causales

El Senado de la República Dominicana aprobó el miércoles 31 de mayo el Código Penal, en el cual mantiene la penalización del aborto y rechaza las observaciones del Poder Ejecutivo que establecían excepciones en caso de peligrar la vida de la mujer, cuando se tratara de violación o incesto y por malformaciones congénitas incompatibles con la vida.
 
Con la votación de 27 senadores de 29 presentes, el presidente de la Cámara Alta, Reinaldo Pared Pérez, afirmó que según el procedimiento el Código Penal ya es Ley, actuación que ignoró por completo la solicitud de organizaciones defensoras de la mujer en el país, como la Coalición por los Derechos y la Vida, que pidieron "no conocer el proyecto de Código Penal en estos momentos, ya que todos los ojos están puestos sobre el caso Odebrecht y los procesos que se siguen contra funcionarios sobornados por la constructora brasileña".
 
Simultáneamente al desarrollo de la sesión, grupos feministas protestaron frente a la sede del Congreso y portaron pancartas en las cuales exigían que cumplieran la observación hecha por el Poder Ejecutivo, "en la cual se plasma el Artículo 38 de la Constitución, referido a la Dignidad Humana: El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos", expresaban.
 
"La sociedad dominicana sigue esperando la aprobación de un Código Penal que dé respuestas a la realidad social en que vivimos. Esta no será una pieza legislativa sólida si la observación del Poder Ejecutivo no está incluida", declaraban mujeres participantes en la protesta.
 
"Exigimos la aprobación del Artículo presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional relativo a la despenalización del aborto por causales que se refieren a: cuando el embarazo sea el resultado de una violación, rapto o incesto, siempre que se practique dentro de las primeras 12 semanas de gestación y que el mencionado hecho punible hubiese sido denunciado, o sea manifiesto que la víctima ha estado en la imposibilidad de hacer la denuncia y cuando debido a una malformación congénita, clínicamente establecida, la vida del concebido se considere inviable".
 
"Cada día que pasa, sin que se apruebe el Código Penal con las causales es una sentencia de muerte", concluyeron las participantes ante esta decisión que ignora por completo las altas cifras de mortalidad materna que van en aumento, ante la mirada indolente e irreflexiva de quienes velar y defender la integridad y respeto de las mujeres.
 
17/MAR/GG
 

Decenas de periodistas de diferentes medios de comunicación dominicanos solicitaron el pasado martes 7 a senadores y diputados aprobar en la actual legislatura extraordinaria el Código Penal con las enmiendas propuestas por el Poder Ejecutivo (PE), a fin de que se despenalice la interrupción del embarazo cuando sea el resultado de una violación o incesto, cuando peligre la vida de la mujer y cuando el feto sea incompatible con la vida.
 
En carta enviada a los Presidentes de ambas cámaras legislativas, el grupo de reporteros y reporteras, comentaristas, entrevistadores de televisión, radio, prensa escrita y digital; así como ejecutivos de medios de prensa y productores de programas expresaron su convicción de que el Estado dominicano tiene el deber de defender la dignidad, la salud y los derechos de las mujeres, y que “saldrían fortalecidos si por fin se aprueba el Código penal con las enmiendas que ha formulado el PE”, resaltan.
 
La misiva expone en uno de sus párrafos: “Aspiramos a mantenernos en sintonía con los mejores intereses y necesidades de nuestro país, por lo que nos inquieta sobremanera que el conocimiento del Código Penal sea aplazado, una vez más, para la próxima legislatura, por lo que solicitamos sus buenos oficios para que este se conozca cuanto antes, y con las observaciones que -por segunda vez- envía el presidente Danilo Medina al Congreso Nacional”.
 
Quienes firman el documento subrayan: “Nos sumamos a la posición asumida por el presidente Medina al establecer que lo más justo, equilibrado y acorde con el espíritu de protección de derechos y humanidad que deben regir al Estado sería equiparar nuestra legislación con la de la mayoría de los países del mundo, que permiten la interrupción del embarazo, cuando sea practicada por personal médico especializado, en establecimientos de salud, públicos o privados, dentro de los plazos que se consideren de lugar y solo en los tres supuestos debidamente fundamentados”.
 
Finalmente, el texto destaca que “despenalizar la interrupción del embarazo no significa obligar a nadie a hacerlo. Significa que el Estado permite esa interrupción para quien tome esa decisión ante situaciones adversas establecidas legalmente”.
 
CREAN COMISIÓN, PERO TEMA SE DILATA
 
La sociedad dominicana conoció el pasado 11 de enero la decisión del Senado de la República de conformar una comisión destinada a estudiar las observaciones del presidente Medina, en las cuales el mandatario propuso volver a discutir si se aprueba o no un Código Penal que despenaliza el aborto si se cumplen las causales antes mencionadas: violación, incesto o el originado en malformaciones del embrión.
 
La primera reunión de dicha comisión especial tuvo lugar el pasado 17 de enero, a fin de discutir la metodología de trabajo.
 
En la cita hubo intervenciones encontradas, como la del legislador Julio César Valentín, quien llamó a sus colegas a apoyar la propuesta del Presidente de la República, y la de la diputada Betzaida González, que exhortó a rechazar el pedido del PE. De inmediato, los obispos católicos publicaron en su Carta Pastoral que “la ideología de género” promovía “el libertinaje sexual en adolescentes y jóvenes, el homosexualismo, el lesbianismo y el aborto”.
 
Mientras, las estadísticas ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud estremecen al dar a conocer que en la República Dominicana por cada 100 mil nacimientos vivos, mueren 106 mujeres, sobre todo pobres, como consecuencia del alto número de abortos clandestinos, estimados en 90 mil cada año, practicados por manos inexpertas en condiciones de inseguridad.
 
17/MAR/GG