aborto sin riesgos.

En los países donde hay disponibilidad de servicios de aborto seguros y profesionales de la salud cualificados, así como actitudes sociales a favor del aborto y la igualdad de género, 9 de cada 10 abortos se realizó de forma segura entre 2010 y 2014, tales como las zonas de Europa occidental y septentrional, además de América del Norte donde el aborto es ampliamente legal y los sistemas de salud son sólidos, asimismo son regiones que tienen las tasas de aborto más bajas, describe la investigación.

En lo que se refiere a regiones en desarrollo como Asia oriental la proporción de abortos seguros fue similar a la de regiones desarrolladas. Sin embargo en otras regiones como África, menos de 1 de cada 4 abortos fue seguro.

ABORTOS SEGUROS E INSEGUROS

De acuerdo con la clasificación que hacen las organizaciones en la investigación, en el periodo indagado (2010-2014) aproximadamente 55 por ciento de los abortos mundiales se realizaron en condiciones seguras por un profesional.

Casi un tercio (31 por ciento) fue calificado como “menos seguro”, es decir, lo practicó un profesional calificado que utilizó un método poco seguro o desfasado como el legrado uterino, o bien, por una persona no cualificada que utilizó un método seguro para inducir el aborto como el misoprostol.

Un 14 por ciento se trató de abortos “nada seguros” realizados por personas no cualificadas con métodos peligrosos que concluyeron en abortos incompletos (producidos cuando no se retira del útero todo el tejido del embarazo), hemorragias, lesiones vaginales, cervicales y uterinas, e infecciones.

Cabe recordar que en México, únicamente en la capital se puede acceder de forma voluntaria a los servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, y en todo el país se puede acceder a abortar cuando sea producto de una violación sexual.

17/HZM

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, deseo escribir sobre este importante, interesante y necesario tema, para contribuir a la visibilización y reconocimiento de las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero y transexuales.
 
El 17 de mayo de 1990 la homosexualidad deja de incluirse en el catálogo de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud, y asimismo deja de aparecer en el DSM-IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) y ahora DSM-V, en México es hasta 2014 que se celebra por primera vez el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, siguiendo un decreto publicado el 21 de marzo del 2014.
 
Queda entonces prohibida  toda forma de discriminación hacia una persona por su orientación sexual y/o identidad de género, a partir de ese momento, cada uno de los poderes federales e instituciones bajo su competencia tiene la obligación de llevar a cabo medidas de inclusión y políticas públicas contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia.
 
En México, desde 1975 y gracias a las acciones del Movimiento Feminista, a través de la realización de la Primera Conferencia de Mujeres en Taxco, Guerrero, se entrevió por vez primera la palabra lesbiana en la agenda pública y política, empezando a reconocer a la población lésbica. Es entonces cuando el Movimiento Feminista, Homosexual y Lésbico se consolida en el siglo XX, ante la violenta represión que se ejercía en ese tiempo.
 
Aún con esos avances, es en la Ciudad de México donde seguimos encontrando el mayor número de asesinatos por: lesbofobia, bifobia y transfobia, un dato alarmante es que de septiembre a octubre de 2016, en un solo mes, asesinaron a 10 mujeres transexuales, de acuerdo a investigaciones realizadas por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Copred).
 
El común denominador entre mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres transgénero, mujeres transexuales, ¿cuál es?, es ser MUJERES.
 
Ser mujer en una sociedad donde se privilegia todo lo masculino es un riesgo, también para las mujeres heterosexuales.
 
Si a ser mujer le sumamos ser mujer con una orientación sexual y/o una identidad de género diferente a aquella que dicta la sociedad, ser de una determinada etnia, raza, religión o  clase social, no valorada por la sociedad, nos restan importancia como mujeres, hasta ser desdibujadas por la sociedad.
 
Como consecuencia, se nos dan insultos, golpes y somos asesinadas, por la violencia de género que nos lacera profundamente, violencia hacia lo que representamos y somos como mujeres.
 
La misoginia y la inequidad de género son factores determinantes para que las mujeres lesbianas sufran más violencia cuando son “percibidas” como lesbianas, o cuando expresan abierta y libremente su orientación sexual, afectiva y erótica.
 
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), faltan denuncias significativas de los actos de violencia hacia mujeres lesbianas. Hasta ahora, lo reportado es que sufren violencia sexual y violaciones, es probable que con la terrible intención de “castigarlas” y “sancionarlas” por salirse de la “norma”.
 
También hay mujeres lesbianas que han sido víctimas de golpizas colectivas, atacadas con ácido e incluso internadas en “centros” que aseguran “modificar” su orientación sexual, a través de las terribles “terapias de conversión” o de “reorientación sexual”, que lo único que logran es dañar profundamente la integridad y dignidad de la mujer, afectando la salud emocional, ya que son una serie de métodos enfocados al cambio de la orientación sexual de homosexuales y bisexuales para convertirlos en personas heterosexuales o para eliminar o disminuir sus deseos y comportamientos homosexuales.
 
Para darnos una idea de lo delicado de esta situación experimentada por mujeres lesbianas, transgénero, bisexuales y transexuales, tomemos como parámetro un instrumento que refleja la realidad de muchos países en lo que a discriminación por orientación sexual e identidad de género, se refiere.
 
Este instrumento es la “Encuesta Nacional sobre Parejas Íntimas y Violencia Sexual” en los  Estados Unidos en 2010, que reflejó: 61.1 por ciento de mujeres bisexuales fueron víctimas de violencia sexual, física o acoso, al menos una vez en sus vidas, 43.8 mujeres lesbianas y 35 por ciento mujeres heterosexuales.
 
En México el 71.2 por ciento de mujeres transexuales y 74.7 por ciento de mujeres transgénero han sido discriminadas, pero de acuerdo con datos del Copred sólo el 4 por ciento de las mujeres transgénero y transexuales que han sido discriminadas y/o violentadas, denuncia.
 
Este panorama es reflejo de los efectos nocivos provocados a través de una sociedad conservadora y heteronormativa, porque a una sociedad así le asusta, y mucho, la feminización del hombre que disfrute y le de placer sentirse mujer, ser femenino y, si así lo desea,  usar tacones e identificarse más con la mujer.
 
Si una mujer lesbiana, bisexual, transgénero y transexual no se siente respetada y es discriminada, algunas de las consecuencias son las siguientes:
 
-Dificultad para desarrollar vínculos emocionales, afectivos y sexuales adaptados a sus verdaderas necesidades.
-Problemas de autoestima.
-Falta de autocuidados en la salud sexual que a veces llegan a la adquisición o transmisión del VIH.
-Aceptación de maltrato, a veces por parte de personas conocidas.
-Escasez de redes sociales de apoyo.
-Sobreesfuerzos por encajar en una relación heterosexual o en los modelos oficiales de feminidad y masculinidad según sea el caso.
-Depresión.
-Soportar burlas y agresiones constantes, especialmente en contextos académicos o de trabajo.
-Falta de información sobre cómo ejercer sus derechos.
-Falta de acceso a servicios de salud dignos y de calidad.
-Dificultad para realizar trámites.
-Falta de ambientes favorables y propicios para el pleno desarrollo y libre expresión de las mujeres lesbianas, bisexuales, transgéneros y transexuales, entre otras.
 
Necesitamos sensibilizar a toda la población,  en lograr el respeto a las diferencias, para poner un alto total a la violencia hacia las mujeres, son insuficientes lo hecho hasta ahora.
 
Cierro mi columna recordando las palabras de Agnes Torres, mujer transgénero torturada y asesinada en México en 2009, por su orientación sexual e identidad de género, y de quien la autoridad dijo que fue hallada sin vida tras haber sido asaltada y robada.
 
“Sueño con vivir en una cultura mejor, una cultura, donde la hospitalidad y el respeto sean los valores principales” #SiMeMatan, es porque sueño con lo mismo que Agnes Torres, y muchas mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero y transexuales, queremos respeto y sobre todo la libertad de ser quienes realmente somos, como seres humanos… como MUJERES.
 
*Directora del Centro de Salud Mental y Género, psicóloga clínica, psicoterapeuta humanista existencial,  especialista en Estudios de Género.  Twitter: @terapiaygenero
 
 17/ABL/GG
 

Un grupo de personas expertas de Naciones Unidas ha emplazado al Congreso de El Salvador a aprovechar la revisión de un artículo del Código Penal sobre la posible despenalización del aborto para mejorar la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
 
“Apoyamos firmemente la propuesta de reforma que actualmente considera el Congreso salvadoreño para permitir la interrupción del embarazo cuando implica un riesgo para la vida de las mujeres, cuando es el resultado de una violación y cuando el feto es inviable”, expresaron las expertas y expertos.
 
“Instamos a las y los legisladores a aprovechar esta oportunidad única para convertirla en un punto de inflexión en la historia de los derechos de la mujer en el país”, recalcaron.
 
Desde ONU indicaron que la prohibición total que rige en la actualidad es contraria a las normas del derecho internacional y viola las obligaciones internacionales del país.
 
El Salvador es uno de los pocos países del mundo que criminaliza a las mujeres por intervenciones realizadas en las situaciones citadas antes, señalaron los relatores.
 
También advirtieron que debido a la amenaza del castigo penal, las afectadas temen buscar atención médica cuando sufren complicaciones.
 
Destacaron que muchas mujeres han sido procesadas hasta 40 años de prisión bajo cargos de aborto, a veces caratulado (tipificado) como homicidio agravado. Las más afectadas son las que viven en pobreza y que no pueden acceder a la defensa legal.
 
“Reiteramos nuestro llamado a revisar las sentencias contra todas las mujeres que actualmente cumplen penas de prisión por cargos relacionados con el aborto con miras a su liberación”, agregó el grupo de Naciones Unidas.
 
Recordaron que la criminalización del aborto no reduce las tasas, tal como lo muestran los datos de la Organización Mundial de la Salud, sino que por el contrario, suele aumentar el número de mujeres que optan por practicárselo de forma clandestina, lo que las expone a tratamientos inseguros.
 
Los relatores que emitieron este comunicado son, Alda Facio, presidente del grupo de trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; Dainius Puras, relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental; Dubravka Šimonovic, relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.
 
EL ABORTO EN EL SALVADOR
 
Desde 1988 el aborto está totalmente penalizado en El Salvador, incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto o cuando la vida de la mujer o la niña embarazada corran peligro. Esta medida no solo ha cobrado las vidas de mujeres y niñas, pero también ha supuesto el encarcelamiento de decenas de mujeres.
 
La ley actual obliga a mujeres y niñas a recurrir a abortos clandestinos para salvar sus vidas, y además crea una atmósfera de sospecha hacia las mujeres que sufren un aborto espontáneo u otras emergencias obstétricas. Como consecuencia, mujeres que han tenido complicaciones durante el embarazo han sido procesadas y condenadas tras ser acusadas de “aborto inducido,” con sentencias de hasta 40 años de prisión.
 
Los datos demuestran que la total penalización del aborto no reduce el número de abortos, sino que incrementa el riesgo de que la mujer muera a causa de abortos ilegales e inseguros.
 
La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que las leyes de aborto restrictivas ponen a las mujeres y niñas que viven en la pobreza, y a las que viven en zonas rurales y más aisladas, en un riesgo especial de sufrir abortos inseguros.
 
La penalización del aborto en todas las circunstancias disuade a las mujeres de buscar atención médica y crea un “efecto amedrentador” en el personal médico, que tiene miedo de proporcionar tratamiento que podría salvar la vida a mujeres cuya vida o salud corre peligro a causa del embarazo, o que sufren complicaciones derivadas de un aborto inseguro.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 
17/RED/GG

La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), presentada por el Gobierno federal mexicano en febrero de 2015, con la Secretaría de Gobernación como máximo órgano responsable de su ejecución, fue lanzada como de alta prioridad nacional y con dos metas al año 2030: disminuir a cero el número de nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en 50 por ciento la Tasa Específica de Fecundidad (TEF) de las adolescentes de 15 a 19 años. Es decir, alcanzar una tasa de 32.9 nacimientos por cada 1000 mujeres en dicho grupo de edad.
 
La Organización Mundial de la Salud señaló en 2014 que las menores de 15 años de edad tienen cinco veces más probabilidades de morir en el parto que las mujeres de más de 20 años, en tanto que las complicaciones asociadas con el embarazo y el parto son la principal causa de muerte en mujeres de 15 a 19 años en los países de ingresos bajos y medianos.
 
Para ese mismo año la tasa media de natalidad mundial entre las adolescentes de 15 a 19 años era de 49 nacimientos por mil mujeres y México ocupó entonces el primer lugar en fecundidad adolescente dentro de todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
 
De acuerdo con la Numeralia 2014 del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), la TEF de mujeres entre los 15 a 19 años es la más alta en el país y es la única que ha ido en aumento durante los últimos años. En 2015, 7.8 por ciento de las adolescentes de 12-19 años del país había tenido un hijo nacido vivo.
 
Sin embargo, no sólo deben preocuparnos los embarazos entre las y los adolescentes, ya que más de 2 millones de jóvenes de entre 10 y 19 años viven con el VIH en el mundo; alrededor de una de cada siete nuevas infecciones se produce en la adolescencia.
 
A dos años de su lanzamiento, la ENAPEA tiene una coordinación interinstitucional basada en la convergencia de esfuerzos, recursos coordinados y tácticos encaminados a fortalecer e impulsar acciones para la prevención del embarazo durante la adolescencia.
 
Los pilares para su implementación son los llamados Grupos Interinstitucionales, uno a nivel nacional y uno para cada entidad federativa. Estos grupos deben estar conformados por instituciones educativas, de salud, para el desarrollo social, de derechos indígenas,  para la atención integral de la juventud, así como de la academia y sociedad civil organizada.
 
Una característica más de la ENAPEA, muy importante, es que fue declarada con presupuesto cero, decisión fundamentada en el entendido de que su financiamiento debe provenir de los recursos con que cuentan las instituciones participantes; es decir, cada institución integrante de la estrategia deberá dar prioridad y hacer converger el empleo de recursos para este tema específico.
 
Durante diciembre de 2016, el OMM realizó actividades de seguimiento a la ENAPEA, tales como entrevistas a actores clave institucionales y solicitudes de información pública a través de las plataformas nacional y estatales de transparencia en seis estados: Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Querétaro y Zacatecas.
 
Esto con el fin de conocer los avances en la conformación de los denominados Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) e identificar los retos para su funcionamiento, para proveer información relevante, desde las perspectivas estatal o local, para una mejor implementación de esta política pública de alta prioridad y pertinencia para el país.
 
GEPEA, LENTO AVANCE
 
Para finales de 2016, cinco de las seis entidades en las que realizamos el seguimiento ya contaban con el GEPEA constituido y formalizado: en Querétaro el GEPEA se constituyó en el mes de diciembre, mismo mes en el que realizamos un acercamiento con las autoridades del Estado para conocer sus avances en el tema. De manera general se puede destacar que, con excepción de Querétaro, los estados que formaron parte de este monitoreo se encontraban en una fase de diagnóstico de la problemática y diseño del plan de trabajo o estrategia estatal.
                                               
Los GEPEA a los que pudimos acercarnos reportan muy lento avance en las acciones mencionadas, su conformación ha sido una tarea compleja. De acuerdo con las entrevistas realizadas, hay coincidencia en que prevalece una cultura institucional de escasa colaboración y con dificultades para la planeación estratégica conjunta. A ello se le suma que ninguna de las instituciones participantes en los estados ha recibido una asignación presupuestal específica para la Estrategia, por lo que todos los gastos de las acciones que realizan deben obtenerse de fondos etiquetados para otras políticas o programas.
                                               
Coinciden también los GEPEA en la dificultad de obtener un diagnóstico actualizado y lo más apegado posible a las distintas realidades locales, por ello la mayoría hizo énfasis en la necesidad de involucrar a sectores como la academia y la sociedad civil organizada en los grupos estatales.
 
La participación de estos dos sectores ha sido decisiva en los casos de Oaxaca y Chiapas, donde organizaciones de la sociedad civil y universidades han formado parte en las actividades del GEPEA desde su arranque y son quienes han logrado dar una continuidad mínima y seguimiento de los acuerdos establecidos, que comúnmente se pierden en las transiciones gubernamentales.
 
La falta de un diagnóstico que posibilite la caracterización amplia del problema, que recupere todas sus aristas y dimensiones, ha generado escasez de perspectivas y propuestas innovadoras en los planes de trabajo de los GEPEA (o en algunos casos llamadas estrategias estatales), que muestren una posibilidad real de impacto en la población objetivo.
 
La mayoría de acciones propuestas se basan en la ampliación o fortalecimiento de programas o proyectos que ya se tienen para la prevención del embarazo adolescente, nos referimos a actividades como campañas extramuros del sector salud sobre anticoncepción, charlas de especialistas en este mismo tema en centros educativos, programas de promoción del deporte y actividades recreativas, entre otras.
 
Estos programas, además de que no cuentan con indicadores o estrategias para la medición de su impacto, tampoco toman en cuenta la multiplicidad de factores que inciden en la problemática y que se desprenden de factores contextuales tales como la diversidad étnica, cultural y lingüística, la violencia de género, la violencia familiar y otras violencias que se padecen en contextos de alta presencia del crimen organizado, y una crisis generalizada para el acceso de las y los jóvenes a fuentes de empleo y otras oportunidades.
 
En suma, el reto principal es que los GEPEA desarrollen propuestas apegadas a los contextos y con posibilidad de impacto, para ello es imprescindible conocer de manera profunda las realidades y perspectivas de las y los jóvenes en el país.
 
El énfasis que se tiene en las propuestas existentes, basadas en la difusión de información clave, ha probado no ser suficiente en un país donde la violencia, la discriminación y la falta de acceso al disfrute de derechos fundamentales como la salud y la educación inhiben en las y los jóvenes la posibilidad de tomar decisiones de manera libre, voluntaria y responsable frente al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
 
*Responsable de Proyecto en el Observatorio de Mortalidad Materna en México
 
**Secretaria Ejecutiva del Observatorio de Mortalidad Materna en México
 
***El Observatorio de Mortalidad Materna en México es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 
17/AMG/HA/GG
 

Decenas de periodistas de diferentes medios de comunicación dominicanos solicitaron el pasado martes 7 a senadores y diputados aprobar en la actual legislatura extraordinaria el Código Penal con las enmiendas propuestas por el Poder Ejecutivo (PE), a fin de que se despenalice la interrupción del embarazo cuando sea el resultado de una violación o incesto, cuando peligre la vida de la mujer y cuando el feto sea incompatible con la vida.
 
En carta enviada a los Presidentes de ambas cámaras legislativas, el grupo de reporteros y reporteras, comentaristas, entrevistadores de televisión, radio, prensa escrita y digital; así como ejecutivos de medios de prensa y productores de programas expresaron su convicción de que el Estado dominicano tiene el deber de defender la dignidad, la salud y los derechos de las mujeres, y que “saldrían fortalecidos si por fin se aprueba el Código penal con las enmiendas que ha formulado el PE”, resaltan.
 
La misiva expone en uno de sus párrafos: “Aspiramos a mantenernos en sintonía con los mejores intereses y necesidades de nuestro país, por lo que nos inquieta sobremanera que el conocimiento del Código Penal sea aplazado, una vez más, para la próxima legislatura, por lo que solicitamos sus buenos oficios para que este se conozca cuanto antes, y con las observaciones que -por segunda vez- envía el presidente Danilo Medina al Congreso Nacional”.
 
Quienes firman el documento subrayan: “Nos sumamos a la posición asumida por el presidente Medina al establecer que lo más justo, equilibrado y acorde con el espíritu de protección de derechos y humanidad que deben regir al Estado sería equiparar nuestra legislación con la de la mayoría de los países del mundo, que permiten la interrupción del embarazo, cuando sea practicada por personal médico especializado, en establecimientos de salud, públicos o privados, dentro de los plazos que se consideren de lugar y solo en los tres supuestos debidamente fundamentados”.
 
Finalmente, el texto destaca que “despenalizar la interrupción del embarazo no significa obligar a nadie a hacerlo. Significa que el Estado permite esa interrupción para quien tome esa decisión ante situaciones adversas establecidas legalmente”.
 
CREAN COMISIÓN, PERO TEMA SE DILATA
 
La sociedad dominicana conoció el pasado 11 de enero la decisión del Senado de la República de conformar una comisión destinada a estudiar las observaciones del presidente Medina, en las cuales el mandatario propuso volver a discutir si se aprueba o no un Código Penal que despenaliza el aborto si se cumplen las causales antes mencionadas: violación, incesto o el originado en malformaciones del embrión.
 
La primera reunión de dicha comisión especial tuvo lugar el pasado 17 de enero, a fin de discutir la metodología de trabajo.
 
En la cita hubo intervenciones encontradas, como la del legislador Julio César Valentín, quien llamó a sus colegas a apoyar la propuesta del Presidente de la República, y la de la diputada Betzaida González, que exhortó a rechazar el pedido del PE. De inmediato, los obispos católicos publicaron en su Carta Pastoral que “la ideología de género” promovía “el libertinaje sexual en adolescentes y jóvenes, el homosexualismo, el lesbianismo y el aborto”.
 
Mientras, las estadísticas ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud estremecen al dar a conocer que en la República Dominicana por cada 100 mil nacimientos vivos, mueren 106 mujeres, sobre todo pobres, como consecuencia del alto número de abortos clandestinos, estimados en 90 mil cada año, practicados por manos inexpertas en condiciones de inseguridad.
 
17/MAR/GG