Procuraduría General de la República

México cerró 2016 con una severa problemática de violencia generalizada en todo su territorio y la impunidad persistió en la violación de Derechos Humanos (DH), sobre todo en los casos de tortura y malos tratos cometidas por militares, como violaciones y agresiones sexuales hacía las mujeres.
 
Así lo dice el informe anual de Amnistía Internacional (AI) 2016-2017 “La situación de los derechos en el mundo”, donde señala que  después de 10 años del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”, iniciada por Felipe Calderón, la actuación de personal militar en las calles para operaciones de seguridad pública ha generado el aumento de violencia y malos tratos.
 
Y la mayoría de estas violaciones son cometidas contra mujeres, comunidades indígenas y personas defensoras de DH.
 
TORTURA Y MALOS TRATOS POR MILITARES
 
Como otras organizaciones lo han reportado, la violencia sexual fue la forma de tortura más habitual durante las detenciones de mujeres, sin embargo la impunidad contra estos malos tratos se mantuvo absoluta en 2016.
 
De acuerdo con el recuento de AI, sólo se presentó un avance significativo durante ese año, cuando en abril la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que presentaría cargos de tortura contra cinco agentes federales en respuesta a la filtración de un video en el que se observa a políticas y soldados torturando a una mujer.

La organización considera que esta sentencia podría presentar un avance mínimo pero significativo, ya que han reportado que ni un sólo soldado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)  de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) ha sido consignado o suspendido del servicio por violación o abuso sexual contra mujeres entre los años 2010 a 2015.

ATENCO, 10 AÑOS
 
Asimismo, dice el reporte de AI, en el caso de las 11 mujeres sometidas a violencia sexual como forma de tortura por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en San Salvador Atenco en 2006, se mantuvo la impunidad hasta la fecha del reporte, 2016, ya que Gobierno federal no aplicó “las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, por lo que el caso fue remetido en septiembre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
 
AI observó que existe una intolerancia cada vez mayor por parte del Gobierno mexicano para atender las críticas de organismos internacionales ante estas violaciones. “En México, las autoridades se mostraron tan reacias a aceptar críticas, que llegaron al extremo de negar la crisis de derechos humanos que vivía el país”, señala.
 
Asimismo otro de los casos emblemáticos que se mantuvo en la impunidad fue el de Miriam Isaura López Vargas, detenida en febrero de 2011 por militares en Baja California, quienes la violaron y torturaron con descargas eléctricas para inculparla por crimen organizado. En septiembre del mismo año fue liberada, pero a pesar de tener identificados a los agresores hasta el momento ninguno ha sido detenido.
 
CASOS EN REVISIÓN
 
Por otra parte, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, perteneciente a la PGR, informó que tenía en revisión, en 2016, a nivel federal, 4 mil 115 expedientes de investigación por casos de tortura cometida por autoridades.
 
Sin embargo, en la mayoría de estos casos existían irregularidades en las investigaciones, porque no cuentan con dictámenes forenses especializados que comprueben que se cometió tortura. Sin dictamen médico oficial, es imposible que las investigaciones avancen, destacó el reporte.
 
LEY CONTRA TORTURA SEXUAL
 
La organización internacional asevera que, en particular, en México   prevalecen los casos de tortura por parte de fuerzas armadas, pese a que dispone con legislación en contra de estas acciones.
 
La agrupación internacional ha señalado que la Ley General contra la Tortura, que se ajusta a norma internacionales, puede ser un mecanismo clave para evitar y sancionar la tortura sexual, pero se registró un estancamiento en su aprobación. En abril, el Senado de la República aprobó la iniciativa, pero para el cierre del año seguía pendiente una votación general en la Cámara de Diputados.
 
17/HZM/GG

El Congreso del Estado exhortó a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría estatal a investigar y consignar a quien resulte responsable por las amenazas que se hicieron en redes sociales contra la vida e integridad física de la periodista de Multimedios Televisión Denisse Giovana Romero Maldonado, los días 5 y 6 de febrero. 
 
La conductora del noticiero Telediario de Tamaulipas presentó por estos hechos una denuncia ante la Procuraduría estatal el pasado 7 de febrero. Señala la periodista en su querella que “actualmente vive en la zozobra y con el temor de que se cumplan las amenazas en su contra”.
 
El acuerdo de la legislatura para esclarecer las amenazas, promovido  por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), incluye también un exhorto a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Secretaría de Seguridad Pública local, para que la autora de la columna “Desde mi perspectiva” cuente con las condiciones adecuadas que le permitan  desempeñar normalmente su profesión. 
 
El Congreso tamaulipeco hizo apenas el 18 de enero pasado un exhorto similar, dirigido a las mismas autoridades, recordó el coordinador de los diputados del PRI, Alejandro Etienne Llano, para investigar y castigar al o los responsables de las amenazas en contra de una familia de periodistas tamaulipecos, integrada por Francisco Cuellar Cardona, Rosa María Rodríguez Quintanilla e Ilich Cuéllar.
 
No descartó que existan más casos de amenazas y que no hayan  sido denunciados por temor, por lo que consideró que no deben permitir que sigan creciendo ni queden impunes, “lo que pondría en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión, columna vertebral de toda sociedad democrática”.
 
En eso coincidió el coordinador de la bancada de Acción Nacional (PAN), Carlos García, quien aseguró que la denuncia está siendo investigada y destacó “la importancia que reviste la figura de las y los periodistas y la disposición del Congreso local con todos los trabajadores de los medios de comunicación para contribuir a que no se afecte, limite o menoscabe el derecho a la información o a las libertades de expresión e imprenta en Tamaulipas”.
 
17/RED/GG

Es urgente que la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz informe cuáles son las medidas tomadas ante la alerta sanitaria por la distribución de al menos 23 mil pruebas de VIH falsas destinadas para mujeres embarazadas en las jurisdicciones sanitarias y centros de salud en los últimos tres años.
 
La integrante del Grupo Multisectorial VIH/Sida, Patricia Ponce,  señaló que además de las denuncias interpuestas por estos hechos, es necesario llamar a cuentas a la directora del Laboratorio de Salud Pública, y del Programa de Salud Materna, así como los ex Secretarios de Seguridad para que expliquen el destino de estas pruebas, si se aplicaron y a quién, o si se desecharon.
 
Cabe recordar que el 30 de diciembre de 2011, el entonces secretario de Salud local, Pablo Anaya, convocó a la licitación pública estatal GEV­SSV­22­LPE­1­03­11, para las compra de ese tipo de pruebas y se le adjudicó la compra a Comercio y Servicios Administrativos e Integrales del Golfo, quien vendió las 70 mil unidades a un precio de más de 9 millones de pesos.
 
En 2013, el Grupo Multisectorial encontró que este lote de 70 mil pruebas de la marca Hangzhou Clongene Biotech Co. Ltd, hechas en China destinadas para aplicarse a  mujeres embarazadas, eran falsas, hechos que fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR).
 
De estas pruebas, derivado de la investigación que sigue la Secretaría de Salud Federal, se encontraron 46 mil 984 paquetes sin registro sanitario en los centros de almacenamiento del estado, por lo que la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta, aunque se desconoce el destino de 23 mil pruebas y se teme sí hayan sido aplicadas.
 
Ponce advirtió que, si las pruebas fueron aplicadas a mujeres con VIH, el riesgo es que ellas hayan transmitido el virus a su bebé, y este haya muerto en los siguientes seis meses. Además, hay el riesgo de la vida de la mujer, quien al no saber de la enfermedad no lleve un tratamiento adecuado, así como el riesgo de que contagie a su pareja sexual.
 
Ante la situación, Ponce dijo que es urgente que la Secretaría de Salud busque en los registros a las mujeres o personas a quienes se les aplicaron estas pruebas, y se informe de esta situación a los más de mil centros de salud en Veracruz, para tomar las precauciones debidas.
 
Lamentó que hasta el momento la Secretaría de Salud estatal se haya enfocado solamente en el tema de las denuncias, ­ apenas este jueves interpuso denuncias en contra de 14 ex funcionarios­, pero deje de lado la situación tan grave de emergencia sanitaria de la que dependen la vida de mujeres y sus hijas e hijos.

17/FM/GG