mujeres desaparecidas

En los últimos 13 años, 822 mujeres desaparecieron en Puebla, lo que colocó a la entidad como la tercera del país con más casos y la segunda donde más niñas y adolescentes menores de 21 años fueron alejadas de sus círculos cercanos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La semana pasada la organización Data Cívica presentó la plataforma Personas Desaparecidas, la cual reconstruye los nombres de quienes integran el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), a cargo de la Segob. Sin embargo, la plataforma no está desagregada por sexo, por lo que Cimacnoticias buscó el número de mujeres desaparecidas en Puebla, sus edades, año de desaparición y municipios.

Así, se constató que en el caso de Puebla, de 2005 a 2017 las desapariciones se efectuaron principalmente en las zonas centro y oriente y que el municipio de Puebla concentró 52 por ciento de las desapariciones de mujeres (430), seguido por Tehuacán (en el oriente) con 73 desapariciones, mientras que en Tepeaca (zona centro) fueron 40 mujeres y en Atlixco se contabilizaron 27 casos.

Por su parte, en los municipios de San Andrés y San Pedro, que conforman la zona de Cholula, hubo 26 casos; 20 más ocurrieron en San Martin Texmelucan.

Los municipios coinciden con los que las organizaciones civiles de todo el país han identificado como las principales “zonas de enganche” para trata de personas en Puebla con fines de explotación sexual comercial, trabajos forzados, actividades relacionadas con el crimen organizado y la extracción de órganos, según el informe "Trata de personas en México" presentado en octubre de este año en el Senado de la República por la red internacional Hispanics in Philanthropy.

Tan sólo de 2011 a 2014 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó a 247 mujeres víctimas del delito de trata involucradas en investigaciones iniciadas por la Fiscalía de Justicia General de Puebla, de acuerdo a los Censos Nacionales de Procuración de Justicia Estatal de esos años.

Cabe recordar que por esta razón, (las desapariciones) más de 30 organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) solicitaron el pasado 16 de septiembre la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad. Las desapariciones, señaló el OCNF, exponen a las mujeres a otros delitos como el feminicidio y la trata para fines de explotación sexual comercial.

GOBIERNOS DE INCERTIDUMBRE

Las niñas, adolescentes y jóvenes menores de 21 años de edad fueron las principales víctimas de desaparición: de las 822 que aparecen en el RNPED de éstas 536 corresponden a niñas, adolescentes y jóvenes menores de 21 años de edad, y en 261 casos, las víctimas tenían entre 14 y 16 años de edad.

De 2005 a 2017, 67 por ciento de las desapariciones (532 casos) se cometieron durante el sexenio del gobernador panista Rafael Moreno Valle.

En lo que va de la administración del también panista Antonio Gali Fayad, Puebla registró 260 desapariciones de mujeres y niñas.

17/MMAE/LGL

*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/

Twitter: @mujersonora.

Durante 2015, se registraron 203 casos de víctimas de trata de personas y explotación sexual, en 136 participó la delincuencia organizada (67 por ciento) y en 67 casos fue delincuencia común.
 
Lo anterior fue expuesto durante la presentación del Informe Anual de Datos Estadísticos y Georreferenciados 2015 del Sistema de Alerta Roja (SAR) que es el sistema de auxilio a víctimas de trata de personas, por la representante legal de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe AC (CATWLAC por sus siglas en inglés), María Teresa Ulloa Ziáurriz.
 
El Sistema Alerta Roja, cumple en este 2016 su décimo aniversario como el Sistema de Auxilio a Víctimas de la CATWLAC. Desde 2006 ha podido rescatar y/o localizar aproximadamente  a mil 406 personas.
 
La abogada explicó que con las acciones de combate al narcotráfico, la delincuencia organizada se ha diversificado, si antes sólo facilitaban el paso a la frontera para los tratantes de personas, ahora participan de lleno en este delito porque el gobierno federal no lo combate de igual manera como lo hace con el narcotráfico.
 
De acuerdo con el reporte, las formas o técnicas con las que opera para captar a las víctimas tanto la delincuencia organizada como la común, son “por la fuerza”, engaño, seducción y sustracción de las y los menores de edad.
 
Detalló que las víctimas niñas y mujeres representaron 186 de los 203 casos, el resto fueron niños y hombres. Respecto a las edades, las niñas tienen con edades de los 12 a 18 años representaron 75 casos, seguidas por las jóvenes de 19 a 35 años de edad con 44 casos. Mientras que en los casos de víctimas de sexo masculino, los niños de 1 a 5 años de edad representan 7 casos de un total de 17.
 
Por nivel educativo, es básico desde primaria a preparatoria, y provienen de familias en situación de pobreza y clase media. En sólo 2 por ciento de los casos las víctimas son indígenas.
 
La representante legal de la CATWLAC, María Teresa Ulloa enfatizó que la manera de operar del crimen organizado en la trata de personas es más violento porque después de captar a las víctimas y de explotarlas, terminan matándolas con violencia extrema.
 
En 6 casos las víctimas de trata también fueron víctimas de feminicidio. Las mujeres y niñas que fueron encontradas con vida fueron 36 y 139  aún se encuentran desaparecidas.
 
Los estados en los que se documentaron mayor número de casos de trata de personas y explotación sexual son Ciudad de México con 34 casos, Estado de México con 32, Zacatecas 18, Veracruz 17 y Quintana Roo con 10.
 
16/GVV/LGL

Hace poco más de un año, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, quiso colocarse una medalla al solicitar la Alerta de Violencia de Género para su entidad. Contrario a lo que hizo su antecesor al negar la emergencia ante la grave situación feminicida que enfrenta la entidad, Ávila Villegas reconoció la urgencia.
 
Cuando el mandatario mexiquense solicitó en julio de 2015 la Alerta de Género, reconocía que en 11 municipios existía un grave problema de seguridad para la integridad de las mujeres de la entidad que él gobierna, entre ellos Naucalpan.
 
Y no sólo eso, sino que aseguró que la Alerta de Género sería una oportunidad para desarrollar políticas públicas a favor de la vida y la integridad de la población femenina. Su solicitud fue concedida en 19 días, concretándose un 28 de julio del  2015.
 
14 meses después de emitida la Alerta de Género, los focos rojos, nuevamente, se encienden en aquella entidad. La desaparición de Karen Rebeca Esquivel, el 22 de septiembre en Naucalpan, movilizó, como siempre en estos casos, a la madre de Karen para exigir se buscara de inmediato a la joven de 19 años.
 
El rostro de Karen circuló por las redes sociales llamando a su localización.

 
Y casi inmediatamente en la plataforma Change.org se inició la petición para que el mandatario mexiquense Eruviel Ávila Villegas, acelerara su búsqueda. La carta de petición era firmada por la madre de Karen, Becky Espinoza de los Monteros. Dicha petición se cerró el 28 de septiembre con 3 mil 500 firmas de apoyo.
 
El 25 de septiembre (3 días después de su desaparición) el cuerpo de Karen fue localizado dentro una maleta al lado de Adriana Hernández Sánchez, de quien poco se sabe, pues la exposición mediática del caso no es la misma.
 
El asesinato de Karen nuevamente indignó a la comunidad mexiquense y al país. Estos casos de feminicidio nos llevan a la pregunta ¿qué se está haciendo mal en las entidades que tienen declarada la Alerta de Violencia de Género?
 
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el punto débil está precisamente en la falta de reacción inmediata de las autoridades tras la denuncia de desaparición de una mujer.
 
De acuerdo con esta organización, la ausencia de protocolos de reacción y de investigación ante la denuncia de desaparición, hace que las víctimas queden a merced de sus captores.
 
Los resultados de estas malas actuaciones se documentan con las cifras de mujeres asesinadas en la entidad mexiquense.
 
Karen Rebeca Esquivel y Adriana Hernández Sánchez tendrían que estar con vida hoy, al igual que las 50 mujeres que han sido asesinadas de enero a abril de este año en el Estado de México, según informó la organización Suma y Mujeres en Cadena.
 
No basta la declaración de Alerta de Género si no hay un verdadero compromiso de los gobiernos para proteger la vida e integridad de las mujeres. No bastan las campañas que buscan que la sociedad actúe, si no pone el ejemplo la autoridad y actúa de inmediato ante cualquier denuncia de desaparición de una mujer.
 
La oportunidad que decía tener Eruviel Ávila en 2015 con la Alerta de Género se le fue de las manos; tanto como la vida de las mujeres que siguen siendo asesinadas en la entidad que él gobierna.
 
Es necesario rebasar el oportunismo político para ingresar a una verdadera era de gobernabilidad donde sea prioritario garantizar la vida de las mujeres, pues detrás de cada feminicidio que ocurre y queda impune, el mensaje para la repetición se vuelve a escribir con letras de sangre femenina.
 
Basta de presuntos asesinos exprés (un franelero); basta de encontrar móviles fáciles como lo expresado por el procurador estatal, Alejandro Gómez, quien asegura que el crimen contra Karen se debe a “una rencilla”, con su supuesto asesino.
 
¿Realmente piensan que 500 mil pesos sustituirá la investigación ministerial para darle justicia a Karen y su familia? No lo creo.
 
El mandatario mexiquense que está por salir, vio la oportunidad de colocarse una medalla al solicitar la Alerta de Género; los flacos resultados después de la Alerta le dejan la medalla de haberla solicitado, pero no la de eliminar el feminicidio en el Estado de México.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
16/LLH/LGL

Al término de la marcha del pasado martes, encabezada por organizaciones como  Justicia por Nuestras Hijas, dedicada a localizar a jóvenes desaparecidas en Chihuahua, el gobernador electo, Javier Corral Jurado, ofreció a familiares acompañamiento, verdad, solidaridad y, en caso necesario, la creación de una fiscalía especializada, “para ir cerrando esta tragedia y aliviando el dolor”.
 
La marcha, que tuvo como consigna “Duarte, nos fallaste” se realizó el pasado 30 de agosto en la capital del estado, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y estuvo encabezada por activistas como Norma Ledezma, fundadora de Justicia para Nuestras Hijas, organización que tiene documentados 200 casos de desaparición forzada de mujeres en el estado, y que inició luego de que su hija Paloma Escobar Ledezma desapareció en enero de 2002 y fue encontrada sin vida en marzo de ese año.     
 
Madres, hermanas y muchos familiares más de personas desaparecidas en el estado, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, llegaron hasta la Plaza Hidalgo, frente a Palacio de Gobierno, y formaron una valla en el lugar donde fue asesinada Marisela Escobedo, el 16 de diciembre de 2010, cuando realizaba una protesta en demanda del esclarecimiento del homicidio de su hija de 16 años, Rubí Marisol Frayre Escobedo.
 
Chihuahua, indican datos del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), ocupa el sexto lugar en desapariciones del país y desde 2006 presenta un alarmante incremento en las cifras. Sin embargo, dijo Ledezma, aunque a la marcha acudieron muchos familiares, también muchos otros no participaron, ante el temor de seguir sufriendo el maltrato, la falta de atención y las puertas cerradas de la autoridades.
 
Peor aún, el gobierno de César Duarte ha negado la existencia de las desapariciones forzadas que se han cometido en el estado, lo que invisibiliza el delito y condena a las familias a no tener verdad ni justicia, agregó Ledezma. En tanto, el  delito continúa, gracias a la impunidad, la complicidad y la corrupción. 
 
Ledezma, quien ha llevado su demanda de justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que para las familias el “día del desaparecido” sirve para sacar a la luz a las desaparecidas, tras un año, dos, tres, diez, de ausencia, para juntar los recuerdos. 
 
Explicó que el papel de las mujeres en la búsqueda y demanda de justicia es de gran importancia debido a su gran fortaleza. Y aunque hay muchos hombres acompañando la lucha, ellas participan en mayor número y no claudican, no dejan de luchar. Su participación, dijo, significa resistencia y resiliencia, ya que “después de haber pasado y revolcarte en ese dolor”, resurgen y siguen abrazando a las demás, a las que siguen viniendo. 
 
UNA LUCHA DE RIESGOS
 
La lucha por la justicia ante la desaparición de las jóvenes ha tenido costos muy graves, afirma Norma Ledezma, pues las autoridades han sido ineficaces para garantizar la seguridad de mujeres que buscaban a sus seres queridos desaparecidos y han sido víctimas del mismo delito, como Artemisa Ibarra, Marta Loya y María Guadalupe Fierro. 
 
Otras más, como Lourdes Hernández Alarcón, activista y madre de Pamela Portillo Hernández, víctima de desaparición desde el 2010, se convierten en investigadoras del caso, con el alto riesgo que esto significa. Ella identificó como victimarios de la desaparición de su hija a elementos del Centro de Inteligencia Policiaca del Estado de Chihuahua, pero aunque armó su investigación y la presentó a las autoridades, hasta el momento no le han dado apoyo.
 
Al investigar, explica Hernández Alarcón, no buscamos desaparecer ni suplir el trabajo de las autoridades sino ayudar, pero no entendemos “por qué, si ya les hicimos todo el trabajo, no lo terminan entonces”.
 
16/LCG/GGQ